Por Alessia Genoves
Un monto irregular de $848,359.79 dólares implica a la Cirporación Venicars S.A de C.V en la presunta comisión del delito de estafa contra más de 400 denunciantes, según lo señala la Fiscalía General de la República (FGR). La institución señala a cuatro ciudadanos extranjeros en la comisión del delito, siéndo los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán y Bryan José Urbano Salazar, así como los ecuatorianos Gabriel Andrés Ponce Ruiz y Heidy Jhoanna Álvarez Topón.
No obstante, el monto irregular no sería consistente con los registros iniciales reportados por el Centro Nacional de Registro (CNR). De hecho, la empresa reportaba un capital inicial de apenas $15,000.00 tanto en su Balance Inicial, como el Registro de Escriitura Social del 22 de marzo del año 2024. Es decir, la cifra inicial es bastante menor respecto a monto que le involucraría en la presunta estafa; sin embargo, no sería necesariamente el mismo respecto al que aportaría en el Balance General, para mantener en vigencia sus operaciones en el año 2025.
Como resultado de la operación para desmantelar la red de estafadores que se escondía tras el nombre de #Venicars, se ha logrado, hasta el momento:
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 20, 2025
▶️+ de 400 denuncias
▶️$848,359.79 dólares, en cinco cuentas bancarias inmovilizadas, dentro del sistemas financiero nacional… pic.twitter.com/vJgh0zWGR7
¿Qué señala la FGR?
La FGR ha llevado a cabo una operación para desmantelar lo que denominan como “una red de estafadores que se escondía tras el nombre de Venicars”. La operación ha tenido resultados significativos que evidencian la magnitud del caso que actualmente se judicializa. Según documentos de la FGR, hasta el momento se han recibido “más de 400 denuncias” interpuestas por ciudadanos salvadoreños que afirman haber sido víctimas de estafa por parte de esta empresa.
La operación fiscal ha incluido medidas cautelares importantes para proteger los intereses de las presuntas víctimas. Entre estas medidas destaca la inmovilización de “$848,359.79 dólares, en cinco cuentas bancarias […] dentro del sistema financiero nacional”, según señala el documento de investigación de la FGR. Esta acción busca asegurar que los fondos presuntamente obtenidos de manera fraudulenta no sean transferidos o retirados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Adicionalmente, las autoridades han ejecutado “allanamientos en el edificio central de Venicars S.A. de C.V. y las oficinas administrativas de esa empresa, ambos ubicados en San Salvador”, como parte de las diligencias para recabar evidencia que sustente las acusaciones.
El resultado más visible de esta operación ha sido la captura de cuatro personas extranjeras vinculadas a la empresa. Según el comunicado oficial de la FGR emitido el 20 de marzo de 2025, se ha ejecutado “la captura de los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Urbano Salazar y a los ecuatorianos Gabriel Andrés Ponce Ruiz y Heidy Jhoanna Álvarez Topón”. Estos individuos “deberán responder ante la justicia de nuestro país”, enfatiza la FGR.
El comunicado de la FGR señala que “esta red exigía dinero a las víctimas con la falsa promesa de obtener un vehículo”. Las investigaciones indican que Venicars habría iniciado “operaciones desde octubre del año 2024 a la fecha”, periodo durante el cual habrían captado los fondos de más de 400 salvadoreños.
¿Qué dice la Corporación Venicars?
Ante las acusaciones formuladas por la FGR, Corporación Venicars S.A. de C.V. emitió un comunicado el 21 de marzo de 2025 en el que defiende su legitimidad y se compromete a cumplir con sus obligaciones comerciales.
La empresa defiende su modelo de negocio señalando que opera bajo un sistema que ha funcionado en la región: “Un sistema que ha funcionado y sigue funcionando en toda Latinoamérica de forma exitosa desde el año 1970, es decir desde hace más de 55 años”, indica en su comunicado. Asimismo, Venicars afirma haber realizado “4 asambleas de manera exitosa” y haber “Adjudicado 37 vehículos” desde el 11 de septiembre de 2024, lo que presentan como evidencia de su “seriedad y compromiso validado en el contrato de entregar los vehículos”.
