Nicolás Maduro preso tras bombardeo en Venezuela: Donald Trump

Por Alessia Genoves

Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, es capturado y expulsado del país tras un bombardeo ejecutado por Estados Unidos contra instalaciones en Caracas, según confirmó el presidente Donald J. Trump, éste 3 de enero de 2026. La operación militar ocurrió semanas después de que Maduro solicitara amnistía absoluta durante una conversación telefónica el 21 de noviembre de 2025, cuando Trump le otorgó un ultimátum con vencimiento el 28 de noviembre para abandonar Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país”, confirmó el presidente Trump. Posterirmente, la Fiscal General, Pamela Bondi, detalló que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

El mandatario venezolano enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista y pertenencia al Cartel de los Soles, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado desde noviembre de 2025, calificación que Maduro había descrito como “fake news” y “excusa para justificar un cambio de régimen”. Por otra parte, la detención de Maduro procedió tras un ataque bombardero en Miraflores, ocasionando daños en la infraestructura residencial de los gobernantes, entre ellos, la del titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Vladimir Padrino López, quien describió el proceso como “la más criminal agresión criminal por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América”. I una supuesta violación a la Carta de las Naciones Unidas.

Maduro cae en operación militar

Donald J. Trump anunció mediante Truth Social que“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

La fiscal Pamela Bondi confirmó que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

US$50 millones de dólares constituía la recompensa ofrecida por el Departamento de Estado por información conducente al arresto de Maduro Moros desde marzo de 2020, monto elevado a 50 millones de dólares en agosto de 2025 tras la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. El vicepresidente JD Vance declaró que “el presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio. Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que lograron una operación realmente impresionante”.

Maduro pidió amnistía total

21 de noviembre de 2025 marcó la fecha de la conversación telefónica entre Trump y Maduro, confirmada públicamente por el presidente estadounidense el 1 de diciembre tras abordar el Air Force One. Cuatro fuentes familiarizadas con el contacto revelaron a Reuters que Maduro solicitó “una amnistía legal completa para él y sus familiares, el retiro de las sanciones estadounidenses contra unos 100 funcionarios de su administración y la extinción de la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante en contra la Corte Penal Internacional”.

Trump rechazó la mayoría de las peticiones fundamentándose en la postura oficial mantenida desde 2019 de no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro. Una semana de plazo otorgó el mandatario estadounidense a Maduro para abandonar Venezuela con salvoconducto hacia el destino de su elección, ultimátum que venció el 28 de noviembre de 2025. La respuesta estadounidense materializó el 29 de noviembre cuando Trump declaró que “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

123 funcionarios de su administración constituían el número de personas para las cuales Maduro solicitó el retiro de sanciones estadounidenses durante la negociación telefónica con Trump. Dos fuentes añadieron que Maduro propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera un gobierno interino previo a nuevas elecciones, propuesta también rechazada por la administración estadounidense.

Venezuela señala invasión

“Tengan por seguro que así como juré ante el cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirme de él, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, les juro lealtad absoluta hasta más allá cuando podamos vivir esta hermosa y heroica historia”, declaró Nicolás Maduro el 1 de diciembre de 2025 en un acto frente al Palacio de Miraflores, rodeado de Cilia Flores y Diosdado Cabello.

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, declaró tras el bombardeo del 3 de enero que “luego de haber hecho una evaluación sobre los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la Revolución Bolivariana, y contra inclusive aquellos que no tienen nada qué ver con la Revolución Bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela”. Cabello agregó que “las fuerzas militares, las fuerzas policiales, ya están conmigo un grupo de ellos. El pueblo presto para cualquier situación, el pueblo presto para cualquier hecho que pretenda amenazar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, amenazar la paz de nuestro país”.

El Comunicado Oficial de la República Bolivariana de Venezuela estableció que “la República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

El documento añadió que “el Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación”. El decreto firmado por Maduro declaró “el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

EEUU declaró terrorista al Cartel de Soles junto con Maduro

24 de noviembre de 2025 marcó la entrada en vigor de la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera por parte del Departamento de Estado, anunciada el 16 de noviembre. El secretario de Estado Marco Rubio estableció que “el Cartel de los Soles, con base en Venezuela, está dirigido por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido la milicia, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

Rubio agregó que el cartel, “en conjunto con otras organizaciones designadas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como de traficar drogas hacia los Estados Unidos y Europa”. La designación conlleva la inmovilización de “toda propiedad e intereses en propiedad de la persona designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses” y la prohibición de transacciones con dichas entidades.

25 de julio de 2025 marcó la designación previa del cartel como Specially Designated Global Terrorist por el Departamento del Tesoro, que argumentó que la organización “proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de los Estados Unidos”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros había impuesto sanciones preliminares en mayo de 2018 contra Diosdado Cabello, su esposa, su hermano y su testaferro Rafael Sarria por “utilizar su poder dentro del gobierno bolivariano para beneficiarse personalmente del desfalco” y presuntamente dirigir actividades de narcotráfico.

Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú y República Dominicana emitieron declaraciones similares designando al Cartel de los Soles como organización terrorista a partir de septiembre de 2025. El presidente mexicano Claudia Sheinbaum respondió que era “la primera vez que escuchaba tales acusaciones y solicitó a los Estados Unidos que presentara evidencia de apoyo”. Gustavo Petro, presidente colombiano, denunció las acusaciones del Departamento de Justicia como un “pretexto fabricado para forzar un cambio de régimen”, aunque el Senado colombiano “desafiando a Petro, votó 33 a 20 para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista”.

