5,374 estafas hurtaron más de $6 millones con “mulas financieras”

Por Alessia Genoves

Unos 5,374 casos de estafas resultaron en la sustracción de más de US$6 millones, según lo detalló La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador. Sobre los hechos en los se han presentado “1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa”, entre las que el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificaría como “mulas financieras”.

Las acciones judiciales desplegadas muestran que “1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional; 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención y 267 sentencias condenatorias”. Esta actividad delictiva se enmarca dentro de una “red conformada con 549 integrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países, quienes por medio de redes sociales usaron distintas modalidades para estafar, hurtar y lavar el dinero de las víctimas”, según lo señalado por la FGR.

La estructura, desarticulada en la operación “Escudo Virtual”, operaba de manera transnacional, utilizando centros de llamadas (call centers) desde cárceles de países como México y Colombia, y recurría a una compleja logística para el lavado de activos a través de criptomonedas y cuentas bancarias de ciudadanos salvadoreños reclutados como mulas, según lo detalló la institución fiscal.

Usaban redes sociales para hurtar US$6 millones

La investigación de la FGR, iniciada en mayo de 2025, logró desarticular una estructura criminal transnacional que “hurtó, estafó y movilizó” aproximadamente US$6 millones, los cuales fueron convertidos en criptoactivos y enviados a diversas billeteras digitales, según lo señaló la FGR .

El modus operandi consistía en el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para contactar a las víctimas. Los imputados utilizaban “falsas ofertas laborales, venta de productos, inversiones, préstamos, maletas” como señuelos, detalló la FGR. En algunos casos, la red escalaba a la extorsión mediante video-llamadas en las que “simulaban secuestros y exigían dinero que luego movían mediante cuentas bancarias compradas, casas de cambio y criptomonedas”.

La estructura estaba altamente organizada, con roles definidos: “cabecillas o jefes que tomaban decisiones estratégicas”, “administradores transnacionales” –ciudadanos colombianos que “reclutaban, dirigían y controlaban al personal operativo; además, creaban páginas falsas de empleo, gestionaban cuentas bancarias y criptomonedas”–, y “administradores nacionales” que “proporcionaban sus cuentas bancarias, supervisan a las mulas financieras, controlaban el flujo de dinero y recibían comisiones por transacciones y remesas”.

El Ministro Gustavo Villatoro explicó que “dentro de la pirámide organizacional de esta estructura criminal, de último están las denominadas mulas financieras. Resulta ser un colectivo bastante grande de salvadoreños que sabiendo que no es una actividad lícita, habían prestado su cuenta de ahorros para recibir dinero, ya que la evidencia más grande sobre-cae en esta parte”.

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, afirmó que “muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por los titulares para recibir fondos y posteriormente enviar los fondos al extranjero. Esto constituye un delito, estas personas también han sido parte de esta estructura criminal y serán puestas a las órdenes de los juzgados de nuestro país”. La red utilizaba plataformas de criptomonedas como Binance y Bingx para lavar el dinero, moviendo los fondos a través de una compleja cadena de transacciones que dificultaba su rastreo.

Justicia persigue Estafas Informáticas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conocido y resuelto varios casos de estafa informática, estableciendo criterios jurisprudenciales en la aplicación de medidas cautelares y en la valoración de pruebas. En el expediente 141-S-2021, resuelto el 3 de mayo de 2022, la Corte actuó como autoridad central para la cooperación internacional en el caso de la empresa GO4REX, procesada por el delito de Estafa Informática (artículo 10 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos – LECDIC) en perjuicio de JARMG y GMADA.

La CSJ, basándose en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, recibió y remitió a la Fiscalía la documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la cual contenía información y pruebas recolectadas en el extranjero relacionadas con el proceso penal 708-UDPP-2020-ST y 769-UDPP-2020-ST. Esta documentación fue agregada al expediente de la investigación penal para su sustanciación.

