Por Alessia Genoves y Carlos Arita
Nayib Bukele revisará al 55% de los casos que comprometen a 10,626 colaboradores de pandillas en prisión, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas. El presidente de el Salvador aseguró que podrían proceder, por vía judicial, a órdenes gradualistas de libertad condicional, según lo recalcó durante la conferencia de prensa del 16 de octubre de 2026, rendida con su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. En su intervención, el mandatario desmintió las versiones periodísticas que señalaban una excarcelación masiva del 50% de los 120,956 reos totales que identificaban a pandilleros, e indicó que la medida aplica exclusivamente a quienes colaboraron en menor grado y en calidad de víctimas y cómplices no necesarias para tal efecto: “vamos a revisar el 50% aproximadamente, puede ser 45%, puede ser 55% de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de pandillas, no de los pandilleros”.
Los resultados del Régimen de Excepción, aprobado en su 54º prórroga con 57 votos en la Asamblea Legislativa, evidencian una contracción del 83.4% en los homicidios intencionados al comparar los 496 casos al cierre de 2022 con los 114 de 2024, y una caída del 86.4% al contrastar los 323 homicidios de enero a octubre de 2022 frente a los 82 del mismo período en 2025. La medición de mayo de 2026 reporta 27 homicidios intencionados, un descenso del 28.9% frente a los 38 de mayo de 2025 y una contracción del 92.5% respecto a los 364 de mayo de 2022, año de inicio de la medida constitucional.
Este escenario de reducción drástica contrasta con el volumen demográfico real de los centros penales: de los 120,956 privados de libertad, 96,457 están vinculados a pandillas, de los cuales 42,125 son homeboys, 25,910 son postes, chequeos o gatilleros y 10,626 son colaboradores. De manera paralela, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documenta 575 presuntas muertes en centros penales, una cifra que asciende desde los 530 decesos reportados en la 51º prórroga, los 492 en la 48º, los 470 en la 47º, los 462 en la 45º y los 435 en la 44º. Asímismo, la representante de la institución, Ingrid Escobar, planteó, coforme a los informes recopilados por el SJH, que más del 90% de las muertes en cárceles no correspondían a pandilleros, responsabilizando dicha situación a la exposición de pandillas y a las condiciones de acinamiento penitenciario, situación que podria mejorar con la liberación de inocentes y de víctimas que colaboraron con pandillas, según lo declaró el presidente Bukele.
Bukele: Libertad condicional a víctimas colaboradores de pandillas
120,956 privados de libertad componen la población carcelaria total de El Salvador, según detalló el Presidente Nayib Bukele en la conferencia de prensa del 16 de octubre de 2026. Bukele explicó que de esta cifra, 96,457 están presos por pertenencia o temas ligados a pandillas, mientras que el resto son reos comunes. Dentro de la población vinculada a pandillas, el mandatario desglosó que 42,125 son homeboys, 25,910 son miembros no brincados de la estructura (postes, chequeos, gatilleros) y 10,626 son colaboradores; enter ellos, colaboradores víctimas no recurrentes y colaboradores aspiracionalesa la estructura pandilleril.
El Presidente enfatizó que la revisión del 50% aplica únicamente a estos 10,626 colaboradores y no a los pandilleros: “vamos a revisar el 50% aproximadamente, puede ser 45, puede ser 55 de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de pandillas, no de los pandilleros”. En sus declaraciones iniciales del 13 de octubre, Bukele ya había adelantado que se evaluaría la situación de quienes colaboraron en menor grado, y durante la conferencia con Fernández Delgado aclaró que “los colaboradores… se vieron en alguna circunstancia y colaborar… un 50% pudiera entrar al programa cero o para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”. Bukele justificó la medida argumentando que “vivíamos en una realidad en donde las pandillas controlaban el territorio” y que “no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población o simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”.
92,480 detenciones a personas acusadas de pertenecer o de colaborar con maras y pandillas han sido ejecutadas bajo el Régimen de Excepción, según los datos oficiales citados del Decreto Legislativo que legalizó la 54º prórroga. A esta cifra se suman las más de 8,000 personas que han sido liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención, según lo declaró el Presidente Nayib Bukele en noviembre de 2024 durante su visita a Costa Rica, lo que representa aproximadamente el 30% del total de detenidos de los que se presume que no fueron pandilleros.
