Por Alessia Genoves
El Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido prorrogado por la Asamblea Legislativa, extendiendo su vigencia por 34 ocasiones consecutivas. La política de seguridad fue aprobada con 57 votos a favor, mediante la dispensa de trámite de la Pieza de Correspondencia 1-A, durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 32, prolongando por 30 días más la suspensión de garantías constitucionales específicas.
La implementación del Régimen ha resultado en una reducción significativa de homicidios intencionados, disminuyendo de 496 en 2022 a 104 hasta septiembre de 2024, representando una reducción del 79.04%. El informe “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de la Organización Global Initiative sitúa a El Salvador en el puesto 52 de 193 países a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10.
Durante este período, se han registrado 82,963 detenciones bajo la presunción de pertenencia a maras o pandillas, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). De este total, el Estado ha “liberado 8,000 personas” consideradas “inocentes” tras ser sobreseídas, según declaraciones del presidente Nayib Bukele. A pesar del compromiso presidencial de “liberar al 100% de inocentes”, organizaciones adscritas al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad José Matías Delgado han documentado 6,250 denuncias de presuntas vulneraciones a derechos humanos y 347 presuntas muertes en Centros Penales entre marzo de 2022 y octubre de 2023.
El Régimen y sus implicaciones constitucionales
El Régimen de Excepción, fundamentado en el artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador, representa una medida extraordinaria que ha modificado sustancialmente el marco legal ordinario del país. La normativa establece la suspensión temporal de tres garantías constitucionales fundamentales que, según el texto constitucional, comprenden el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” establecido en el artículo 12, inciso 2º. Adicionalmente, la medida prolonga el período de detención administrativa de las 72 horas originales a 15 días, otorgando mayor margen de acción a las autoridades judiciales y policiales. El tercer elemento suspendido es la inviolabilidad de la correspondencia, contemplada en el artículo 24, permitiendo la revisión e interceptación de comunicaciones sin requerimiento de orden judicial previa.
La implementación de estas medidas extraordinarias ha requerido la evaluación y aprobación continua por parte de la Asamblea Legislativa, que ha determinado en 34 ocasiones consecutivas la persistencia de “circunstancias concomitantes que lo motivaren”, acumulando 1,020 días de vigencia ininterrumpida desde su implementación inicial. Cada prórroga ha sido respaldada consistentemente con mayoría calificada, manteniendo activa la suspensión de garantías constitucionales como instrumento central de la política de seguridad pública del Estado salvadoreño.
Divergencias en reportes y cifras oficiales
Las estadísticas presentadas por diversas organizaciones evidencian discrepancias significativas en el registro y seguimiento de los efectos del Régimen. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 347 fallecimientos en recintos penitenciarios durante el período comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y noviembre de 2024, mientras que Cristosal, por su parte, registra 224 muertes entre marzo de 2022 y abril de 2024. Esta disparidad en las cifras refleja la complejidad en el seguimiento y verificación de los casos dentro del sistema penitenciario.
Las declaraciones de la representante legal del SJH, Ingrid Escobar, han presentado variaciones significativas respecto al perfil de los fallecidos. En una entrevista realizada el 28 de diciembre de 2023, afirmó que el “94% eran inocentes”, mientras que en sus declaraciones del 24 de febrero de 2024 en el programa Entrevista con Julio Villagrán de TVX, señaló que “cerca del 99%” correspondían a “colaboradores de pandillas”, añadiendo que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”. Estas inconsistencias en la caracterización de las víctimas han generado debates sobre la precisión y confiabilidad de los datos presentados.
Denuncias y presuntas vulneraciones reportadas
El panorama de las denuncias por presuntas vulneraciones a derechos humanos presenta una compleja red de registros institucionales. El consolidado de denuncias alcanza 6,305 casos, según el registro conjunto de organizaciones como Cristosal, que documenta 3,786 denuncias, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) con 1,283 casos, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) con 387 reportes, Azul Originario (AZO) con 354 casos, la Red de Defensora de Derechos Humanos con 50 denuncias y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) con 383 reportes.
Las cifras presentadas por Amnistía Internacional elevan significativamente el número de casos, reportando 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos específicos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023. Estos datos deben contextualizarse con el total de 82,963 detenciones reportadas por el MJSP, que superan las estimaciones iniciales gubernamentales de 76,600 pandilleros en libertad desde 2018.
Resultados y controversias del Régimen
La Fiscalía General de la República (FGR) ha registrado una reducción sostenida en los índices de homicidios, documentando 104 homicidios intencionales hasta septiembre de 2024, distribuidos en 34 casos relacionados con delincuencia general, 35 vinculados a intolerancia social y 45 asociados a intolerancia familiar. Esta cifra representa una disminución del 79.04% respecto a los 496 homicidios registrados en 2022, y una reducción aún más significativa en comparación con los 2,439 homicidios reportados en 2019.
Homicidios Intencionales – 2024
Distribución mensual por categoría: Delincuencia General, Intolerancia Social y Familiar
La evolución mensual de los homicidios muestra una transformación radical en el panorama de seguridad del país. El promedio mensual ha descendido de 203 homicidios en 2019 a 11.6 en 2024, mientras que el primer semestre de 2024 cerró con 61 homicidios, evidenciando una reducción del 95% en comparación con el mismo período de 2019. El desglose mensual de 2024 refleja variaciones significativas: enero registró 9 homicidios, febrero 8, marzo 13, abril 7, mayo 16, junio 8, julio 15, agosto 20 y septiembre 8.
A pesar de estos resultados estadísticos, organizaciones como el SJH, Idhuca, Fespad y Justicia Internacional mantienen activa su solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la derogatoria del Régimen. El Ejecutivo, según lo indicó el ex-ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, defiende la efectividad de su estrategia no solo por la reducción de homicidios, sino también por el impacto económico positivo, incluyendo la eliminación del “impuesto” de las extorsiones que representaba más de $1,000 millones del PIB anual. Adicionalmente, señalan beneficios como la expansión del mercado interno y la generación de nuevas oportunidades laborales, argumentando que estos resultados justifican la continuidad de las medidas extraordinarias.
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