Por Alessia Genoves, Carlos Arita y Neftalí Pereira
2,204 mujeres en situación de violencia intrafamiliar fueron atendidas por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el año 2025, según información oficial proporcionada por la institución. Este registro se produce en un contexto donde Ormusa documentó 26 feminicidios durante el mismo período, representando una reducción del 43.4% en comparación con los 46 casos registrados durante 2024, mientras que la PNC reportó 82 homicidios intencionados al cierre del año fiscal 2025, contrastando con los 114 casos del año anterior.
La PGR otorgó durante 2025 un total de 16,906 asistencias legales, 10,419 asistencias psicológicas y 3,102 asistencias sociales a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, estableciendo que “una misma usuaria puede haber recibido más de una asistencia durante su proceso de atención, según sus necesidades y la etapa del caso”, conforme detalla el documento oficial de la institución. El promedio mensual de atenciones fue de aproximadamente 184 mujeres durante 2025, evidenciando una demanda sostenida durante todo el año fiscal, con octubre registrando el mayor número de atenciones con 233 casos, seguido por julio con 208 casos y mayo con 193 casos, mientras que abril fue el mes con menor registro con 140 casos.
Durante los primeros meses de 2026, Ormusa registró 5 casos de violencia intrafamiliar e intentos de feminicidio entre el 1 de enero y el 24 de febrero, con 1 caso en enero y 4 casos en febrero, estableciendo “una tendencia preocupante en un período corto de tiempo, lo que constituye una alerta temprana de la violencia de género en el ámbito de la familia, desde el análisis de riesgo feminicida”, según documentación de la organización.
Violencia intra-familiar se arreció en octubre (233), con mayores casos en San Salvador (666)
El comportamiento mensual de las 2,204 atenciones por violencia intrafamiliar durante 2025 mostró variaciones significativas a lo largo del año fiscal, con enero registrando 184 casos, febrero 180 casos, marzo 186 casos, abril 140 casos, mayo 193 casos, junio 180 casos, julio 208 casos, agosto 175 casos, septiembre 190 casos, octubre 233 casos, noviembre 174 casos y diciembre 161 casos, según datos de la PGR procesados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR). El documento oficial establece que “el promedio mensual fue de aproximadamente 184 mujeres atendidas, lo que evidencia una demanda sostenida durante todo el año”, destacando que octubre concentró el pico más alto con 233 atenciones, representando un incremento del 26.1% respecto al promedio anual.
Los meses de julio y mayo ocuparon el segundo y tercer lugar con 208 y 193 atenciones respectivamente, mientras que abril representó el punto más bajo del año con 140 casos. La institución señala que “este comportamiento confirma que la violencia intrafamiliar no es un fenómeno estacional, sino constante”, estableciendo un patrón de persistencia durante todos los meses del año fiscal 2025.
La distribución territorial de las 2,204 atenciones durante 2025 revela que San Salvador concentró el 30% del total nacional con 666 casos, seguido por San Miguel con 13% equivalente a 295 casos y Ahuachapán con 9% representando 190 casos, según la desagregación geográfica proporcionada por la PGR. La Libertad registró 145 casos, Sonsonate 148 casos, Chalatenango 129 casos, Santa Ana 129 casos, Usulután 92 casos, Morazán 90 casos, Cabañas 88 casos, La Unión 81 casos, Cuscatlán 65 casos, San Vicente 44 casos y La Paz 42 casos durante el mismo período.
Ormusa destaca que “esta concentración puede estar relacionada con factores poblacionales, mayor urbanización y acceso a servicios; sin embargo, también podría reflejar brechas territoriales en el acceso a la atención institucional”, identificando posibles disparidades en la cobertura de servicios especializados en áreas rurales o departamentos con menor densidad poblacional. La correlación entre los departamentos con mayor registro de violencia intrafamiliar y aquellos con mayores índices de feminicidios documentados por Ormusa durante 2025 sugiere patrones territoriales de riesgo que requieren atención diferenciada por parte de las autoridades competentes.