El decreto legislativo de la 54º prórroga, aprobado con 57 votos de los 60 diputados en la sesión plenaria, mantiene suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución, referidas al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia. El Decreto No. 333, aprobado en marzo de 2022, dio origen a estas suspensiones, y el decreto de prórroga argumenta que “es indispensable prorrogar el régimen de excepción para dar continuidad a la acción estatal firme y sostenida que ha posibilitado garantizar los extraordinarios resultados en materia de seguridad pública”.
1,169 presuntos días sin homicidios acumulaba el gobierno hasta el 23 de febrero de 2026, de acuerdo con los registros oficiales, mientras que la Asamblea Legislativa consignó en el decreto de la 54º prórroga un acumulado de 1,299 días sin homicidios. Las organizaciones de Derechos Humanos han solicitado la suspensión del Régimen de Excepción ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), justificando su petición en el balance de supuestas arbitrariedades y en los incumplimientos del Estado salvadoreño ante los indicadores de la CIDH.
Los archivos proporcionados no contienen el desglose porcentual del último informe de 2026 de la CIDH, pero el Presidente Bukele se refirió a estos organismos durante la conferencia: “cuando nosotros hicimos lo contrario y dijimos, ‘No vamos a negociar con los grupos terroristas, sino que lo vamos a ir a poner en la cárcel’… ahí sí la comunidad internacional nos condenó al unísono”. Bukele cuestionó la labor de estas organizaciones: “¿cuál es el objetivo de todas estas organizaciones y de todos estos organismos internacionales para tratar de que haya crimen?”.
Homicidios caen a más del 86% en Guerra Contra Pandillas
496 homicidios intencionados se registraron al cierre del año fiscal 2022 en El Salvador, cifra que descendió a 154 en 2023, a 114 en 2024 y a 82 en 2025, según los datos estadísticos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC). La comparación entre los primeros diez meses de 2022 y el mismo período de 2025 muestra un descenso de 323 a 82 homicidios intencionados, mientras que el año 2026 confirma la tendencia con 4 homicidios reportados al 31 de enero, 5 al 28 de febrero, 5 al 31 de marzo, 3 al 30 de abril, y un repunte de 10 reportados en mayo. Los meses subsecuentes registraron 3 homicidios intencionados en junio, 5 al 31 de julio, 7 en agosto, 6 en septiembre y el único homicidio identificado al 14 de octubre de 2026.
429 de los 496 casos (86.5%) correspondieron a la tipificación de “Delincuencia General” en 2022, de acuerdo con la matriz de datos de la FGR. Esta categoría descendió a 53 de 154 casos (34.4%) en 2023, a 33 de 114 (28.9%) en 2024 y a 8 de 82 (9.8%) en 2025. La “Intolerancia Social” pasó de 36 en 2022 a 54 en 2023, 34 en 2024 y 43 en 2025, mientras que la “Intolerancia Familiar” pasó de 31 en 2022 a 47 en 2023, 47 en 2024 y 31 en 2025. En el acumulado de enero a octubre de 2026, la FGR contabiliza 10 casos de Delincuencia General, 19 de Intolerancia Social y 20 de Intolerancia Familiar, para un total de 56 homicidios intencionados en lo que va del año.
3,897 homicidios acumuló Costa Rica entre enero de 2022 y octubre de 2026, según la base de datos la Policía y del Poder Judicial de Costa Rica. La tipificación de “Ajuste de cuentas/venganza” concentró 2,674 casos, seguida de “Discusión/riña” con 521, “Por la comisión de otro delito” con 292, “Otro o indeterminado” con 119, “Violencia doméstica” con 88, “Repeliendo actividad criminal” con 72, “Femicidio” con 50, “No determinado” con 50 y “Profesional” con 31. Por año, Costa Rica registró 661 homicidios en 2022, 637 en 2023, 617 en 2024, 610 en 2025 y 386 en los primeros diez meses de 2026, de acuerdo con la matriz pivote del país centroamericano.
92.5% representa la contracción de los homicidios en El Salvador durante mayo de 2026 (10 casos) frente a los 364 de mayo de 2022, mes en que inició el Régimen de Excepción, de acuerdo con los registros de la FGR. En contraste, Costa Rica reportó 39 homicidios en mayo de 2026, 53 en mayo de 2025, 45 en mayo de 2024, 45 en mayo de 2023 y 54 en mayo de 2022, según la matriz pivote del país centroamericano. La diferencia porcentual entre ambas naciones en mayo de 2026 alcanza el 74.3%, mientras que en mayo de 2022 El Salvador registró 18 homicidios frente a los 54 de Costa Rica, lo que representa una diferencia del 66.6% en favor del país salvadoreño.
