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MINED suspende restricciones a vestimentas civicas

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Por: Neftali Hernandez Pereira

La circular que reguló faldas, música y fotografías

El documento «Disposiciones para la organización del desfile cívico estudiantil 2026», atribuido al MINED y en circulación desde finales de julio, fijó cambios concretos en la extensión de las faldas de las cachiporristas, con una medida mínima de cinco centímetros por debajo del glúteo frente al diseño tradicional de corte más corto.

La normativa prohibió, además, la ejecución de música de contenido urbano, reguetón, religioso o con tinte político durante los recorridos, y estableció la restricción de captar fotografías de estudiantes menores de edad sin autorización previa de padres o tutores. El texto contemplaba también la creación de un Comité Organizador encargado de evaluar a las bandas de paz mediante criterios de calidad musical, disciplina, creatividad, presentación visual y trayectoria, con la exigencia de una carta compromiso firmada por cada centro educativo participante.

La circular fijó, adicionalmente, un calendario de inscripción con el 31 de julio de 2026 como fecha límite para que las instituciones postularan y el 21 de agosto como fecha de respuesta a las postulaciones, de acuerdo con el documento «Disposiciones para la organización del desfile cívico estudiantil 2026» difundido entre centros educativos públicos y privados.

Un mes de anticipación insuficiente para costureras y sastres

La circular con las nuevas medidas comenzó a circular a finales de julio de 2026, un mes y medio antes del 15 de septiembre, en un momento en que la confección de uniformes ya estaba en marcha en la mayoría de centros educativos. El dirigente de Bases Magisteriales, Wilfredo Rodríguez, señaló que para esa fecha «la mayoría de costureras y sastres ya confeccionan los trajes» que utilizarían bandas y cachiporristas.

El mismo dirigente sindical planteó que la normativa debió emitirse en enero o, a más tardar, en febrero, dado que los centros educativos contratan instructores y comienzan ensayos con varios meses de anticipación a la conmemoración de independencia.

El plazo entre la difusión del documento, a finales de julio, y la fecha de inscripción límite, fijada para el 31 de julio, dejó a directores, docentes y padres de familia con menos de una semana de margen para ajustar procesos ya avanzados de contratación de instructores, confección de vestuario y organización de ensayos, de acuerdo con la cronología reconstruida por medios salvadoreños a partir de la circulación del documento.

El memorándum del 2 de agosto deja sin efecto la circular

El domingo 2 de agosto de 2026, apenas días después de que las disposiciones generaran cuestionamientos entre gremios magisteriales y comunidad educativa, el MINEDUCYT emitió el Memorándum N.° 10-2026, firmado por la ministra Karla Edith Trigueros, mediante el cual «todas las disposiciones que circularon para la realización del Desfile Cívico Estudiantil 2026 quedan sin efecto a partir de la emisión del presente memorándum». El documento, dirigido a la comunidad educativa del sector público y privado a nivel nacional, precisó que la anulación aplica a todos los lineamientos relacionados con música, vestimenta, puntos artísticos y demás pautas o limitaciones, y habilitó a directores y docentes a organizar los actos y desfiles «de la forma en que tradicionalmente se han desarrollado en años anteriores».

25 instructores de banda cesados en Sonsonate, sin vínculo declarado con la circular

De forma paralela a la circulación de la normativa sobre desfiles, entre el lunes 27 y el martes 28 de julio de 2026 se registró el cese de más de 24 instructores varones de bandas estudiantiles, concentrado exclusivamente en el departamento de Sonsonate, según instructores. El dirigente sindical Wilfredo Rodríguez, de Bases Magisteriales, indicó que las autoridades departamentales de educación habrían solicitado identificar a instructores de cachiporristas para dar por terminados sus contratos, una instrucción que, según Rodríguez, no está contemplada en el documento de disposiciones para el desfile 2026 ni en ninguna otra normativa vigente del MINED.

