Por: Neftali Hernandez Periera

Fallo de La Haya de 1992: Marco jurídico de los ex bolsones y la doble nacionalidad

El 11 de septiembre de 1992, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, emitió sentencia en el caso de controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y Honduras (Registro General No. 75), resolviendo a favor de Honduras la soberanía sobre seis territorios fronterizos denominados “bolsones”, entre ellos Nahuaterique —de 142.9 kilómetros cuadrados—, así como los ex bolsones de Opatoro y La Unión, y la Isla Conejo en el Golfo de Fonseca. El fallo tomó como base primordial los documentos expedidos por la Corona de España durante la época colonial, el principio del uti possidetis juris, y los títulos ejidales aportados por ambas partes, entre ellos los de Citalá (1776), Arambala y Perquín (1815), Torola (1743), Polorós (1760), Arcatao (1724) y La Palma (1829), según consta en los alegatos documentados por el estudio de ASONOG y la Fundación Heinrich Böll (2022). La CIJ fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas como principal órgano de justicia del organismo multilateral, con sede en el Palacio de la Paz, La Haya, Países Bajos.

El territorio de Nahuaterique —conocido también como cantón Sabanetas— alberga aproximadamente 6,523 habitantes distribuidos en tres aldeas principales: Nahuaterique Centro, El Zancudo y El Carrizal, además de unos 20 caseríos ubicados al sur de los municipios de Yarula, Santa Elena, Marcala y Cabañas, en el departamento de La Paz, Honduras. La zona tiene una altitud entre 1,500 y 1,800 metros sobre el nivel del mar, con precipitación pluvial de 800 a 2,000 mm³ y temperaturas promedio de 12 a 20 grados centígrados. La aduana “La Concordia”, creada mediante Decreto Legislativo No. 102-2011 del 24 de junio de 2011, conecta Nahuaterique con el municipio de Perquín, El Salvador, a una distancia aproximada de 21 kilómetros.

Posterior al fallo, en enero de 1998, ambos Estados suscribieron la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las zonas delimitadas por la sentencia de la CIJ, cuyo Artículo 1 de las Disposiciones Generales establece que cada parte se obliga a respetar los derechos de los nacionales de los dos Estados que quedaron viviendo en dichos territorios, “de manera especial, a los derechos a la vida, seguridad personal, libertad, nacionalidad, propiedad, posesión y tenencia de la tierra, facilidad de circulación de personas y de bienes, integridad familiar y demás derechos adquiridos”. El Artículo 3 de la misma Convención establece que ambos Estados se comprometen a respetar el derecho de opción de las personas en cuanto a nacionalidad, con pleno respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. A 30 años del fallo, la práctica totalidad de los habitantes de Nahuaterique ejerce la doble nacionalidad —salvadoreña y hondureña—, utilizando el dólar como moneda principal de intercambio comercial, dado que su flujo económico se orienta predominantemente hacia El Salvador, según documentó ASONOG (2022).

La dimensión política del territorio ha tenido expresiones concretas en el ámbito electoral salvadoreño. Hugo Martínez, entonces candidato presidencial del FMLN en las elecciones de 2019, recorrió la zona en campaña, reconociendo el arraigo salvadoreño de sus pobladores. En ese mismo contexto político-humanitario, la vicecanciller Adriana Mira gestionó la entrega de carnets de doble nacionalidad a pobladores de los ex bolsones, instrumento legal que reconoce la condición jurídica binacional establecida por la Convención de 1998 y que habilita a los estudiantes de la zona al acceso a servicios educativos de El Salvador. Desde el año 2017, más de 150 estudiantes de Nahuaterique han enfrentado obstáculos para asistir a centros de educación media en El Salvador, por la negativa de la Dirección Departamental de Educación de La Paz de apostillar sus certificados de noveno grado, según datos del estudio ASONOG/Heinrich Böll (2022).

Retención de 1,009 paquetes escolares: El altercado en caserío Rancho Quemado, Perquín, Morazán

La Ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, se desplazó al norteño distrito de Perquín, municipio de Morazán Norte, departamento de Morazán, con el objetivo de distribuir paquetes escolares del Ministerio de Educación (MINED) destinados a alumnos de doble nacionalidad residentes en el ex bolsón de Nahuaterique, en el caserío Rancho Quemado, con destino al caserío de Sabanetas. La misión ingresaba por la ruta habilitada a través de la aduana La Concordia hacia el territorio actualmente bajo soberanía hondureña, según lo delimitado por la CIJ en 1992.

