Muyshondt y 3 exfuncionarios declararon en caso tregua

Por: Neftali Hernandez Pereira

El sistema de justicia salvadoreño ha marcado un precedente histórico con una serie de condenas y procesos penales en curso contra prominentes exfuncionarios públicos acusados de establecer negociaciones ilícitas con estructuras delincuenciales durante los períodos electorales de 2014 y 2015. Los casos han expuesto una extensa red de corrupción que involucra a exalcaldes, exdiputados, exministros y otros funcionarios de alto rango que habrían buscado apoyo electoral a cambio de beneficios para las pandillas.

Las investigaciones, que iniciaron en 2019 cuando la Fiscalía General de la República presentó evidencia contundente incluyendo grabaciones de video, han resultado en múltiples condenas y procesos judiciales que continúan desarrollándose ante los tribunales salvadoreños, marcando un hito en la lucha contra la corrupción electoral en el país. Todas estas declaraciones se dieron en juicio contra cabecillas historicos de la MS-13, entre ellos “Noe” quien brindo declaraciones que fue testigo de ver como politicos y funcionarios se reunieron con pandillas.

Muyshondt: De la Alcaldía a la Prisión por Doble Condena

El caso más prominente es el del exalcalde de San Salvador y exdiputado Ernesto Muyshondt, quien actualmente cumple condena en prisión por el delito de retención de cuotas laborales. La Fiscalia solicito una condena de 22 años para el exalcalde, ademas de atestiguar que Muyshodnt actualmente sufre de problemas de salud, en donde menciona que tiene un tumor y no se le ha dado tratamiento. El exfuncionario, quien dirigió la capital salvadoreña entre 2018 y 2021, fue condenado a cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes en un proceso separado.

Tengo un tumor y no me han dando el tratamiento correspondiente E. Muyshondt

El abogado defensor sostuvo que su cliente no tuvo participación directa en la negociación de la tregua, y que su figura fue utilizada de manera política para dar la impresión de un involucramiento. Afirmó

que Muyshondt únicamente actuó en el marco de sus funciones políticas y que nunca existió un acuerdo ilegal con las pandillas. Según la defensa, la acusación carece de pruebas sólidas.

Sin embargo, esta condena no es la única que enfrenta Muyshondt. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador desarrolla paralelamente el juicio contra el exalcalde por su presunta participación en las negociaciones con pandillas durante los procesos electorales de 2014 y 2015, donde se le acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Durante las audiencias recientes, Muyshondt ha denunciado condiciones carcelarias adversas, alegando torturas y negación de atención médica en los centros penales. El proceso judicial continúa su curso mientras el exfuncionario permanece recluido, enfrentando múltiples cargos que podrían extender significativamente su tiempo en prisión.

Lara Bajo Detención Preventiva

El escándalo trasciende el caso individual de Muyshondt. Una extensa red de exfuncionarios enfrenta cargos similares por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Entre los procesados destaca Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad Pública y exdiputado del FMLN, quien permanece bajo detención preventiva por orden del Tribunal Primero de Sentencia.

Lara declaró que durante su gestión: el gobierno mantuvo una política de seguridad orientada al diálogo comunitario, pero rechazó que él hubiese ordenado o facilitado tratos ilícitos con estructuras criminales. Señaló que la llamada tregua fue un proceso iniciado en gobiernos anteriores y que, en su etapa, no se promovieron privilegios ilegales para los grupos delincuenciales

Luego de escuchar las declaraciones del testigo principal y analizar las evidencias presentadas, el tribunal consideró que existe peligro de fuga por parte de Lara, Por su parte el juez 6ª de lo penal ha ordenado que permanezca en libertad bajo estricta vigilancia, mientras el proceso avanza.

Esta decisión judicial refleja la gravedad de los cargos y la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

El exministro de Gobernación Arístides Valencia (profugo) también forma parte del mismo proceso, aunque actualmente se encuentra prófugo de la justicia, complicando el desarrollo del juicio conjunto. Su condición de fugitivo contrasta con otros imputados que han comparecido ante los tribunales, evidenciando las diferentes estrategias legales adoptadas por los involucrados. Actualmente Valencia continua profugo y ya no reside en El Salvador.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Norman Quijano,(condenado) exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial de ARENA, quien ya recibió una condena ejemplar de 14 años de prisión por estas negociaciones con estructuras criminales.

Su caso ilustra la complejidad del sistema político salvadoreño y sus mecanismos de inmunidad.

Quijano no fue desaforado por la Asamblea Legislativa, lo cual le permitió fungir como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y residir en Estados Unidos.

Sin embargo, su inmunidad parlamentaria no lo protegió indefinidamente, siendo posteriormente capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en territorio estadounidense, donde enfrenta procesos de extradición.

Ruano y el Factor Mediático

El fallecido Salvador Ruano, quien fuera alcalde, también estaba involucrado en las investigaciones, aunque su muerte natural puso fin a su proceso penal. Ruano fue sobreseído del proceso ya que el fallecimiento constituye motivo de extinción de la acción penal, según establece la legislación salvadoreña.

Un elemento controversial del caso es la inclusión del periodista Archibald Richard “Paolo” Lüers, actual columnista del Diario de Hoy, entre los procesados. Luers no se presentò a la declaracion en los juzgados.

La participación de Lüers en el proceso judicial ha generado debate sobre los límites entre el ejercicio periodístico y la presunta participación en actividades ilícitas, planteando interrogantes sobre la libertad de prensa y la responsabilidad de los comunicadores.

Evidencias Contundentes: Videos y Testimonios Clave

La Fiscalía General de la República construyó sus casos sobre una base probatoria sólida presentada inicialmente en 2019.

Las evidencias incluyen grabaciones de video donde aparecen los funcionarios en presuntas negociaciones con grupos criminales, documentando los casos de Muyshondt, Valencia, Quijano, Ruano y Lara.

El testigo principal ofertado por la Fiscalía ha identificado sistemáticamente a los involucrados en las negociaciones entre políticos y pandilleros en el marco de las elecciones presidenciales de 2014 y de alcaldes y diputados de 2015.

Su testimonio, contrastado con abundante prueba pericial y documental, ha establecido la validez de las acusaciones según criterios judiciales.

Estas negociaciones habrían involucrado el ofrecimiento de beneficios específicos a cambio de votos, configurando un esquema de fraude electoral que comprometió la integridad de los procesos democráticos en períodos cruciales para el país.

Impacto en el Sistema Político Nacional

Los procesos judiciales han finalizado exitosamente varias jornadas de Vista Pública contra los imputados, presentándose los alegatos iniciales de todas las partes involucradas. La siguiente etapa contempla la presentación de testigos adicionales que relatarán los hechos específicos por los cuales son procesados los exfuncionarios.

El caso Wilson Alvarado también forma parte del grupo de procesados por agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ampliando el espectro de funcionarios involucrados en estas prácticas irregulares que habrían sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales durante períodos electorales críticos.

Estos procesos establecen un precedente importante en la historia judicial salvadoreña, demostrando que ningún funcionario, independientemente de su rango o afiliación política, está por encima de la ley. Las condenas y procesos en curso envían un mensaje claro sobre la determinación del sistema de justicia para combatir la corrupción electoral y las alianzas ilícitas entre el poder político y las estructuras criminales.

La continuidad de estos juicios promete revelar más detalles sobre las dimensiones de esta red de corrupción, mientras el país observa expectante el desarrollo de un capítulo crucial en su lucha contra la impunidad y por el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.

About The Author

Neftalí Hernández Pereira

See author's posts