Por Alessia Genoves y Carlos Arita
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció la liberación gradualista de colaboradores de pandillas en menor grado, en calidad de víctimas y cómplices no necesarios, detenidos en el contexto de la Guerra Contra Pandillas y la 54ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La medida beneficia a “más o menos un 50% de los presos que han colaborado con pandillas”, según declaró el mandatario: “nosotros tenemos un plan y yo lo mencioné la otra vez, creo que beneficiaría más o menos a un 50% más o menos de los presos de que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente”.
El Régimen de Excepción se justifica con la Guerra Contra Pandillas, y sus 54 prórrogas se sustentan con la reducción de homicidios intencionados: un descenso del 77% entre el cierre de 2022 (496) y el cierre de 2024 (114); una caída del 74.6% en el acumulado enero-octubre al comparar 2022 (323) con 2025 (82); y una reducción del 75% dentro de 2026, pasando de 4 casos en enero a 1 hasta el 14 de octubre, con un total de 49 homicidios acumulados en dicho año, según datos de la FGR y la PNC.
92,959 capturas se registran bajo el régimen, de las que más de 8,000 personas han sido liberadas tras sobreseimiento, según lo declaró Bukele en noviembre de 2024. Entretanto, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documenta 575 presuntas muertes en centros penales. La 54ª prórroga mantiene suspendidas las garantías de los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución, referidas al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia, según el Decreto No. 333 aprobado en marzo de 2022. Organizaciones de derechos humanos han solicitado a la CIDH la suspensión del régimen, argumentando arbitrariedades como detenciones sin orden judicial, incomunicación y falta de acceso a defensa.
Liberación gradual de colaboradores menores de pandillas
92,959 personas vinculadas a estructuras terroristas han sido capturadas durante la vigencia del Régimen de Excepción, según datos oficiales citados en el decreto de la 54ª prórroga. La cantidad, no obstante, excede las estimaciones divulgadas por la PNC en 2017, que se limitaban a 76,600 pandilleros en libertad. Pero de éstas cantidades, más de 8,000 personas han sido liberadas tras sobreseimiento de delitos, según declaró Bukele en noviembre de 2024 durante su visita a Costa Rica: “aproximadamente 8,000 inocentes fueron detenidos y posteriormente liberados”.
El presidente reconoció que estas personas representan aproximadamente el 30% del total de detenidos, aunque organizaciones como el SJH señalan que no han sido declaradas inocentes formalmente, sino que se encuentran bajo medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional, por lo que siguen siendo procesadas; una condición que, de hecho, señaló Bukele que sería una solución parcial para los colaboradores menores de pandillas, como medida sustitutiva a la detención.
La 54ª prórroga fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados y mantiene suspendidas las garantías constitucionales de los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución, referidas al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia, según el Decreto No. 333 aprobado en marzo de 2022. Organizaciones de derechos humanos han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión del régimen, argumentando arbitrariedades como detenciones sin orden judicial, incomunicación y falta de acceso a defensa. La CIDH ha documentado que “las normativas que extienden la suspensión de garantías no han cumplido con ese requisito, dado que no presentan datos o hechos específicos que fundamentan las ‘graves perturbaciones del orden público'”.
El SJH ha documentado que “el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio”. Bukele justificó la medida con la analogía de la quimioterapia: “el régimen de excepción es como una quimioterapia. Nosotros teníamos un paciente con cáncer metastásico, tenía todos lados 85% del cuerpo tomado por el cáncer metastásico… aplicamos una quimioterapia llamada régimen de excepción… funcionó y ahorita el cáncer está en remisión. No hay homicidios, no hay asaltos, no hay robos, no hay violaciones. Está en remisión. El cáncer no está afectando al cuerpo, pero a la vez todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos pandilleros escondidos, se tapan los tatuajes, los encontramos”.
Homicidios Intencionados caen en más del 76%
496 homicidios intencionados se registraron al cierre de 2022, según datos de la FGR. Para el cierre de 2024, la cifra se redujo a 114. En el acumulado de enero a octubre, los homicidios cayeron de 323 en 2022 a 82 en 2025, una reducción del 74.6%. Los meses de 2026 confirman la tendencia: enero registró 4 homicidios; febrero, 5; marzo, 5; abril, 3; mayo, 10; junio, 3; julio, 5; agosto, 7; septiembre, 6; y octubre, 1 hasta el día 14, según la FGR.