Durante el trayecto, un elemento de las Fuerzas Armadas de Honduras detuvo a la ministra Trigueros e impidió el paso de los camiones que transportaban los paquetes escolares hacia el ex bolsón. Como resultado del altercado, aproximadamente 1,009 paquetes del MINED quedaron retenidos bajo custodia de empleados del ministerio acompañantes de la funcionaria salvadoreña. El motivo preciso del bloqueo no fue confirmado de manera oficial por ninguna de las dos partes al cierre de esta edición.

Un factor que habría incidido de forma directa en el incidente es la vestimenta de la ministra Trigueros durante la diligencia: portaba uniforme de aspecto militar, práctica habitual en sus apariciones públicas, ya que rara vez viste de civil en ejercicio de su cargo. En este contexto, corresponde analizar el marco jurídico internacional aplicable al uso de indumentaria de tipo militar por parte de funcionarios civiles en territorios fronterizos limítrofes.

Uniforme militar en zona limítrofe sin estado de guerra

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, diferencia con precisión la condición de combatiente y la de civil. El artículo 43 del Protocolo Adicional I (1977) establece que son combatientes quienes forman parte de las fuerzas armadas de una parte en conflicto, y el artículo 44 señala que para que un combatiente sea reconocido como tal debe distinguirse de la población civil. El Reglamento de La Haya de 1907 (Anexo al Convenio IV) establece en su artículo 1 que las leyes de la guerra aplican a ejércitos y milicias; los funcionarios civiles no están sujetos a estas disposiciones pero tampoco están habilitados para portar indumentaria que los haga aparecer como miembros de una fuerza armada.

En tiempo de paz y en territorio limítrofe sin declaración de conflicto, el uso de uniforme militar por un funcionario civil no constituye per se una infracción del Derecho Internacional Público, pero puede generar fricciones de protocolo diplomático y en la práctica obstaculizar el libre tránsito, especialmente en zonas donde —como documenta el estudio ASONOG/Heinrich Böll 2022— el ejército hondureño ejerció durante décadas soberanía casi exclusiva mediante militarización, etiquetando históricamente a la población como “guerrilleros” o “subversivos”. El Artículo 7 del Tratado General de Paz de 1980, firmado en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980 por el Dr. Fidel Chávez Mena (canciller de El Salvador) y el Coronel César Elvir Sierra (canciller de Honduras), establece que cada parte permitirá el libre tránsito por su territorio de personas, bienes y vehículos de la otra parte, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado de tránsito. El artículo 8 define “libre tránsito de personas” como el ingreso de nacionales de una parte al territorio de la otra por tiempo determinado y sin propósito de permanencia.

Una funcionaria de Estado que porta uniforme militar en una zona de histórica sensibilidad castrense, ingresando a territorio bajo soberanía de un Estado con el que el propio tratado de paz firmado en Lima establece obligaciones de no perturbación del estado de cosas, puede ser interpretada —desde la perspectiva de las fuerzas armadas del Estado receptor— como señal ambigua de carácter oficial-militar. El artículo 37 del mismo Tratado prohíbe perturbar o alterar mediante ningún hecho, acto o situación nueva el estado de cosas existente en las zonas en controversia, y obliga a ambas partes a adoptar de común acuerdo las medidas adecuadas para que dicho estado sea respetado.

Antecedentes: El Tratado de Lima (1980), la Guerra de las Cien Horas y las negociaciones de los años 70

El conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador tiene antecedentes que se remontan a 1895 y 1918, cuando ambos países intentaron, mediante convenios, fijar límites fronterizos sin éxito práctico, dejando una línea fronteriza mal trazada que generó disputas de soberanía recurrentes, como señala Franklin D. Parker en The Central American Republics (Oxford University Press, 1965, p. 160).

La denominada Guerra de las Cien Horas, también conocida como Guerra del Fútbol, estalló en julio de 1969 entre Honduras y El Salvador, con un saldo de miles de bajas y el desplazamiento masivo de aproximadamente 130,000 salvadoreños residentes en territorio hondureño. El conflicto fue formalmente contenido por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya XIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el 27 de octubre de 1969, invitó a ambos Estados a resolver sus cuestiones limítrofes por medios pacíficos. Las negociaciones de los años 70 tuvieron como protagonistas al presidente hondureño Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978) y al presidente salvadoreño Carlos Humberto Romero, quienes avanzaron en conversaciones bilaterales que sentaron las bases para el proceso de mediación. El 6 de octubre de 1976, ambos Estados suscribieron en Washington, D.C., el Convenio por el cual se adoptó un Procedimiento de Mediación, nombrando como mediador al doctor José Luis Bustamante y Rivero.