En el expediente 267-2022, de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, con fecha del 26 de agosto de 2022, se analizó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador que había decretado medidas sustitutivas a la detención provisional para los imputados SGHB, AAHT y JCV. A estos se les atribuía el delito de Estafa Informática en calidad de cómplices necesarios, en perjuicio de CACY, tipificado en el artículo 10 literal b) de la LECDIC.

La Fiscalía argumentó en su recurso que la juez de paz no fundamentó suficientemente la decisión de otorgar medidas alternativas, señalando que no se presentó documentación para establecer los arraigos de los imputados SGHB y AAHT, y que existían inconsistencias en los lugares de detención reportados. La Cámara admitió la apelación, considerando que el recurso cumplía con los requisitos de los arts. 452, 453 y 464 del Código Procesal Penal, y procedió a un análisis de la fundamentación de la medida cautelar, enfatizando la obligación del juez de motivar sus decisiones, especialmente cuando se restringe un derecho fundamental como la libertad personal.

En el expediente APN 176-23, de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, con fecha del 14 de agosto de 2023, se resolvió un recurso de apelación contra la decisión de la Jueza Primero de Paz de Ahuachapán que denegó la detención provisional del imputado GVGM, a quien se le atribuyen los delitos de estafa informática y provisión indebida de bienes o servicios (arts. 10 inc. 2° lit a) y 18 LECDIC), en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional y subsidiariamente de la víctima “Clave Azul”.

La jueza de primera instancia había impuesto medidas cautelares alternas, considerando que no existía peligro de fuga basándose en los arraigos domiciliar y familiar del imputado, la naturaleza patrimonial no violenta del delito, la falta de antecedentes penales y que las cantidades defraudadas –US$15,664.13–, aunque cuantiosas, no justificaban por sí solas la prisión preventiva.

La Fiscalía apeló, argumentando el peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, señalando que el imputado conocía a la víctima y que el monto defraudado equivalía a más de cuarenta salarios mínimos. La Cámara, sin embargo, confirmó las medidas alternas, añadiendo una caución económica por un monto similar al defraudado, que debía ser rendida en un plazo de treinta días. La resolución enfatizó la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad y de elegir la medida menos gravosa que asegurara los fines del proceso.

Medidas Judiciales contra las “Mulas Financieras” y Procesamiento

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la FGR han destacado la importancia de perseguir penalmente a las denominadas “mulas financieras”, individuos que prestan sus cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de las ganancias ilícitas. El Ministro Gustavo Villatoro fue enfático al señalar que “prestar la cuenta, recibir dinero que uno no se ha ganado, quedarse con una parte, transferir ese dinero o mandarlo para el Sur no es normal. Detrás de estas actividades hay una organización criminal y quienes han prestado sus cuentas colaboren para decirnos quiénes los reclutaron y así en conjunto golpear estas organizaciones“.

De los 1,894 requerimientos fiscales presentados contra estas personas, las estadísticas proporcionadas por la FGR detallan un avance procesal significativo: “1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional. 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención. 267 sentencias condenatorias”.

Esta distribución refleja la aplicación de un criterio de gravedad y peligrosidad procesal por parte de los jueces, decidiendo la detención provisional para la mayoría de los casos en etapa de instrucción, mientras que en un número menor se han decretado medidas alternativas, como la prohibición de salida del país, arraigo domiciliar o la imposición de cauciones económicas, tal como se observa en los criterios jurisprudenciales de la CSJ.

Las 267 sentencias condenatorias representan un resultado concreto de la estrategia de la FGR contra este eslabón fundamental de la estructura criminal, siendo procesados por delitos como estafa informática, hurto por medios informáticos y lavado de dinero. El Fiscal General Rodolfo Delgado hizo un llamado a la población: "Hacemos el llamado a la población de que no se queden con el engaño, invitamos a que acudan a presentar la denuncia correspondiente", subrayando el compromiso institucional de "proteger la economía y garantizar la tranquilidad de las familias salvadoreñas".

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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