Rodríguez calificó el cese de los instructores, quienes mantenían contratos individuales de trabajo, como un despido sin causa legal con un posible componente discriminatorio contrario al Código de Trabajo. Instructores afectados en Sonsonate señalaron que la decisión fue atribuida a la Dirección Departamental de Educación y remarcaron que «el resto del país todo está normal», en referencia a la concentración geográfica del fenómeno únicamente en ese departamento. Los mismos instructores describieron que directores de centros educativos manifestaron temor a sanciones administrativas si no ejecutaban las bajas, pese a reconocer un desempeño profesional favorable en la formación técnica de las estudiantes.

Una segunda escuela del distrito de Juayúa, en Sonsonate Norte, fijó el viernes 31 de julio de 2026 como fecha límite para recibir currículos orientados exclusivamente a un perfil de instructoras mujeres, de acuerdo con documentación recabada por El Diario de Hoy, en el mismo periodo en que se produjeron los ceses reportados por el sector sindical. Hasta la fecha de esta nota, el MINED no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme, desmienta o esclarezca la existencia de una instrucción interna vinculada al género u orientación sexual de los instructores de bandas de paz y cachiporristas.

El antecedente de 2010: la prohibición que Funes suspendió a los dos días

La discusión sobre el vestuario de las cachiporristas no es inédita en El Salvador. En agosto de 2010, bajo la gestión del entonces presidente Mauricio Funes, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) impulsó, junto con el MINED, una prohibición total de la participación de cachiporristas en los desfiles cívicos y educativos del 189.° aniversario de independencia, medida que afectaba a un estimado de 50,000 jóvenes a nivel nacional, según circular difundida en su momento por el ministerio y recogida por el medio News Millenium. La circular de 2010 solicitó a directoras y directores «incorporar a niñas y adolescentes en las bandas de paz y prácticas artístico-culturales» y abstenerse de incluir la figura de las porristas en los actos cívicos.

Dos días después de conocerse la medida, Funes anunció que la prohibición se posponía y que se aplicaría de forma gradual, argumentando que padres de familia y centros educativos ya habían invertido tiempo y recursos económicos en la preparación de los desfiles de ese año, de acuerdo con la reconstrucción histórica publicada por elsalvador.com. Para 2011, la exigencia gubernamental se limitó a solicitar trajes más conservadores, y desde entonces el diseño tradicional de falda corta continuó utilizándose en la mayoría de instituciones educativas, sin que la prohibición original volviera a aplicarse en los quince años posteriores.

Trigueros, la primera ministra que asiste de uniforme militar a sus funciones

Karla Edith Trigueros, capitán y médico de la Fuerza Armada de El Salvador, fue juramentada como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología en agosto de 2025, en sustitución de José Mauricio Pineda. Desde su nombramiento, Trigueros ha asistido de manera sistemática a sus actividades públicas, incluidas entregas de paquetes escolares y actos protocolarios, portando el uniforme de fatiga militar en lugar de vestimenta civil, una particularidad que ha generado cobertura reiterada en medios salvadoreños durante 2026.

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El 19 de mayo de 2026, una comitiva del MINEDUCYT encabezada por Trigueros, que transportaba 1,900 paquetes escolares destinados a estudiantes de doble nacionalidad en 35 a 38 centros educativos del sector de Nahuaterique, no logró ingresar a territorio hondureño por el paso fronterizo Pasomono.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras explicó que aplicó el artículo 205, numeral 26, de su Constitución, el cual exige autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal para el ingreso de personal militar extranjero en uniforme de servicio activo. El director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero, precisó que la vestimenta militar de la ministra y la falta de coordinación entre cancillerías fueron el impedimento concreto para el ingreso del convoy, según declaraciones citadas por Diario El Mundo. Días después, la entrega de los paquetes escolares se concretó en un punto fronterizo dentro de territorio salvadoreño.

La prohibición del lenguaje inclusivo, heredada de la gestión anterior

La restricción del uso de lenguaje inclusivo en centros educativos salvadoreños no se originó con la actual ministra. En febrero de 2024, bajo la gestión de José Mauricio Pineda, el entonces titular del MINED anunció que se había retirado «todo uso de la ideología de género» de las escuelas públicas, luego de que el presidente Nayib Bukele abordara el tema públicamente, de acuerdo con registros de swissinfo.ch y Euronews. La medida se formalizó de manera más amplia el 2 de octubre de 2025, ya bajo la gestión de Trigueros, mediante el Memorándum N.° 22-2025, dirigido a directores, docentes, personal técnico-administrativo y tribunales de la Carrera Docente a nivel nacional, el cual prohíbe de forma expresa el uso de términos como «amigue», «compañere», «niñe», «todes» o «alumn@» en materiales, contenidos, libros y comunicaciones oficiales del MINEDUCYT, con carácter obligatorio en todo documento y mensaje institucional.