El Tratado General de Paz fue suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, bajo el gobierno del general Policarpo Paz García en Honduras y la Junta Revolucionaria de Gobierno en El Salvador, con los plenipotenciarios Dr. Fidel Chávez Mena —ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador— y el Coronel César Elvir Sierra —secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras. El tratado fue ratificado en El Salvador mediante Decreto No. 475 del 12 de noviembre de 1980 y entró en vigor el 10 de diciembre de 1980. Contiene 48 artículos distribuidos en nueve títulos que abordan paz, libre tránsito, relaciones diplomáticas y consulares, cuestiones limítrofes, Mercado Común Centroamericano, reclamaciones, derechos humanos y familia, y disposiciones de vigencia. El artículo 42 establece la renuncia recíproca a reclamar indemnizaciones por los daños de julio de 1969.

El artículo 19 del Tratado fijó un plazo de cinco años para que la Comisión Mixta de Límites —integrada el 1 de mayo de 1980 en Miami, Florida— delimitara la frontera en las zonas en controversia. Dicha comisión trabajó hasta 1985 sin alcanzar acuerdo total, lo que activó el artículo 31: en 1986, ambos gobiernos sometieron el diferendo a la CIJ, que emitió sentencia definitiva el 11 de septiembre de 1992, dando ventaja territorial a Honduras en cinco de los seis bolsones, incluido Nahuaterique.

La Masacre del Río Sumpul (1980) y el rol del 12 Batallón de Santa Rosa de Copán bajo el gobierno de Policarpo Paz García

En el contexto del período de Policarpo Paz García como presidente de Honduras (1980-1982), ocurrió uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos en la frontera entre ambos países. El 14 de mayo de 1980, aproximadamente 600 personas —entre ellas niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores— fueron masacradas en Ojos de Agua, Chalatenango, El Salvador. Los pobladores de varios caseríos se habían concentrado en el caserío Las Aradas, huyendo de la represión del ejército salvadoreño en la zona. Al intentar cruzar el río Sumpul —fronterizo con Honduras— para refugiarse, fueron ejecutados por unidades del ejército salvadoreño, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y el grupo paramilitar Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), según la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). La Comisión de la Verdad, en marzo de 1993, concluyó que la masacre fue perpetrada por el ejército y el grupo paramilitar ORDEN, y que hubo encubrimiento por parte de las autoridades militares.

El 12 Batallón de Infantería con sede en Santa Rosa de Copán, Honduras, intervino en dicho evento bloqueando el paso a salvadoreños que intentaban cruzar el río Sumpul, actuando en coordinación con las fuerzas militares salvadoreñas. Los presuntos responsables del lado salvadoreño incluyen al General José Guillermo García Merino, ministro de la Defensa Nacional; al General Rafael Flores Lima (fallecido), jefe del Estado Mayor General; al General Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea; al Coronel Francisco Adolfo Castillo, viceministro de Defensa; al Coronel Augusto Ricardo Peña Arbaiza, comandante del Destacamento Militar No. 1; y al General Carlos Eugenio Vides Casanova, jefe de la Guardia Nacional, según la DPLF. A 42 años de ocurrida la masacre y a más de 30 años de la apertura judicial del caso, estos crímenes permanecen en impunidad; el proceso judicial continuaba en fase de instrucción en diciembre de 2021, con exhumaciones practicadas entre 2017 y 2021 que arrojaron osamentas de 7 personas e indicios de otros restos humanos.

Diferencias Limítrofes entre Honduras y Países de Centroamérica

Honduras posee un territorio de 112,492 kilómetros cuadrados, una población estimada en 10 millones de habitantes y una de las fronteras marítimas más extensas de Centroamérica, con acceso tanto al Océano Atlántico —a través del Mar Caribe— como al Océano Pacífico por el Golfo de Fonseca. Su posición geográfica le otorga conectividad marítima con rutas comerciales que van desde España hasta el continente africano, pasando por el Caribe.

