Vamos: Crisis interna. Querían expulsar a Claudia Ortiz

Por: Neftali Hernandez Pereira

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Un solo integrante, de los 3 que exige el estatuto partidario, conforma actualmente la Comisión Electoral Permanente (CEP) de VAMOS, según el comunicado oficial emitido el 8 de septiembre de 2026 por el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del instituto político.

La suspensión temporal del proceso de elecciones internas de autoridades partidarias se fundamenta, textualmente, en que “la Comisión Electoral Permanente debe estar integrada por 3 miembros para garantizar su funcionamiento y la validez de sus actos. Actualmente solo cuenta con 1 integrante, por lo que es imposible su operatividad”, según el documento firmado por el CEN. En el mismo comunicado, el partido abrió convocatoria para cubrir 2 cargos vacantes de dicha comisión, estableciendo un plazo de postulación de 4 días, del 8 al 11 de septiembre de 2026.

Los requisitos fijados exigen ser mayor de 25 años, contar con un mínimo de 2 años de afiliación al partido, poseer conocimientos en materia electoral o en derecho, y no ser candidato a ningún cargo de autoridad partidaria.

El comunicado, precisa que “una vez integrada la Comisión y acreditada debidamente ante el Tribunal Supremo Electoral, se informará la nueva fecha para el proceso electoral”.

Trayectoria partidaria: de la fundación en 2017 a la crisis de 2026

VAMOS es un instituto político fundado en 2017, cuya primera participación presidencial ocurrió en las elecciones de 2019 con Josué Alvarado como candidato.

Alvarado había competido previamente en contiendas político-electorales bajo otras siglas, entre ellas el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Alianza Republicana Nacionalista sin embargo Alvarado presentaria una demanda por presunto acoso sexual lo cual dejaria la direccion del partido VAMOS.

Antes de encabezar la fórmula fundacional de VAMOS. Una de las figuras con mayor peso legislativo dentro del instituto ha sido la diputada Claudia Ortiz, quien ejerció el cargo entre 2021 y 2024, y fue reelecta para el período 2024-2027.

Ortiz ha competido, en el marco del actual proceso de elección interna de autoridades partidarias, como candidata a la Secretaría General bajo la planilla identificada como “Avancemos”, una candidatura que confluye con la crisis institucional derivada del vacío en la Comisión Electoral Permanente y con un proceso disciplinario abierto en su contra ante el Tribunal de Honor y Disciplina (THD) del partido.

El comunicado de Claudia Ortiz: suspensión de derechos y expulsión notificada

El 4 de septiembre de 2026, 4 días antes del comunicado oficial de suspensión electoral, la diputada Claudia Ortiz difundió un pronunciamiento dirigido “a la militancia de VAMOS y a la ciudadanía”, en el que denunció haber sido notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor “en el que se pide mi expulsión del partido y se me notifica la suspensión de mis derechos como afiliada, incluyendo ejercer como miembro del CEN y el derecho de participar en la elección interna”. Ortiz sostuvo textualmente que “hoy se ha cruzado una línea que no estoy dispuesta a normalizar”.

Según su comunicado, el Tribunal de Honor estaría integrado “únicamente por dos personas”, una de ellas con afinidad declarada a la actual Secretaria General, señalada por haber sido candidata de la planilla que compite contra la que lidera Ortiz y de la cual renunció posteriormente; la segunda persona sería, de acuerdo con el mismo documento, esposo de una candidata de esa misma planilla contraria.

“Quienes tienen vínculos directos con las personas que compiten contra la planilla que lidero no pueden decidir sobre mi permanencia en el partido ni sobre mis derechos en esta elección”, declaró la diputada, quien exigió que “quienes tienen estos conflictos se aparten del proceso”. Ortiz cerró su pronunciamiento con el llamado “que voten los afiliados, que decida la militancia”, calificando la situación como una afectación directa al principio democrático interno del instituto político.

