Exfiscal Luis Martínez condenado a 10 años de prisión

Por: Neftali Hernandez Pereira

El exfiscal general Luis Antonio Martínez González fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según anunció la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador tras varias semanas de juicio que culminó un proceso judicial iniciado en 2016.

Detalles de la condena y cómplices

La condena contra Martínez se divide en dos delitos específicos: 5 años de cárcel por fraude procesal y 5 años de prisión por omisión de la investigación. Junto al exfiscal fueron sentenciados dos cómplices que participaron en la fabricación de falsos procesos contra una víctima en 2016.

Julio Adalberto Arriaza González, exempleado de la fiscalía, recibió una condena de 5 años de cárcel por fraude procesal, mientras que Héctor Francisco Grimaldi Membreño fue sentenciado a 6 años de prisión por dos casos de fraude procesal en modalidad de concurso real, sin posibilidad de reemplazo de pena.

El tribunal valoró las pruebas presentadas por la FGR que demostraron cómo los imputados fabricaron procesos penales falsos para perjudicar a víctimas específicas, aprovechándose de sus posiciones dentro del sistema de justicia.

Cronología del largo proceso judicial

El proceso judicial contra Luis Martínez comenzó en 2016, cuando el entonces fiscal general Douglas Arquímides Meléndez Ruiz ordenó la captura del exfiscal.

Según documentos oficiales, Meléndez instaló una audiencia probatoria contra Martínez por enriquecimiento ilícito con dinero del Estado.

La investigación reveló múltiples irregularidades durante la gestión de Martínez como fiscal general, período que abarcó del 4 de diciembre de 2012 al 12 de diciembre de 2015, bajo el gobierno de Mauricio Funes.

Entre 2016 y 2017 se abrieron varios expedientes fiscales contra Martínez y sus asociados, incluyendo las referencias 49-UCCO-2016, 28-UIF-2016 y 70-UCCO-2017. Los procesos incluyeron acusaciones por cohecho activo, falsedad ideológica y fraude procesal.

Durante este período se documentaron intervenciones telefónicas que revelaron la planificación y materialización de acciones para afectar la libertad de víctimas mediante procesos penales manipulados por abogados y funcionarios judiciales que recibieron dádivas de parte de Martínez y sus colaboradores

En febrero de 2018, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia tomó decisiones importantes sobre traslados de magistrados involucrados en los casos relacionados con Martínez, incluyendo el traslado de la magistrada Sandra Luz Chicas Bautista debido a conflictos en el manejo del expediente del exfiscal.

Paralelamente a los procesos penales, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia condujo una exhaustiva investigación patrimonial sobre Martínez. En noviembre de 2016, la Corte Plena declaró que existían indicios de enriquecimiento ilícito y ordenó juicio civil contra el exfiscal.

La investigación reveló discrepancias patrimoniales por $486,213.80 no reportadas en sus declaraciones patrimoniales, incluyendo el uso de tarjetas de crédito de terceros y gastos no justificados durante su gestión.

Análisis financiero: Gastos vs. Salario

Tabla comparativa de gastos durante la gestión de Martínez (2012-2015)

Patrones de gasto irregular

La investigación de probidad identificó varios patrones irregulares en los gastos de Martínez:

• Viajes de “negocios”: Se registraron múltiples viajes clasificados como de negocios que incluían a familiares y que fueron financiados con recursos públicos.
• Tarjetas de crédito corporativas: Uso de cuatro tarjetas de crédito vinculadas a la empresa BODEPA, sin que Martínez fuera accionista de la misma.
• Viáticos extraordinarios: Pagos adicionales en viajes oficiales que superaban los montos autorizados.

Contexto actual y implicaciones

Como parte de la sentencia, Martínez deberá restituir $71,736.72 al Estado salvadoreño. Esta cantidad representa los fondos públicos que el tribunal determinó que fueron utilizados indebidamente durante su gestión como fiscal general.

La restitución incluye dinero utilizado para pago de deudas personales, tarjetas de crédito propias y ajenas, y otros gastos no relacionados con sus funciones oficiales.

La condena de Martínez marca un precedente importante en El Salvador sobre la rendición de cuentas de altos funcionarios del sistema de justicia. El caso ha expuesto las vulnerabilidades institucionales que permitieron la manipulación de procesos penales para beneficiar a terceros.

Según los documentos judiciales, Martínez enfrenta otros procesos relacionados con cohecho activo y vínculos con el empresario José Aquiles Enrique Rais López, por sobornos y corrupcion y Antonio Lopez conocido como padre toño, por revelar conversaciones intimas en formas de amenazas quien permanece prófugo de la justicia salvadoreña.

Martinez fue condenado a 5 años, por las amenazas y a devolver $125,000 de indemnizacion al ex sarcerdote por parte del fiscal.

Los casos documentados incluyen la supuesta entrega de dádivas consistentes en préstamos de aeronaves y pagos a peritos del Instituto de Medicina Legal para elaborar experticias psicológicas falsas.

Precedentes y lecciones del caso

El caso Martínez ha llevado a reformas en los protocolos de supervisión de funcionarios del sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia implementó controles más estrictos sobre las declaraciones patrimoniales y el monitoreo de gastos de altos funcionarios

La condena fue posible gracias a la colaboración entre la FGR, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y otras instituciones del sistema de justicia. Esta coordinación inter-institucional se ha convertido en un modelo para casos similares.

La sentencia de 10 años contra Luis Martínez representa uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el sistema de justicia salvadoreño y establece un importante precedente sobre la responsabilidad penal de altos funcionarios públicos.

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Neftalí Hernández Pereira

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