Por Alessia Genoves y Carlos Arita
Marero “Little Man” cae preso, Seguridad acusa a periodistas de negociar su asilo político en México y el Periódico El Faro se dá por aludido tras entrevistar a cabecillas de pandillas sin denunciarles. La detención del Little Man ha sido confirmada por el el Ministerio de Gobernación de Guatemala, detallando con ello la expulsión de 5 pandilleros salvadoreños, entre ellos Remberto Ismael Colindres Rajo, el mismo Little Man, quien había sido entrevistado por El Faro en 2025. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que periodistas ofrecieron asilo político en México a cambio de su colaboración en entrevistas periodísticas, sin detallar el nombre de los periodistas ni del medio de comunicación que abordó las fuentes; mientras el director de El Faro, Carlos Dada, se dio por aludido y negó las acusaciones.
La detención del Little Man ocurre en medio de la 53ª prórroga del Régimen de Excepción, que ha permitido la captura de 92,480 personas y mantiene más de 1,169 días sin homicidios, aunque organizaciones de derechos humanos, como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportan 560 fallecimientos en centros penales y denuncian violaciones sistemáticas. En paralelo, medios de comunicación, principalmente El Faro, acusan al Gobierno del Presidente Nayib Bukele de orquestar una presunta negociación para reducir el número de homicidios en El Salvador, una valoración que se contradice por las evidencias estadísticas que definen una reducción de hasta el 83.33% de los homicidios intencionados, pasando de los 482 registrados al cierre del año fiscal 2022 en que se declaró la Guerra Contra Pandillas, a los 82 intencionados en que cerró el año fiscal 2025. Mientras que, hasta el 31 de julio de 2026, el registro de homicidios intencionados llega a los 36 confirmados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civli (PNC).
“Little Man” preso tras entrevista de periodistas
El 8 de agosto de 2026, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó sobre la expulsión de cinco presuntos pandilleros salvadoreños que fueron recibidos por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) en la frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos, tras ser entregados por autoridades mexicanas donde se encontraban de manera irregular. Entre ellos figuraba Remberto Ismael Colindres Rajo, de 37 años, alias “Little Man”, quien registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en grado de tentativa.
El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, confirmó la captura a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que “elementos de nuestra PNC, en coordinación con las autoridades de México y Guatemala, realizaron la captura de cinco pandilleros, quienes intentaban huir de la justicia y ahora ya se encuentran en nuestras celdas”. Villatoro añadió que “entre ellos, se encuentra Remberto Ismael Colindres Rajo, alias ‘Little Man’, uno de los consentidos de un mal llamado ‘medio de comunicación’, donde apareció como uno de sus entrevistados”.
El ministro fue más allá al afirmar que “estos mismos ‘pseudo periodistas’ le ofrecieron al capturado conseguirle asilo y tranquilidad en México, como parte de la negociación que tenían con él para que apareciera en un reportaje”. La declaración gubernamental establece una conexión directa entre la labor periodística y la facilitación de la fuga de criminales, un señalamiento que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) no ha abordado públicamente hasta el momento.
El Faro se dá por aludido en Guerra Contra Pandillas
En medio del operativo de arresto contra el Little man, el director editorial de El Faro, Carlos Dada, respondió a las acusaciones mediante un comunicado publicado el 12 de agosto de 2026, en el que calificó las declaraciones de Villatoro como “una serie de mentiras e infames acusaciones contra este periódico”. Dada fue contundente al afirmar que “El Faro no ofrece ni puede ofrecer asilos ni ‘tranquilidad en México’ a nadie. Ni en México ni en ningún otro país. Esas protecciones las otorgan los Estados, no periodistas ni este periódico”.
Dada explicó que “la única concesión que se hizo a Liro, tal como los propios periodistas lo dicen en los videos, fue no mostrar su rostro en pantalla, aunque sí sus tatuajes y apodo pandillero”. El director de El Faro cuestionó directamente al ministro: “¿Por qué no nos explica usted, ministro Villatoro, cómo es que Charli fue liberado en pleno régimen de excepción? ¿No le interesa corroborar si Liro escapó gracias a que un funcionario lo sacó por un punto de cruce irregular?”.
