Exempleados de CEPA condenados por contratar mareros

Por: Neftali Hernandez Pereira

Red de corrupción involucró a pandilleros y funcionarios públicos

La Fiscalía General de la República logró condenas que suman más de 160 años de cárcel contra diez personas por una compleja red de corrupción que operó en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) entre 2021 y 2022. El esquema criminal involucró a cinco pandilleros de la Mara Salvatrucha, (MS-13) un exempleado municipal y varios funcionarios de la institución portuaria.

Los hechos probados en el proceso judicial revelan que los involucrados negociaron ilegalmente la adjudicación de proyectos de CEPA, utilizando la influencia de pandilleros que operaban en el sector de Acajutla para facilitar las operaciones fraudulentas.

Emérito Velásquez Monterrosa: 44 años de prisión por liderar el esquema

El principal responsable de la red criminal es Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa, quien se aprovechó de su cargo como Gerente General de CEPA para modificar las bases de licitaciones y concederlas a terceras personas.

El principal responsable de la red criminal es Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa, quien se aprovechó de su cargo como Gerente General de CEPA para modificar las bases de licitaciones y concederlas a terceras personas. Su condena de 44 años de cárcel se distribuye en: 24 años por tres delitos de negociaciones ilícitas, 10 años por falsedad material, cinco años por cohecho activo y cinco años por agrupaciones ilícitas.

Velásquez Monterrosa ya había enfrentado cuestionamientos previos sobre sus prácticas en CEPA. En 2016, la Sala de lo Constitucional conoció un proceso de amparo en su contra por el concurso CEPA 05/2015 para seleccionar operadores del servicio de apoyo terrestre en el Aeropuerto Internacional. La demanda señalaba que había desarrollado el proceso de licitación de forma personal, sin utilizar la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Internas, violando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Según las investigaciones del caso actual, Velásquez Monterrosa operaba solicitando camiones con tierra a terceras personas a cambio de proporcionarles las bases de una licitación para la ampliación de un predio. Esta práctica le permitía manipular los procesos de contratación pública en beneficio de empresas específicas, un patrón que se evidenció posteriormente en las conductas criminales por las que ahora fue condenado.

Falsificación de documentos y sobornos municipales

El esquema de corrupción se extendía más allá de CEPA. Velásquez Monterrosa pagó $2,500 dólares a José Antonio Rodas, exempleado de la Alcaldía de Colón, para que le extendiera constancias de solvencia falsas necesarias para poder laborar en la institución portuaria. Rodas recibió una condena de 11 años de prisión: cinco años por falsedad material y seis años por cohecho propio.

Los antecedentes judiciales de Velásquez Monterrosa muestran un historial de cuestionamientos sobre sus prácticas administrativas en CEPA. En 2015, la empresa Aerodespachos de El Salvador interpuso una demanda de amparo contra él por el manejo irregular del concurso CEPA 05/2015, destinado a seleccionar dos operadores para prestar servicios de apoyo terrestre y despacho de vuelos en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

La demanda señalaba que Velásquez Monterrosa había decidido voluntariamente no aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), desarrollando el proceso de licitación de manera personal sin utilizar la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Internas, como establecía la normativa.

Los demandantes argumentaban que las bases del concurso carecían del contenido mínimo requerido por la LACAP, incluyendo la ausencia de plazos para la adjudicación después de la apertura de ofertas y la falta de un sistema de evaluación técnica que precisara la calificación mínima y la capacidad financiera de las empresas ofertantes. Aunque esta demanda fue posteriormente desistida por los demandantes, evidenció irregularidades procedimentales que prefiguraron las conductas criminales posteriores.

Esta operación de falsificación de documentos demuestra cómo la red criminal había penetrado diferentes niveles de la administración pública para facilitar sus actividades ilícitas.

