Por Alessia Genoves
Un monto de $351,035,49 dólares del Estado fueron defraudados por la administración del ex-presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, según se detalla en el “Informe Presupuestario y Financiero Gastos Reservados de la Presidencia de la República período del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014”. El dinero corresponde al Presupuesto de la Presidencia de la República, que incrementó a $711,720,342.70 del inicial, por $351,035,401.17 dólares, del que sólo quedaron $0.68 centavos. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su parte, ha identificado a 32 ex-funcionarios públicos y miembros de su respectivo grupo familiar, como el ex-secretario privado, Francisco José Cáceres; Manuel Reviera Castro, el entonces presidente del Banco Hipotecario desde dónde se sustrajo un monto de $292,218,871.28 dólares.
#CombateALaCorrupción I La @FGR_SV logra condenas contra exfuncionarios de la gestión de Mauricio Funes, entre 2009 y 2014, acusados de beneficiarse con fondos del Estado.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 8, 2024
Las evidencias demostraron que los exfuncionarios conformaron una red donde planificaban el desvío de… pic.twitter.com/iezIA4X50G
No obstante, el ex-presidente Funes aún no ha sido sentenciado en el proceso; y por la presunta comisión de peculado, delegada por la Fiscalía General de la República (FGR), responsabiliza Francisco Cáceres, alegando que las acciones se habrían ejecutado sin su consentimiento. Más, por el contrario, fueron sancionados, por el delito de lavado de dinero y activos (art. 5, lit. b), el ex-titular del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, José Miguel Antonio Méndez Avelar, con 14 años de prisión; Manuel Rivera, con 13 años de prisión; el ex-suegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, con 8 años de prisión; así como el ex-secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, David Marciano Rivas, con 8 años de prisión, según lo determinó el Tribunal Primer de Sentencia de San Salvador.
¿Cómo participaron en corrupción?
Mauricio Funes es la principal persona acusada en el proceso judicial denominado Caso Saqueo Público. La FGR ha ofrecido una reconstrucción de hechos, en la que detalla la identidad de al menos 18 personas que son acusadas de participar en la defraudación del Estado; mientras que la CSJ relaciona hasta 32 de los involucrados, de acuerdo con el expediente 285-2018 de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro.
No obstante, es únicament la FGR la que relaciona a los ex-funcionarios del Banco Hipotecario, Carlos Enrique Cruz, Carlos Ortiz, Jolman Ayala, a quiénes se les atribuye el uso irregular -de la partida secreta- de los referidos $292,218,871.38 dólares. En éste último caso, la FGR determinó que el primero es señalado de haber participado en los hechos tras recibir sobornos de hasta $72,000.00 dólares; mientras que el segundo, por un monto de $64.500 dólares. Yolman Ayala, por otra parte, habría participado en los hechos de corrupción tras haber recibido un soborno de $78,000 dólares.
Más de 32 involucrados
La FGR detalló que la CSJ estableció cinco condenas en contra de los referidos incoados, bajo el señalamiento de lavado de dinero y activos. Particularmente, Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, fue encontrado culpable de beneficiarse con un monto de $3,000,000.00 dólares; así como de defraudar a la Hacienda Pública por un monto de $183,000 dólares de sus activos. Pero, de la cantidad total, se deducen $335,186.43 dólares en gastos de viajes hacia el exterior.
Cabe destacar que la reciente sanción contra Mecafé se añade a la impuesta por el mismo Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en la fecha de agosto de 2022. Para entonces, fue hallado culpable, nuevamente, por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la Hacienda Pública, por un monto no justificado de $1,868,104.39 dólares. Las imputaciones señaladas por la Fiscalía refieren a la adquisición de una aeronave “Beechcraft King Air”y placas “90-TG ADL”, que en su tiempo fue propiedad de Jaime Ramón Aparicio Mejía, propietario de la empresa Servicios Calificados de la Construcción S.A. (Serdelco S.A.).
Marciano Rivas, por otra parte, ha sido acusado de beneficiarse de $1,738,465.57 dólares; y, con ello, se le administró la sanción de los 8 años de prisión; misma proporción que se le asignó a Guzmán Berdugo. Del mismo modo, fue sancionado Rivera Castro por 13 años de prisión, por beneficiarse económicamente a cambio de conceder los créditos requeridos por Casa Presidencial, mientras fue presidente del Banco Hipotecario durante la administración de Funes.
Pero aún faltan más personas involucradas. Según el expediente 285-2018, se relacionaFrancisco Cáceres, por la compra irregular de “vehículos de lujo”, por un monto de $4,565,000 dólares; así como en la compra de 4 inmuebles, valuados en un monto de $1,615,000 dólares. También se observan irregularidades en “remodelacoines suntuosa en Casa Presidencial”, por un monto de $1,2 millones dólares.
Por otra parte, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador también ha relacionado sobre el caso a otros 27 imputados; entre ellos, la segunda ex-esposa del ex-presidente Funes conocida, Vanda Guiomar Pignato, quien fue absuelta por el delito de lavado de dinero, pero condenada a 3 años de prisión por el delito de simulación de delito (art. 238, Cód. Penal). No obstante, la pena será sustituída por 144 jornadas de trabajo comunitario, tras ella asumir que los fondos que recibió serían parte del dinero desviado, según lo comunicó Diario El Salvador.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia no ha establecido una resolución pública a favor de familiares de la ex-Primera Dama, como Cristina Pignato; y terceros como Tiago Noguira, que fueron sometidos a la justicia por el Quinto de Paz de 2018. Tampoco a rendido resultados públicos sobre el resto de los imputados que apelaron sobre su vinculación en los hechos, según se constata en el expediente 285-2018 de la Cámara Segunda de lo Penal de la Sección Centro de San Salvador, en la que se mencionan, además de los ya referido, personalidades como el ex-titular del Ministerio de Hacienda, Francisco José Cáceres Zaldaña, Francisco Rodríguez Arteaga, entonces gerente financiero institucional de la Presidencia de la República, quienes fueron además acusados por el delito de peculado, junto con el ex-Presidente de la República.