Dada también mencionó el caso de Élmer Canales Rivera, alias “Crook”, uno de los cabecillas de la MS-13, quien “debía más de 40 años de condena y que debía estar preso en una cárcel salvadoreña, fue localizado libre, en 2022, en México”. Según Dada, “funcionarios salvadoreños trasladaron a Crook hasta la frontera con Guatemala y le entregaron dinero y un arma”. El comunicado incluyó referencias a audios publicados por El Faro en los que el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, confiesa haber liberado a Crook y trasladado personalmente hasta la frontera.
¿Qué le dijeron el “Little Man” y “Charly” al Faro?
La captura de “Little Man” tiene como antecedente la serie de entrevistas que El Faro publicó en mayo de 2025 bajo el título “Las confesiones de Charli: entrevista con un líder pandillero que pactó con el Gobierno de Bukele”. En esas grabaciones, Remberto Colindres Rajo, alias “Liro”, complementó las revelaciones de Carlos Cartagena, alias “Charly”, sobre los acuerdos que su pandilla mantuvo con Nayib Bukele durante 8 años, desde su candidatura a la Alcaldía de San Salvador en 2015 hasta la ruptura del pacto en marzo de 2022.
En la primera entrega de la entrevista, Charly explicó que la relación con Bukele comenzó alrededor de 2014 y 2015, cuando se postuló para la Alcaldía de San Salvador. El pandillero relató que “había estado un acuerdo con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía y pues por ahí llegaron a acuerdos que se dieron dentro de los penales donde ellos (el Gobierno) pidieron el apoyo de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, para poder elegirlo a él como alcalde”. Charly precisó que el enlace de esas negociaciones era “el que es ahora el actual director de la Dirección del Tejido Social, Carlos Marroquín”.
Liro, por su parte, detalló en las entrevistas cómo operaba el pacto durante la pandemia de COVID-19. El pandillero aseguró que “nosotros se lo pedimos a ellos. ¿Por qué? Porque íbamos a tener 24/7 a la policía dentro de la colonia de nosotros”. Según su testimonio, “cuando llegaban a dar la cosa alimenticia que se daba, la cajita que daban con los macarrones esos feos y los frijoles negros duros, ya estaba una mujer encargada de parte de nosotros y el presidente de la colonia de parte de nosotros”.
Uno de los aspectos más graves revelados por los entrevistados fue el manejo de los homicidios. Charly declaró que “se dijo con Marroquín: ‘si se hace algo, sin cuerpo no hay delito’. Con eso te digo todo. ¿Ya? con eso te digo todo. Sin cuerpo no hay delito”. Esta frase, atribuida al funcionario Carlos Marroquín, ha sido utilizada por el gobierno para desacreditar las entrevistas, aunque los periodistas de El Faro mantuvieron la publicación y defendieron su veracidad.
El “Little Man”: homicidios, extorsiones y terrorismo
La documentación judicial salvadoreña revela que Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, alias “Liro Man”, ha estado vinculado a múltiples procesos penales por delitos de homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas. En el expediente 102-1-2012 del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, se le identifica como miembro de la pandilla MS-13, específicamente de las clicas Apopa Locos Salvatruchos y San Laureano Locos Salvatruchos, que operaban en colonias de Ciudad Delgado y Apopa.
En ese proceso judicial, el testigo protegido con la clave “Zeus” detalló la estructura jerárquica de la pandilla, señalando que “los miembros fundadores o líderes de la MS en el país son EL RATA DE LEEWARI Y EL DIABLON DE HOLLYWOOD”, y que “los siguientes en Jerarquía son los jefes de zona”. Entre los pandilleros mencionados en esa declaración figura “EL LITTLE MEN, es de […], complexión fornida, piel morena, estatura aproximada de un metro con sesenta centímetros, cabello negro corte normal se lo peina para atrás, con tatuajes alusivos a la pandilla MS en la espalda y en el pecho”.
El testimonio de “Zeus” describió las reglas de la pandilla, que incluyen: “La Mara es antes que todo”, “La mara no se vende ni se le falta el respeto de ninguna manera”, “Debe demostrar valor en las pegadas que hace la mara, y no debe huir”, y “debe tener valor de matar a cualquiera por la mara”. Estas declaraciones, aunque realizadas en 2010, coinciden con la estructura y funcionamiento de la organización criminal que, según las entrevistas de El Faro, mantuvo negociaciones con el gobierno de Bukele.
En el expediente 159-T-2-12 del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, se procesó a otros miembros de la Mara Salvatrucha por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas en perjuicio de varias víctimas en Sonsonate. Aunque “Little Man” no figura como imputado en este expediente, el testimonio del testigo Hugo Enedilson Méndez Muzo menciona varias clicas y miembros, incluyendo a “El little Man” como conocido “moreno” dentro de la estructura. Este expediente demuestra la complejidad y alcance territorial de las operaciones de la MS-13 en El Salvador.