El 93% de las mujeres atendidas durante 2025, equivalente a 2,056 casos, se encuentra en el rango de 18 a 59 años, es decir, mujeres en edad productiva y reproductiva, mientras que 122 mujeres (6%) tenían 60 años o más, evidenciando que la violencia también afecta a mujeres adultas mayores quienes pueden enfrentar mayores condiciones de dependencia y vulnerabilidad, según el desglose por grupos etarios proporcionado por la PGR. Adicionalmente, 22 niñas y adolescentes (1%) fueron atendidas por violencia intrafamiliar, lo que refleja la necesidad de intervenciones diferenciadas para niñez y adolescencia. Cuatro casos no especificaron grupo de edad en los registros institucionales.
El documento oficial establece que “esta distribución por edad confirma que la violencia impacta de manera significativa a mujeres adultas, pero también afecta a niñas y mujeres mayores, quienes requieren medidas de protección específicas”, destacando la necesidad de enfoques interseccionales que consideren las particularidades de cada grupo etario en la respuesta institucional ante situaciones de violencia intrafamiliar.
Feminicidios caen durante el Régimen de Excepción (-43.4%)
Los 26 feminicidios documentados por Ormusa durante 2025 representan el nivel más bajo registrado en comparación con los 46 casos del año fiscal 2024, estableciendo una reducción del 43.4% entre ambos períodos. Esta disminución mantiene la tendencia descendente observada desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022, cuando la FGR registró 496 homicidios intencionados al cierre del año fiscal, cifra que se redujo a 154 casos en 2023 y posteriormente a 114 casos en 2024, hasta alcanzar los 82 homicidios reportados por la PNC al 31 de diciembre de 2025.
El análisis comparativo de los tres años fiscales (2023-2025) muestra que la reducción de feminicidios se enmarca dentro de una disminución general de homicidios intencionados, donde “el año 2024 finalizó con 114 homicidios, una reducción del 26.0% respecto a 2023” cuando se registraron 154 casos, mientras que 2025 cerró con 82 homicidios, representando una disminución adicional del 28.1% respecto al año anterior, según datos del reportaje “46 Régimen: Homicidios caen al 79% ¿470 muertes en cárcel?” de la periodista Alessia Genoves.
La distribución por categorías de los homicidios intencionados durante el período 2023-2024 evidencia cambios sustanciales en los patrones de violencia letal. Durante 2023, “la distribución por categorías evidenció un cambio: la delincuencia general registró 53 casos (34.4%), la intolerancia social 54 (35.1%) y la intolerancia familiar 47 (30.5%)” del total de 154 homicidios, mientras que durante 2024, “la delincuencia general representó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 (29.8%) y la intolerancia familiar 47 (41.2%)” del total de 114 homicidios, según establece el análisis de la FGR.
Este desplazamiento gradual hacia motivos relacionados con dinámicas interpersonales y familiares en contraposición a la violencia asociada con estructuras criminales organizadas resulta particularmente relevante al contrastar estos datos con las 2,204 atenciones por violencia intrafamiliar registradas por la PGR durante 2025, sugiriendo que la persistencia de violencia en contextos familiares representa un factor de riesgo para la escalada hacia formas letales de agresión contra las mujeres.
Para el período de enero a octubre de 2025, la FGR había reportado preliminarmente “un total de 71 homicidios intencionados”, cifra que contrasta significativamente con “los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022 (enero-octubre), lo que representa una reducción del 78.0%”, estableciendo que el promedio mensual de homicidios “pasó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 7.1 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.5%”.
Violencia intra-familiar con Riesgo Feminicida (5)
5 casos de violencia intrafamiliar e intentos de feminicidio fueron registrados por Ormusa entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, con 1 caso documentado en enero y 4 casos entre el 1 de enero y el 24 de febrero, según el monitoreo de medios de comunicación realizado por la organización. El documento establece que “el incremento registrado en febrero evidencia una tendencia preocupante en un período corto de tiempo, lo que constituye una alerta temprana de la violencia de género en el ámbito de la familia, desde el análisis de riesgo feminicida”, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta institucional ante posibles escaladas de violencia.
La desagregación geográfica de estos casos muestra que San Miguel registró 2 casos, mientras que Santa Ana, La Libertad y La Paz reportaron 1 caso cada uno durante el período enero-febrero 2026. El análisis de la organización señala que “la violencia intrafamiliar contra las mujeres no está focalizada en un solo territorio o región, se presenta en distintas zonas del país, lo que confirma su carácter estructural, derivado de patrones culturales discriminatorios contra las mujeres”, estableciendo la necesidad de respuestas institucionales que trasciendan enfoques meramente localizados.