“El Salvador le ha demostrado al mundo entero que sí es posible recuperar los espacios públicos, devolverles la tranquilidad a las familias y restablecer la autoridad del Estado frente a quienes pretendieron someter a todo un pueblo mediante el terror”, declaró la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante la conferencia de prensa del 16 de octubre de 2026. La mandataria destacó la inauguración del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Caco): “ustedes lo que tienen ahí más que un secot es un monumento a la justicia, a la justicia a las víctimas que han padecido por décadas el dolor”. Fernández Delgado fue enfática sobre la política de mano dura: “en Costa Rica no aflojamos ni un milímetro. Sigamos unidos y aprendiendo unos de otros, sigamos golpeando al crimen organizado con inteligencia, con cooperación y con autoridad”. Por su parte, el presidente Nayib Bukele afirmó: “Yo obviamente no hay dos países iguales… Lo que se ha hecho en El Salvador se puede aplicar en diferentes proporciones o adaptado a las realidades de cada país”.
575 muertes en cárcel, presume SJH
575 presuntas muertes en centros penales han sido documentadas por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta la fecha, cifra que se elevó tras el reporte de 530 decesos en la 51º prórroga del Régimen de Excepción, 492 en la 48º, 470 en la 47º, 462 en la 45º y 435 en la 44º prórroga. El SJH señala que “se confirman 564 víctimas mortales durante la medida RégimenDeExcepción. Personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud” hasta el 26 de agosto de 2026.
La organización indica que el 94% de los fallecidos no eran pandilleros y que el 87% (411 personas) estaba siendo procesado por delitos relacionados al Régimen de Excepción, de los cuales el 84% solo por agrupaciones ilícitas y el 3% por agrupaciones ilícitas y otro delito. Solo el 9% (41) estaba detenido o condenado por otros delitos no relacionados, y el 93% de los fallecidos se encontraba en etapa de proceso judicial sin haber tenido audiencia preliminar. En cuanto al tiempo de reclusión, de los 150 casos en que se pudo conocer la fecha de detención, 175 fallecieron antes de cumplir 4 meses en prisión.
564 muertes en centros penales documentó el SJH hasta el 26 de agosto de 2026, y la actualización al 28 de mayo totalizó 530 decesos, un incremento de 10 casos desde la actualización del 3 de agosto de 2026. El SJH ha cuestionado la presunción de que la mayoría de las personas muertas no sean pandilleros, interrogante que se intensifica con el reciente dato de la muerte del pandillero Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como “el Viejo Lin”, ocurrida el 21 de mayo. La organización ha documentado que el 62% de los fallecidos en centros penales murieron en hospitales, principalmente en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, el Hospital Zacamil de Mejicanos y el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, debido a la falta de atención médica oportuna. Los centros penales con mayor número de fallecidos son el Penal de Izalco (40%), el Penal de Mariona (19%), el Penal de Quezaltepeque (12%) y el Penal de Apanteos (8%). En contraste, el CECOT, donde se concentran los pandilleros, solo registra 4 muertes documentadas.
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APOSTAR / OPERAR70,864 plazas componen la capacidad instalada del sistema penitenciario, distribuidas en 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario y 40,000 en el CECOT. Sin embargo, el sistema alberga a 114,230 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento global del 250%. El Antiguo Sistema Penitenciario, con capacidad para 30,864, alberga a 99,410 personas, lo que se traduce en un hacinamiento del 322%, mientras que el CECOT, con capacidad para 40,000, alberga a 14,820 personas, un nivel de ocupación del 37%. La directora del SJH, Ingrid Escobar, afirmó: “Un Estado que viola el debido proceso para combatir el delito no erradica la violencia: se convierte en la fuente principal de la impunidad”. Estas declaraciones contrastan con las afirmaciones del Presidente Bukele, quien durante la conferencia defendió el sistema penitenciario: “Pude ver con mis propios ojos ejercicio físico en las personas privadas de libertad, pude ver consultorios de asistencia médica para esas personas, pero sobre todo pude ver justicia verdadera para las víctimas de esos delincuentes”.
Mareros y homicidios aún siguen en El Salvador
40 años tenía William Omar Lovo cuando fue capturado el 18 de septiembre de 2026 por la PNC en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, tras la muerte de una mujer de 30 años por lesiones con arma blanca. La PNC reportó que Lovo fue remitido por homicidio agravado y las autoridades presentaron la fotografía del detenido de rodillas con un machete manchado. El reporte oficial indica que la víctima era la pareja del detenido y el caso fue tipificado como homicidio agravado, sin implicación de pandillas.
