Por Alessia Genoves – Publicado el 29 de abril y actualizado al 10 de mayo 2025
Un total de 6,173.18 Unidades de Bitcoin (BTC) por un valor de US$643,363,016.00 acumula la administración pública de El Salvador. La cifra, reportada por la Agencia de Fondos Bitcoin (AAB) en el portal oficial de The Bitcoin Office, corresponde a un registro total de 6.396,25 BTC, que incluye los 233,067 BTC adquiridos de la cripto-minería y de compras adquiridas desde septiembre de 2021 y anteriores al año 2024.
El Salvador, de ésta forma, acumula ganancias no realizadas de US$352,682,631 dólares, por un gasto de tan sólo US$287,183,812. Ésto quiere decir que las compras han tenido un rendimiento del 122.83% en su capitalización o plus-valía, en virtud a las fluctuaciones en el valor unitario del BTC. No obstante, es ésta fluctuación de divisas las que alerta a posibles pérdidas en perjuicio de las arcas del Estado, según lo señalan organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el banco JP Morgan Chase y la agencia de calificación de riesgos Fitch Ratings.
El Salvador starts the week stacking moar sats.
— The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) April 28, 2025
This is the way ? pic.twitter.com/qf9JwrjioJ
Pero, pese a las alertas, las operaciones en el gasto de Bitcoin han continuando realizándose aún durante la vigencia del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) del FMI por un monto de US$1.400 millones a 40 meses, destinado a estabilizar la Deuda Pública, que ya es de US$21.618,08 millones (87,7% del PIB en 2024), según el Banco Central de Reserva (BCR). El FMI exigió en su comunicado No. 24/485 que El Salvador “delimite la participación estatal en Bitcoin” y garantice que su aceptación sea “voluntaria en el sector privado” (art. 7), además de “reducir gradualmente el uso de la billetera Chivo”, acciones que ya se ejecutaron tras la reforma a la Ley Bitcoin en febrero de 2025.
El Salvador y compras Bitcoin
Nayib Bukele, el presidente de la República de El Salvador, comenzó a reportar las primeras adquisiciones de 200 BTC desde el 6 de septiembre del año 2021, por un monto de US$10,353,812.00, que dedujeron un valor de US$19,087,507.00, al cierre del año fiscal 2024. Y éstas actividades continuarían hasta el 22 de diciembre del año 2024, hasta la acumulación de 6,162 BTC, por un costo de US$155,443,201.71 por un valor en el mercado de $588,086,090.67; es decir, una capitalización o plusvalía del 102.36% por US$159,118,913.65.
Por otra parte, de acuerdo con los balances de transacciones de la cuenta con dirección “32ixEdVJWo3kmvJGMTZq5jAQVZZeuwnqzo” en la Blockchain de Bitcoin gestionada por el Gobierno de El Salvador, entre el 1 de enero de 2024 y el 10 de mayo de 2025, El Salvador ejecutó 233 transacciones de compra y ventas parciales de Bitcoin, según los registros oficiales. La adquisición más significativa ocurrió el 24 de febrero de 2024, con una compra de 11 BTC a US$116,173,96 cada uno, totalizando US$1,277,913.56. En contraste, la operación más baja se registró el 18 de abril de 2025 por apenas 0,0002 BTC, por US$16,89.
El Salvador has just bought it’s first 200 coins.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021
Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches.#BitcoinDay #BTC??
El 5 de noviembrede 2024 se marcó la única venta relavante de ?0,00028333BTC por?US$19,43, ajustando el saldo a 5,908.76 BTC. Las compras se financiaron mediante un fideicomiso de US$1,500 millones, autorizado por la Ley Bitcoin reformada en febrero de 2025, que también permitió la miner?ía estatal através de energ?ía geoteérmica, del total acumulado por ?6,396,25 BTC.
La valoración actual de las reservas, calculada al precio de US$104,018.90 por BTC, al 10 de mayo de 2025; y asciende a US$?6,173,183.00 millones. No obstante, esta cifra oculta volatilidad histórica: el 10 de octubre de 2024, el precio cayó a US$60,655,31.00, generando pérdidas temporales de -US$62,4 millones en el saldo total. Mientras que el pico de valorización ocurrió el 31 de enero de 2025, cuando el BTC alcanzó US$104.635,27.00, elevando las reservas a US$633,06 millones.