El análisis de la relación víctima-agresor en los 5 casos registrados durante enero-febrero 2026 muestra un patrón claro donde 4 agresores eran parejas de las víctimas, representando el 80% del total, mientras que 1 agresor era el padre de la víctima, equivalente al 20% de los casos. El documento de Ormusa establece que “esto confirma que el principal riesgo para las mujeres se encuentra en relaciones de confianza o familiares, donde existen desigualdades de poder, control y violencia sostenida en el machismo y misoginia”, destacando los elementos estructurales que facilitan la perpetración de violencia contra mujeres en contextos de intimidad y convivencia familiar. Los casos documentados ocurrieron en contextos de violencia intrafamiliar dentro del ámbito de convivencia familiar o de pareja, estableciendo patrones de agresión que incluyen golpes múltiples, agresiones con armas, lesiones graves y homicidios.
Santa Ana registró el caso de “una mujer de 86 años recibió múltiples golpes en la cabeza por parte de su cónyuge (pareja)”, según se detalla en el monitoreo de medios de Ormusa. En La Libertad, “en un contexto de agresión contra una mujer por parte de su pareja, su hijo intervino ante el agresor para defenderla”, documentándose un caso donde La Prensa Gráfica reportó el 19 de febrero de 2026 que un hombre fue arrestado “acusado de quemar vivo a su padrastro mientras defendía a su madre en La Libertad Costa”. En La Paz, una “mujer agredida dentro de un vehículo por su pareja; el agresor fue capturado e identificado como agente de la Policía Nacional Civil”, según se documenta en la nota publicada el 23 de febrero de 2026 por La Prensa Gráfica titulada “Arrestan a policía acusado de lesionar a su pareja en La Paz”.
San Miguel registró dos casos durante el período analizado. El primero establece que “en Sesori, una adolescente resultó lesionada y un joven de 23 años fue asesinado por su padre, utilizando un arma de fuego”, según reportó La Prensa Gráfica el 23 de febrero de 2026 en la nota “Reportan presunto ataque de un hombre contra sus hijos: uno falleció y hay una menor de edad herida”.
La PNC detalló el 23 de febrero de 2026 que “atendimos una denuncia de violencia intrafamiliar en Sesori, San Miguel Norte. Un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus dos hijos; una menor de edad resultó lesionada y se encuentra fuera de peligro, mientras que, lamentablemente, un joven de 23 años falleció cuando era trasladado al hospital. Nuestros policías ubicaron al agresor; sin embargo, este disparó contra un agente, por lo que se respondió en legítima defensa. El sujeto fue identificado como Héctor Mario Lara, de 65 años, quien falleció en el lugar. Como Policía Nacional Civil, actuamos conforme a la ley ante cualquier hecho de violencia”.
El segundo caso de San Miguel documenta que “en otro hecho en San Miguel, un hombre agredió a su pareja e hijos, luego murió tras enfrentarse a personal policial”, según se establece en la publicación del 19 de febrero de 2026 de La Prensa Gráfica titulada “Hombre señalado de agredir a su familia y huir donde su madre murió tras seguimiento e intervención policial”.
La PNC informó el 23 de febrero de 2026 que “atendimos un caso de violencia intrafamiliar en el distrito de Uluazapa, San Miguel. Tras recibir una denuncia sobre un hombre que agredía a su esposa e hijos, nuestros agentes acudieron al lugar. El agresor huyó hacia la vivienda de su madre; al darle seguimiento e intentar someterlo, se abalanzó contra el personal policial con un arma blanca, por lo que se hizo uso legítimo de la fuerza. El sujeto, identificado como Ever Antonio Gómez Benítez, de 43 años, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, quien falleció en el camino. Reafirmamos nuestro compromiso de proteger la vida de las víctimas y actuar conforme a la ley”.