Los expedientes P0121-01-2009 y P9401-167-2008, ambos del Tribunal de Sentencia de San Salvador, documentan casos de secuestro, homicidio y extorsión cometidos por miembros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
Por otra parte, la CSJ ofrece casos homónimos. Por ejemploe, en el P0121-01-2009, se procesó a William Ernesto Martínez Herrera, alias “Little Man”, por el secuestro y homicidio de Ricardo Ernesto Domenico Rosales y Rosales Padilla, ocurrido en octubre de 2006. Este expediente establece que Martínez Herrera, desde el Centro Penal de Quezaltepeque, “daba las instrucciones y dirigía las actividades del resto de personas involucradas en el Secuestro”, y que “es quien da la orden de proceder a quitarle la vida al joven Rosales y Rosales Padilla”.
Otro caso homónimo se rescata delexpediente P0301-66-2006 del Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel documenta otro caso de homicidio agravado en el que participaron Iván Leonel Tovar Pérez, alias “Little Man”, y Jhony Saravia Robles, alias “El Diablito”. La víctima, Gerardo Escobar Vásquez, recibió 20 heridas por arma de fuego, de las cuales 12 eran de entrada, 6 de salida y dos rozones. El testigo clave declaró que “Jhony Saravia Robles e Iván Leonel Tovar Pérez, le disparaban a un señor a quien conoció como empresario de la ruta 91”, y que “los disparos los realizaron seguidos”.
La CSJ, en los múltiples expedientes, demuestra que el alias “Little Man” ha sido utilizado por múltiples pandilleros en diferentes regiones de El Salvador, lo que ha generado cierta confusión en la identificación de los sujetos. Sin embargo, la captura de Remberto Ismael Colindres Rajo en 2026, junto con su participación en las entrevistas de El Faro, lo posiciona como un líder pandillero con un extenso historial delictivo que incluye homicidios, extorsiones y agrupaciones ilícitas.
El Régimen: 92,480 capturas masivas y 560 muertes en cárcel
El Régimen de Excepción, instaurado en marzo de 2022 tras la ola de homicidios que dejó 87 muertos en un fin de semana, ha permitido al gobierno salvadoreño realizar capturas masivas de presuntos pandilleros. Según datos oficiales, hasta julio de 2026 se han capturado 92,480 personas vinculadas a estructuras criminales. La 53ª prórroga del Régimen de Excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa, mantiene suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso 2° (derecho de defensa), 13 inciso 2° (plazo de detención administrativa) y 24 (inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones).
El gobierno ha destacado los resultados positivos del Régimen de Excepción, señalando que se han registrado más de 1,169 días sin homicidios durante la actual administración. En el decreto de prórroga, el Consejo de Ministros argumentó que “las medidas extraordinarias decretadas, han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 92,480 terroristas”. El decreto también menciona que “se ha procedido a la captura de integrantes de pandillas que intentan realizar actividad delictiva y establecer vínculos delincuenciales y presencia territorial”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones sistemáticas durante la vigencia del Régimen de Excepción. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 560 presuntos fallecimientos en centros penales, atribuidos a condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y violencia entre pandillas. La capacidad instalada de las cárceles salvadoreñas ha sido superada ampliamente, con más de 92,480 personas detenidas en espacios diseñados para una capacidad mucho menor.
Ingrid Escobar, representante del SJH, ha señalado que “las muertes en las cárceles son el resultado de un sistema que prioriza la captura masiva sobre el debido proceso”. La organización ha documentado casos de tortura, tratos crueles y condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. El Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha sumado su voz a las críticas, presentando denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la abolición del Régimen de Excepción.
El presidente Nayib Bukele ha reconocido que más de 8,000 personas han sido liberadas desde 2024 por no estar vinculadas a actividades delictivas, aunque ha defendido la necesidad del Régimen de Excepción para garantizar la seguridad ciudadana. En declaraciones públicas, Bukele ha afirmado que “es mejor tener inocentes en la cárcel que dejar libres a criminales”, una postura que ha generado controversia y críticas de organizaciones de derechos humanos.
