Por Alessia Genoves
El precio del Bitcoin (BTC) registró $81,801.90 dólares hasta el 10 de noviembre de 2024, según el portal oficial Bitcoin.org, tras incrementarse desde los $73,079.37 dólares registrados el 17 de marzo de 2024. La Bitcoin Office (Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, AAB) reporta que El Salvador posee 5,930.77 BTC, equivalentes a $479,265,239 al precio actual. El registro supera el presupuesto establecido en la Ley del Fideicomiso de Fondos Bitcoin (Fidebitcoin) por $150,000,000.00, lo cual representa un exceso de $329,265,239 en inversiones de fondos públicos.
No obstante, El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en su Artículo IV de 2023 los riesgos para la “integridad y estabilidad financieras, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor, y las recomendaciones del Artículo IV de 2021”. El comportamiento del precio representa una variación de $8,722.53 dólares en los últimos ocho meses; mientras que, sostiene, “el caso del BTC, si bien muchos de los riesgos aún no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan más esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto BTC”.
Señalan ganancias mayores a los $262 millones
La organización Dropstab, en su informe actualizado hace dos días, registra tenencias por 5,928 BTC con valor de $482,485,848 y ganancias de $207,813,374.09, representando un rendimiento del 75.66% sobre la inversión inicial. El informe “Nayib Bukele Portfolio Tracker”, publicado por CNN, The Guardian y Newsweek, contabiliza 6,153 BTC valorados en $501,134,930.63, con ganancias de $262,892,006.63, indicando un rendimiento del 110.35%. La discrepancia entre ambos reportes asciende a 225 BTC, equivalente a $18,649,082.63 al precio actual.
Los registros de la Bitcoin Office documentan transacciones secuenciales iniciando con 492 BTC adquiridos a $65,707 el 30 de septiembre 2024, por un valor de $32.33 millones; seguidos por 2,292 BTC a $47,332.60 el 10 de febrero 2024, representando una inversión de $108.49 millones. En 2023, se registró la compra de 763 BTC a $25,769 el 17 de febrero, por $19.66 millones. Durante 2022, se efectuaron adquisiciones de 80 BTC a $19,000 el 1 de julio ($1.52 millones) y 500 BTC a $30,744 el 10 de mayo ($15.37 millones).
El Portfolio Tracker registra transacciones adicionales por 410 BTC adquiridos el 22 de enero de 2022 a $36,595 ($15 millones); 21 BTC el 22 de diciembre de 2021 a $49,116 ($1.03 millones); 150 BTC el 4 de diciembre de 2021 a $48,670 ($7.30 millones); 100 BTC el 26 de noviembre de 2021 a $58,900 ($5.89 millones); y 420 BTC el 27 de octubre de 2021 a $60,952.38 ($25.60 millones). Las compras de septiembre de 2021 incluyen 150 BTC a $47,249 ($7.09 millones) el día 20, y 550 BTC a $52,677.20 ($28.8 millones) el día 7.
Leyes, corrupción y riesgos
El FMI refirió que “las autoridades están muy avanzadas en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las debilidades de los marcos de contratación pública”. La Ley Bitcoin, ratificada en septiembre de 2021, establece el uso obligatorio del Cripto-activo (art. 7), en un escenario calificado de “incertidumbre financiera” por Fitch Ratings. El marco legal actual no contempla mecanismos de supervisión para las transacciones realizadas fuera del presupuesto establecido en el Fidebitcoin.
La Asamblea Legislativa no ha establecido el presupuesto para la emisión de activos digitales denominados “Bonos Volcánicos” o “Volcano Bonds”, proyectados inicialmente en $1,000,000.00 para la construcción del proyecto “Bitcoin City”. Los bonos, que deben ser regulados por la Ley de Activos Digitales y administrados por la AAB -que opera con un presupuesto asignado de $1,895,820.00- no han materializado su emisión ni establecido fechas para su implementación.
La agencia Bitfinex, designada por el gobierno para el proyecto de emisión de deuda en cripto-activos según el Acuerdo de Cooperación firmado con El Salvador, recibió una condena de la Fiscalía General del Estado de Nueva York contra sus filiales iFinex y Tether por $18.5 millones. La sanción se debió a declaraciones falsas en el “movimiento de cientos de millones de dólares” para encubrir “la verdad sobre las pérdidas masivas de Bitfinex”. Los registros judiciales indican que la empresa realizó transferencias para ocultar pérdidas de $850 millones en fondos de clientes. Las calificadoras de riesgo internacionales y el gobierno salvadoreño no han emitido pronunciamientos ni alertas sobre estos antecedentes en el contexto del proyecto de Bonos Bitcoin.
Las divergencias en los registros de inversiones, que oscilan entre los $479 millones reportados por la Bitcoin Office y los $501 millones documentados por medios internacionales, responden a la especulación y a la volatilidad natural del cripto-activo. Por otra parte, organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, presumen que en El Salvador existe una falta de transparencia en el proceso de emisión de bonos y la selección de socios estratégicos con antecedentes legales cuestionados en otras jurisdicciones. Ante ello, el FMI reitera la necesidad de “más esfuerzos para mejorar la transparencia”, mientras las inversiones en Bitcoin continúan superando los límites presupuestarios establecidos en la Ley Fidebitcoin.
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