La Reserva de la Biosfera del Río Plátano, ubicada en el departamento de Gracias a Dios —conocido como La Mosquitia—, es una de las reservas naturales más grandes de Honduras y Centroamérica. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, la reserva abarca aproximadamente 832,000 hectáreas de selva tropical húmeda, ríos, lagunas costeras y humedales. La Mosquitia comparte frontera con Nicaragua, lo que ha generado disputas históricas de soberanía territorial y marítima entre ambas naciones. La CIJ emitió sentencia en el caso Nicaragua vs. Honduras el 8 de octubre de 2007, delimitando el mar territorial y la zona económica exclusiva en el Mar Caribe; el fallo adjudicó a Honduras soberanía sobre cuatro cayos en disputa —Edinburgh, Bobel, South y Port Royal— y estableció una línea divisoria a 14°59.8’N, afectando áreas de pesca y recursos naturales que ambos países reclamaban. Las disputas en la Mosquitia abarcan también el control territorial sobre comunidades indígenas miskitu cuya presencia se extiende a ambos lados de la frontera, generando tensiones sobre derechos ancestrales, concesiones forestales y proyectos energéticos.

Caso Isla Conejo (2012) y la detención de periodistas en territorio limítrofe

En el año 2012, periodistas que intentaban cubrir la situación de la Isla Conejo —adjudicada a Honduras por el fallo de La Haya de 1992 como parte de la solución de la controversia insular en el Golfo de Fonseca— fueron detenidos por autoridades hondureñas al intentar ingresar al territorio insular. El incidente evidenció la persistencia de sensibilidades soberanas en las zonas limítrofes derivadas del fallo de 1992, especialmente en un territorio cuya adjudicación a Honduras fue resistida por sectores salvadoreños que históricamente reclamaban soberanía sobre el Golfo de Fonseca como cuerpo de aguas compartidas. La CIJ estableció en 1992 que el Golfo de Fonseca es una bahía histórica con régimen de copropiedad de Honduras, El Salvador y Nicaragua, excepto por las aguas territoriales de 3 millas náuticas de cada Estado.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), bajo la dirección de la Licda. Raquel Caballero de Guevara, reinauguró la Oficina de Enlace y Verificación de Derechos Humanos en la comunidad Los Cipreses, en Nahuaterique, reconociendo que en la zona de los ex bolsones “habitan miles de salvadoreños y salvadoreñas que quedaron dentro del territorio hondureño y familias hondureñas quedaron bajo la jurisdicción del territorio salvadoreño”, según comunicado oficial de la PDDH. La procuradora estimó indispensable activar la Comisión Binacional Sección El Salvador-Honduras para garantizar derechos básicos de educación, salud y documentación a los pobladores de doble nacionalidad, de conformidad con la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos de 1998. Entre las problemáticas más urgentes que enfrenta la población del ex bolsón se encuentran la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, la tramitación de la nacionalidad hondureña con código especial 1292, los procesos de legalización de tierras —con un déficit estimado de 3,500 expedientes por resolver, de los cuales el INA solo procesó entre 1,050 y 1,100 títulos de propiedad—, y el incremento de la inseguridad en la zona.

El censo catastral ejecutado con apoyo de la Unión Europea entre 2004 y 2006 arrojó 3,500 expedientes de legalización pendientes en el ex bolsón de Nahuaterique. La consulta ciudadana del 27 de agosto de 2017 registró 1,369 votantes sobre 2,706 empadronados, con un 98.68% a favor de constituir Nahuaterique como municipio No. 20 del departamento de La Paz, Honduras. La retención de los 1,009 paquetes escolares del MINED salvadoreño en territorio bajo soberanía hondureña reaviva las tensiones bilaterales acumuladas desde 1992, en un escenario donde la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos —vigente desde 1999— establece expresamente el derecho de libre circulación de personas y bienes para los nacionales de doble nacionalidad que habitan los ex bolsones fronterizos.

Análisis jurídico y político sobre las tensiones fronterizas entre Honduras y El Salvador

La reciente controversia diplomática surgida por el ingreso de funcionarios salvadoreños a zonas fronterizas cercanas a Morazán Norte abrió un debate regional sobre los límites constitucionales de soberanía, el ingreso de autoridades extranjeras con carácter ministerial y la cooperación binacional en territorios limítrofes entre Honduras y El Salvador.

?? | Honduras manifiesta su postura por el incidente, ocurrido en un punto del paso fronterizo con El Salvador. ??