## Intervenciones policiales en casos de violencia intrafamiliar durante marzo 2026: letalidad en contextos de resistencia a la autoridad
El 3 de marzo de 2026, la PNC atendió un caso de violencia intrafamiliar en Teotepeque, La Libertad Costa, donde “un hombre lesionó con corvo a una mujer de 39 años, cuando llegaron los policías intentaron detenerlo pero este se abalanzó con el corvo contra un agente quien actuó en legítima defensa. El sujeto identificado como Ernesto Antonio Montoya, fue trasladado a una unidad de salud donde falleció. Como Policía Nacional Civil, tenemos el deber de proteger la vida de las víctimas, el actuar de nuestros efectivos de seguridad es conforme a la ley”.
Este caso representa el sexto episodio de violencia intrafamiliar documentado durante los primeros dos meses de 2026, estableciendo un patrón de tres casos donde los agresores resultaron fallecidos tras enfrentamientos con personal policial durante las intervenciones de protección a las víctimas, todos ellos caracterizados por el uso de armas blancas o de fuego por parte de los agresores y la respuesta policial bajo el argumento de legítima defensa.
El análisis de Ormusa establece que “la violencia contra las mujeres ocurre principalmente en entornos de confianza”, destacando que estos casos “reflejan riesgos graves para la vida y seguridad de las mujeres en el ámbito familiar, afectando gravemente a niñez, adolescentes y jóvenes que también son víctimas directas de esta modalidad de violencia, que puede resultar mortal para las mujeres, sus hijos e hijas”. La recurrencia de casos donde los agresores portan armas y oponen resistencia violenta ante la intervención policial establece patrones de escalada de violencia que requieren protocolos especializados de atención inmediata para protección de las víctimas y manejo de situaciones de alto riesgo.
Los tres casos documentados en San Miguel y La Libertad durante febrero-marzo 2026 donde agresores fallecieron tras enfrentamientos con autoridades policiales evidencian la necesidad de evaluaciones de riesgo previas a las intervenciones policiales en contextos de violencia intrafamiliar, considerando que en todos estos episodios existían menores de edad o mujeres en situación de vulnerabilidad directamente afectadas por las agresiones.
Violencia intrafamiliar como factor de riesgo feminicida
En 2025, Ormusa registró “un total de 27 casos de intentos de feminicidios, a través del monitoreo de medios de comunicación; además de 26 feminicidios/muertes violentas de mujeres, la mitad de ellas causados por parejas y ex parejas de las víctimas”, estableciendo la conexión directa entre violencia intrafamiliar y letalidad contra mujeres. El documento señala que “los cinco casos registrados en los primeros meses de 2026 representan más que cifras. Estas situaciones reflejan riesgos graves para la vida y seguridad de las mujeres en el ámbito familiar, afectando gravemente a niñez, adolescentes y jóvenes que también son víctimas directas de esta modalidad de violencia, que puede resultar mortal para las mujeres, sus hijos e hijas”, destacando la dimensión intergeneracional de la violencia intrafamiliar.
La organización establece que “la violencia intrafamiliar viola distintos derechos humanos de las mujeres, entre ellos el Derecho a la vida y el derecho a una vida libre de violencia”, fundamentando su análisis en el marco normativo de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
El contraste entre las 2,204 atenciones por violencia intrafamiliar registradas por la PGR durante 2025 y los 26 feminicidios documentados por Ormusa durante el mismo período establece que aproximadamente el 1.2% de los casos de violencia intrafamiliar atendidos institucionalmente derivaron en muerte violenta de mujeres, aunque esta proporción no considera los casos de violencia no denunciados o no registrados por el sistema institucional. La relación entre los 27 intentos de feminicidios y los 26 feminicidios consumados durante 2025 documenta que prácticamente por cada feminicidio consumado existió un intento de feminicidio, estableciendo la relevancia de intervenciones oportunas en casos de violencia con características de alto riesgo.
Durante los primeros meses de 2026, el incremento de 1 caso en enero a 5 casos acumulados hasta el 24 de febrero, más el caso adicional del 3 de marzo, establece un total de 6 casos de violencia intrafamiliar con características de alto riesgo o letalidad en apenas dos meses, representando un ritmo de ocurrencia superior al promedio mensual de feminicidios registrado durante 2025, lo que Ormusa califica como “una tendencia preocupante” que requiere respuesta inmediata de las instituciones del Estado salvadoreño responsables de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
El documento de Ormusa establece que “además de las vulneraciones a los derechos de las mujeres, la violencia intrafamiliar conlleva graves impactos intergeneracionales, afectando de manera directa a la niñez, adolescentes y jóvenes, esto conlleva a traumas, reproducción futura de patrones violentos, normalización de la violencia en el hogar y afectaciones negativas en sus proyectos de vida”, destacando las consecuencias de largo plazo de la exposición a violencia en contextos familiares.
