Catalino Miranda: Libertad provisional por cáncer. Acusado de falsedad ideológica

Por Alessia Genoves

Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, empresario de transporte de la Ruta 42B, es puesto en libertad condicional. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador le ordenó medidas sustitutivas a la detención formal, tras considerar su diagnóstico con cáncer de pulmón y riñón en fase terminal con una expectativa de vida de 17 meses. Miranda, quien cumple una condena de tres años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y venta a precio superior en mayo de 2023, enfrenta actualmente un proceso judicial por falsedad ideológica relacionado con la obtención fraudulenta de un crédito de US$2,000,000.00. La decisión judicial se fundamenta en el deterioro crítico de su estado de salud, documentado por equipos médicos multidisciplinarios del sistema hospitalario nacional.

Catalino tiene cáncer

El abogado defensor Rolando Aparicio confirmó que “el Juzgado Cuarto de Instrucción ya reemplazó la medida de detención del señor Catalino Miranda, con dos únicos factores: Que no salga del país, y bajo la responsabilidad de la defensa del señor Catalino Miranda”. La resolución judicial se produjo tras la confirmación médica del diagnóstico de cáncer en fase avanzada que afecta pulmón y riñón del empresario.

Los documentos médicos del Hospital Nacional Rosales establecen que “en junta médica de equipo multidisciplinario de UDCP (Unidad de Cuidados Paliativos) se evalúa paciente quien se encuentra con buen estado funcional, Índice de Karnosfky 90%, índice de Barthel de 100 puntos, ECOG 1 punto, NECPAL positivo estadio 1 con una mediana de vida a 38 meses”. Sin embargo, el pronóstico inicial de noviembre de 2023 se ha deteriorado, reduciendo la expectativa de supervivencia a 17 meses según los informes médicos más recientes.

El deterioro acelerado de la condición médica de Miranda se documenta en los registros hospitalarios que indican que “este día se realiza evaluación y se brinda protocolo de malas noticias, se explica diagnóstico, pronóstico, así como final de vida, paciente se muestra receptivo a la información”. Los familiares del empresario reportaron que su condición física y mental presenta un grave deterioro, requiriendo cuidados paliativos especializados.

La documentación médica revela que Miranda fue diagnosticado con cáncer en septiembre de 2023, después de permanecer 18 meses en prisión. Los resultados clínicos señalan que “a nuestro padre se le ha diagnosticado un tumor de células renales en riñón derecho (monorreno), nódulos pulmonares compatibles con metástasis, hipoplasia renal derecha y además de enfermedad renal crónica estadio IV agudizada”.

La familia de Miranda presentó múltiples solicitudes para obtener tratamiento médico adecuado, incluyendo una carta abierta al presidente dirigida en abril de 2024, donde expresaron que “estamos angustiadas por la situación que está padeciendo nuestro padre, y es por esa razón y por humanidad que solicitamos se nos permita brindarle el tratamiento adecuado”. Esta petición no recibió respuesta de las autoridades ejecutivas.

El abogado Aparicio indicó que “ya son cuidados paleativos los que se les está dando al señor. Y, gracias a Dios, se ha podido hacer todas las diligencias pertinentes, tanto por la Fiscalía, por las autoridades judiciales como por los mismos Centros Penales de que éstos se pueda hacer de manera humanitaria”.

También los documentos judiciales deducen un patrón de desobediencia por parte de la Dirección de Centros Penales a las órdenes de traslado médico. El 23 de octubre de 2023, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria ordenó trasladar a Miranda al Hospital Centro de Emergencias para recibir tratamiento por obstrucción del conducto urinario, orden que no fue cumplida por la administración penitenciaria.

El patrón se desobedecería para el 31 de octubre de 2023 y nuevamente el 10 de enero de 2024, cuando la dirección de Centros Penales ignoró por tercera ocasión la orden judicial de traslado al centro médico privado. Esta situación motivó que la familia recurriera a medios públicos para solicitar atención médica adecuada.

Catalino: falsedad ideológica para crédito millonario

La Fiscalía mantiene activo el proceso judicial contra Miranda por el delito de falsedad ideológica, relacionado con la presunta manipulación de documentación financiera para obtener créditos millonarios. Según las investigaciones fiscales, “la FGR sostiene que de dichas acciones, Catalino habría obtenido beneficios por créditos de hasta $2,000,000.00 USD, de forma presumiblemente fraudulenta”.

El artículo 284 del Código Penal establece que “el que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público o auténtico, insertere o hiciere insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar, será sancionado con prisión de tres a seis años”. La acusación fiscal se fundamenta en la presunta alteración de documentación y facturas para obtener beneficios en préstamos en perjuicio de las sociedades prestamistas.

La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero busca demostrar que “las sociedades del señor Catalino Miranda no cumplían con el perfil financiero suficiente para acceder a estos créditos; y que, entonces, la documentación presentada ha sido falsificada”. El proceso incluye el nombramiento de un perito permanente para analizar las finanzas de las empresas vinculadas al empresario.

