Por Alessia Genoves
2 muertes violentas de personas LGBT se han registrado en El Salvador en 2026: Yoisy Villalta, mujer trans hallada sin vida en Tacuba, Ahuachapán, el 4 de septiembre, ocho días después de su desaparición; y un hombre asesinado al interior de una vivienda en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana Oeste, el 22 de septiembre, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición y por cuyo crimen fue capturado Anderson Alexis Deras Carpio. Los hechos se suman a los 922 hechos de violencia contra personas LGBT registrados por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), de 2023 a 2025.
Esos 922 hechos victimizantes contra personas LGBT han sido documentados en el informe “Restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGTBI en El Salvador 2023-2025”, presentado por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) con el apoyo de Abogados sin Fronteras Canadá, con 11 tipologías de violencia identificadas y solo 58 denuncias formales, equivalentes al 6.3% del total, lo que deja 864 casos sin denuncia formal y un 93% de los hechos sin respuesta institucional.
890 homicidios intencionados, en paralelo, registró la Fiscalía General de la República (FGR) entre enero de 2022 y agosto de 2026: 496 en 2022, 154 en 2023, 114 en 2024, 82 en 2025 y 44 en 2026, con una reducción interanual del 83.5% entre 2022 y 2025. El Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, vigente desde el 27 de marzo de 2022 mediante el Decreto Legislativo n.° 333, fue prorrogado por última vez el 28 de agosto de 2026 por treinta días más, hasta el 27 de septiembre de 2026, con un balance 92,959 capturas y más de 1,299 días sin homicidios. No obstante, la PNC había identificado, en el año 2017, que el número de pandilleros activos era de 76,600; por lo que la diferencia entre la crifra actual es de más de 15,000 personas que han sido detenidas y otras que han sido liberadas tras haber comprobado su inocencia formalmente; y entre las cuales, unos 8 mil inocentes han sido restituídas en libertad a noviembre de 2024, según lo declaró, en su visita a Costa Rica, el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Descuartizado por su “pareja sentimental” en Santa Ana
22 de septiembre de 2026, la PNC reportó un homicidio en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana Oeste. La víctima es un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. Equipos policiales de Inteligencia e Investigaciones trabajaron para capturar al responsable. 24 de septiembre, el titular de la PNC, Gustavo Villatoro, confirmó la captura de Anderson Alexis Deras Carpio, “responsable de cometer un homicidio al interior de una vivienda en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Después de asesinar a un hombre con quien tenía una relación sentimental, este sujeto intentó huir en la misma zona, pero fue localizado y capturado”.
Villatoro añadió: “Ahora deberá responder ante la ley por sus actos. No tendremos piedad con todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño. A este homicida le espera una larga condena en prisión”. La PNC contabilizó este caso como el único homicidio del 22 de septiembre en el país, en un día en que finalizó con 1 homicidio. Este caso, junto al de Yoisy Villalta, representa una de las dos únicas muertes de personas LGBT registradas en 2026, según los registros de organizaciones de la diversidad sexual. Ninguno de los dos ha sido clasificado oficialmente como homicidio intencionado por la PNC.
Yoisy Villalta: Hallada muerta 8 días después de desaparición
Yoisi Villalta, nombre con el que es conocida la muer trans Edgardo Villalta, tenía 36 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, a 8 días después de su desaparición reportada el 27 de agosto. La mujer trans se dedicaba a “la venta de tortas en Texistepeque y era reconocida por su labor solidaria con brigadas de salud sexual”, según lo expuso la Organización Colectivo Alejandrías.
La PNC no ha confirmado la causa de muerte ni ha clasificado el caso como homicidio intencionado, por lo que el deceso permanece en investigación sin dictamen forense definitivo. La Federación Salvadoreña LGBTI, en su nota de duelo, afirmó: “Yoisi vendía tortas en Texistepeque. Trabajaba largas jornadas y, desde su puesto, compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que recorrían la zona. Generosa, trabajadora y solidaria. Esa era Yoisi”. La organización también denunció que “Yoisi no fue buscada por el nombre con el que vivía y era conocida. Negar el nombre y la identidad de una persona trans también es violencia”.
84 homicidios intencionados de personas LGBT entre 2017 y 2026 documentó la Federación Salvadoreña LGBTI, con una tendencia descendente que pasa de 26 casos en 2017 a 1 en 2026, precisamente el caso de Yoisi Villalta, aunque la PNC no lo refleja en sus estadísticas oficiales. Al cierre de ésta nota, por otra parte, la Federación aún no ha divulgado la actualización de su último balance relacionado con la muerte de la supuesta pareja sentimental de Anderson Alexis Deras Carpio, quién último fue expuesto por el vice-ministro Gustavo Villatoro, definiéndo implícitamente a la víctima como miembro de la población LGBT. De hecho, el trabajo de las autoridades ha conseguido, a la fecha, la detención y condena de hasta 31 personas vinculadas en el asesinato de 14 mujeres trans y personas homosexuales, desde 2018 a 2025.