Pronunciamiento conjunto de candidatos a diputaciones por la circunscripción del exterior

El mismo 4 de septiembre de 2026, un grupo de 12 candidatos y candidatas a diputaciones por la Circunscripción del Exterior del partido VAMOS emitió un pronunciamiento conjunto dirigido a la Secretaria General Nacional, al Consejo Ejecutivo Nacional, al Tribunal de Honor y Disciplina y al Coordinador de Salvadoreños en el Exterior, Alejandro Miranda. El documento cita textualmente el artículo 58 de los estatutos del partido, que “establece claramente que el Tribunal de Honor y Disciplina (THD) debe estar conformado por cinco miembros”.

Sin embargo, conforme a lo expuesto en el comunicado, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) están registrados, al momento, solo 3 miembros del THD: Argentina Cecibel Romero Sosa como presidenta, Karmy Abiu Ramos Pleitez como secretaria, y Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir como vocal. El pronunciamiento detalla que 2 de los 3 miembros del THD renunciaron a sus cargos, “Alvarenga lo hizo el 4 de septiembre pasado”, mientras que, aunque se eligió a Carlos Martínez como sustituto de la presidenta Romero Sosa, “el TSE no muestra que se haya registrado” dicho nombramiento. El documento identifica además un presunto conflicto de interés: “Karmy Abiu Ramos Pleitez ha sido miembro de la planilla Unidos por El Salvador, que es la planilla que compite con la planilla Avancemos que dirige la compañera Ortiz”.

Los firmantes —entre ellos Reinaldo Contreras, candidato propietario por Canadá; Miguel Ángel Ortiz Vásquez, candidato propietario por México; Rosa Haydée Gavidia Molina, candidata propietaria por Costa Rica; José Faustino Carranza Coreas, Gabriela Patricia Portillo y Omar Corletto, candidatos propietarios por Estados Unidos, junto con sus respectivos suplentes— solicitaron que “ante el TSE, el récord legal del THD de VAMOS está en serio cuestionamiento legalmente” y pidieron que “se nos presente la resolución del TSE en la que se registró legalmente a Carlos Martínez como presidente del THD”. El pronunciamiento exige, en 8 puntos textuales, que se declare nula la medida cautelar impuesta contra Ortiz “para no poder participar en CEN ni en la interna del próximo 20 de septiembre”, fecha que el documento fija como la prevista originalmente para la elección interna, previa a la suspensión decretada 4 días después.

Pronunciamientos de candidaturas a alcaldías: Santa Ana y La Libertad

En Santa Ana, los candidatos a alcalde Marco Gálvez, por Santa Ana Centro, y Edwing Rivera, por Santa Ana Oeste, emitieron un pronunciamiento titulado “En defensa del debido proceso y los derechos de participación de los afiliados de VAMOS”, en el cual advirtieron que las medidas derivadas de la admisión de denuncias por parte del Tribunal de Honor y de Disciplina “han tenido como consecuencia la suspensión o limitación de los derechos de participación de algunos afiliados incluyendo a la candidata a la secretaria general y actual miembro del Concejo Ejecutivo Nacional Claudia Ortiz”. El documento sostiene que “la disciplina no puede estar por encima de los principios constitucionales, los Estatutos del partido ni las garantías del debido proceso” y cierra con la frase: “la democracia que defendemos hacia afuera debe comenzar por nuestra propia casa”.

En el departamento de La Libertad, la candidata a alcaldesa por La Libertad Sur, Xiomara Lazo, y el candidato a alcalde por La Libertad Costa, Anderson Molina, firmaron el 5 de septiembre de 2026 un comunicado en el que identificaron “vínculos directos entre las actuales integrantes del Tribunal de Honor con la planilla ‘Unidos por El Salvador'”. El texto solicita, de manera textual, “que se recusen los actuales miembros del Tribunal de Honor y Disciplina por tener un vínculo o conflicto de interés que comprometa su imparcialidad en este caso” y “que se nominen nuevos integrantes para conformar el Tribunal de Honor y Disciplina, garantizando independencia, objetividad e imparcialidad”. Asimismo, exigen que el proceso disciplinario “no afecte el proceso electoral interno de elección de nuevas autoridades partidarias que se está ejecutando” y proponen “que se instale un mecanismo de unificación interna para sanear esta etapa”.

