Por Alessia Genoves
12 feminicidios y muertes violentas de mujeres han sido identificados por la Organización de Mujeres Salvadreñas por la Paz (Ormusa), del mes de enero al 3 de junio del año 2025. Los datos han sido divulgados en su Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y responden al período del 1 de enero y el 3 de junio de 2025, sostenidos en su documentación hemerogáfica. Esta cifra representa una reducción significativa en comparación con las 47 víctimas registradas durante todo el año 2024 y los 46 casos documentados en 2023, estableciendo un patrón de descenso en la incidencia de estos delitos durante los primeros meses del año fiscal actual.
Los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC) y compilados por la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que se registraron 32 homicidios intencionales hasta el 19 de junio de 2025, distribuidos en 6 casos durante enero, 5 en febrero, 7 en marzo, 6 en abril, 5 en mayo y 3 en junio. Estas cifras contrastan con los 114 homicidios intencionales registrados durante todo 2024 y los 154 casos documentados en 2023, evidenciando una tendencia de reducción en la criminalidad homicida general.
La actividad judicial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el primer semestre de 2025 ha resultado en múltiples sentencias condenatorias por feminicidio agravado, incluyendo las condenas de Neftalí Antonio Martínez Pimentel a 59 años de prisión, Christian Samael Zelada López a 50 años bajo difusión roja internacional, y Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 57 años por homicidio agravado en perjuicio de su hija menor de edad, según documentos oficiales de la FGR y los Centros Judiciales.
Caen los feminicidios
Los registros estadísticos elaborados por Ormusa durante el período de enero al 3 de junio 2025 indican que los 12 feminicidios documentados se distribuyeron de manera irregular a lo largo de los primeros meses del año, concentrándose principalmente durante abril con 2 casos, mayo con 1 caso y junio con 1 caso, según la desagregación mensual incluida en el informe del observatorio. Esta distribución temporal contrasta significativamente con los patrones registrados en años anteriores, donde se observaron picos de incidencia durante diferentes períodos.
En comparación, durante el período enero-diciembre 2024, Ormusa documentó 47 feminicidios y muertes violentas de mujeres, estableciendo un promedio mensual de 3.9 casos. La distribución departamental durante 2024 mostró concentración en San Salvador con 7 casos, seguido por La Libertad, Santa Ana y Usulután con 5 casos cada uno, mientras que Ahuachapán, La Unión y La Paz registraron 4 casos respectivamente.
Para 2023, fueron 46 feminicidios documentados, equivalente a un promedio mensual de 3.8 casos. La distribución departamental en 2023 evidenció mayor concentración en San Salvador con 13 casos, seguido por La Libertad con 8 casos y Santa Ana con 6 casos.
En cuanto a los métodos utilizados en los feminicidios de 2025 revela que las armas de fuego fueron empleadas en 5 casos, seguidas por armas blancas en 2 casos, piedra en 1 caso y llave cruz en 1 caso, según la categorización por tipo de arma o causa de muerte. Esta distribución se mantiene consistente con los patrones históricos, donde las armas de fuego representaron el método predominante durante 2024 con 15 casos, seguidas por armas blancas con 11 casos y golpes con 7 casos.
La distribución geográfica de los feminicidios durante 2025 muestra concentración en San Salvador con 4 casos, San Miguel con 2 casos, La Unión con 2 casos, y La Paz, La Libertad, Santa Ana y Cuscatlán con 1 caso cada uno. Esta distribución departamental presenta variaciones respecto al patrón histórico, donde San Salvador tradicionalmente concentra la mayor incidencia absoluta de casos.
Caen los homicidios
Los registros de homicidios intencionales elaborados por la PNC evidencian una reducción sustancial durante 2025, con 32 casos registrados hasta junio, comparados con los 114 casos del año completo 2024 y los 154 casos de 2023. La categorización por motivos durante 2025 muestra 9 casos clasificados como intolerancia social, 1 caso por delincuencia general y 1 caso por intolerancia familiar, según los datos del Equipo Operativo de Homicidios de la FGR.
De modo que, durante 2024, la intolerancia familiar representó 47 casos, la intolerancia social 34 casos y la delincuencia general 33 casos. En contraste, durante 2023 se registraron 54 casos por intolerancia social, 53 por delincuencia general y 47 por intolerancia familiar, evidenciando variaciones en los patrones motivacionales de la criminalidad homicida.
Feminicidas condenados hasta 59 años cárcel
Los procesos judiciales resueltos durante el primer semestre de 2025 evidencian la aplicación de penas máximas establecidas en el marco normativo salvadoreño para delitos de feminicidio agravado, con condenas que oscilan entre 50 y 59 años de prisión, según las circunstancias específicas de cada caso y los delitos conexos identificados durante las investigaciones fiscales. La naturaleza de los delitos corresponde patrones recurrentes de violencia intrafamiliar, relaciones de pareja conflictivas y ejercicio de control coercitivo como antecedentes de los hechos feminicidas juzgados por los tribunales especializados.
