ROMINA: LIBERADA TRAS ACEPTAR HURTO Y DAÑOS A PNC

Por: Neftali Hernandez Pereira

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Desde antes de que cualquier juez dictara una resolución en su contra, Hamlet Rafael de Paz Escobar —conocida en redes sociales como Romina Escobar— ya había sido sometida a un proceso paralelo e informal: el del escrutinio público masivo. La tiktoker trans salvadoreña, cuya popularidad en TikTok le valió una base de seguidores considerable, se convirtió desde 2023 en objeto de denuncias ciudadanas, campañas de estigmatización digital y señalamientos de figuras públicas, incluido el alcalde Mario Durán, quien utilizó sus propias plataformas para referirse a ella de manera peyorativa. El acoso, que se alimentó de publicaciones donde Escobar aparecía en situaciones exhibicionistas —fotografías en baños públicos con escasa vestimenta y videos de corte provocador— anticipó y condicionó la manera en que la opinión pública recibiría cada una de sus detenciones.

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El expediente judicial de Romina Escobar comprende tres arrestos en menos de dos años, una conciliación, un sobreseimiento parcial y una resolución final que, aunque le devolvió la libertad, le impuso restricciones significativas sobre su vida cotidiana.

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Primera detención: agosto-octubre de 2024

El 13 de agosto de 2024, según la reconstrucción que haría posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR), Escobar abordó el vehículo de un conductor de transporte particular identificado como Víctor de la O y, presuntamente, lo amenazó con arma blanca para despojarlo de dinero.

La FGR presentó requerimiento el 27 de ese mismo mes, acusándola de robo y amenazas agravadas, y detalló haber rastreado el recorrido del vehículo desde el Salvador del Mundo hasta la 79 Avenida Norte mediante el sistema de cámaras Argus, además de haber solicitado registros a una plataforma de transporte privado.

Romina Escobar: mujer trans detenida y liberada tras denunciar agresión de su pareja

Sin embargo, la Audiencia Inicial celebrada ese mismo 27 de agosto en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador concluyó con un sobreseimiento definitivo en ambos cargos. La víctima revocó la instancia por el delito de amenazas y se retractó de la denuncia por robo. Escobar recuperó la libertad el mismo día y, fiel a su estilo mediático, declaró ante sus seguidores: “Se hizo justicia tal cual, y pues síganme en mis redes sociales y háganme la más famosa.”

Lo que el expediente no recogía, pero las redes sociales amplificaron sin filtros, era el nivel de animosidad que rodeaba el caso. Grupos conservadores y organizaciones de sociedad civil habían emprendido campañas para señalarla por sus contenidos en TikTok, considerados obscenos o inapropiados para espacios públicos. El artículo 171 del Código Penal salvadoreño sanciona las exhibiciones obscenas, y el artículo 36 de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador penaliza el comercio sexual en espacios públicos. Pese a ello, ninguna de esas denuncias ciudadanas prosperó formalmente en ese período.

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Segunda detención: enero de 2025

Apenas meses después de recuperar su libertad, Romina Escobar fue arrestada nuevamente. Esta vez, el detonante fue un video que ella misma habría publicado en redes sociales, en el que aparecía al interior de una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) portando una gorra policial. El contenido generó especulaciones sobre una relación íntima con un agente de la institución, aunque el supuesto efectivo no aparecía en las imágenes.

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APOSTAR / OPERAR

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La PNC y la Fiscalía actuaron de inmediato. Escobar fue detenida y acusada del delito de portación ilegal de uniforme policial, cargo que en El Salvador puede derivar en consecuencias penales graves. La acción reavivó el debate público sobre los vínculos entre personas de la comunidad trans y agentes del orden, y volvió a colocar a Escobar en el centro de una tormenta mediática que mezclaba morbo, ideología y escándalo institucional.

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La resolución judicial: libertad con condiciones

En 2026, un juzgado emitió una sentencia que marcó el cierre formal del proceso. Escobar confesó los delitos de hurto y daños, y reconoció ante el tribunal que en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol. El juez, valorando la confesión y las circunstancias del caso, le concedió una suspensión condicional del procedimiento, figura jurídica que permite evitar la condena efectiva a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones durante un plazo determinado.

Las condiciones impuestas son estrictas: Escobar deberá abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas, presentarse ante un juzgado de vigilancia cada dos meses, notificar cualquier cambio en su dirección de residencia, pagar $256.53 dólares en concepto de responsabilidad civil y abstenerse de cualquier acción —de palabra o de hecho— en contra de la PNC. Además, deberá devolver la gorra policial que apareció en el polémico video.

El plazo de la suspensión es de dos años. Durante ese período, Romina Escobar mantendrá suspendidos sus derechos de ciudadana, a pesar de no estar recluida. En un punto intermedio del proceso, el juez sobreseyó el cargo de uso y tenencia de uniformes policiales a petición de la propia Fiscalía, en lo que algunos observadores interpretaron como un reconocimiento implícito de la debilidad probatoria en ese extremo de la acusación.

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El caso de Romina Escobar no puede analizarse de forma aislada. En El Salvador, organizaciones de derechos humanos como AMATE El Salvador documentaron al menos 37 detenciones de personas LGBT durante el Régimen de Excepción, varias de ellas catalogadas como arbitrarias. La condición de ser mujer trans y creadora de contenido polémico la colocó en una posición de doble exposición: ante el sistema judicial y ante la violencia digital.

El hostigamiento en redes sociales que precedió y acompañó cada una de sus detenciones no es un fenómeno neutral. Expertos en comunicación digital advierten que la exposición sostenida de personas trans a campañas de estigmatización en línea incrementa su vulnerabilidad ante abusos —tanto institucionales como civiles— y dificulta que puedan acceder a procesos judiciales en condiciones de equidad real.

Romina Escobar sale del proceso judicial con la libertad recuperada pero condicionada, con su identidad pública permanentemente asociada a escándalos y arrestos, y con el peso de dos años de restricciones civiles. Lo que comenzó como videos controversiales en TikTok terminó siendo un expediente judicial con tres detenciones, una confesión, una multa de más de doscientos cincuenta dólares y la suspensión de sus derechos como ciudadana.

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