Sigfrido Reyes y esposa condenados a devolver más de $267,792.14 al Estado

Por Alessia Genoves

Othón Sigfrido Reyes Morales, ex-diputado salvadoreño, es condenado a devolver un monto de $285,634.12 dólares, y su grupo familiar, un monto de $87,548.97, según lo estableció la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador. Ésta resolución, no obstante, es inferior respecto a los $373,183.09 estimados en su patrimonio no justificado, según el “Informe del Estado al Comunicado Conjunto del Relator Sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados y el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición”, de 2021; como también lo es respecto a la estimación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un monto de $472,464.04 en noviembre 2024.

Los señalamientos de irregularidades financieras tienen lugar en sus períodos como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2015. No obstante, el monto que se contrajo de los $472,464.04 a los $267,792.14, reveló que la Cámara de lo Civil no estuvo completamente de acuerdo con las estimaciones de la FGR; y, a juicio de Reyes Morales, las inconsistencias “redujeron el monto en un 46%”; mientras se declaró la participación nula de su hijo, Luis Famián reyes, a quién se le implicaba en el proceso por un monto de $750.

Sigfrido Reyes, familia y dinero público

La trayectoria de las investigaciones patrimoniales contra Reyes Morales presenta un escenario jurídico dinámico y complejo. La resolución inicial de diciembre de 2019 estableció un patrimonio no justificado de $373,183.09, desglosado en $285,634.12 para el exdiputado y $87,548.97 para su grupo familiar. Ésto contrasta con resolución intermedia de noviembre 2024, donde el monto se incrementó significativamente a $472,464.04, distribuidos en $362,180.50 para Reyes y $110,283.54 para su familia, representando un aumento de $99,280.95 respecto a la estimación original.

Esta fluctuación evidenció la naturaleza evolutiva de las investigaciones patrimoniales. La resolución más reciente del 29 de noviembre de 2024 marcó un punto de inflexión al reducir sustancialmente el monto a $267,792.14. La Cámara Segunda de lo Civil determinó $255,792.14 como responsabilidad directa de Reyes Morales y $12,000 para su esposa Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández.

Las resoluciones sucesivas muestran un escenario de permanente revaluación patrimonial. En la resolución inicial de diciembre de 2019, la Cámara Segunda de lo Civil estableció un patrimonio no justificado total de $373,183.09, desglosado en $285,634.12 para Reyes Morales y $87,548.97 para su grupo familiar. Esta primera estimación se fundamentó en informes financieros de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que detectaron irregularidades en propiedades, depósitos bancarios y transacciones realizadas entre 2006 y 2015.

La resolución intermedia de 2024 elevó el monto a $472,464.04, con $362,180.50 atribuidos a Reyes y $110,283.54 a su familia. Este incremento de $99,280.95 reveló nuevas inconsistencias no identificadas en el análisis precedente, incluyendo movimientos bancarios y adquisiciones de bienes inmuebles previamente no registrados, bajo la presunción de la FGR.

La resolución definitiva del 29 de noviembre de 2024 marcó un punto de inflexión al reducir sustancialmente los montos. A Sigfrido Reyes Morales se le atribuyeron $255,792.14, por “depósitos en efectivo sin justificación documentada, pagos de tarjetas de crédito sin origen claro, compras de inmuebles con transacciones irregulares, adquisiciones de vehículos con fondos no acreditados“de acuerdo con la CCR”.

A su vez, la esposa del ex-político, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, fue señalada por $12,000 en movimientos financieros no justificados, principalmente relacionados con “transferencias bancarias sin soporte documental, pagos en efectivo sin origen verificable, transacciones financieras sospechosas“. No obstante, la Cámara no logró acreditar el enriquecimiento ilícito de $750 originalmente atribuido a su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez, lo que representó una absolución parcial del grupo familiar.

De modo que el informe oficial remitido por el Estado salvadoreño a los Relatores de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial mantuvo inicialmente la cifra de $373,183.09, generando una divergencia documental que evidencia la complejidad de las investigaciones patrimoniales.

