Por Alessia Genoves
Riesgos del Bitcoin según el FMI
El FMI, en su revisión más reciente bajo el Artículo IV, ha reiterado que “los riesgos del Bitcoin deben seguir siendo mitigados” y que resulta “crítico el retiro anticipado de la participación del sector público en la e-wallet gubernamental Chivo”. Esta posición refuerza las recomendaciones de años anteriores, donde se señalaba la exposición fiscal y financiera asociada al uso estatal de un criptoactivo de alta volatilidad.
“El Salvador ha cumplido en general con los compromisos de no acumular Bitcoin de forma voluntaria”, señala el informe, aunque admite que “se produjeron desviaciones menores debido a fluctuaciones temporales en los depósitos de los clientes de Chivo denominados en Bitcoin”. En respuesta, el gobierno adoptó “acciones correctivas” como la creación de un colchón de liquidez para evitar nuevas infracciones del programa.
Asimismo, el FMI valoró positivamente la reforma normativa que entró en vigor el 1 de mayo de 2025, la cual prohíbe expresamente el uso de Bitcoin para el pago de impuestos. Según el organismo, esta disposición “eliminó las características esenciales del estatus de moneda de curso legal del Bitcoin”, lo que representa una reversión parcial de la Ley Bitcoin vigente desde 2021.
Por otra parte, uno de los componentes claves de la estrategia del gobierno salvadoreño para reducir la exposición al Bitcoin ha sido la adopción de un “plan de negocios para cesar el uso de fondos públicos en Chivo” y terminar con la participación estatal antes del 31 de julio de 2025. El plan contempla la venta de activos, el traspaso de operaciones a entidades privadas, y la publicación de estados financieros auditados por firmas independientes.
“El proceso para desinvertir en Chivo está en marcha y se completará de manera que garantice el cumplimiento del programa”, afirma el documento del FMI. El gobierno también se comprometió a “segregar y proteger los fondos en dólares de los clientes de Chivo en el Banco Central de Reserva”, y a “liquidar el fideicomiso Fidebitcoin, publicando las auditorías de la Corte de Cuentas”.
El marco legal también será ampliado mediante la presentación de una ley integral de supervisión de activos digitales ante la Asamblea Legislativa en diciembre de 2025. Dicha ley buscará “fortalecer la regulación de emisores y proveedores de servicios cripto”, incorporando estándares internacionales del GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
Supervisión y transparencia exige el FMI
La supervisión sobre los activos digitales del Estado se ha intensificado. Desde marzo de 2025, el gobierno está obligado a enviar al FMI “declaraciones firmadas con todas las direcciones públicas de los monederos calientes y fríos, junto con los montos correspondientes de Bitcoin” bajo control del sector público. Este mecanismo busca limitar la opacidad previa en la gestión de las reservas digitales y forma parte de las nuevas prácticas de transparencia fiscal.
Además, el Ministerio de Hacienda debe notificar mensualmente al FMI sobre cualquier cambio en las tenencias públicas de Bitcoin, la apertura de nuevas wallets o la emisión de instrumentos financieros indexados a este activo. El informe aclara que “no se ha emitido ni garantizado deuda pública en Bitcoin”, pero advierte que la política de liquidez de Chivo “no se ajusta automáticamente a las fluctuaciones de depósitos de clientes”, lo que ha generado incrementos involuntarios en las reservas estatales netas.
El FMI también exige que “todas las operaciones con Bitcoin sean incorporadas en las estadísticas fiscales y macroeconómicas oficiales”, y que se publiquen los estados financieros trimestrales de todas las entidades vinculadas al proyecto cripto, incluyendo Fidebitcoin, Chivo, CEL y LaGeo. Lo que el FMI omite es que la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin (AAB) detalla, a través de la Bitcoin Office, cuál es el balance de las transacciones y adquisiciones de Bitcoin en El Salvador, a través del portal oficial “https://bitcoin.gob.sv”, exponiendo su Wallet “bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h”; y cuyo balance final de éste último puede ser consultado a través de Bitcoin.org.
El Balance Bitcoin
El balance de Bitcoin en El Salvador revela una tendencia favorable en la valorización de los activos digitales adquiridos por el Estado. A lo largo de 2024, y hasta el corte del 23 de julio de 2025, la wallet gubernamental ha acumulado 9,570.51671755 BTC, según datos de la Bitcoin Office de la Agencia AAB. Este volumen incluye consolidaciones desde múltiples wallets públicas, aunque su adquisición histórica está registrada como 6,247.18 BTC, con un costo total de $740,584,938.
Sin embargo, con las adquisiciones realizadas entre marzo de 2024 y abril de 2025 —según registros parciales disponibles— el Estado alcanzó un total aproximado de $1,126,435,876.15 en gastos por acumulación de Bitcoin. Al precio de mercado del 23 de julio de 2025, cuando cada unidad se cotizaba a $117,790.5, el valor de los 9,570.5 BTC era de $382,083,588. Esto representa una diferencia negativa de $744,352,288.15, equivalente a una depreciación del 66.06% respecto al valor de adquisición.
En términos cronológicos, los primeros grandes movimientos de 2024 se registraron el 12 de marzo, cuando se adquirieron 1,120.99 BTC por $80.06 millones, a un precio promedio de $71,420.5 por unidad. Durante los días siguientes se continuó acumulando en pequeñas cantidades: 0.9996 BTC el 13 de marzo a $73,060.08, seguido por compras de 9.9996 BTC y 49.9996 BTC en la misma jornada, con un precio promedio de $73,008.75 por unidad. La tendencia continuó en abril de 2024, con compras escalonadas de volúmenes entre 5 y 100 BTC, hasta alcanzar el saldo actual.
El incremento de 3,323.33 BTC por encima de las adquisiciones oficialmente reconocidas por el gobierno puede estar vinculado a transferencias entre wallets públicas o a operaciones internas del fideicomiso. El FMI ha solicitado explicaciones detalladas sobre estos movimientos, y confirmó que “las variaciones menores en las reservas han sido monitoreadas a través de herramientas que reportan los cambios diarios de tenencias netas del sector público”.
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