Infiltración de pandilleros en CEPA

David Melquisedec Castillo Flores, secretario sindical de CEPA, jugó un papel fundamental al facilitar el ingreso de pandilleros para trabajar en la autónoma. Su función era clave para que los miembros de la Ms-13 pudieran operar desde dentro de la institución. Castillo Flores fue condenado a 19 años de cárcel: seis años por cohecho propio, ocho años por falsedad ideológica agravada y cinco años por agrupaciones ilícitas.

La infiltración de pandilleros en una institución estratégica como CEPA representaba un grave riesgo para la seguridad nacional, considerando la importancia del puerto de Acajutla en el comercio exterior del país.

Condenas para funcionarios cómplices

Roberto de Jesús Mendoza Recinos, otro funcionario involucrado en el esquema, recibió una condena de 26 años de prisión distribuida en: 16 años por dos negociaciones ilícitas, cinco años por uso y tenencia de documentos falsos y cinco años por agrupaciones ilícitas.

Daniel Enrique Vides Maradiaga, exjefe de Recursos Humanos de CEPA, fue sentenciado a 11 años de cárcel: seis años por incumplimiento de deberes y cinco años por agrupaciones ilícitas. Su posición le permitía facilitar la contratación irregular de personal vinculado a la red criminal.

Pandilleros reciben condenas por agrupaciones ilícitas

Los cinco pandilleros de la MS involucrados en el esquema recibieron diferentes condenas por agrupaciones ilícitas:

Marcos Obdulio Flores Rivas, identificado como pandillero y corredor de la clica Acajutla, fue condenado a 14 años de cárcel por agrupaciones ilícitas. Su rol como “corredor” indica que servía de enlace entre diferentes células criminales. Los antecedentes judiciales de Marcos Obdulio Flores Rivas, identificado como pandillero y corredor de la clica Acajutla, muestran un historial delictivo previo. En 2011, la Sala de lo Constitucional conoció un recurso de hábeas corpus presentado a su favor por una condena de homicidio agravado emitida por el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana. El recurso, que fue declarado improcedente, cuestionaba irregularidades en las diligencias de reconocimiento fotográfico realizadas durante la investigación inicial sin presencia de defensor. Este antecedente evidencia la trayectoria criminal de Flores Rivas antes de su participación en la red de corrupción de CEPA, donde cumplía funciones como intermediario entre diferentes células criminales para facilitar la infiltración pandilleril en la institución portuaria.

José Andrés Ortega Mejía recibió la condena más alta entre los pandilleros con 15 años de prisión: 10 años por cohecho activo y cinco años por agrupaciones ilícitas. Su participación activa en actos de corrupción le valió una pena más severa.

Walter Geovany Alas, José Ovidio Lemus Rodríguez y Marcos Obdulio Flores recibieron cada uno cinco años de cárcel por agrupaciones ilícitas, reflejando diferentes niveles de participación en la estructura criminal.

Impacto en la institucionalidad portuaria

La operación criminal afectó directamente el funcionamiento de CEPA, una institución clave para el comercio exterior de El Salvador. La manipulación de licitaciones y la infiltración de pandilleros comprometió la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y puso en riesgo la seguridad de las operaciones portuarias.

Los procesos de licitación manipulados incluían proyectos de ampliación de predios, cuyas bases fueron modificadas para favorecer a empresas específicas que colaboraban con la red criminal mediante el suministro de materiales como camiones con tierra.

Investigación revela operaciones entre 2021 y 2022

El proceso judicial documentó que las actividades criminales se desarrollaron principalmente entre 2021 y 2022, período durante el cual la red logró establecer un sistema organizado de corrupción que involucraba múltiples instituciones públicas.

La investigación de la Fiscalía logró desentrañar la compleja estructura criminal que conectaba funcionarios de CEPA, empleados municipales y pandilleros de la MS en un esquema de beneficio mutuo que comprometía la integridad de los procesos de contratación pública.

Las condenas pronunciadas representan un total de más de 160 años de prisión distribuidos entre los diez procesados, reflejando la gravedad de los delitos cometidos y el impacto en las instituciones públicas afectadas por esta red de corrupción.

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