Por Alessia Genoves
Una incautación de $11,210 dólares ha sido ejecutada por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, en contra del patrimonio no justificado de Ulises Baltazar Mejía Meléndez, quien fue detenido en septiembre de 2022 en un centro comercial de San Salvador. El imputado, de hecho, es reincidente penal, pues ya había sido condenado en 2005 por el robo al Banco Salvadoreño, caso por el cual debió pagar $3,985.00 en concepto de responsabilidad civil, a la persona jurídica. En cambio, la reciente sentencia transfiere la titularidad de los fondos incautados al Estado salvadoreño.
Dinero y drogas
La detención de Ulises Baltazar Mejía Meléndez se produjo el 6 de septiembre de 2022, cuando agentes de la División Antinarcóticos realizaban labores de vigilancia en un centro comercial de San Salvador. Durante el operativo, las autoridades notaron un vehículo que realizaba movimientos sospechosos, lo que motivó la intervención policial. “Los agentes observaron un vehículo que realizaba maniobras sospechosas, y al acercarse, vieron cómo el copiloto entregaba una bolsa a las personas que se encontraban en el asiento trasero”, según detalla el informe del caso presentado ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.
#JusticiaSV ⚖️| 𝗠𝗮́𝘀 𝗱𝗲 $𝟭𝟭 𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗮 𝘀𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) April 1, 2025
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, durante una audiencia de sentencia, ordenó la extinción del dominio… pic.twitter.com/JIoAtxCrDf
“En consecuencia, se procedió a realizar una requisa, durante la cual se encontró en el bolso un total de $11,210 en efectivo”, menciona el documento judicial. Este hallazgo llevó a las autoridades a proceder con la aprehensión de los involucrados, incluyendo a Mejía Meléndez, quien fue identificado como el principal responsable del dinero encontrado.
Lo más revelador del caso fue el resultado de las pruebas periciales realizadas sobre el dinero incautado. Los análisis confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en los billetes: “El dinero fue sometido a pruebas periciales que confirmaron la contaminación con residuos de cocaína”, señala el informe oficial. Y eso fue determinante para establecer la conexión entre el dinero y actividades relacionadas con el narcotráfico, fortaleciendo la acusación por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Extinción de ilícitos
La FGR presentó el caso ante el sistema judicial, logrando materializar la extinción de dominio sobre los activos incautados a Mejía Meléndez. El proceso legal culminó recientemente cuando “el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, durante una audiencia de sentencia, ordenó la extinción del dominio sobre $11,210, previamente vinculados al delito de lavado de dinero y de activos”, según se detalla en los documentos judiciales.
Durante las investigaciones y el proceso judicial, Mejía Meléndez no pudo demostrar la procedencia lícita del dinero incautado. “Tras evaluar las pruebas ofertadas, el juez determinó que no se pudo justificar el origen lícito del dinero, por lo que declaró procedente la solicitud de la FGR de extinción de dominio y ordenó que dicha cantidad pase a titularidad del Estado”, explica el documento judicial del caso.
#ExtinciónDeDominio I $62,622.00. dólares provenientes de actividades ilegales pasarán a ser administradas por el Estado, gracias a la materialización que realizó la @FGR_SV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 28, 2025
El primero de los hechos ocurrió el 6 de septiembre del 2022, en el parqueo de un centro comercial de… pic.twitter.com/K8X7PbQo3K
El dinero decomisado no fue el único elemento incriminatorio. Las autoridades también encontraron que “tanto el vehículo como el dinero tenían rastros de anfetaminas, metanfetaminas y cocaína”, según reportó la FGR. Estos hallazgos fueron cruciales para establecer la vinculación con actividades de narcotráfico, componente esencial en la tipificación del delito de lavado de dinero y activos. Y así, el total de $11,210 dólares ha pasado oficialmente al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), institución encargada de gestionar los bienes y activos confiscados en operaciones contra actividades ilícitas.
Antecedentes criminales: El robo al Banco Salvadoreño de 2005
El caso actual no representa el primer encuentro de Ulises Baltazar Mejía Meléndez con la justicia salvadoreña. En 2005, fue condenado por su participación en un robo agravado contra el Banco Salvadoreño S.A., según consta en el expediente 474-CAS-2004 de la Cámara de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En aquel proceso judicial, la Cámara de lo Penal de la CSJ dictaminó que Mejía Meléndez debía resarcir económicamente a la institución bancaria afectada. “La Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de lo Penal, determinó que el imputado debía asumir una responsabilidad civil de $3,985.00 como parte de su condena”, indica el expediente judicial.
La sentencia por robo agravado estableció no solo la responsabilidad penal de Mejía Meléndez, sino también su obligación de compensar económicamente los daños causados al Banco Salvadoreño. El expediente judicial señala que el robo fue ejecutado con premeditación y mediante el uso de violencia, elementos que agravaron la tipificación del delito y su consecuente condena.
El caso de Mejía Meléndez se enmarca dentro de una serie de acciones más amplias que las autoridades salvadoreñas están implementando para combatir el lavado de dinero y activos en el país. En el mismo período, las autoridades han logrado incautar otros activos vinculados a actividades ilícitas, como el caso de Francisco Tejada Vásquez, miembro activo y financista de la Mara Salvatrucha.
Según informes de la Fiscalía General de la República, a Vásquez “se le incautaron $51,452.00 dólares” durante su detención en mayo de 2022 en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. Este individuo “colaboraba con la compra de armas para el grupo terrorista”, lo que demuestra la conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales.
En total, estos dos casos han permitido al Estado salvadoreño recuperar $62,622.00 dólares provenientes de actividades ilícitas. La Fiscalía ha subrayado que “en ambos casos han tenido condenas ejemplares y con esta materialización se ejecuta la orden dictada por el respectivo juez para que el dinero incautado pase al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB)”.
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