Por Alessia Genoves
Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, acumula acusaciones en su contra desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, consistentes en hechos de “corrupción, narcoterrorismo y tráfico de drogas”. Las imputaciones persisten incluso después de que Maduro se proclamara vencedor en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que el candidato opositor Edmundo González, considerado por muchos como el legítimo ganador, ha sido objeto de persecución por parte del régimen chavista. La situación ha generado una crisis política y diplomática, con implicaciones que trascienden las fronteras venezolanas.
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Acusaciones del Departamento de Estado de EE.UU. contra Maduro
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras agencias federales, ha presentado una serie de acusaciones contra Nicolás Maduro Moros y varios funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. Según el fiscal general William P. Barr, “El régimen venezolano, alguna vez liderado por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”. Las principales imputaciones incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión y conspiración para poseer armas de fuego, y lavado de dinero.
El fiscal federal Geoffrey S. Berman declaró: “Anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años”. Estas acusaciones fueron presentadas en una acusación formal de cuatro cargos en el Distrito Sur de Nueva York en marzo de 2020.
Las autoridades estadounidenses han trazado una línea de tiempo que se remonta a 1999 para describir las actividades criminales atribuidas a Maduro y sus asociados. El Departamento de Estado alega que Maduro y otros funcionarios de alto rango formaron el Cártel de los Soles, utilizando las instituciones del Estado venezolano para facilitar el tráfico de drogas. Este cártel supuestamente colaboró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para trasladar operaciones de narcotráfico a Venezuela.
Según las estimaciones del Departamento de Estado, para 2004, aproximadamente 250 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela anualmente. Los envíos de drogas se realizaban por vía marítima y aérea, utilizando una variedad de métodos. El fiscal federal Ariana Fajardo Orshan señaló que “durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela y le han robado miles de millones de dólares”.
En 2010, se reportaron alrededor de 75 vuelos no autorizados sospechosos de narcotráfico entre Venezuela y Honduras, evidenciando la magnitud de la operación. Estos datos subrayan la escala de las actividades ilícitas presuntamente orquestadas por el régimen de Maduro.
Rol de Nicolás Maduro en las acusaciones de corrupción y narcotráfico
Las acusaciones del Departamento de Estado pintan un cuadro detallado del supuesto papel de Nicolás Maduro en las actividades criminales. Se alega que Maduro negoció personalmente envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC y ordenó al Cártel de los Soles proporcionar armas de grado militar a la organización guerrillera colombiana.
Durante su mandato como Ministro de Relaciones Exteriores, Maduro supuestamente coordinó con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Además, se le acusa de solicitar asistencia a las FARC para entrenar a un grupo de milicianos que operaban como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles.
El administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon, declaró que “éstas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro”. La gravedad de estas acusaciones se refleja en la recompensa de hasta $15 millones ofrecida por el Departamento de Estado por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro.
Además, las autoridades estadounidenses han extendido sus acusaciones más allá de Maduro, implicando a varios funcionarios y ex funcionarios venezolanos de alto rango. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y Hugo Armando Carvajal Barrios, ex director de inteligencia militar, figuran entre los acusados más prominentes.
Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa de Venezuela, ha sido acusado de permitir el tránsito seguro de aeronaves involucradas en el tráfico de drogas a cambio de sobornos. Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, enfrenta cargos por lavado de dinero y recepción de sobornos millonarios.
Tareck Zaidan El Aissami Maddah, vicepresidente de economía de Venezuela, y Joselit Ramírez Camacho, superintendente de criptomonedas de Venezuela, han sido acusados de evadir sanciones y facilitar transacciones financieras ilícitas. El Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta $10 millones por información sobre algunos de estos individuos.
Se estima que 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia 2004, ilustrando la magnitud del tráfico de drogas presuntamente facilitado por el régimen de Maduro. Las recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado son sustanciales: $15 millones por información sobre Nicolás Maduro, $10 millones por información sobre Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y $5 millones por información sobre líderes de las FARC asociados.
ICE HSI announces new charges and a reward of up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of former Venezuelan VP Tareck El Aissami. Any info can be sent to: Tareck.tips@ice.dhs.gov. https://t.co/fg1wMBXlTN #Venezuela pic.twitter.com/SqSIbn9w3R
— ICE (@ICEgov) March 27, 2020
En términos de flujos financieros, se alega que Maikel José Moreno Pérez recibió y gastó aproximadamente $3 millones entre 2012 y 2016. Además, se le acusa de haber autorizado la confiscación y venta de una planta automotriz valorada en $100 millones, ilustrando la escala de la corrupción alegada.
Las sanciones económicas han resultado en el bloqueo de activos significativos. Cinco empresas con sede en Estados Unidos, propiedad de Samark López Bello, fueron bloqueadas con activos valorados en $511 millones.
Implicaciones legales y sanciones
Las acusaciones contra Maduro y sus asociados conllevan graves consecuencias legales. Las penas mínimas obligatorias son severas: 20 años por conspiración de narcoterrorismo, 10 años por conspiración para importar cocaína, y 30 años por uso y posesión de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico.
Las sanciones económicas incluyen el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones financieras con los acusados. Además, han sido designados como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) bajo la Ley Kingpin, lo que conlleva restricciones adicionales.
Las implicaciones de estas acusaciones y sanciones se extienden más allá del ámbito legal. Tienen un impacto significativo en las relaciones internacionales y la política interna de Venezuela. La comunidad internacional se encuentra dividida, con algunos países respaldando las acciones de Estados Unidos, mientras que otros las ven como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. La situación plantea desafíos complejos para la resolución de la crisis venezolana y la restauración de la democracia en el país. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa enfrentando las consecuencias de esta crisis política y económica, con un futuro incierto por delante.
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