Los allanamientos ejecutados por la Fiscalía en septiembre de 2022 en cinco propiedades de Miranda arrojaron evidencia documental sobre presuntas irregularidades financieras. La FGR informó que “se ha encontrado información financiera y legal de las sociedades Acostes de R.L, Acostes S.A. de C.V., Fosatrans; Capur S.A. de C.V, Acofancu S.A. de C.V.; Financiera Popular de R.L.; Acotesmi S.A. de C.V y, de igual manera, información personal del señor Catalino Miranda”.

La hipótesis fiscal sostiene que “por medio de sus sociedades ha efectuado acciones relacionadas con el delito del lavado de dinero y activos, mediante la instalación de diferentes negocios, dedicados a diferentes rubros del comercio”. Los documentos incautados incluyen “diferentes facturas, balances financieros de las diferentes sociedades; así como documentación legal, de diferentes contratos, compraventas”.

El proceso judicial por falsedad ideológica se desarrolla actualmente en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, mientras que el caso por uso y tenencia de documentos falsos se tramita en el Juzgado Cuarto de Instrucción, donde también son procesados Adalberto Antonio Miranda y José Braulio Miranda, hijo y hermano respectivamente del empresario.

Condenado por desórdenes públicos y venta a precio superior

En mayo de 2023, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Catalino Miranda a tres años de prisión mediante proceso abreviado por los delitos de desórdenes públicos y venta a precio superior. La Fiscalía detalló que “se le impuso una pena por la comisión del delito de venta a precio superior, imponiendo una pena de 1 año de prisión; e impuso una pena de 2 años de prisión por el delito de desórdenes públicos”.

El delito de venta a precio superior se tipifica en el artículo 234 del Código Penal, que establece que “el que vendiere alimentos, bienes o prestare servicios a precios superior al que constare en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el producto o distribuidor o prestador de servicios, será sancionado con prisión de uno a tres años”. La condena se relacionó con el cobro de tarifas de transporte público superiores a las autorizadas legalmente.

Los hechos que fundamentaron la condena por desórdenes públicos ocurrieron el 22 de marzo de 2022, cuando Miranda organizó protestas de transportistas que obstaculizaron vías públicas. El artículo 348 del Código Penal sanciona este delito estableciendo que “cuando dos o más personas alteraren el orden público obstaculizando las víaspúblicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito, o invadiendo instalaciones o edificios, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.

Miranda confirmó públicamente su participación en las protestas declarando que “iban a hacer una protesta todos los transportistas a nivel nacional por lo que ya saben”. El empresario manifestó su desacuerdo con el proceso judicial sosteniendo que “para montar el ejemplo me han agarrado a mi y mandar un ejemplo a nivel nacional que el Estado es estricto y que así les va a pasar a todos, pero mal ejemplo porque en el estado de derecho no funciona así esta situación”.

La protesta se desarrolló en un contexto posterior a las reformas implementadas por el gobierno para estabilizar las tarifas de pasaje de transporte público, medidas que fueron rechazadas por el sector transportista representado por Miranda.

Adalberto Miranda Zepeda, hijo del empresario, fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia al mismo delito de venta a precio superior, recibiendo una sentencia de tres años de cárcel. Sin embargo, Adalberto Miranda es considerado prófugo de la justicia tras eludir el cumplimiento de la condena impuesta por el tribunal.

La condena del hijo se fundamentó en los mismos hechos relacionados con el incremento ilegal de las tarifas de transporte público, configurando un concurso de personas en la comisión de los delitos imputados por la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía sustentó las acusaciones en evidencia documental que acreditaba el cobro de tarifas superiores a las autorizadas por las instituciones competentes. La representación fiscal señaló que el juzgador “emitió un fallo de carácter condenatorio, en cotnra del señor Catalino Miranda, en el trámite de prosedimiento abreviado”, proceso que se desarrolló bajo la premisa del artículo 418 del Código Procesal Penal que establece que “si el imputado presta conformidad, rendirá de inmediato su confesión sobre el hecho atribuido”.

Las pruebas de cargo incluyeron testimonios de usuarios del transporte público que confirmaron el pago de tarifas superiores a las establecidas, así como documentación que acreditaba la organización de las protestas que obstaculizaron la circulación vehicular en vías públicas de la capital salvadoreña.

Sigue la investigación

La situación judicial de Miranda se caracteriza por la acumulación de múltiples procesos penales que mantienen vigente su detención a pesar de haber cumplido la condena inicial. La Cámara Segunda de lo Penal determinó que “Fiscalía, se opuso al cambio de la media cautelar, por la razón que el señor Catalino Miranda es objeto de otro proceso ya judicializado en el Juzgado Cuarto de Instrucción; así como está siendo investigado también por el delito de Lavado de Dinero y Activos”.

Por otra parte, los documentos médicos del Hospital Nacional Rosales revelan que Miranda ha expresado sus últimas voluntades ante la proximidad de su deceso. El registro médico establece que “por parte del paciente hay conciencias de la enfermedad y noción de pronóstico; manifiesta deseos de poder comunicarse con su familia para manifestar sus últimas voluntades y poder ser cremado”.

La decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción de otorgar medidas sustitutivas permite que Miranda pueda ejercer estos derechos fundamentales en sus últimos meses de vida, tras casi tres años de reclusión en el sistema penitenciario nacional.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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