Comunicado de candidatos a diputados por San Miguel y de la militancia general

Los afiliados y candidatos a diputados por el departamento de San Miguel emitieron un comunicado bajo el lema “VAMOS por El Salvador”, en el que solicitaron “que en el caso abierto disciplinario en contra de la diputada Claudia Ortiz se maneje con transparencia y de manera pública para todos los afiliados de nuestro partido, ya que no afecte el proceso de elección interna garantizando así el derecho a la legítima defensa de la diputada”. El documento pide adicionalmente “que se revise la suspensión de sus derechos mientras el proceso sigue su curso” y hace “un llamado a la imparcialidad del tribunal de honor, para que este proceso no sea utilizado con fines políticos ni para inhibir a la diputada a participar en las candidaturas de cara a las elecciones internas”.

Un comunicado adicional, firmado como “Militancia de VAMOS que apoya a la planilla Avancemos”, solicitó en 7 puntos textuales que se declare “nula y se deje sin efecto la medida cautelar impuesta en contra de nuestra compañera Claudia Ortiz, restituyéndole plenamente sus derechos de participación”; que se nombren personas imparciales para integrar el Tribunal de Honor “garantizando su independencia, transparencia y la ausencia de posibles conflictos de interés”; que se nombren las 5 personas correspondientes “de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 de los Estatutos del partido”; y que se convoque a una asamblea “en la que se informe y esclarezca ante la militancia todo lo relacionado con el proceso”. El comunicado consigna, además, la denuncia de Pacífico Chávez, aspirante en la planilla Avancemos a la Secretaría de Organización, quien el 5 de septiembre de 2026 afirmó haber sido “denunciado ante el Tribunal de Honor del partido por exponer ante el público las fallas y errores cometidos recientemente en el proceso de elección de nuestros candidatos”, subrayando textualmente: “no he sido denunciado por decir mentiras, sino por exponer la verdad”.

Eliminación de la deuda política y su efecto en el financiamiento de partidos politicos rumbo a 2027

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó, el 26 de febrero de 2025, reformas y derogatorias al financiamiento público en concepto de deuda política, regulado hasta entonces en el artículo 210 de la Constitución y en el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos de 2013.

El Dictamen N° 6 de la Comisión Política, fechado 11 de febrero de 2025, sobre el expediente 269-2-2025-1, señala que “los partidos políticos deben financiar sus plataformas y ofertas electorales en cada evento que participen”, derogando el artículo 210 de la Constitución, emitido mediante Decreto Constituyente N° 38 del 15 de diciembre de 1983. El proceso de reforma constitucional se dividió en 2 fases: la ratificación del acuerdo con 57 votos el 29 de enero de 2025, referida a la modificación del artículo 248, y la votación final de 58 votos el 26 de febrero de 2025, que dejó derogado el artículo 210. La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, declaró que “el pueblo salvadoreño habló alto y claro. Dijo que no quiere seguir financiando las campañas electorales de los partidos políticos”, según consta en el comunicado oficial de la Asamblea Legislativa. El financiamiento eliminado se calculaba, hasta su derogación, en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido en cada elección, ajustado según inflación, con el precio fijado por el Ministerio de Hacienda.

Para institutos políticos de menor caudal electoral histórico como VAMOS, la eliminación de este mecanismo de financiamiento estatal coincide, en el calendario legislativo, con el proceso interno de elección de autoridades partidarias suspendido en septiembre de 2026, en un contexto donde el partido deberá costear sus actividades y campaña rumbo a 2027 sin el respaldo de fondos públicos calculados sobre votos obtenidos.

Reforma al artículo 79 constitucional: representación legislativa de la diáspora

El 29 de abril de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos durante la plenaria 107, el Acuerdo de Reforma Constitucional N° 7, que modifica el inciso primero del artículo 79 de la Constitución. La ratificación se produjo el 5 de mayo de 2026, mediante Dictamen N° 17, favorable, de la Comisión Política, sobre el expediente 623-4-2026-2, publicado en el Diario Oficial N° 78, Tomo N° 451. El texto reformado establece que “en el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero el registro electoral”.

