Por Alessia Genoves
El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), José Roberto Amaya Zelaya, fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, tras ser declarado culpable de los delitos de “hurto, extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación“. La sentencia, confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), corresponde a los señalamientos iniciales por operativos irregulares a población común, y al contexto de la Séptima Prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales durante la Guerra Contra Pandillas.
A la fecha, han transcurrido 38 prórrogas al Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, que ha registrado 83,600 detenciones, de las que hay más de 8,000 liberaciones “por error”, tras ser sobreseído por los delitos que justificaron su detención, según lo declaró el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. En ese ámbito, organizaciones sociales como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) documentaron 6,507 denuncias de detenciones arbitrarias entre 2022 y 2024, con un 75% de casos atribuidos a agentes de la PNC. Mientras el gobierno salvadoreño resalta una reducción del 77% en homicidios entre 2022 (496 casos) y 2024 (114), la crisis carcelaria persiste, con un hacinamiento del 245% y 350 muertes bajo custodia estatal.
#Condena | José Roberto Amaya Zelaya ha sido condenado a 25 años de cárcel por los delitos de hurto, extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 30, 2025
Amaya es un expolicia que se valió de su cargo para exigirle diferentes cantidades de dinero a las víctimas,… pic.twitter.com/luxW2wxARW
La condena de José Roberto Amaya Zelaya
En septiembre de 2022, durante un patrullaje en Huizúcar, La Libertad Este, Amaya Zelaya —junto a otros agentes— ingresó a la vivienda de una víctima y, según la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “amenazó con crearle un perfil falso como pandillero y aplicarle el régimen de excepción” para exigirle $100.00. Según lo FGR, en el mismo operativo, retuvo a otra persona bajo amenaza, le sustrajo su teléfono celular y advirtió que lo acusaría de pertenecer a “estructuras criminales”. Sin embargo, los decomisos habrían sido ilegales, y las pertenencias no fueron devueltas a los ciudadanos.
En consecuencia, las víctimas procedieron a denunciar al policía. Y la FGR presentó “prueba documental, pericial y testimonial”, incluyendo declaraciones de víctimas que “abandonaron sus viviendas por temor a represalias”. El tribunal impuso 15 años por extorsión agravada, 8 por limitación ilegal de la libertad y 2 por hurto, sumando 25 años de prisión.
Según la FGR, Amaya Zelaya “decomisó los celulares de las víctimas con el pretexto de verificar información, sin devolverlos, y usó su cargo para intimidarlas”. Este caso coincide con patrones documentados por el Idhuca, que en 2024 registró 605 denuncias de detenciones arbitrarias —un aumento del 6.7% respecto a 2023 (567 casos)—, donde el 88% de las víctimas fueron hombres y el 72% de los responsables fueron agentes de la PNC.
Régimen: detenciones masivas y crisis carcelaria
El Régimen de Excepción, implementado inicialmente durante la pandemia de COVID-19 y re-instituído en 20222, bajo la declarada “Guerra Contra Pandillas” por la Presidencia de la República, acumuló 83,600 detenciones hasta diciembre de 2024, según la Asamblea Legislativa. De estas, 8,000 personas fueron liberadas por falta de pruebas, aunque organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OUDH) señalaron que muchas enfrentan “medidas sustitutivas que restringen su libertad, como firmas mensuales en tribunales”.
El sistema penitenciario salvadoreño albergaba a 111,207 personas privadas de libertad (PPL) en diciembre de 2024, según estimaciones del OUDH, con una tasa de 1,844.2 PPL por cada 100,000 habitantes —la más alta del mundo—. El hacinamiento alcanzó el 245%, agravado por la capacidad instalada de 70,864 plazas. En el antiguo sistema penitenciario, diseñado para 30,864 personas, se registraron 96,675 reclusos (313% de hacinamiento). Organizaciones como Cristosal documentaron 261 muertes bajo custodia en 2024: el 33.2% por negligencia médica, 36.5% por violencia y 24.3% por causas desconocidas. Un testimonio recogido por el Servicio Social Pasionista (SSPAS) detalló: “Nos daban una cucharada de frijoles, dos tortillas y un vaso de agua al día; dormíamos en el piso de cemento”.
El Idhuca, en su informe de 2024, reveló que el 75% de las detenciones arbitrarias fueron perpetradas por agentes de la PNC, seguidos por la Fuerza Armada (FAES) con el 14.8%. El 88% de las víctimas fueron hombres, principalmente entre 18 y 35 años (386 casos), y el 11% mujeres (69 casos). Además, el 37% de las denuncias se concentraron en San Salvador, seguido por La Libertad (23%) y Sonsonate (16%).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en 2024 sobre “condiciones de detención deplorables”, citando testimonios como: “En las bartolinas de Zacamil éramos 85 personas en una celda para 50; el agua era racionada a cuatro onzas diarias”. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó 350 muertes bajo custodia entre 2022 y 2024, con un promedio de 9.5 mensuales en 2024. De estas, el 61.1% ocurrieron en hospitales, como el Hospital Jorge Mazzini (62 casos), y el 31.9% dentro de centros penales.
Pero se reducen los homicidios
Según la FGR, los homicidios intencionales descendieron de 496 en 2022 a 114 en 2024, una reducción del 77%. En 2024, el 28.9% de los casos (33) se atribuyeron a “delincuencia general”, el 29.8% (34) a “intolerancia social” y el 41.2% (47) a “intolerancia familiar“. No obstante, la PNC reportó solo 105 homicidios en sus redes sociales, generando discrepancias con los datos de la FGR.
El gobierno atribuyó este descenso a las 83,600 detenciones bajo el régimen. Sin embargo, el Idhuca registró 361 denuncias de detenciones arbitrarias en 2024, donde “el 70% de los casos carecieron de orden judicial y se basaron en acusaciones de agrupaciones ilícitas”. La CIDH añadió que “las reformas legales, como ampliar la detención provisional a dos años, incrementan riesgos de arbitrariedad”.
Sin embargo, Amaya Zelaya es uno de los pocos agentes sancionados en un sistema donde, según el OUDH, “la falta de acceso a información pública dificulta conocer cifras exactas de reclusos o causas de muertes”. Entre 2022 y 2024, solo se confirmaron 142 muertes en centros penales mediante declaraciones oficiales, frente a las 350 documentadas por organizaciones civiles.
Mientras el presidente Nayib Bukele destacó en France24 que “las capturas han debilitado a las pandillas”, la CIDH y el Idhuca insistieron en que “la efectividad en seguridad no justifica violaciones a derechos humanos”. No obstante, los operativos policiales, y las prácticas cuestionables como las de Amaya Zelaya, han dado lugar a que más de 8,000 personas sean detenidas de forma irregular, para ser posteriormente liberadas bajo el filtro jurídico-administrativo, tras ser sobreseído de los delitos que justificaban su detención.
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