Por Camilo Guzmán
La muerte de una mujer por un disparo atribuido como “accidental” a un soldado en el Centro Histórico de San Salvador se ha convertido en un espejo incómodo del país. Más que un hecho trágico y aislado, el caso condensa el clima de tensión que atraviesa la sociedad salvadoreña: un control armado que se extiende sobre la vida civil, un régimen de excepción convertido en normalidad y una narrativa oficial que pide confianza mientras restringe el acceso a la verdad. En una zona cubierta por cámaras, bajo presencia constante de seguridad estatal, la clasificación del hecho como homicidio culposo no solo abre dudas técnicas; desnuda una grieta ética sobre el profesionalismo, la rendición de cuentas y el valor que el Estado otorga a la vida de sus ciudadanos.
La herida que deja este suceso va más allá de la familia afectada. En el plano psicosocial, la falta de información verificable genera un dolor ambiguo: una pérdida sin cierre posible. La comunidad transita entre la rabia, la desconfianza y la resignación. Se produce un fenómeno de duelo suspendido, donde la ausencia de verdad impide procesar el daño. A esa herida se suma la normalización del miedo: la presencia armada, presentada como símbolo de orden, se convierte en recordatorio cotidiano del riesgo. En un país donde los fusiles patrullan los parques, la gente aprende a moverse con cautela, a hablar con menos libertad, a observar más y confiar menos. El miedo deja de ser una emoción para transformarse en hábito social.
Aun sin desplazamientos físicos, se viven desplazamientos interiores. Comerciantes cambian rutinas, familias evitan ciertas zonas, y la ciudad pierde vitalidad. La vigilancia permanente sustituye a la convivencia. Esa contracción emocional de lo público erosiona la confianza colectiva y alimenta una sensación de vida bajo sospecha. En paralelo, la historia vuelve a interpelar el presente. En El Salvador, la violencia estatal no desaparece: se sedimenta. Desde 1932 hasta la guerra civil y el régimen actual, cada generación hereda una memoria que recuerda que el poder armado, sin control civil, tiende a expandirse más allá de sus límites legítimos.
El discurso de guerra contra el crimen, repetido diariamente, tiene consecuencias visibles en la salud mental colectiva. La exposición constante a imágenes de detenciones, armas y operativos crea una atmósfera de alerta permanente. La ansiedad, el insomnio y la irritabilidad se vuelven parte del paisaje emocional. Se instala una forma de indefensión aprendida: la idea de que nada cambia, que nadie responde. Esa percepción, más que cualquier dato estadístico, mide la temperatura moral de una sociedad.
Filosóficamente, lo que está en juego es la noción misma de excepción. Cuando la excepcionalidad se vuelve costumbre, deja de ser respuesta y se convierte en sistema. La discrecionalidad del mando reemplaza la soberanía de la norma. En ese desplazamiento silencioso, la dignidad humana se convierte en una variable subordinada a la eficiencia del control. La verdad técnica —balística, peritajes, videos— tiene sentido solo si se abre camino hacia la verdad pública: aquella que puede ser contrastada, verificada y comprendida por la ciudadanía. Sin esa transparencia, la verdad se encapsula y se transforma en versión oficial.
Un arma en manos del Estado no es solo un instrumento; es un signo que reordena el espacio civil. Su sola presencia cambia la conducta de los cuerpos, el tono de las conversaciones, la espontaneidad de la vida urbana. Por eso, cada arma en el espacio público debería estar sometida a reglas de exposición mínima, entrenamiento riguroso y supervisión civil independiente. La promesa de seguridad no puede sostenerse sobre la pérdida de dignidad. Un Estado que protege su narrativa antes que la vida de las personas compromete su legitimidad moral.
La gente quiere saber la verdad
En las redes sociales y foros ciudadanos, las reacciones al caso dibujan un patrón. Se exige la publicación de los videos, los peritajes, la bitácora de mando, los informes médicos. Se cuestiona la clasificación de homicidio culposo y se recuerda, una y otra vez, que “el patrón se repite”: primero fue 1932, luego la guerra, ahora el régimen. La frase que más se repite no pide dinero ni venganza, sino verdad: “Queremos justicia y garantías para que no vuelva a pasar”. El Centro Histórico, revitalizado como vitrina del orden, ahora se percibe como un espacio ambiguo, donde la autoridad inspira tanto resguardo como temor.
La historia salvadoreña explica esta desconfianza. La represión de 1932, los gobiernos cívico-militares del siglo XX, la guerra civil y las políticas de “mano dura” construyeron una relación tensa entre Estado y ciudadanía. Cada ciclo de violencia estatal ha dejado tras de sí una promesa incumplida de no repetición. Los Acuerdos de Paz separaron formalmente a los militares de la seguridad pública, pero no lograron disolver una cultura de control que, décadas después, ha vuelto a ocupar las calles bajo nuevas justificaciones. Hoy, el despliegue armado en la vida cotidiana se percibe como parte del paisaje: fusiles en plazas, retenes en rutas turísticas, patrullajes en escuelas y mercados.
El actual modelo de seguridad, basado en la disuasión intensiva, busca proyectar fuerza visible. En el terreno práctico, esa estrategia eleva el riesgo de errores fatales. Un arma de guerra en una zona densamente poblada transforma cualquier descuido en tragedia. Sin auditorías externas ni comisiones independientes que investiguen los incidentes, las lecciones institucionales se pierden y la excepción se perpetúa como doctrina. La ciudad se interpreta como teatro de operaciones, y el ciudadano como potencial sospechoso.
¿Y las pruebas científicas?
Las preguntas que siguen abiertas son tantas como necesarias. ¿Dónde están las grabaciones de las cámaras públicas y privadas del perímetro? ¿Quién garantiza su integridad? ¿Qué revelan los peritajes balísticos sobre trayectoria y distancia? ¿Por qué el arma estaba lista para disparar en un entorno turístico? ¿Quién supervisó el despliegue y con qué protocolos de entrenamiento? ¿Se justificó jurídicamente la clasificación del delito, o se utilizó para suavizar la responsabilidad? Cada una de estas preguntas no solo apunta a esclarecer un hecho, sino a medir la calidad del Estado que investiga.
Un país que presume cifras históricas de reducción de homicidios debe sostener, con igual rigor, la transparencia ante los abusos de su propia fuerza. La legitimidad no se mide solo por el número de capturas o la baja criminalidad, sino por la capacidad de rendir cuentas cuando se vulnera una vida inocente. Este caso exige verdad técnica abierta, control civil efectivo y reparación moral. No basta con un proceso judicial ni con una compensación económica: la reparación implica reconocer la dignidad lesionada de la comunidad y corregir aquello que permitió la tragedia.
La memoria salvadoreña no olvida. Cada bala disparada por el Estado exige una explicación pública que la contenga y la limite. Porque en última instancia, la seguridad sin derechos no es seguridad: es miedo con uniforme.
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