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El memorándum de octubre de 2025 argumenta que dichas expresiones lingüísticas constituyen una forma de ideología de género y que su prohibición garantiza el buen uso del idioma español, evitando lo que el documento describe como injerencias ideológicas o globalistas perjudiciales para el desarrollo integral del estudiantado. La medida se suma, en la gestión de Trigueros, a cambios reportados por medios locales en torno a la apariencia y el corte de cabello reglamentario de los estudiantes, así como en pautas de higiene personal aplicables al uso del uniforme escolar en centros educativos públicos.

Ceses de instructores en Sonsonate, sin cifra oficial confirmada por el MINED

El número de instructores cesados en Sonsonate varía según la fuente consultada: mientras instructores afectados hablaron de «más de 24 despidos» concentrados entre el 27 y el 28 de julio, otros recuentos periodísticos sitúan la cifra en el entorno de 25 casos dentro del mismo departamento, sin que exista, hasta la fecha de esta nota, un reporte oficial del MINED que consolide un número exacto o que confirme el criterio interno aplicado para determinar las bajas. La ausencia de un pronunciamiento institucional formal sobre este proceso contrasta con la rapidez de veinticuatro horas con la que el ministerio revirtió, mediante el Memorándum N.° 10-2026, las disposiciones sobre vestimenta y música del desfile cívico, luego de que estas generaran cuestionamientos gremiales.

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) manifestó, por su parte, que respalda y promueve la realización del tradicional desfile cívico del 15 de septiembre como espacio para fomentar la cultura de paz y la práctica de valores morales, al tiempo que cuestionó el corto plazo otorgado a los centros educativos para aplicar las disposiciones inicialmente circuladas, de acuerdo con un pronunciamiento del 31 de julio de 2026 recogido por Diario Co Latino.

Con la anulación del 2 de agosto, los actos y desfiles cívicos programados para el mes de septiembre de 2026 se desarrollarán bajo el formato tradicional empleado en años anteriores, según confirmó el MINEDUCYT, sin las restricciones de vestuario, repertorio musical o evaluación previa de bandas que contemplaba el documento revocado. La conmemoración corresponde al 205.° aniversario de la independencia de El Salvador, fecha central del calendario cívico nacional, para la cual los centros educativos públicos y privados retoman la organización de sus delegaciones sin el régimen de inscripción, evaluación y sanciones que había sido fijado, con plazos que originalmente corrían entre el 31 de julio y el 21 de agosto de 2026, en el documento dejado sin efecto.

El sector de proveedores MYPE, expuesto a cambios de última hora

Al margen del desfile cívico, la confección de uniformes escolares en El Salvador opera bajo un esquema estatal permanente, regulado por los Lineamientos de Participación de Proveedores MYPE para los Procesos de Contratación de Centros Educativos Públicos, vigentes desde agosto de 2023 y aplicables al rubro de servicios de confección de uniformes escolares. Este esquema, ejecutado por el MINEDUCYT a través de los Organismos de Administración Escolar y con la calificación de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), fija precios máximos de referencia por prenda que van desde 4.80 dólares por un pantalón corto de educación inicial y parvularia hasta 7.20 dólares por un pantalón de educación media, montos que ya incluyen IVA y que no pueden modificarse una vez vencido el plazo de recepción de ofertas globales, según el numeral 24 del instructivo.