Calificadoras crediticias quieren límites al Bitcoin en El Salvador
El FMI, en su Comunicado No. 24/485, coincidió en que “la consolidación fiscal debe proteger la inversión pública prioritaria”, pero advirtió que “los esfuerzos de transparencia en activos digitales son esenciales para la estabilidad financiera”. Esta exigencia alude a la Ley Bitcoin reformada en febrero de 2025, que estableció un marco de supervisión basado en estándares de Basilea III para exchanges y eliminó la obligatoriedad de aceptar BTC en transacciones privadas, en su artículo 7. Pese a ello, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó en marzo de 2025 que solo el 4,3% de las empresas aceptan Bitcoin, frente al 12% en 2023, según datos de la Cámara de Comercio de El Salvador.
Ambas instituciones coinciden en que el servicio de la deuda es el principal riesgo fiscal. Fitch estima que los pagos de intereses consumirán el 34% de los ingresos fiscales en 2025 ($2.010 millones), mientras el FMI advirtió que “el país debe evitar nuevas emisiones de bonos globales hasta 2026”. La discrepancia radica en el rol de Bitcoin: el FMI insistió en que “la participación estatal en actividades cripto debe reducirse”, mientras el gobierno defendió su estrategia como “un mecanismo de diversificación de reservas y atracción de inversión tecnológica”, según declaró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el 20 de abril de 2025 en la Asamblea Legislativa.
¿Qué más pide el Acuerdo del FMI?
Desde el 18 de diciembre de 2024, el FMI anunció un acuerdo técnico para un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de US$1,400 millones, con desembolsos trimestrales sujetos a metas fiscales. El primer tramo, de US$113 millones se liberó en enero de 2025, destinado a “fortalecer las reservas brutas del banco central y respaldar la consolidación fiscal”, según el comunicado No. 24/485.
El programa exige un ajuste del balance primario del 3,5% del PIB en tres años, comenzando con recortes de 1,5% (US$1,200 millones) en 2025, focalizados en: La “Reducción del 12% en la masa salarial del sector público” por US$480 millones; el “recorte del 8% en transferencias a municipios”, por un monto de US$192 millones; y la “eliminación de subsidios a combustibles”, por un monto de US$310 millones.
El FMI enfatizó en su evaluación que “los riesgos asociados al proyecto Bitcoin deben mitigarse”, exigiendo que “las transacciones públicas con Bitcoin estén estrictamente delimitadas” y que “los impuestos solo puedan pagarse en dólares”, según la página 1 del comunicado. Además, el organismo demandó “mejorar la transparencia en la deuda pública, las empresas estatales y los contratos con beneficiarios finales”, en referencia directa al fideicomiso de $1.500 millones para compras de BTC, que aún no ha sido auditado externamente, según reportó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en abril de 2025. Respecto a la deuda, el FMI alertó que alcanzará un pico del 85% del PIB en 2024 (US$21.618 millones), con un costo financiero anual de US$1,890 millones (equivalente al 5,7% del PIB). El acuerdo prioriza reformas al sistema de pensiones, déficit -según el FMI- asciende al 2% del PIB (que es de US$480 millones).
“El canje de deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en mayo de 2023 fue calificado como default por Fitch Ratings”, según lo señala el informe de la calificadora del 7 de enero de 2025. El FMI condicionó futuros desembolsos a una “revisión integral de la sostenibilidad actuarial de las pensiones”, según la cláusula 4.2 del SAF, que también exige “incrementar la edad de jubilación de 60 a 65 años” para 2026.
De hecho, Fitch Ratings elevó la calificación de El Salvador de ‘CCC+’ a ‘B-’el 7 de enero de 2025, citando el “acceso restaurado a mercados internacionales” y el “programa del FMI como ancla de credibilidad”. No obstante, mantuvo un riesgo elevado en gobernanza (ESG Score 5/10) debido a “opacidad en contratos públicos y falta de supervisión independiente del fideicomiso Bitcoin”, según el informe. La agencia proyecta que la deuda pública se mantendrá en 87% del PIB hasta 2026, pero escalará al 93% en 2027 por el vencimiento de $5.700 millones (5,7% del PIB) en intereses capitalizados de la reestructuración de pensiones de 2023.
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