Nuestro país continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades… pic.twitter.com/w99fcBmK0K

— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) May 19, 2026

Aunque el episodio generó tensión mediática y política, posteriormente tanto autoridades hondureñas como salvadoreñas optaron por reducir el tono confrontativo, insistiendo en la estabilidad de las relaciones bilaterales. Paralelamente, el contexto regional se agravó por la crisis de seguridad en Honduras tras la masacre de 19 personas en el departamento de Colón, situación que impulsó reformas legislativas orientadas a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Constitucion de Ambos Paises

La Constitución de Honduras establece una defensa rígida de la soberanía nacional y de la integridad territorial. El artículo 1 define a Honduras como un “Estado de derecho, soberano, libre e independiente”. Asimismo, el artículo 19 prohíbe cualquier tratado o acción que lesione la soberanía o independencia de la República, estableciendo incluso responsabilidad por traición a la patria para quienes vulneren estos principios.

En el caso específico del ingreso de ministros o funcionarios extranjeros, la Constitución hondureña no prohíbe expresamente la entrada de ministros civiles o militares de otro Estado; sin embargo, sí establece controles estrictos sobre actividades políticas extranjeras y sobre la participación de extranjeros en asuntos sensibles del Estado hondureño. El artículo 30 señala que los extranjeros están obligados a respetar las autoridades y leyes hondureñas desde su ingreso al territorio nacional. De igual manera, el artículo 32 establece que los extranjeros no podrán desarrollar actividades políticas de carácter nacional o internacional dentro del país.

En términos jurídicos, esto significa que el ingreso de una ministra salvadoreña, particularmente si estaba acompañada por estructuras logísticas estatales o personal de seguridad, podía interpretarse políticamente en Honduras como una acción sensible si no existía coordinación diplomática previa. La situación adquiere todavía mayor complejidad cuando la actividad ocurre en zonas fronterizas históricamente delicadas, especialmente tras los antecedentes limítrofes entre ambos países regulados en el Tratado General de Paz de 1980, reconocido por la propia Constitución hondureña.

La Constitución salvadoreña también protege el principio de soberanía y libertad de circulación estatal bajo parámetros legales. El artículo 5 reconoce la libertad de entrar y salir del territorio nacional, aunque sujeto a las limitaciones establecidas por la ley. Asimismo, el artículo 28 regula el asilo y la extradición bajo principios de derecho internacional y cooperación regional.

Sin embargo, el texto constitucional salvadoreño tampoco autoriza unilateralmente operaciones ministeriales permanentes en territorio extranjero sin coordinación diplomática. Bajo el derecho internacional clásico, cualquier despliegue oficial en territorio vecino requiere autorización expresa o mecanismos de cooperación bilateral. Por ello, jurídicamente el incidente no necesariamente constituyó una violación territorial grave, pero sí un episodio diplomáticamente sensible que obligó a ambos gobiernos a modular el discurso público para evitar una escalada política.

Declaraciones del Presidente Nasry Asfura

En medio de la controversia, el presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura buscó disminuir la tensión política asegurando que “no existe ningún conflicto” con El Salvador y que las relaciones bilaterales continúan siendo “estables y fraternas”, según declaraciones difundidas por HCH. La postura de Asfura respondió al interés de evitar un deterioro diplomático regional, impedir una crisis económica fronteriza y preservar la cooperación comercial y migratoria. El mensaje presidencial fue interpretado como un intento de evitar nacionalismos fronterizos que pudieran escalar hacia un conflicto político mayor.

Posteriormente, la Cancillería hondureña emitió un comunicado aclarando que no se autorizaría el ingreso de paquetes escolares salvadoreños hacia territorio hondureño sin los procedimientos correspondientes. El comunicado buscó reafirmar el respeto a la soberanía territorial, el control aduanero y migratorio y la necesidad de coordinación institucional binacional. No obstante, el gobierno hondureño evitó acusaciones directas contra El Salvador, manteniendo un lenguaje diplomático moderado.

Entrega de Paquetes y Visita del Presidente del Congreso Tomas Zambrano a El Salvador

El viernes 22 de mayo, la ministra Trigueros regresó a Morazán Norte con el objetivo de continuar la entrega de paquetes escolares a estudiantes de zonas fronterizas. A diferencia del episodio anterior, la actividad se desarrolló exclusivamente del lado salvadoreño del punto fronterizo, evitando así nuevas controversias diplomáticas. La jornada fue considerada un éxito logístico y simbólico debido a la asistencia de numerosos niños de doble nacionalidad salvadoreño-hondureña, fenómeno común en comunidades fronterizas donde existen fuertes vínculos familiares y comerciales transnacionales.