El mes de mayo de 2026 presentó un repunte de 10 casos, pero aún así es un 73.7% inferior a los 38 homicidios de mayo de 2025 y un 97.2% menor que los 364 de mayo de 2022, de acuerdo con el informe “54 Régimen: Homicidios caen al 83.5%”. La tipificación de la FGR muestra una transformación en la composición de los homicidios: en 2022, la “Delincuencia General” representó 429 de los 496 casos (86.5%); en 2023 descendió a 53 de 154 (34.4%); en 2024 a 33 de 114 (28.9%); y en 2025 a 8 de 82 (9.8%).
La “Intolerancia Social” pasó de 36 en 2022 a 54 en 2023, 34 en 2024 y 43 en 2025. La “Intolerancia Familiar” pasó de 31 en 2022 a 47 en 2023, 47 en 2024 y 43 en 2025. El promedio mensual de homicidios en 2026 es de 5.4 casos, frente a los 6.8 de 2025 y los 41.3 de 2022. En 2026, la FGR registra 56 homicidios intencionados totales hasta octubre: 10 por Delincuencia General, 19 por Intolerancia Social y 20 por Intolerancia Familiar.
La PNC solo publica 3-4 capturas por homicidio en el mes, explica que el país lleva 248 días con 0 homicidios en 2026. Los casos con pandilla que aparecen en este periodo no son capturas nuevas por homicidio reciente, son condenas históricas (2012-2017-2022) que FGR y Centros Judiciales están sentenciando ahora con penas de 70 a 254 años y cadena perpetua, gracias a la reforma constitucional de abril de 2026 que habilita perpetua por homicidio agravado.
“575 muertes en cárceles”: SJH
575 presuntas muertes en centros penales documenta el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta el 28 de mayo de 2026, según su publicación en la red social X. La cifra representa un incremento desde las 530 muertes reportadas en la 51ª prórroga, 492 en la 48ª, 470 en la 47ª, 462 en la 45ª y 435 en la 44ª prórroga del Régimen de Excepción. El SJH señala que se trata de “personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”, y reitera que “el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio”.
Ingrid Escobar, directora del SJH, afirmó: “Un Estado que viola el debido proceso para combatir el delito no erradica la violencia: se convierte en la fuente principal de la impunidad”. La organización indica que el 87% de los fallecidos estaba siendo procesado por delitos relacionados al Régimen de Excepción, de los cuales el 84% solo por agrupaciones ilícitas. El 93% se encontraba en etapa de proceso judicial, sin haber tenido audiencia preliminar. El hacinamiento carcelario se agrava: la capacidad instalada es de 70,864 plazas, pero alberga a 114,230 personas privadas de libertad, un hacinamiento global del 250%.
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APOSTAR / OPERAREl Antiguo Sistema Penitenciario, con capacidad para 30,864, alberga a 99,410 personas, un hacinamiento del 322%. El CECOT, con capacidad para 40,000, alberga a 14,820 personas, un 37% de ocupación. La muerte del pandillero Carlos Ernesto Mojica Lechuga (el Viejo Lin) el 21 de mayo de 2026 cuestiona la presunción de que la mayoría de los muertos no eran pandilleros. La CIDH ha clasificado las recomendaciones sobre El Salvador como pendientes de cumplimiento, con porcentajes que van del 1% al 17%.
Por ejemplo, la recomendación de poner fin a la suspensión de derechos tiene un 1% de cumplimiento; la de adoptar medidas para garantizar el debido proceso, 4%; la de diseñar un sistema de denuncias, 17%; la de publicitar datos sobre seguridad, 11%; y la de garantizar la máxima divulgación de información, 14%. El Estado salvadoreño no ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones, según el informe, que concluye que “las medidas o acciones implementadas siguen siendo insuficientes para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
El 62% de los fallecidos en centros penales murieron en hospitales, principalmente en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, el Hospital Zacamil de Mejicanos y el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, debido a la falta de atención médica oportuna. Los centros penales con mayor número de fallecidos son el Penal de Izalco (40%), el Penal de Mariona (19%), el Penal de Quezaltepeque (12%) y el Penal de Apanteos (8%). En contraste, el CECOT, donde se concentran los pandilleros, solo registra 4 muertes documentadas.