El mismo documento establece que cada proveedor adjudicado dispone de 45 días hábiles de ejecución de contrato para completar la toma de tallas, las entregas y las correcciones correspondientes a cada centro educativo asignado, un plazo que el propio instructivo advierte no debe excederse de la capacidad de producción instalada del proveedor, so pena de solicitar una reconsideración al MINEDUCYT antes de resultar adjudicado sobre cantidades que no podrá cumplir. La adjudicación se determina mediante tres criterios ponderados: 40% al precio de la oferta económica, 35% a la ubicación geográfica del proveedor respecto al centro educativo y 25% a su capacidad de producción, de acuerdo con el numeral 25 de los lineamientos, y el incumplimiento del contrato dentro del plazo fijado acarrea la extinción del contrato conforme al artículo 167 de la Ley de Compras Públicas.

El esquema exige además garantías económicas al proveedor adjudicado equivalentes al 12% del valor del contrato por cumplimiento, un 10% adicional por buen servicio y calidad de los bienes, y el resguardo del 100% del valor de la tela oficial entregada por el MINEDUCYT para la confección, la cual está restringida exclusivamente a los fines del programa. Bajo esta estructura de plazos ajustados, precios fijos y garantías pignoradas sobre el valor total del contrato, una modificación de especificaciones técnicas —como el cambio en el largo de las faldas de cachiporristas planteado por la circular anulada— introducida semanas antes de una fecha de entrega fija, según describió el dirigente de Bases Magisteriales Wilfredo Rodríguez, representa para el proveedor un reajuste de patrones, consumo de tela y tiempos de corte que el instructivo estatal no contempla como causal de renegociación de precio ni de plazo, lo que traslada el costo adicional directamente a los talleres de confección o a las familias contratantes.

El respaldo legal de la restricción fotográfica: la Ley Crecer Juntos

La prohibición de captar fotografías de estudiantes menores de edad sin autorización de padres o tutores, contenida en la circular anulada, se apoya en un marco normativo vigente desde el 1 de enero de 2023: la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, aprobada mediante el Decreto Legislativo N.° 431 del 22 de junio de 2022 y que sustituyó a la derogada LEPINA. El artículo 77 de dicha ley reconoce a niñas, niños y adolescentes el derecho al honor, la propia imagen, la vida privada y la intimidad personal y familiar, y establece que la divulgación o utilización de su voz o imagen requiere, en el caso de niñas y niños, el consentimiento del menor junto con el conocimiento y aprobación de sus padres, representantes o responsables, mientras que en el caso de adolescentes basta con su propio consentimiento.

El mismo artículo 77 exceptúa de este requisito de consentimiento a la participación de niñas, niños y adolescentes en actos públicos acordes a su edad, siempre que exista un interés cultural, educativo o deportivo, sin fines comerciales ni proselitistas, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño a sus derechos, una excepción bajo la cual se enmarcaría, en principio, la exposición pública que supone un desfile cívico estudiantil. El artículo 78 de la Ley Crecer Juntos añade una prohibición expresa sobre la utilización de la imagen de niñas, niños y adolescentes en contenidos que resulten inadecuados para su edad o que lesionen su integridad, a través de cualquier medio, incluido el entorno digital, disposición que otorga fundamento jurídico adicional, más allá de la circular ministerial, a las restricciones sobre fotografía de menores que habían sido incluidas en el documento posteriormente anulado.

Un mes de anticipación insuficiente para costureras y sastres

La circular con las nuevas medidas comenzó a circular a finales de julio de 2026, un mes y medio antes del 15 de septiembre, en un momento en que la confección de uniformes ya estaba en marcha en la mayoría de centros educativos. El dirigente de Bases Magisteriales, Wilfredo Rodríguez, señaló que para esa fecha «la mayoría de costureras y sastres ya confeccionan los trajes» que utilizarían bandas y cachiporristas, por lo que modificar los diseños representaba gastos adicionales para las familias, según declaraciones recogidas por elsalvador.com. El mismo dirigente sindical planteó que la normativa debió emitirse en enero o, a más tardar, en febrero, dado que los centros educativos contratan instructores y comienzan ensayos con varios meses de anticipación a la conmemoración de independencia.

El plazo entre la difusión del documento, a finales de julio, y la fecha de inscripción límite, fijada para el 31 de julio, dejó a directores, docentes y padres de familia con menos de una semana de margen para ajustar procesos ya avanzados de contratación de instructores, confección de vestuario y organización de ensayos, de acuerdo con la cronología reconstruida por medios salvadoreños a partir de la circulación del documento.

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