Asamblea aprueba 10 millones para alimentacion de reos

Por: Neftalì Hernandez Pereira

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar la Ley de Presupuesto Nacional 2025, destinando $10 millones adicionales al ramo de Seguridad Pública y Justicia, específicamente para reforzar el servicio de alimentación de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario nacional.

La decisión parlamentaria responde al incremento significativo en la población reclusa que ha experimentado El Salvador, generando necesidades adicionales de recursos para garantizar el derecho fundamental a la alimentación de los internos y mantener la funcionalidad operativa de los centros penales del país.

Justificación técnica del refuerzo presupuestario

Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron a Laura Arce, subdirectora del Presupuesto General del Ministerio de Hacienda, quien explicó los detalles técnicos y la urgencia de la asignación extraordinaria. Según la funcionaria, los fondos serán canalizados directamente a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para financiar “obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad del sistema penitenciario”.

El crecimiento exponencial de la población carcelaria, resultado de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno salvadoreño en los últimos años, ha ejercido una presión considerable sobre los recursos destinados a la operación de los centros penales. Esta situación ha obligado a las autoridades a buscar mecanismos de financiamiento adicionales para mantener estándares básicos de atención a los internos.

“El incremento en la población reclusa ha generado necesidades adicionales de recursos para cubrir el servicio de alimentación, por lo que se requiere reforzar a la entidad a cargo y con ello garantizar la funcionabilidad de las prisiones”, explicó Arce durante su comparecencia ante los parlamentarios.

Reasignación presupuestaria dentro del marco legal

Para hacer viable la entrega de estos recursos adicionales, el Ministerio de Hacienda identificó asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del ramo de Seguridad Pública y Justicia que no serán utilizadas en lo que resta del presente ejercicio fiscal. Esta estrategia permite el refuerzo sin afectar otras partidas presupuestarias o generar déficit adicional.

La reasignación de fondos se enmarca dentro de las facultades legales del Ejecutivo para realizar modificaciones presupuestarias cuando las circunstancias operativas lo ameriten, siempre con la supervisión y aprobación del Poder Legislativo a través de la Comisión de Hacienda.

Esta medida refleja la prioridad que el gobierno salvadoreño otorga al tema de seguridad, considerándolo un eje fundamental para mantener la paz social alcanzada en los últimos años. Los diputados reconocieron que estas herramientas financieras son necesarias para respaldar las políticas de seguridad ciudadana que han transformado el panorama nacional.

Transformación del sistema penitenciario

Según las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, el sistema penitenciario salvadoreño ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Los centros de reclusión han evolucionado de ser simples espacios de confinamiento a convertirse en centros de reinserción social y productiva.

Esta transformación ha requerido no solo cambios en la infraestructura física, sino también en los servicios básicos proporcionados a los internos, incluyendo alimentación, atención médica, programas educativos y oportunidades de capacitación laboral.

“La Dirección de Centros Penales ha promovido una colaboración entre instituciones del ramo de seguridad para facilitar la implementación de medidas alternas al encarcelamiento”, comunicó Arce, destacando el enfoque integral que se ha adoptado en la gestión penitenciaria.

Impacto en derechos humanos y operatividad

El refuerzo presupuestario aprobado permitirá fortalecer significativamente los servicios de alimentación para las personas privadas de libertad, lo cual constituye una medida fundamental para el respeto de los derechos humanos básicos reconocidos tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales suscritos por El Salvador.

La alimentación adecuada en los centros penales no solo representa una obligación legal del Estado, sino también un factor crucial para mantener la estabilidad y seguridad interna de las prisiones. Una nutrición deficiente puede generar problemas de salud, tensiones entre internos y complicaciones operativas que afecten el funcionamiento general del sistema.

Además, la medida garantizará el normal funcionamiento de los distintos centros penitenciarios distribuidos en el territorio nacional, fortaleciendo la colaboración interinstitucional necesaria para la efectiva gestión del sistema carcelario.

Contexto de seguridad nacional

La aprobación de estos recursos adicionales se inscribe en el contexto más amplio de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno salvadoreño, las cuales han resultado en un incremento sustancial de personas procesadas y sentenciadas por diversos delitos, especialmente aquellos relacionados con la criminalidad organizada.

El éxito de estas políticas en la reducción de los índices delincuenciales ha generado, paradójicamente, la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario para atender adecuadamente a la creciente población reclusa.

Los parlamentarios reconocieron que el mantenimiento de la paz social actual requiere no solo de operativos de seguridad efectivos, sino también de un sistema penitenciario que garantice condiciones dignas de reclusión y oportunidades reales de reinserción social.

Muertes en centros penales y condiciones de hacinamiento

El SJH ha documentado 435 muertes en centros penales durante la vigencia del Régimen de Excepción, estableciendo un registro que abarca desde el 27 de marzo de 2022 hasta noviembre de 2024. Esta cifra representa la documentación más comprehensiva realizada por una organización independiente sobre mortalidad en el sistema penitenciario durante el período excepcional, superando los reportes previos de la Fundación Cristosal e Idhuca.

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Somos la mesa del exilio salvadoreño. Ni un paso atrás!!!
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— ? Ingrid Escobar (@Ingrydadriana) August 27, 2025

Ingrid Escobar, representante legal del SJH, ha realizado declaraciones públicas que evidencian inconsistencias en la caracterización de las víctimas por parte de las autoridades penitenciarias. En una entrevista del 28 de diciembre de 2023, Escobar declaró que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes registradas hasta esa fecha, mientras que “el 6% de las 213 muertes eran perfilados de pandillas”. Sin embargo, en una declaración posterior del 24 de febrero de 2024 en el programa “Entrevista con Julio Villagrán” de TVX, la representante modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes reportadas hasta entonces “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”.

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En sus declaraciones más recientes, Escobar indicó que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”, sugiriendo una categorización sistemática que no correspondería necesariamente con el nivel real de participación en estructuras criminales. El contraste entre las cifras del SJH y otros registros independientes revela discrepancias significativas en la documentación de mortalidad carcelaria. Cristosal, coordinando con otras organizaciones excepto el SJH, ha registrado 224 muertes en cárceles desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 28 de abril de 2024, una cifra inferior a los registros del SJH para un período similar.

Las condiciones de hacinamiento en el sistema penitenciario han alcanzado niveles críticos, con más de 82,963 detenidos en instalaciones cuya capacidad instalada original era significativamente inferior. Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que esta cifra supera considerablemente la capacidad histórica del sistema penitenciario salvadoreño, que no superaba las 10,000 plazas antes de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y otras instalaciones de emergencia.

La construcción acelerada de nuevas instalaciones penitenciarias, incluyendo el CECOT con capacidad para 40,000 internos, ha sido insuficiente para resolver completamente el problema de hacinamiento. Los registros internos de las autoridades penitenciarias indican que la ocupación promedio supera el 200% de la capacidad instalada en múltiples centros, generando condiciones que organizaciones de derechos humanos consideran incompatibles con estándares internacionales

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