37 años tenía Tito Alfonso Girón Contreras al ser capturado el 8 de septiembre de 2026 en el kilómetro 118 de la carretera Las Chinamas, Ahuachapán. La PNC informó que la captura se produjo tras un chequeo en el sistema ONI que confirmó una orden vigente por homicidio agravado, por lo que sería remitido al tribunal correspondiente bajo el #PlanControlTerritorial. En un caso separado, Ismael Membreño Díaz fue capturado el 24 de septiembre de 2026, señalado como presunto responsable de un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas Este, tras atacar a una persona en aparente estado de ebriedad; la PNC destacó que dos oficiales camuflados con fusiles flanquearon al detenido, quien vestía una camiseta con la inscripción “Jesús”.
José Ubaldo Colindres Robles fue capturado el 8 de octubre de 2026 en Sociedad, Morazán Sur, por agentes de la PNC que lo identificaron como integrante de la MS-13, clica Villa Satélite Locos Salvatruchos. Las autoridades señalaron que Colindres Robles tenía un registro por homicidio desde 2017 y que intentó cubrir sus tatuajes de pandilla con otros diseños. La PNC informó que será acusado por agrupación terrorista, y el reporte oficial detalla que la captura se produjo en el marco de las acciones de seguridad del régimen.
30 años de prisión recibió José Alfredo Robles Espinal el 9 de septiembre de 2026, condenado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el hecho ocurrió en una cervecería en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, y la institución publicó una gráfica azul con la fotografía en blanco y negro del condenado. En otro caso, 40 años de prisión recibió Balbino Orlando Flores Tejada el 12 de octubre de 2026, condenado por homicidio agravado en Chalatenango, según la gráfica azul difundida por la FGR.
60 años de prisión recibió cada uno de los cuatro condenados el 2 de octubre de 2026 por el doble homicidio agravado de un hombre y una mujer en el caserío La Brea, cantón Llano Los Patos, Conchagua, La Unión. La FGR identificó a los sentenciados como Julio César Henríquez Aguilera, José Francisco Fuentes Fuentes, Daniel Alberto Portillo Benítez y Miguel Ángel Santamaría Velásquez. La investigación estableció que los condenados entraron a la vivienda encapuchados y armados, y mataron a las víctimas a quienes habían amenazado por señalarlos como pandilleros; el Tribunal de Sentencia de La Unión emitió la condena.
75 años de prisión recibió Carlos Eduardo Recinos Rodríguez, alias “Spiri”, el 3 de septiembre de 2026, condenado por homicidio agravado y organizaciones terroristas. La FGR detalló que Recinos Rodríguez, integrante de la MS-13, atrajo a la víctima Gustavo Adolfo Q., estudiante de la ANSP, a la Finca Fátima en Ahuachapán en noviembre de 2017, donde lo mataron con machetes creyendo que era del Barrio 18. El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana emitió la sentencia.
Cadena perpetua recibió Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, el 11 de septiembre de 2026, en la primera condena de prisión perpetua en la historia del país. La FGR informó que Herrera Castro fue sentenciado por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova, en un hecho ocurrido en mayo de 2026 en el cantón Teosinte, Arcatao, Chalatenango Sur, donde atacó a la víctima con piedras para robarle dinero. El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador aplicó la reforma al Artículo 27 de la Constitución aprobada en abril de 2026.
168 años de prisión recibió Walter Benicio Reyes Sorto, mientras que José Guillermo Ulloa Martínez fue condenado a 150 años, Reynaldo Isael Martínez Meléndez a 124 años y Walter Bladimir García Ávila a 102 años, el 5 de octubre de 2026. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso estas penas por homicidios múltiples en La Unión, y la FGR indicó que los condenados pertenecen a la MS-13 y a una estructura de La Unión, siendo acusados por homicidio agravado, proposición y conspiración, y organizaciones terroristas.
70 años de prisión recibieron nueve hombres de la MS-13 el 7 de octubre de 2026 por feminicidio agravado, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. La FGR identificó al instigador como Miguel Ángel Vallecillos Somoza, quien junto a José Roberto Claros, Elías Renderos y otros, planearon y ejecutaron en 2016 el homicidio de dos víctimas a orillas del río Acelhuate. Según la investigación, retuvieron a las víctimas con violencia, las hirieron con cuchillo y luego les dispararon; Vallecillos Somoza había dicho que la víctima era informante policial.
