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Deportado Salvadoreño sigue desaparecido

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Por: Neftali Hernandez Pereira

El 19 de enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 6/2026 Medidas Cautelares No. 1583-25 en la que declara que Élmer Antonio Escobar González se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable para su vida e integridad personal. Con esa decisión, el organismo regional ordena al Estado salvadoreño tomar medidas inmediatas para protegerlo y cesar de forma urgente el régimen de incomunicación prolongada al que estaría sometido desde que fue deportado desde Estados Unidos, aproximadamente el 20 de marzo de 2025.

Élmer, salvadoreño con 20 años de residencia en Estados Unidos, vivía bajo el amparo del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) junto a su esposa y sus dos hijos pero, a finales de febrero de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron sin orden judicial, con la declaratoria de la ley de enemigos internos usada para deportar ilegales según sus representantes legales en el contexto de los operativos migratorios impulsados por la administración Trump. Días después fue trasladado extraoficialmente a un centro de detención en La Base Militar de Guantánamo en La provincia de guantanamo en Cuba y, sin embargo 20 de marzo, deportado a El Salvador en un vuelo conjunto con 252 ciudadanos venezolanos rumbo al CECOT.

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Desde ese día, ni su familia ni su abogada han podido establecer contacto directo con él. Durante meses, su paradero fue oficialmente desconocido. Su tía, residente en El Salvador y quien tomó las riendas de la búsqueda ante la imposibilidad de que su familia radicada en Estados Unidos viajara al país, recorrió morgues, penitenciarías y comisarías sin obtener respuesta alguna. Las consultas formales ante la Dirección General de Centros Penales (DGCP) arrojaron el mismo resultado en septiembre de 1925, esa institución respondió que, según el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), Escobar González no posee antecedentes penales.

Un caso que llegó a la CIDH

Ante la muralla de silencio institucional, la organización Migration In Action presentó el 27 de octubre de 2025 una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en representación de los familiares de Escobar González. El organismo interamericano actuó con rapidez: el 18 de noviembre de 2025 remitió un escrito a la Cancillería salvadoreña otorgando un plazo de siete días para que el gobierno informara sobre el paradero oficial del detenido, su estado de salud, las condiciones de su reclusión y las posibilidades de que recibiera visitas de familiares y abogados de confianza.

El Estado salvadoreño no respondió en el plazo otorgado. El 24 de noviembre, la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., remitió un documento solicitando dos días adicionales para recopilar y sistematizar la información. El plazo extraordinario venció sin que se aportara información sustantiva. Fue durante la tramitación de esa solicitud de medidas cautelares cuando el Estado salvadoreño confirmó, por primera vez de manera oficial, que Escobar González se encontraba detenido bajo custodia del Sistema Penitenciario salvadoreño. Según informó el gobierno, el ciudadano está recluido en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación, ubicado en Santa Ana, clasificado como un centro penitenciario abierto con actividades de agricultura, ganadería y talleres industriales. El Estado aseguró que recibe atención psicológica, alimentación adecuada y seguimiento médico, describiendo su estado de salud como estable.

El antecedente que lo puso en el radar migratorio

El caso de Élmer Escobar González tiene un antecedente judicial en Estados Unidos que el Estado salvadoreño intentó usar como argumento en su respuesta ante la CIDH. En septiembre de 2024, Escobar fue acusado de actos lascivos en ese país; un juez lo declaró en libertad y no fue sentenciado por ningún delito grave, sino únicamente por abuso de alcohol.

Su equipo de defensa argumenta que la denuncia original respondía a una venganza personal de alguien a quien él mismo había denunciado previamente por estafa. No obstante, el gobierno salvadoreño señaló en su informe ante la CIDH que el ciudadano “cuenta con un registro de delito de acoso sexual en Estados Unidos” y que había solicitado información complementaria sobre sus procesos judiciales en ese país, en el marco del Convenio de Cooperación Bilateral con Washington. La parte solicitante rechazó ese argumento: el debate ante la CIDH no es sobre la legalidad de la deportación, sino sobre la ausencia de garantías en El Salvador para proteger los derechos fundamentales del detenido.

Diez meses de incomunicación: la clave de la resolución

La CIDH fue contundente en su análisis. La Comisión constató que han transcurrido más de diez meses desde que Escobar González no tendría contacto alguno con su familia ni con sus representantes legales. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que el aislamiento y la incomunicación prolongados constituyen, por sí mismos, formas de trato cruel e inhumano, y que los Estados tienen la obligación de garantizar que las personas privadas de libertad puedan contactar a sus familias.

La Comisión también señaló que el Estado no desvirtuó la situación de incomunicación pese al requerimiento expreso de que se pronunciara sobre las posibilidades de visitas familiares y acceso a abogados. Tampoco aportó elementos que acrediten que Escobar González fue presentado ante un tribunal competente en El Salvador, ni que exista algún proceso penal formal instaurado en su contra en el país. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual su abogada presentó un recurso de hábeas corpus en mayo de 2025, no había emitido resolución de fondo hasta la fecha de la resolución de la CIDH. En ese contexto, la CIDH encuadró el caso dentro de un patrón documentado: en su Informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador de 2024, el organismo ya había alertado sobre la desaparición forzada de corta duración de personas detenidas, la desactivación del SIPE para el acceso judicial desde diciembre de 2021 y las condiciones inhumanas en centros de reclusión. El caso de Escobar González, señaló la Comisión, adquiere particular seriedad a la luz de ese contexto.

Un patrón que se repite

El caso de Escobar González no es un hecho aislado. En septiembre de 2025, la CIDH ya había emitido medidas cautelares a favor de Ruth Eleonora López Alfaro y Salvador Enrique Anaya Barraza, también detenidos en El Salvador bajo condiciones similares de incomunicación. En noviembre de ese mismo año, el organismo hizo lo propio con William Alexander Martínez Ruano, José Osmin Santos Robles y Brandon Bladimir Sigarán Cruz, tres ciudadanos deportados desde Estados Unidos cuyo paradero también fue inicialmente desconocido para sus familias y abogados. La CIDH advirtió en mayo de 2025 sobre el incremento de prácticas de retorno forzoso, deportaciones y expulsiones de migrantes sin las debidas garantías del debido proceso, así como sobre la ocurrencia de desapariciones forzadas de corta duración en el contexto de esos procedimientos. El organismo enfatizó que la situación migratoria irregular, por sí sola, no puede ser fundamento para la privación de libertad.

Para la familia de Élmer, radicada en Estados Unidos, es el primer reconocimiento formal e internacional de que su familiar existe, que está preso y que sus derechos corren peligro. Su tía en El Salvador continúa esperando poder verlo. Su esposa y sus dos hijos aguardan en Estados Unidos sin aun saber de su paradero.

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