Esta mañana, la ministra @KarlaETrigueros encabezó la entrega de 1,900 paquetes escolares a estudiantes con doble nacionalidad (salvadoreña-hondureña) de los exbolsones en Perquín, Morazán Norte, cumpliendo con el mandato del Presidente @nayibbukele de garantizar una educación de… pic.twitter.com/Yqy2nKBAja

— Ministerio de Educación (@EducacionSV) May 22, 2026

Desde el punto de vista político, el acto representó una estrategia de cooperación humanitaria sin penetración territorial, permitiendo a San Salvador mantener sus programas sociales sin provocar nuevamente reclamos soberanos de Tegucigalpa.

La ministra de Educacion, Karla Trigueros, brinda detalles sobre la entrega de paquetes escolares completos a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad que residen en la zona de los exbolsones, como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Bukele. pic.twitter.com/pTRUPuxZpA

— La Britany (@LaBritanySV) May 22, 2026

Ese mismo día, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, para discutir cooperación legislativa, seguridad fronteriza, comercio bilateral y coordinación parlamentaria regional. El encuentro fue interpretado como una señal clara de normalización diplomática tras la controversia fronteriza y como un esfuerzo conjunto para impedir que sectores nacionalistas radicalizaran el incidente.

Crisis de Inseguridad en Honduras

Mientras la tensión diplomática disminuía, Honduras enfrentó un deterioro severo de seguridad tras el asesinato de 19 personas en el departamento de Colón, al norte del país. La masacre generó alarma nacional debido a la brutalidad del hecho, la presencia de estructuras criminales armadas, el avance del narcotráfico y la limitada capacidad operativa policial en varias regiones hondureñas. El episodio agravó la percepción regional de crisis de seguridad en Honduras y fortaleció sectores políticos favorables a una militarización parcial de la seguridad pública.

El.mensaje del presidente Nasry Tito Asfura por la ola de violencia sin precedentes en los últimos años en Honduras

Esta es una herida que Honduras no merece. pic.twitter.com/QolN2MKEDT

— WASHAZOS (@WashoHonduras) May 22, 2026

En respuesta al incremento de violencia, el Congreso Nacional de Honduras impulsó reformas al Código Penal y disposiciones de seguridad orientadas a permitir una participación más activa de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. La medida se fundamenta parcialmente en disposiciones constitucionales relativas a la defensa del orden público y seguridad nacional, así como en principios de obediencia legítima y actuación de autoridades establecidos en el Código Penal hondureño.

El artículo 24 numeral 5 del Código Penal establece exención de responsabilidad para autoridades o agentes que actúen en cumplimiento de su deber utilizando medios proporcionados. Asimismo, el numeral 6 regula la obediencia legítima bajo órdenes de autoridad competente, siempre que no violen derechos constitucionales. Estas disposiciones son utilizadas jurídicamente para justificar operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en escenarios de crisis extrema.

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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, destacó como positiva la reunión sostenida con el titular de… pic.twitter.com/8CLygqFXkn

— ICN.Digital (@ICNDigital) May 22, 2026

No obstante, sectores defensores de derechos humanos advierten riesgos importantes derivados de una militarización prolongada, como el debilitamiento del control civil, posibles abusos y la expansión excepcional permanente del rol militar dentro de funciones tradicionalmente policiales.

En acompañamiento al presidente del Congreso Nacional de Honduras, @TommyZambranoM, sostuvimos un importante encuentro con el presidente Ernesto Castro para abordar temas prioritarios como seguridad, educación, salud e inversión. ?????

Estos espacios de diálogo fortalecen la… pic.twitter.com/Kyag97qqyx

— Lissi Matute Cano (@LissiCano) May 22, 2026

La controversia fronteriza entre Honduras y El Salvador evidenció la fragilidad política y jurídica de las zonas limítrofes centroamericanas, especialmente cuando intervienen funcionarios estatales, programas sociales y temas de soberanía territorial. Aunque inicialmente el ingreso de autoridades salvadoreñas generó incomodidad política en Honduras, posteriormente ambos gobiernos optaron por una estrategia de desescalada diplomática basada en cooperación parlamentaria, comunicación bilateral y respeto territorial.

Sin embargo, el verdadero factor de presión regional terminó siendo la crisis de seguridad hondureña, profundizada por la masacre de Colón y por el creciente protagonismo militar en tareas de seguridad pública. En ese contexto, Centroamérica continúa enfrentando el desafío histórico de equilibrar soberanía nacional, cooperación regional, seguridad pública y estabilidad democrática.

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Neftalí Hernández Pereira

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