Por Alessia Genoves
La “Little One”, Silvia Leticia Portillo López del Barrio 18-Sureños, ha sido detenida, transcurridos 42 meses de la imposición del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, junto con otros 82,963 detenidos, entre los que se espera que unos 76,600 sean pandilleros. El arresto fue ejecutado por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), en la residencial Altavista, San Martín, San Salvador Este, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de octubre de 2025. Portillo López, quien adquirió notoriedad por su participación en el documental “La Vida Loca” del fotoperiodista Christian Poveda, enfrenta procesos por homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas.
La detención de “La Little One” ocurre después de la captura de Ana Griselda Burgos, alias “La Chuki”, otra figura prominente del Barrio 18 que también apareció en el documental de Poveda, y que fue arrestada el 19 de mayo de 2022 en Soyapango. Ambas mujeres están vinculadas al asesinato del cineasta franco-español Christian Gregorio Poveda Ruiz, ocurrido el 2 de septiembre de 2009 en el cantón El Rosario, un feudo de la pandilla Barrio 18. La continuidad del Régimen de Excepción, en consecuencia, se fundamenta en la persistencia de “circunstancias concomitantes que lo motivaren”, según el artículo 24 constitucional, que justifica la suspensión de garantías ante la amenaza de pandilleros en libertad. Este contexto incluye una reducción del 77% en homicidios entre 2022 y 2024, 435 muertes documentadas en centros penales y la liberación de 8,000 personas reconocidas como inocentes por el presidente Nayib Bukele, hasta el cuarto trimestre del año 2024.
La Little One cae en el Régimen
La detención administrativa de “La Little One” se enmarca en las disposiciones del Régimen de Excepción, vigente mediante 42 prórrogas legislativas que acumulan 1,260 días de suspensión ininterrumpida de derechos fundamentales. La base legal de esta medida se encuentra en el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, que establece la posibilidad de suspender garantías “cuando así lo exijan la seguridad de la República, la estabilidad de las instituciones democráticas o la paz pública”. En este contexto, el Régimen ha suspendido específicamente tres derechos: el derecho a “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención”(artículo 12, inciso 2º), el límite temporal de la detención administrativa –extendido de 72 horas a 15 días–, y la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 24), permitiendo la interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
La detención de Portillo López se ejecutó bajo la figura de la “detención administrativa” ampliada, que permite a las autoridades judiciales y policiales mantener a un individuo bajo custodia por hasta 15 días sin una notificación detallada de los cargos. La Fiscalía General de la República fundamentó su captura en antecedentes penales que se remontan a 2008, por delitos de “homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas”.
La reclusión de “La Little One” en el sistema penitenciario salvadoreño –que alberga a 82,963 detenidos en instalaciones con capacidad original para menos de 10,000– evidencia las condiciones de hacinamiento crítico documentadas por organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que ha registrado “435 muertes en centros penales durante la vigencia del Régimen de Excepción”. La representante legal del SJH, Ingrid Escobar, declaró en una entrevista del 28 de diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a las muertes registradas hasta esa fecha, aunque en una declaración posterior del 24 de febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”. Sin embargo, el caso de La Little One y el de la Chuki es evidente, al ser imputadas por delitos graves, y al portar tatuajes y signos distintitvos a la organización terrorista del Barrio 18.
La aplicación del Régimen de Excepción en el caso de Portillo López también se relaciona con la suspensión del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, que ha permitido a las autoridades acceder a “correspondencia personal, comunicaciones telefónicas y digitales como parte de las investigaciones relacionadas con actividades de pandillas”.
Esta facultad excepcional ha sido cuestionada por organizaciones como Cristosal, que en sus reportes indica que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, y que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”. La detención de “La Little One” sigue el mismo patrón aplicado en la captura de Ana Griselda Burgos, “La Chuki”, el 19 de mayo de 2022, quien fue ubicada en Soyapango y acusada de ser “una reconocida y peligrosa terrorista que delinquía en varias colonias de ese municipio”, según la Fiscalía General de la República.
El asesinato de Christian Poveda
El asesinato de Christian Gregorio Poveda Ruiz, ocurrido el 2 de septiembre de 2009 en el cantón El Rosario, fue judicializado en el expediente 354-2011 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El proceso penal se instruyó contra 31 imputados por los delitos de “homicidio agravado, en perjuicio de Cristino Poveda Ruiz o Christian Gregoire Poveda, y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública”. La vista pública del caso culminó el 9 de marzo de 2011, según consta en la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde se detalla que el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador emitió un fallo condenatorio contra Juan Napoleón Espinoza Pérez y otros acusados.