Marzo de 2020 constituyó la fecha inicial cuando el Departamento de Justicia imputó a Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios venezolanos por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tráfico de drogas, alegando que actuaban como líderes del Cartel de los Soles “desde al menos 1999”. El fiscal federal Geoffrey S. Berman declaró que “hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años. El alcance y la magnitud del presunto tráfico de drogas fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar a los delitos de narcoterrorismo desenfrenados descritos en nuestros cargos”.

El Cartel de Soles y los funcionarios del Chavismo

1993 marcó el surgimiento del término “Cartel de los Soles” cuando dos generales de la Guardia Nacional de Venezuela, Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. InSight Crime documentó que “como comandantes de brigada, cada uno usaba una insignia de sol en sus charreteras, dando origen a la frase ‘Cartel del Sol'”. La designación evolucionó a “Cartel de los Soles” cuando comandantes de división con insignias de doble sol fueron posteriormente acusados de tráfico.

InSight Crime define al cartel como “una red laxa de células dentro del ejército, la armada, la fuerza aérea y la Guardia Nacional Bolivariana, que abarca desde los rangos más bajos hasta los más altos”. 123 oficiales activos y retirados de alto rango implicados en contrabando de cocaína documentó la organización en su investigación sobre la estructura del cartel.

250 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela en 2007 según estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, incremento significativo desde las 50 toneladas estimadas por la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional de Control de Drogas en 2004. La expulsión de la Administración para el Control de Drogas en 2005 por parte de Hugo Chávez consolidó a Venezuela como ruta favorable para narcotráfico.

1.3 toneladas de cocaína constituyeron el mayor decomiso registrado en Francia metropolitana en septiembre de 2013, cuando hombres de la Guardia Nacional Venezolana colocaron 31 maletas en un vuelo de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle. 800 kilogramos de cocaína intentaron transportar familiares de Cilia Flores el 11 de noviembre de 2011 desde Venezuela hacia Estados Unidos, siendo interceptados por autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, fue acusado en una indagatoria de 2020 por participar en tráfico de cocaína junto con las FARC. Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, declaró ante autoridades estadounidenses que “vio a Cabello dar órdenes sobre el transporte de toneladas de cocaína”.

Tareck El Aissami, ex vicepresidente y ex ministro de Industria, fue sancionado por la OFAC en 2017 por jugar un “significativo rol” en narcotráfico. US$10 millones de dólares ofrece el Departamento de Estado por información conducente al arresto de El Aissami Maddah. US$511 millones de dólares en activos fueron bloqueados conforme a sanciones de la OFAC en cinco empresas con sede en Estados Unidos poseídas o controladas por López Bello, empresario venezolano y testaferro clave de El Aissami.

Hugo Carvajal Barrios se declaró culpable en junio de 2025 ante una corte estadounidense, admitiendo que “trabajó con las FARC para coordinar envíos de drogas de múltiples toneladas bajo su protección; proporcionó seguridad fuertemente armada para proteger los envíos de drogas; y armó a las FARC con armas automáticas y explosivos”.

Mientras tant, a 21 años y 6 meses de prisión fue sentenciado en 2024 el general retirado Cliver Alcalá Cordones tras declararse culpable en junio de 2023 por proporcionar apoyo material a las FARC. La OFAC sancionó en 2008 al general Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín por supuestamente servir como contactos para las FARC en un esquema de drogas por armas.

Maduro aseguraba perseguir en Narco en Venezuela

US$8 mil millones de dólares representó el negocio del narcotráfico en 2024 según estimaciones de Transparency International Venezuela. Maduro citó en su alocución del 22 de septiembre de 2025 que “cifras oficiales reportan que la producción de cocaína genera entre 526 mil millones de dólares a 650 mil millones de dólares anuales”, argumentando que “todo ese dinero va a la banca de Estados Unidos”.

US$3 millones de dólares en entradas bancarias registraron las cuentas estadounidenses de Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, entre 2012 y 2016, principalmente de transferencias desde empresas fantasma con cuentas bancarias extranjeras. US$12 mil dólares anuales declaró Moreno Pérez como ingreso en octubre de 2014 ante autoridades estadounidenses en solicitud de visa. US$1 millón de dólares gastó en aeronave privada y piloto privado, más de US$600 mil dólares en compras con tarjeta de crédito en tiendas del sur de Florida, alrededor de US$50 mil dólares en reparación de relojes de lujo en Aventura y aproximadamente US$40 mil dólares en pagos a un director de concursos de belleza venezolano.

US$100 millones de dólares constituyó el valor estimado de la planta automotriz de General Motors que Moreno Pérez autorizó confiscar y vender a cambio de un porcentaje personal de las ganancias, según denuncia penal en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero.

Por otra parte, se registraon unos 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño en 2010 utilizando la ruta del “puente aéreo” de cocaína entre Venezuela y Honduras, según el Departamento de Estado. Las rutas más utilizadas son “por aire hacia la República Dominicana y Honduras”, existiendo otra ruta terrestre hacia Surinam y luego por aire o mar hacia África Occidental y Europa.

Oficiales militares venezolanos estacionados en la frontera “a menudo exigen pagos a los traficantes para apagar el radar en momentos precisos para que los vuelos no sean registrados, o para emitir códigos especiales que hacen que un vuelo parezca legal”. El papel más frecuente de militares venezolanos en narcotráfico ha sido “garantizar el paso seguro de los envíos de cocaína, así como autorizar la llegada y salida de aeronaves que transportan la droga a otros países”.

1999 marcó el acuerdo entre líderes de las FARC y líderes del Cartel de Los Soles para trasladar operaciones de las FARC a Venezuela bajo protección del Cartel, mientras las FARC pretendían negociar paz con el gobierno colombiano. El Departamento de Estado declaró en sus Informes de País sobre Terrorismo de 2019 que “Maduro y sus compinches utilizan actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, lo que crea un ambiente permisivo para el ELN”.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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