Tampoco se destaca novedades contra otros ex-funcionarios públicos y correlativos de la Administración Funes, como Jorge Alberto Herrera Castellanos, ex-jefe de Tesorería; José Armando Escobar, ex-jefe de Presupuesto; Rigoberto Palacios Panameño de Contabilidad de la Presidencia de la República; Ana Elizabeth Coto, secetaria de la Presidencia de la República; ni de Joaquín Eduardo Cárdenas Cárdenas, ex-oficinal de cumplimiento del Banco Hipotecario. Tampoco se detalla la continuidad en los casos de Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, ex-Secretario de la Presidencia; Pablo Gómez, exasistente Técnico Financiero, José Armando Escobar Barrillas, ex jefe de presupuesto ni de Rigoberto Palacios Panameño, funcionario de la Presidencia de la República.
En el caso, también se vincula en la comisión del delito a Nelson Antonio García, ex-asesor de la Vanda Pignato; Hugo Alfredo Barrientos Clara, representante legal de la Sociedad H.B Arquitectos. Así como también se relaciona a los ex-militares del Estado Mayor Presidencial, Luis Miguel Ángel García García, Luis Miguel Angel García, Rosa López de García, Luis Alfredo Maida Leiva, William Eduardo Guzmán Arbaiza,
Por otra parte, el Juzgado de Paz también relacionaba a otros parientes consanguineos y políticos del Ex-Presidente, como otras tres de sus ex-parejas Ada Mitchell Guzmán Sigüenza (acusada junto con su madre, Ada Luz Sigüenza de Guzmán); Elvy Marina Paz de Gutiérrez, Regina María Cañas Rivera. Ësta última habría admitido recibir hasta $95,000.00 dólares en la simulación de un préstamo para su hijo, Diego Roberto Funes Cañas, por parte de Luis Antonio Flores Mancía, también acusado; y a resarcir la misma cantidad de dinero, según resolvió el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
Mientras que su hijo fue condenado, junto con Funes, por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de $419,145.09 dólares; del que sólo sería responsable de pagar $212,484.54 dólares, según se establece en el expediente I-PCEIF-16 de la Corte de Cuentas de la República (CCR). No obstante, no se detallan las atribuciones en contra de Carlos Roberto Funes Velasco, también hijo del ex-presidente, tras ser relacionado en el caso por el delito de Casos Especiales de Dinero y Activos.
Corrupción en el dinero de Capres
Un monto de $351,095,400.49 dólares están en disputa, según lo señala la FGR como el monto malversado. El origen de los Fondos corresponde a las adhesiones extemporáneas del Presupuesto de la Presidencia de la República. De acuerdo con el Informe Presupuestario de la CSJ (2009-2014), la Presidencia de la República, en el período presidencial de Funes, era de $506,624,133.92 dólares. Detalla también el informe que dentro de esa cifra se programó un gasto de $80,818.285 dólares.
Sin embargo, el presupuesto votado fue modificado en su ejecución, llegando a los $711,720,342.70 dólares, de los que fueron ejecutados $689,351,693.20 dólares. $351,035,401.17 dólares, por otra parte, se designaron, del presupuesto de la presidencia, al presupuesto del Gastos Reservados, por un monto de $351,035,400.49 dólares. De éste último, pues, fueron ejecutados $351,035,400.49 dólares; por lo que el saldo sobrante de la misma, al final del quinquenio presidencial, fue de $0.68 centavos de dólar.
"Se incrementaron ilegalmente los 'Gastos Reservados' en más de 351 millones de dólares, representando el 50.92% del presupuesto total ejecutado por Casa Presidencial, sin justificación alguna" pic.twitter.com/qMoMmpuSVA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 8, 2018
La sustracción de dichos fondos ha sido identificada como irregular por la CSJ, luego de que éstos fueran vencidos en juicio en los años 2021 y 2022. De esos fondos, unos $97,456,424.26 dólares fueron identificados como irregulares, durante la administración del ex-presidente del BH Carlos Alberto Ortiz, y del ex-vicepresidente Carlos Enrique Cruz Arana. La FGR detalló, en el informe de la Unidad Contra el Lavado de Dinero y Activos (UECLA) divulgado en abril de 2021, que durante su período de administración (del 8 de junio de 2009 al 8 de junio de 2011), “se instrumentalizó al BH para lavar los $97,456,424.26, dado que se procesaron 1,651 cheques hasta por el monto de $97,456,424.26”, durante el período presidencial de Mauricio Funes.
Detalla la FGR que “forma en que operaban nunca se recibió una alerta. Los más de mil cheques que fueron cobrados y luego enviados a cuentas particulares provenían de la cuenta del Tesoro de Casa Presidencial”. Pero el monto dinerario ya mencionado es una de las causas por las que se procesa al ex-presidente del BH, mientras que al ex-vicepresidente sólo se le responsabiliza por la participación en el presunto lavado de cerca de $94,000,000 dólares del monto total.
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