Sigfrido Reyes y más acusaciones de corrupción

Las acusaciones penales contra Sigfrido Reyes Morales configuran un complejo escenario de presuntos delitos que trascienden el ámbito financiero, abarcando múltiples dimensiones de malversación y apropiación indebida de recursos públicos.

El delito de peculado contra Proesa (Organismo Promotor para Importaciones y Exportaciones de El Salvador) constituye la primera línea de investigación, implicándolo por $106,080.38 en desvío de fondos públicos. Entretanto, el Informe Oficial del Estado también detalla que Reyes Morales realizó diferentes viajes, siendo durante su participación en la Presidencia de Proesa (junio 2015 – junio 2019), se realizaron unos 52 misiones oficiales con viáticos por $123,936.77.

Anteriormente, el informe detalló que en su período como diputado (junio 2006 – enero 2011), habría realizado 39 viajes al extranjero con un gasto de $113,994.13. Mientras que durante su Presidencia de la Asamblea Legislativa (febrero 2011 – mayo 2015), se registraron hasta 69 viajes con erogaciones por $188,531.50. De modo que el total de viajes y recursos utilizados suma $426,462.40, una cifra que, a juicio de la Fiscalía, las erogaciones y viajes son desproporcionados para las funciones oficiales desempeñadas.

La acusación de lavado de dinero presenta aristas aún más complejas. Se le imputa haber creado sociedades mercantiles, una de ellas directamente vinculada a redes de narcotráfico. Esta sociedad habría sido utilizada para legalizar propiedades de personas procesadas por tráfico ilícito de drogas, configurando un esquema de legitimación de activos de origen criminal.

El tercer eje de investigación, la estafa agravada contra el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), revela un mecanismo de apropiación mediante transacciones inmobiliarias. La Fiscalía documentó la adquisición de inmuebles a precios significativamente inferiores a su valor de mercado, generando un perjuicio económico directo a la institución. Las fuentes oficiales, incluyendo informes de la FGR, declaraciones del impuesto IVA, e informes de la Sección de Probidad de la CSJ, construyen un expediente que documenta múltiples irregularidades financieras durante su período como funcionario público.

Reyes Morales alega persecución política

Desde el inicio de las investigaciones, Reyes ha construido una narrativa de “persecución política”. Actualmente refugiado en México bajo asilo político, evade la orden de captura internacional emitida por la FGR mediante Oficio 121-01-2020 del 15 de enero de 2020. En declaraciones desde su exilio, Reyes ha manifestado: “Esto no es justicia, sino una vendetta política diseñada para desacreditar a quienes lucharon por un mejor El Salvador”. Sostiene que las auditorías de su gestión fueron aprobadas sin observaciones por la Corte de Cuentas de la República.

No obstante, documentos oficiales de la FGR y la Cámara Segunda de lo Civil desmontan sistemáticamente sus argumentos, exponiendo múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos y privados. En última instancia, Reyes Morales dirigió un comunicado personal a la opinión pública, tras el fallo de la Cámara, el 29 de noviembre. Y reiteró que “en un acto manifiesto de injusticia y sin base a derecho, la condena por un falso “enriquecimiento ilícito” es totalmente contraria a la Constitución de la República, pues en ningún momento se probó perjuicio alguno a la Hacienda Pública, así como tampoco se demostró un aumento indebido en el patrimonio del grupo familiar“.

Es decir, señaló que la Cámara absolvió a Luis Damián Reyes, “a quien la FGR, con dolo y perversidad, acusaba de enriquecerse ilícitamente“. Mientras que, en razón a los viajes ralizados, y otros ensenares, señaló que la FGR “buscaba que declararan como ilícitos los viáticos y demás gastos de viaje de un funcionario público que cumple misiones oficiales en el extranjero”; y que varios de los señalamientos de la autoridad fiscal fueron rechazados “al punto de reducir los montos observados en alrededor del 45%”.

About The Author

Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

See author's posts