En su defensa, la empresa reconoce estar atravesando dificultades: “Lamentablemente, se han generado situaciones que han afectado temporalmente nuestra operación, y que sabemos y entendemos les preocupa, por lo que le decimos con claridad que cumpliremos nuestros compromisos y obligaciones con cada uno de ustedes”. Y añade: “nuestro equipo comercial y legal se encuentra trabajando y, cada cliente será contactado a través de un correo electrónico y luego de una llamada telefónica para tratar individualmente su caso y resolver inquietudes de manera satisfactoria”.
Pero para la FGR, el delito al cuál implica a Corporación Venicars se configura cuando una persona obtiene para sí o para un tercero un provecho injusto en perjuicio ajeno, mediante engaño, ardid o cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe. La investigación fiscal sugiere que Venicars habría utilizado “la falsa promesa de obtener un vehículo” como mecanismo para obtener dinero de las presuntas víctimas.
Por otra parte, la FGR implementó medidas bajo el “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)”, como menciona en su comunicado oficial. Ello implicaría que las investigaciones no se limitan únicamente al delito de estafa, sino que también exploran posibles vínculos con delitos financieros más complejos, como el lavado de dinero o incluso el financiamiento de actividades ilícitas.
El Dinero de Corporación Venicars
Según la documentación oficial de CNR, Corporación Venicars S.A. de C.V. fue constituida con un capital inicial de $15,000.00, como consta en el Balance Inicial inscrito el 22 de marzo de 2024, que indica un “Monto del activo: $15,000.00”.
Esta cifra contrasta drásticamente con los $848,359.79 que la Fiscalía ha inmovilizado en cinco cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Esta diferencia representa un incremento de más de 5,655% sobre el capital inicial declarado en 2024; es decir, un rápido incremento de acumulación de capital en casi un año de operaciones.
Pero, según Corporación Venicars, desde septiembre de 2024 han “Adjudicado 37 vehículos”. Ésto es comparativamente menor respecto con las “más de 400 denuncias” recibidas por la FGR. La institución judicial, por ello, sostiene que la mayoría de clientes que entregaron dinero a la empresa no habrían recibido los vehículos prometidos, por lo que reforzaría su tesis de un posible esquema fraudulento.
La escritura de constitución de Venicars, inscrita en el Registro de Comercio, establece que entre sus finalidades está “LA PRESTACION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS EN LA GESTIÓN DE COMPRA Y VENTA CON PLANES DE COMPRA PROGRAMADA PARA LA OBTENCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES“, lo que efectivamente le permitiría operar en el negocio de venta programada de vehículos. Sin embargo, la compración entre su capital declarado y los fondos recaudados sugiere que la empresa podría no haber contado con la solidez financiera necesaria para respaldar sus operaciones comerciales a la escala que aparentemente alcanzó.
Corporación Venicars, no obstante, no evidenció en su comunicado del 22 de marzo que los montos inmovilizados, ni explicó cómo fue creciendo su capital, y a través de qué mecanismos. Otro elemento significativo revelado por los documentos del Registro de Comercio es que Gabriel Andrés Ponce Ruiz, uno de los ecuatorianos capturados, figura como “Representante Legal” de Corporación Venicars, según consta en la escritura de constitución; es decir, el vínculo directo entre uno de los detenidos y la estructura formal de la empresa.
Pese a la controversia, y a la detención de sus ejecutivos, Corporación Venicars intenta mantener la confianza de sus clientes con declaraciones como: “Agradecemos su confianza, su paciencia, entendemos sus preocupaciones, pero tengan la tranquilidad y certeza que tal como lo hemos señalado en este comunicado recibirán oportuna respuesta”.
Hasta el pasado 21 de marzo de 2025, las redes sociales de la empresa no han publicado nada más que el comunicado oficial citado en éste artículo; mientras que la FGR no ha pormenorizado detalles significativos sobre el crecimiento patrimonial de la empresa, ni pruebas de cargo para romper la presunción de inocencia de los acusados. Y es de indicar a nuestros lectores, que las denuncias no necesariamente definen la culpabilidad del acusado, hasta ser vencido en juicio.
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