45 años de prisión recibió Marta Alicia Ponce Carrillo, de 45 años, y 35 años Misael Alexander García Ponce, el 4 de septiembre de 2026, por el homicidio agravado de un recién nacido quemado y enterrado en San Martín en julio de 2025. La FGR publicó la gráfica azul con la condena. En otro caso, 45 años de prisión recibió José Nicolás Valladares Pérez el 7 de octubre de 2026 por el homicidio agravado de un vigilante de 86 años en Antiguo Cuscatlán en junio de 2025; Valladares Pérez atrajo a la víctima a un complejo recreativo, la mató y la enterró en una fosa clandestina, además de enviar mensajes simulando un secuestro y pedir $25,000. El Segundo Tribunal de Sentencia de Santa Tecla emitió la condena.
Cadena perpetua recibió Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, el 14 de septiembre de 2026, en la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana informó que Urbina García asesinó a su vecina J.C.R.C., de 32 años, a quien acosaba constantemente; el 3 de agosto de 2026, tras ingerir alcohol, entró al departamento de la víctima en Santa Bárbara, Santa Ana, armado con un cuchillo y la atacó cuando ella pidió auxilio, causándole heridas penetrantes en el tórax y cuello. Urbina García se entregó posteriormente y la condena incluyó $15,000 en daños civiles.
20 años de prisión recibieron René Arnulfo Recinos Miranda, David Eliseo Miranda Pérez, Gerson Hernández Espinoza, Zacarías Díaz Miranda, Gerson Hernández Jovel y José Adonay Peraza Ramírez el 23 de septiembre de 2026, por el homicidio agravado de César Jiménez Guerra. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador determinó que la víctima fue abducida el 22 de enero de 2022 en el cantón Santa Bárbara, Guazapa, llevada a la ribera del río Guaza, golpeada y disparada. Los condenados fueron identificados como escuadroneros de una estructura pandilleril.
15 años de prisión recibió Israel Antonio Velásquez Pérez, de 62 años, el 10 de septiembre de 2026, condenado por homicidio simple. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador estableció que el 11 de febrero de 2025, dentro de un bar en la 8a Calle Poniente de San Salvador, Velásquez Pérez, vendedor ambulante de cuchillos, discutió con Martín M. mientras bebían alcohol y lo apuñaló en el lado izquierdo del cuello; la autopsia confirmó que la herida en el cuello fue la causa de la muerte. En otro caso, 10 años de prisión recibió Cristian Omar Umaña Interiano, de 31 años, el 23 de septiembre de 2026, por homicidio simple y $2,000 en daños civiles; el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana determinó que el 24 de enero de 2026, en el caserío Conchagua, Metapán, Umaña Interiano lanzó piedras junto a un grupo sin motivo, y una de ellas impactó la cabeza de Melvin Alberto A.M., de 48 años, quien murió el 27 de enero de 2026 en el Hospital San Juan de Dios por trauma craneoencefálico e infarto.
70 años de prisión recibieron 16 miembros de la MS-13 de la clica Nuevo Israel el 6 de octubre de 2026, condenados por homicidio agravado, feminicidio agravado, asociación ilícita, secuestro y violación. El Tribunal condenó a los 16 miembros por los hechos ocurridos en 2016 en Nuevo Israel, donde secuestraron y violaron a una pareja; la sentencia se cumplirá en el Complejo Penitenciario La Esperanza. La FGR y los Centros Judiciales difundieron el collage con las fotografías de los seis hombres con camisa blanca, y el reporte oficial detalla que la estructura operaba bajo las órdenes de la clica Nuevo Israel.
0 datos sobre detenciones y homicidios reportados por la PNC en diciembre de 2025 se encuentran en los archivos proporcionados, por lo que el análisis cuantitativo se remite a los registros de septiembre y octubre de 2026. Las autoridades de justicia han señalado que la persistencia de las pandillas, evidenciada en los casos de homicidio y las capturas de miembros de la MS-13 y del Barrio 18, motiva la continuidad del Régimen de Excepción. El decreto de la 54º prórroga sostiene que “las autoridades de seguridad pública han ejecutado acciones orientadas a la identificación y captura de integrantes de pandillas y de personas vinculadas a dichas estructuras, quienes intentan realizar actividades ilícitas, establecer nexos delincuenciales y recuperar presencia territorial”, y advierte sobre “la presencia de miembros de pandillas en otros países de la región con objetivos criminales dirigidos al territorio nacional, incluso mediante acciones de reclutamiento”.
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