Durante la comparecencia del 4 de mayo de 2026 ante la Comisión Política, el registrador nacional del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, expuso que en las elecciones de 2024 “evidenciaron un incremento sustancial en la participación de la diáspora salvadoreña, registrándose 331,756 ciudadanos votantes de un padrón de 741,094, en contraste con procesos anteriores donde únicamente participaron 3,808 salvadoreños en el exterior”. Velasco precisó además que “actualmente, se registran 961,690 ciudadanos de la diáspora con DUI con domicilio en el exterior, así como 183,311 con dirección en El Salvador”, cifras sostenidas mediante una red de 24 centros de servicio en el exterior y 3 centros de impresión del Documento Único de Identidad instalados en Europa.

La reforma crea 6 escaños legislativos exclusivos para la circunscripción del exterior, descontados de los departamentos de San Salvador, que reduce su representación de 16 a 11 diputados, y La Libertad, que pasa de 7 a 6, conforme al censo poblacional de 2024. Según un informe del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, la proporcionalidad resultante equivale a una relación aproximada de 417,000 electores por diputado en la circunscripción exterior, cifra que el estudio compara con el modelo ecuatoriano, de 400,000 electores por representante.

El mismo informe advierte que “la ausencia de una exigencia de residencia en el extranjero para las candidaturas abre la posibilidad de que políticos en territorio nacional busquen estos escaños por menor competencia”, dado que la normativa reconoce el derecho de los salvadoreños residentes en el exterior a postularse a cargos de elección popular “sin establecer requisitos diferenciados” respecto a los candidatos residentes en el país. La reforma electoral, vigente desde el 23 de mayo de 2026 tras su publicación en el Diario Oficial del 15 de mayo, incorpora asimismo un piso de participación femenina de 30% en las planillas de diputaciones y concejos municipales, incluidas las candidaturas de la circunscripción exterior. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, el registro electoral del extranjero se componía, al cierre de abril de 2026, de 960,928 salvadoreños con dirección en el exterior según su DUI, lo que representa un crecimiento de 29.7% respecto a las elecciones de 2024. El presidente del RNPN indicó, además, que hasta el 10 de mayo de 2026 existían 962,678 documentos de identidad con domicilio registrado fuera del país, y estimó que más de 1 millón de salvadoreños en el exterior estarían habilitados para votar en las elecciones del 28 de febrero de 2027, incluidos quienes posean DUI o pasaporte vencidos.

Reducción de municipios y diputaciones: antecedente directo de la reconfiguración territorial

La reconfiguración del mapa político-administrativo que hoy enmarca la contienda de las elecciones generales de 2027 tiene como antecedente la Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal, aprobada con 67 votos a favor y 13 en contra en junio de 2023, que redujo de 262 a 44 el número de municipios del país, convirtiendo 218 de ellos en distritos dentro de las nuevas 44 alcaldías.

La nueva distribución estableció 40 concejos municipales de 10 miembros, 2 concejos de 14 miembros y 2 concejos, ubicados en San Salvador, de 16 miembros, totalizando 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales, es decir, 460 funcionarios municipales frente a una cifra previa cercana a 3,000.

En esa misma sesión legislativa, el entonces presidente Nayib Bukele propuso reducir de 84 a 60 el número de diputados de la Asamblea Legislativa, medida que entró en vigor para las elecciones legislativas de 2024, con una distribución que asignó 16 diputados a San Salvador, 7 a La Libertad, 5 a Santa Ana, 5 a San Miguel, 5 a Sonsonate, 4 a Usulután, 3 a Ahuachapán, 3 a La Paz, y 2 escaños respectivamente a La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas. Esta distribución de 60 diputados constituye la base sobre la cual, 3 años después, se aplicó la sustracción de 5 curules a San Salvador y 1 a La Libertad para conformar los 6 escaños de la circunscripción del exterior, de cara al proceso electoral del 28 de febrero de 2027, en el que VAMOS deberá definir, mediante una Comisión Electoral Permanente aún no integrada en su totalidad, tanto sus candidaturas municipales dentro de las 44 alcaldías vigentes como su oferta legislativa en las 14 circunscripciones departamentales y en la nueva circunscripción de salvadoreños en el exterior.

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