La organización señala que “los riesgos se agravan cuando se suman factores como acceso a armas, antecedentes no denunciados, relaciones de dependencia emocional o económica, lo cual reitera la necesidad de fortalecer la prevención y protección institucional“, estableciendo elementos específicos que incrementan el riesgo de letalidad en casos de violencia intrafamiliar. El análisis identifica que “en conjunto, los casos y cifras analizadas a partir del monitoreo de medios de comunicación, evidencian patrones de violencia intrafamiliar reiterada, donde el agresor ejerce control y dominación en el ámbito privado, con escaladas progresivas que pueden culminar en letalidad”.
Mareros implicados en feminicidios y violencia intrafamiliar
Pedro Julio Ortiz Campos, alias Bestia, identificado como gatillero de la MS13, fue capturado el 25 de enero de 2025 en el caserío Apancoyo, cantón Salinas de Ayacachapa, en Sonsonate. La PNC informó que “este gatillero de la MS13 es Pedro Julio Ortiz Campos, alias Bestia, quien asesinaba a personas en nombre de la pandilla. En 2006 fue deportado y procesado de Estados Unidos por traslado y venta de cocaína, además de violencia intrafamiliar. En ese mismo año fue detenido en El Salvador por agresión sexual en menor e incapaz agravada. Lo capturamos en el caserío Apancoyo, cantón Salinas de Ayacachapa, en Sonsonate. Será procesado por agrupaciones ilícitas además de ser investigado por otros hechos ligados a la clica Miravalles Locos Salvatruchos. Uno más para el CECOT”.
Este caso establece la intersección entre violencia intrafamiliar, violencia sexual contra menores de edad y participación en estructuras criminales organizadas, documentando antecedentes de violencia intrafamiliar desde 2006 en sujetos posteriormente procesados por delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.
Boris Oswaldo Miranda, alias Silvestre, homeboy de la pandilla 18R, fue capturado el 30 de noviembre de 2023 en el cantón Planes de Renderos, Panchimalco. La PNC detalló que “Boris Oswaldo Miranda, alias Silvestre, es un homeboy de la 18R que delinquía en diferentes zonas de Panchimalco. Cuenta con antecedentes por daños, violencia intrafamiliar y expresiones de violencia contra las mujeres. Lo capturamos en el cantón Planes de Renderos, Panchimalco. Este sujeto ya no será un peligro para los salvadoreños, ya que enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas y será investigado por otros delitos” de las comunicaciones oficiales de la institución. El caso documenta antecedentes específicos tanto por violencia intrafamiliar como por expresiones de violencia contra las mujeres, estableciendo patrones de violencia de género en sujetos vinculados a estructuras pandilleriles que posteriormente son procesados por agrupaciones ilícitas.
Edwin Edgardo Ramos Barrientos, alias el Pili, identificado como terrorista de la pandilla Máquina, fue detenido el 30 de mayo de 2023 en Santa Ana. La PNC informó que “Edwin Edgardo Ramos Barrientos, alias el Pili, es un terrorista de la pandilla Máquina, será procesado por agrupaciones ilícitas. Cuenta con orden vigente por violencia intrafamiliar y antecedentes por lesiones graves y resistencia. Fue detenido por nuestros equipos en Santa Ana”.
El 14 de febrero de 2023, la PNC procesó a un sujeto por “los delitos de: -Lesiones -Violencia intrafamiliar -Expresiones de violencia. A todo aquel que atente contra la integridad física, moral y vida de otras personas será encarcelado”.
Estos casos documentan la recurrencia de antecedentes por violencia intrafamiliar en sujetos posteriormente procesados por delitos de mayor gravedad, estableciendo patrones de escalada de violencia que inician en contextos familiares y posteriormente se extienden hacia formas de criminalidad organizada.
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