Sin embargo, la notificación de la sentencia enfrentó retrasos significativos, ya que “el día dieciséis de marzo de dos mil once” se había convocado a las partes para la lectura integral, pero “esta no había sido redactada y había sido señalada como nueva fecha para tal diligencia el día seis de enero de dos mil doce”.
La resolución de la Sala de lo Constitucional, fechada el 6 de junio de 2012, estableció que el Juzgado Especializado de Sentencia incurrió en una “vulneración al derecho de libertad del favorecido al haber estado detenido provisionalmente sin poder plantear los recursos que estimasen pertinentes en ejercicio de su derecho a recurrir”.
El tribunal constitucional determinó que la demora en la emisión y notificación de la sentencia –que superó los seis meses desde el fallo oral– constituyó una violación al derecho a un juicio en plazos razonables, a pesar de que la autoridad judicial alegó “complejidad del caso, la excesiva carga laboral de la sede judicial, la inadecuación de los plazos legales para los procesos tramitados ante esa sede”. La Sala consideró que “no existe justificación objetiva para retardar su redacción por más de seis meses del plazo que establece la ley para su realización, aun tomando en cuenta que el proceso tramitado en contra de los imputados se caracteriza por su mediana complejidad”.
En la audiencia especial de revisión de medidas cautelares del 19 de abril de 2012, el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador reconoció que se había excedido “el límite máximo del artículo 6 del Código Procesal Penal” y ordenó “el cese de la detención provisional”, imponiendo en su lugar otras medidas cautelares como “someterse a la vigilancia de una división policial y prestar una caución económica por dos mil quinientos dólares”.
El beneficiado Juan Napoleón Espinoza Pérez fue condenado a “la pena de cuatro años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas”, pero la demora en la notificación de la sentencia impidió el ejercicio oportuno de recursos para impugnar la condena. La Sala de lo Constitucional requirió a la autoridad judicial que “emita la sentencia definitiva en contra del favorecido y la comunique a este y a su defensa técnica, inmediatamente”, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 358 del Código Procesal Penal.
Régimen de Excepción sobre mareros e inocentes
La implementación del Régimen de Excepción ha generado una reducción del 77% en homicidios intencionales entre 2022 y 2024, según datos de la FGR. Los homicidios registrados pasaron de “496 casos al cierre del año fiscal 2022 a 114 homicidios al finalizar 2024”. La comparación interanual muestra que en el primer trimestre de 2022 se contabilizaron “426 casos entre enero y agosto”, mientras que en el mismo período de 2025 se registraron “44 homicidios”, lo que representa una reducción del 99%. El promedio mensual de homicidios disminuyó de “203 casos mensuales en 2019 a 5.5 casos mensuales en los primeros ocho meses de 2025”, una reducción del 97.3%. La distribución categórica de homicidios en 2024 evidenció “33 casos atribuidos a delincuencia general (28.9%), 34 casos por intolerancia social (29.8%), y 47 casos por intolerancia familiar (41.2%)”, confirmando un cambio en los patrones de violencia hacia conflictos interpersonales.
El SJH ha documentado “435 muertes en centros penales durante la vigencia del Régimen de Excepción”, abarcando desde el 27 de marzo de 2022 hasta noviembre de 2024. Esta cifra contrasta con los registros de Cristosal, que en coordinación con otras organizaciones excepto el SJH, ha documentado “224 muertes en cárceles desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 28 de abril de 2024”. Las condiciones de hacinamiento en el sistema penitenciario se han agravado, con“82,963 detenidos en instalaciones cuya capacidad instalada original era significativamente inferior”, superando el 200% de la capacidad en múltiples centros. El presidente Nayib Bukele reconoció en noviembre de 2024 que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, lo que representa aproximadamente el 9.6% del total de detenidos.
Las organizaciones de derechos humanos han presentado “más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos” durante el Régimen de Excepción. Cristosal registró “3,786 denuncias documentadas hasta abril de 2024”, con una tipificación que incluye “detenciones arbitrarias (45.3% de los casos), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%), y desapariciones temporales (3.9%)”. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca) documentó “1,283 casos”, identificando que “aproximadamente el 23% de los casos documentados corresponden a personas posteriormente liberadas sin cargos”. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) registró “383 casos de presuntas vulneraciones”, enfocándose en violaciones al debido proceso y garantías judiciales.
La justificación del Régimen de Excepción se basa en la persistencia de “circunstancias concomitantes que lo motivaren”. En 2018, la PNC estimaba que “76,600 pandilleros permanecían en libertad”, mientras que el total actual de detenidos (82,963) supera esta cifra inicial. Si se sustraen las “8,000 liberaciones reconocidas por el presidente”,aproximadamente “74,963 personas permanecerían bajo custodia”, hasta el mes de julio de 2025, lo que sugiere que el número de detenidos aún no llega a la cantidad de miembros de pandillas previamente estimados en libertad.
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