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Gobierno Nacional

Asamblea aprueba ley para beneficios de la diaspora

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Por: Neftali Hernandez Pereira

Marco Normativo y Requisitos de Acceso

La nueva legislación establece un sistema integral de beneficios dirigido a salvadoreños residentes en el exterior que manifiesten su intención de retorno o establecimiento temporal en territorio nacional. Los requisitos fundamentales incluyen la presentación de “una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería (DGME), en la que establezca su domicilio en el país”, según establece el texto legal. Adicionalmente, los beneficiarios deberán “modificar con esta información su Documento Único de Identidad (DUI)”, garantizando así el registro formal de su cambio de residencia.

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El marco normativo contempla restricciones específicas para el acceso a los beneficios, estableciendo que “quedarán excluidos de estos bienes los salvadoreños que tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso”. Esta disposición refleja el enfoque de seguridad integrado en la política migratoria, vinculando los incentivos al retorno con el cumplimiento de obligaciones legales previas.

La flexibilidad de la ley se manifiesta en que los salvadoreños pueden acceder a los beneficios “independientemente del tiempo, condición migratoria y el país en el que haya residido”, ampliando significativamente el universo de potenciales beneficiarios en comparación con marcos normativos anteriores que establecían restricciones temporales o geográficas específicas.

Beneficios Fiscales y Aduaneros

El componente central de los incentivos consiste en “la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, siempre y cuando el valor no supere los $100,000”. Este incremento del 42.8% respecto a la legislación anterior representa una expansión sustancial de los beneficios disponibles, permitiendo a las familias retornadas importar un mayor volumen de bienes domésticos sin carga tributaria.

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En el ámbito vehicular, la legislación autoriza “la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos, con la condición de que no sean considerados chatarra, por lo que deberán estar en perfecto estado de funcionamiento”. Esta disposición incluye salvaguardas temporales, estableciendo que “dichos automotores familiares se deberán conservar en propiedad por al menos dos años; transcurrido este tiempo, se podrá proceder a su transferencia”.

El incumplimiento de las condiciones temporales genera consecuencias específicas, ya que “de no cumplir con dicho periodo, se revocará la exención otorgada al salvadoreño beneficiado, por lo que deberá cancelar los tributos de los que había sido exento al momento de la introducción del vehículo”. Para garantizar el seguimiento, “la persona deberá informar periódicamente a las autoridades aduaneras, a fin de garantizar el cumplimiento de los pagos correspondientes”.

Incentivos Laborales y Productivos

La dimensión laboral de la ley incluye la creación del “registro denominado ‘Empleos para Salvadoreños Retornados'” por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, facilitando que “los empleadores que decidan acogerse al programa se inscriban a efecto de obtener los beneficios correspondientes”. Este mecanismo busca crear sinergias entre la política migratoria y las necesidades del mercado laboral nacional.

Para actividades productivas, la legislación contempla que “los integrantes de la diáspora podrán importar vehículos catalogados como herramientas de trabajo”, ampliando las exenciones más allá del ámbito doméstico. Complementariamente, se establece “la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país”.

El marco procedimental requiere que “las mercancías que se introduzcan al territorio salvadoreño bajo dicha modalidad en el marco de esta ley deberán ampararse en una declaración de acuerdo con el formato y condiciones de presentación que establezca la Dirección General de Aduanas”, asegurando el control administrativo de los beneficios otorgados.

Arquitectura Institucional de Coordinación

La implementación de la ley contempla la creación del “Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia”. Esta estructura institucional refleja un enfoque integral que trasciende las competencias de una sola entidad gubernamental.

El mecanismo “será coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana”, estableciendo un liderazgo claro en la coordinación interinstitucional. La composición del mecanismo incluye “el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos; por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería; por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; por la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador; por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA); y por la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Las funciones del mecanismo incluyen “dar seguimiento a los compromisos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador referentes a la movilidad humana” y “gestionar la cooperación internacional de las diferentes entidades claves en torno a esta temática”, posicionando la iniciativa dentro del marco de obligaciones internacionales del país.

Promoción de Inversiones de la Diáspora

La dimensión económica de la ley contempla que “la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía (MINEC), facilitará las inversiones de los residentes en el extranjero, a través de la creación de programas y proyectos que fomenten dichas inversiones”. Esta disposición reconoce el potencial económico de la diáspora como fuente de capital de inversión para el desarrollo nacional.

La articulación interinstitucional busca crear canales específicos para canalizar las inversiones de la diáspora, aprovechando tanto el conocimiento de mercados externos como el capital acumulado por los salvadoreños en el extranjero. La coordinación entre INVEST, Relaciones Exteriores y Economía refleja la naturaleza multisectorial de esta iniciativa de política pública.

Análisis Cuantitativo y Comparativo

Desde una perspectiva cuantitativa, el incremento de $70,000 a $100,000 en beneficios para menaje de casa representa un aumento del 42.8%, ampliando significativamente el valor de bienes que pueden importarse sin carga tributaria. Esta expansión refleja tanto la inflación acumulada en los mercados internacionales como una política más agresiva de incentivos al retorno.

La autorización para importar dos vehículos por familia, sin límite de valor específico más allá de su estado funcional, contrasta con legislaciones restrictivas en otros países de la región que limitan tanto el número como el valor de vehículos importables. El período de retención obligatoria de dos años para vehículos familiares establece un equilibrio entre el incentivo al retorno y la prevención de arbitraje comercial.

En términos comparativos regionales, la posición de El Salvador como primer país centroamericano con legislación específica en movilidad humana lo diferencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que mantienen marcos normativos fragmentados entre diferentes instituciones. A nivel latinoamericano, la equiparación con Ecuador y Colombia posiciona a El Salvador dentro de un grupo selecto de países con marcos integrales de movilidad humana.

La inclusión de herramientas de trabajo y equipos productivos dentro de las exenciones representa una innovación respecto a legislaciones centradas únicamente en bienes de consumo doméstico, reconociendo el potencial emprendedor de la población retornada. El plazo de un año para acceder a estas exenciones laborales establece un período de gracia que facilita el establecimiento de actividades económicas.

La estructura institucional del Mecanismo de Coordinación Nacional, con representación de siete entidades gubernamentales, refleja una aproximación más comprehensiva que marcos institucionales fragmentados existentes en otros países de la región. La participación del CONNA indica un reconocimiento específico de las necesidades de menores en procesos de retorno familiar.

Impacto Procedimental y Administrativo

La centralización de trámites en la DGME para las declaraciones juradas de retorno establece un punto único de contacto que contrasta con sistemas administrativos fragmentados en múltiples instituciones. La obligatoriedad de actualizar el DUI como requisito vincula los beneficios migratorios con el sistema de identificación nacional, facilitando el seguimiento estadístico de los beneficiarios.

Los requerimientos de reportes periódicos a autoridades aduaneras para vehículos importados establecen un sistema de monitoreo que permite evaluar el cumplimiento de las condiciones temporales de los beneficios. Este mecanismo de seguimiento contrasta con legislaciones anteriores que carecían de sistemas robustos de verificación posterior.

La delegación en la Dirección General de Aduanas para establecer formatos y condiciones de presentación de declaraciones otorga flexibilidad administrativa para adaptar los procedimientos a las realidades operativas, evitando rigideces normativas que podrían obstaculizar la implementación efectiva de los beneficios establecidos.

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