Detenciones de pandilleros y casos reportados por la PNC
92,959 capturas se han registrado durante el Régimen de Excepción, según el decreto de la 54ª prórroga. En agosto de 2026, la PNC reportó múltiples capturas de pandilleros. El 26 de agosto, Mónica Yasmin Moisés Girón, alias “Crazy”, de la pandilla 18 Sureños (18S), fue arrestada en Sonsonate. Ese mismo día, Franklin Omar Lima Flores, señalado como integrante de la MS-13 con antecedentes por homicidio agravado desde 2017, fue capturado en Ahuachapán. El 25 de agosto, José Abelino Amaya Amaya, de 30 años, fue capturado por un homicidio en Apopa.
El 13 de agosto, un pandillero de la MS-13 identificado como “Only”, alias “Lola” o “Largo”, fue arrestado por homicidio en San Salvador. Ese mismo día, Ulises Alejandro Ramírez Ortiz, de 20 años, fue detenido por intentar asesinar a una mujer y un hombre en el cantón Las Delicias. El 5 de agosto, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, fue capturado por herir a dos mujeres en la colonia Bethania, San Miguel Centro.
Los tribunales de San Salvador y La Libertad condenaron a pandilleros homicidas a penas de 57 y 30 años de prisión por privación de libertad y homicidio. Los casos reportados por la PNC en septiembre y octubre de 2026 incluyen a William Omar Lovo, de 40 años, capturado el 18 de septiembre en Ciudad Barrios por homicidio agravado; Tito Alfonso Girón Contreras, de 37 años, capturado el 8 de septiembre en Las Chinamas; Ismael Membreño Díaz, capturado el 24 de septiembre en Sensuntepeque; y José Ubaldo Colindres Robles, capturado el 8 de octubre en Morazán Sur, integrante de la MS-13 clica Villa Satélite Locos Salvatruchos con registro de homicidio en 2017. Estos casos evidencian la persistencia de estructuras criminales que motivan la continuidad del Régimen de Excepción. La PNC también reportó que el fin de semana del 17 de agosto cerró sin homicidios en El Salvador.
CIDH presume incumplimientos
1% de cumplimiento registran las recomendaciones de la CIDH sobre poner fin a la suspensión de derechos del régimen de excepción, elaborar un plan de reparación integral para las víctimas, presentar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas, y ratificar tratados internacionales sobre desaparición forzada y tortura, según el último informe de seguimiento de 2026.
La recomendación de adecuar la legislación penal y procesal a estándares interamericanos tiene un 1%; la de justicia juvenil, un 1%; la de prisión preventiva, un 1%; la de visitas familiares, un 4%; la de condiciones mínimas de detención, un 6%; la de finalidad socioeducativa del sistema juvenil, un 6%; la de investigaciones diligentes, un 2%; la de garantizar el debido proceso, un 4%; la de sistema de denuncias, un 17%; la de publicitar datos de seguridad, un 11%; la de registro de víctimas, un 1%; la de registro de personas privadas de libertad, un 17%; y la de máxima divulgación de información, un 14%.
El contraste con los hallazgos del SJH, que documenta 575 muertes en centros penales, evidencia la persistencia de violaciones a derechos humanos. La CIDH ha reiterado su disposición para realizar una visita al país, pero el Estado no ha brindado su anuencia, según el informe. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 293 hechos violatorios relacionados a derechos de personas privadas de libertad en el periodo 2022-2024, en la que en su mayoría ha sido vulnerado su derecho a la salud (55.6%) y proyecto de vida digna, siendo la ejecución extrajudicial el principal hecho denunciado con 46 casos. De esos casos, no se cuenta con registros sobre resoluciones finales para cada caso concreto.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que es necesario que el Estado reconozca a estas personas como víctimas de detenciones arbitrarias para que pueda emprender un camino hacia la reparación integral. La CIDH ha subrayado que “la prisión preventiva debe mantenerse durante un tiempo razonable y no debe prolongarse por un periodo más allá del cual el Estado pueda dar una justificación adecuada de la necesidad de la misma; de lo contrario, la privación de libertad se torna arbitraria”.
Amnistía Internacional afirma que “el derecho a un juicio justo ha sido desmantelado en El Salvador, dando paso a un marco legal que permite y justifica detenciones arbitrarias, audiencias masivas, uso de jueces anónimos, severas restricciones al derecho a la defensa efectiva y eliminación de límites a la prisión preventiva”. El Estado salvadoreño no ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones, según el informe, que concluye que “las medidas o acciones implementadas siguen siendo insuficientes para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
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