El 9 de junio de 2025, la Fiscalía General de la República informó sobre la condena de Neftalí Martínez a 59 años de cárcel por feminicidio agravado de una menor de edad. Según la investigación presentada en el proceso, “Martínez llegó a la casa y vio que la víctima se había comido un pan que no le pertenecía. El imputado comenzó a golpear a la menor hasta que su compañera de vida lo detuvo”, estableciendo un patrón de violencia desproporcionada que resultó fatal para la víctima menor de edad.
El 18 de junio de 2025, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador emitió condena contra Christian Samael Zelada López por feminicidio agravado. El tribunal impuso una pena de 50 años de prisión tras determinar que “la víctima y el acusado se conocieron en una institución de educación superior, donde él laboraba como catedrático por horas y ella era estudiante. En 2015 iniciaron una relación sentimental, marcada por episodios de violencia psicológica, control y manipulación ejercidas por el agresor”.
La resolución judicial en el caso Zelada López estableció que “en agosto de 2022, aprovechando que la víctima se encontraba sola en su vivienda, el imputado ingresó al lugar, la atacó con arma blanca y posteriormente la asfixió”, demostrando un patrón premeditado de violencia feminicida. El proceso se desarrolló en ausencia del imputado, quien permanece prófugo, razón por la cual el juzgado ratificó “la orden de captura y la difusión roja internacional para dar con el paradero de Christian Zelada”.
El 11 de junio de 2025, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso condena contra Neftalí Antonio Martínez Pimentel. El tribunal determinó una pena de 50 años de prisión por feminicidio agravado en perjuicio de su hija de 7 años, además de 9 años adicionales por maltrato infantil, totalizando 59 años de prisión.
La investigación fiscal en el caso Martínez Pimentel estableció que “el 21 de enero de 2024, la compañera de vida del procesado se quejó ante él de que la niña se había comido un pan dulce que estaba destinado a sus hermanos. Ante esta situación, Martínez Pimentel comenzó a golpear a la niña violentamente en distintas partes del cuerpo durante un periodo prolongado, y posteriormente la lanzó al suelo, causándole graves lesiones en el rostro y el cráneo”.
El 19 de junio de 2025, el Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres ordenó apertura a juicio contra José Ricardo H. S. por feminicidio agravado en perjuicio de su expareja. La acusación fiscal estableció que “la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja, de la cual procrearon una hija. Sin embargo, la convivencia se habría tornado conflictiva debido a episodios de violencia y tratos denigrantes ejercidos por el acusado”.
El 6 de junio de 2025, el Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca decretó detención provisional contra Erick Alexander Mejía Alfaro por feminicidio agravado en grado de tentativa. Las investigaciones determinaron que “Mejía Alfaro, bajo los efectos del alcohol, llegó a la vivienda donde residía la víctima junto a sus dos hijos. Durante un forcejeo, y en presencia de los menores, le amputó ambas manos y le provocó una herida en el cuello”.
El 5 de junio de 2025, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 45 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de su hija de 5 años, además de condenas adicionales por abandono y desamparo de persona y maltrato infantil respecto a sus otros dos hijos, totalizando 57 años de prisión. La investigación estableció que “la menor falleció en su casa debido a los reiterados golpes que le propinó su madre” el 25 de abril de 2024.
El 2 de junio de 2025, las autoridades judiciales mantuvieron en detención provisional a Luis René Rivera González, acusado de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida. La Fiscalía General de la República determinó que “el imputado golpeó a la víctima hasta causarle la muerte y, posteriormente, regresó al lugar para incinerar el cuerpo” en un terreno baldío del caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
La actividad judicial durante este período también incluyó condenas por otros delitos violentos relacionados con criminalidad organizada. El 28 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la República ejecutó operativo resultando en 170 órdenes de captura contra integrantes del Barrio 18, documentando múltiples homicidios incluyendo casos donde “le quitaron la vida a otra víctima cuya madre tenía una relación con un agente policial” y “ejecutaron fue en contra de una mujer de quien sospechaban su hija estaba vinculada a un pandillero de la Mara contraria”.
El 10 de junio de 2025, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Roberto Mendoza Hernández a 10 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa. La investigación estableció que “el 19 de febrero de 2022, en la jurisdicción de Colón, La Libertad Oeste, José Roberto Mendoza Hernández, integrante activo de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, abrió fuego mientras se conducía en una motocicleta. Durante el ataque, hirió en el pecho y los hombros a una adolescente de 13 años”.
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