Homicidios caen un 75.5% en Guerras contra Pandillas
Los datos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) muestran una reducción significativa en los homicidios intencionados desde la implementación del Régimen de Excepción. En 2019, antes de la pandemia y del Régimen de Excepción, se registraron 2,398 homicidios; en 2020, la cifra descendió a 2,172; y en 2021, a 2,024. Sin embargo, la tendencia cambió drásticamente a partir de 2022, año en que se reportaron 496 homicidios intencionados, una reducción del 75.5% en comparación con 2021.
En 2023, la tendencia continuó a la baja, con solo 154 homicidios intencionados, lo que representa una reducción del 68.9% respecto al año anterior. Para 2024, la cifra se redujo aún más, alcanzando los 112 homicidios intencionados, un 27.3% menos que en 2023. Durante 2025, hasta el cierre del año fiscal, se reportaron apenas 82 homicidios intencionados, consolidando una tendencia descendente que ubica a El Salvador como uno de los países con menor tasa de homicidios en la región.
En lo que va de 2026, hasta el 1 de agosto, se han registrado 38 homicidios intencionados, según datos de la FGR. La tipificación de estos delitos incluye homicidios agravados, homicidios simples y muertes en enfrentamientos con la policía. El gobierno ha atribuido esta reducción a la efectividad del Régimen de Excepción y a las operaciones de seguridad coordinadas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
A pesar de los datos oficiales sobre la reducción de homicidios, las organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento en las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) ha identificado, en conjunto con organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario, Amate LGBT y Cristosal, múltiples tipificaciones de vulneraciones, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y violaciones al debido proceso.
El SJH ha documentado 560 presuntas muertes en centros penales, atribuidas a la falta de atención médica, violencia entre pandillas y condiciones de hacinamiento. La organización ha señalado que la sobrepoblación carcelaria, con más de 92,480 personas detenidas, ha generado un ambiente propicio para la violencia y la violación de derechos humanos. Ingrid Escobar del SJH declaró que “las condiciones en las cárceles son inhumanas y han provocado la muerte de cientos de personas que estaban bajo custodia del Estado”.
Las denuncias de las organizaciones de derechos humanos han sido presentadas ante la CIDH, que ha solicitado al gobierno salvadoreño información sobre las condiciones en los centros penales y las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso. La CIDH ha expresado preocupación por las denuncias de tortura y tratos crueles, y ha instado al Estado salvadoreño a investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones.
Vacíos dan argumentos a El Faro
La captura de “Little Man” y las acusaciones del ministro Villatoro contra El Faro han reavivado el debate sobre los presuntos pactos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. Las entrevistas de El Faro, en las que Charly y Liro confesaron su participación en acuerdos con el gobierno, han sido respaldadas por documentos judiciales y audios publicados por el medio.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Carlos Marroquín, director de la Dirección de Tejido Social, quien según las entrevistas de El Faro fue el principal enlace entre el gobierno y las pandillas. Marroquín fue sancionado en 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por encabezar las negociaciones secretas con las pandillas. En los audios publicados por El Faro, Marroquín admitió que “el proceso se ha terminado y allá adentro están torturando a la gente, están sufriendo y los están humillando”.
El caso de Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y Justicia, también ha sido objeto de controversia. Luna fue sancionado por los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos por operativizar el pacto con los grupos criminales. Según las investigaciones de El Faro, Luna autorizó las salidas de centros penales de líderes pandilleros, incluyendo a “Crook” y al “Diablito de Hollywood”, lo que permitió que estos criminales tuvieran contacto con personas libres, bajo la presunción del Departamento de Estado, una acusación que no ha sido formalizada ni por los Tribunales de Justicia, ni por Casa Presidencial.
Las preguntas planteadas por Carlos Dada en su comunicado siguen sin respuesta: “¿cómo es que Charli fue liberado en pleno régimen de excepción?”, “¿no le interesa corroborar si Liro escapó gracias a que un funcionario lo sacó por un punto de cruce irregular?”, “¿cómo es que Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los cabecillas de la MS-13 que debía más de 40 años de condena, fue localizado libre en México en 2022?”.
El ministro Villatoro, en lugar de responder a estas preguntas, ha optado por desacreditar a El Faro y acusar a los periodistas de colaborar con criminales. A la fecha, sin embargo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones del ministro en contra de un periodico de origen salvadoreño, pero que trasladó su sede a San José Costa Rica, tras ser acusados, desde 2021, por los delitos de evasión de impuestos por un monto de US$200,000 dólares, que formalizó en el sucesivo embargo de inmuebles y cuentas bancarias.
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