Por Camile Guzman
En El Salvador, una mujer que fiscaliza al poder rara vez es escuchada por lo que dice; con demasiada frecuencia es reducida a quién es. La licenciada Bethy Arana habló de salud, de conflicto de intereses y de la distancia entre propaganda y servicio público; la respuesta no fue un debate de fondo, sino una maquinaria de descrédito que la empuja al lugar histórico del “cuerpo disciplinado”: se le exige retractarse, se le caricaturiza, se le silencia. Ese patrón —más viejo que los códigos— revela una misoginia institucional que convierte la crítica jurídica en un “delito de osadía”.
La denuncia y el castigo
Arana señaló que diputados estarían invirtiendo en clínicas privadas, sugiriendo un conflicto de interés en medio de campañas tecnológicas como DoctorSV que no resuelven déficits estructurales del sistema. El diputado de La Unión, William Soriano, respondió con una amenaza de demanda por 50,000 dólares si no se retractaba, elevando el choque del plano técnico al escarmiento público. En el pulso no se discutió la evidencia de las inversiones ni la arquitectura de la política sanitaria; se puso precio al silencio de una mujer que demanda. Esa cifra, exhibida como advertencia, es un signo: el poder busca que la crítica “aprenda” a hablar menos y a obedecer más.
“Señora Bethy Arana, si usted no se retracta, tomaré acciones legales en las siguientes horas. ¿Otros $50,000 para el Hospital Benjamín Bloom?”
La pregunta que queda flotando no es jurídica, es cultural: ¿por qué la amenaza patrimonial antes que el contraste documental? ¿Por qué el castigo ejemplar a una mujer que denuncia, en lugar de abrir la contabilidad política a la luz pública?
Propaganda, salud y una oficina que vigila narrativas
El Ministerio de Salud declara entre sus objetivos “generar opinión positiva” y monitorear medios para encauzar el relato sobre servicios públicos. Eso no es, por sí mismo, un problema; toda institución comunica. El problema surge cuando la comunicación sustituye al debate técnico y la campaña eclipsa la evaluación independiente. DoctorSV puede ser útil, pero ninguna aplicación compensa la falta de insumos, personal y cobertura si no se acompaña de política sanitaria con indicadores auditables. En ese vacío, la crítica de Arana no es anómala, es necesaria; lo anómalo es que la respuesta oficial sea defensiva y punitiva, antes que verificable y transparente.
“Difundir… los objetivos, metas, acciones y programas del MINSAL, a través de la ejecución de estrategias y campañas publicitarias.”
Cuando la estrategia prioriza “opinión positiva”, la tentación de encuadrar la disidencia como “ruido” crece. Y si esa disidencia viene del cuerpo de una mujer, la historia nos enseña cómo suele etiquetarse: histérica, provocadora, desleal.
El linchamiento digital como método
Tras intervenciones previas de Arana —algunas desafortunadas, otras incómodas— las redes reaccionaron con virulencia: se viralizaron titulares que la presentaban como “cabeza hueca” hacia el pueblo salvadoreño, o se le ridiculizó por exigir que el presidente no hablara inglés en actos públicos. Esos episodios, amplificados en ecosistemas mediáticos, consolidan una figura útil para el escarnio: la abogada “excesiva”, la analista “ridícula”. Más allá de la valoración, el patrón importa: la conversación migra del contenido a la descalificación, y la crítica a políticas públicas se disuelve en memes e nsultos, un terreno que favorece al poder porque desactiva la pregunta incómoda: ¿quién gana con la privatización encubierta?.
“Las redes sociales… se han encendido tras las controversiales declaraciones de la abogada Bethy Arana…”“Sus declaraciones han generado diversas reacciones en redes sociales… en las que se burlan de sus análisis.”
El ataque no discute la estructura de financiamiento de salud, ni los incentivos de inversión privada en un sistema público con brechas; se concentra en el personaje, no en el argumento. Ese desplazamiento es un método.
Misoginia institucional: la crítica convertida en desacato
Cuando el poder responde con amenazas, escarnio y caricatura, la señal es clara: el Estado no está escuchando una jurista, está disciplinando a una mujer. La misoginia no es un insulto aislado; es un sistema de prácticas que convierte el disenso femenino en “provocación” castigable. En este caso, la sanción propuesta es económica y reputacional: se la obliga a retractarse bajo pena de daño patrimonial; se la cercan con etiquetas que minan su credibilidad antes de que el público pueda evaluar el fondo de su denuncia.
No es necesario estar de acuerdo con todas las afirmaciones de Arana para advertir el patrón. Una democracia robusta se prueba en su capacidad de procesar críticas —incluso las incómodas— con procedimientos, información y evidencia, no con castigos ejemplares ni campañas de desprestigio.
Conflictos de interés: ¿Existen participaciones accionarias de legisladores en clínicas privadas? ¿Qué marcos de transparencia y declaraciones patrimoniales están vigentes? La vía para responder no es el amedrentamiento, es la publicación de datos auditables y la fiscalización externa.
Eficacia de campañas tecnológicas: ¿Cuál es el impacto medible de DoctorSV en tiempo de espera, acceso a especialistas y abastecimiento de medicamentos? Sin métricas públicas, la “opinión positiva” es propaganda, no política sanitaria.
Debida protección a voces críticas: ¿Qué garantías ofrece el Estado para que mujeres en el espacio público puedan cuestionar sin sufrir represalias desproporcionadas? La libertad de expresión no puede depender del género ni del nivel de docilidad ante el relato oficial.
Estas preguntas no han recibido respuestas sustantivas en la arena pública; lo que sí hemos visto es una escalada de amenaza legal y espectáculo mediático.
El caso Arana no es solo un altercado; es un síntoma. Muestra cómo una crítica jurídica se convierte en un cuerpo a disciplinar cuando proviene de una mujer, y cómo la maquinaria comunicacional del Estado y sus aliados traslada el foco del fondo al ruido. Si queremos un debate honesto sobre salud pública y poder, urge salir del teatro del escarnio y entrar a la sala de evidencia: contratos, participaciones, indicadores, auditorías. Ahí se decide si la denuncia se sostiene o se cae; no en el volumen de la amenaza ni en el género de quien habla.
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