85 homicidios LGBT 2017 – 2026. 890 homicidios intencionados 2022 – agosto 2026
85 homicidios intencionados de personas LGBT documenta Diario Fuentes y la Federación Salvadoreña LGBTI entre 2017 y 2026, registrando el correspondiente a Yoisy Villalta, mujer trans; pero sin actualizar el registro del hombre asesinado en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana Oeste, el 22 de septiembre, por cuyo crimen fue capturado Anderson Alexis Deras Carpio. En paralelo, 890 homicidios intencionados registraron la PNC y la FGR entre enero de 2022 y agosto de 2026.
Diario Fuentes evidencia que el desglose anual de homicidios, divulgados en entrevistas directas con la representante de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans) Bianca Rodríguez, así como de recopilaciones propias efectuadas por éste medio, inicia con un registro de 26 casos de homicidios en 2017; 16 homicidios en 2018; 10 homicidios en 2019; 8 homicidios en 2020; otros 8 en 2021; además de unos 7 homicidios en 2022; 6 homicidios en 2023, 2 homicidios en 2024; cero en 2025 y los últimos 2 homicidios a personas LGBT en 2026
La PNC y la FGR, por su parte, detallan un registro de 496 homicidios intencionados de la FGR y la PNC —429 por Delincuencia General, 36 por Intolerancia Social y 31 por Intolerancia Familiar— coincidieron con los 7 homicidios de personas LGBT que documentó la Federación Salvadoreña LGBTI ese año, una diferencia de 489 casos que refleja la magnitud del subregistro oficial frente a la violencia letal contra la población LGBT. En 2023, los 154 homicidios intencionados —53 por Delincuencia General, 54 por Intolerancia Social y 47 por Intolerancia Familiar— se registraron junto a 6 homicidios LGBT documentados por la Federación, con una diferencia de 148 casos.
En 2024, los 114 homicidios intencionados —33 por Delincuencia General, 34 por Intolerancia Social y 47 por Intolerancia Familiar— coincidieron con 2 homicidios LGBT, una diferencia de 112 casos. En 2025, los 82 homicidios intencionados —8 por Delincuencia General, 43 por Intolerancia Social y 31 por Intolerancia Familiar— se registraron junto a 0 homicidios LGBT, según la Federación. En 2026, hasta agosto, los 44 homicidios intencionados —7 por Delincuencia General, 12 por Intolerancia Social y 15 por Intolerancia Familiar— se registraron junto a 2 homicidios LGBT: Yoisy Villalta y la víctima de San Sebastián Salitrillo, ambos sin confirmación oficial de homicidio intencionado por parte de la PNC.
A nivel regional, unas 47 muertes violentas de personas LGBTIQ+ reportó la Asociación Lambda en Guatemala en 2024, y 7 en el primer trimestre de 2026, mientras que el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Asociación Lambda documentó 27 homicidios de hombres gais, 7 de hombres bisexuales, 6 de lesbianas, 6 de mujeres trans y 1 de persona queer, según su base de datos totalizada, y la organización indicó que menos del 5% de los crímenes violentos contra personas LGBTI resultan en algún tipo de procesamiento.
Asímismo, unas 138 muertes violentas de personas LGBTI documentó Cattrachas en Honduras entre 2023 y 2026, con 48 casos en 2023, 31 en 2024, 39 en 2025 y 20 en 2026, y 27 muertes violentas de personas LGBTI en lo que va de 2026, con el departamento de Francisco Morazán concentrando 44 casos, seguido de Cortés con 21, Atlántida con 16 y Choluteca con 13. Las víctimas hondureñas se distribuyen en 77 hombres gais, 24 lesbianas y 37 personas transexuales, y el histórico de Cattrachas, que abarca de 1994 a 2025, suma 584 muertes violentas de personas LGBTI, con picos en 2023 (52 muertes), 2022 (44) y 2019 (41), y solo dos casos cuentan con sentencias con el agravante de discriminación. Estas cifras regionales evidencian que la violencia contra la población LGBTIQ+ persiste en Centroamérica, con mayor tendencia en Honduras y Guatemala, y una tendencia a la baja en El Salvador, aunque con casos aislados como el de Yoisy Villalta y el hombre asesinado en San Sebastián Salitrillo que requieren una respuesta de la PNC y de la FGR para esclarecer su paradero.
ASPIDH: “30% agresiones proviene de agentes estatales y 93% casos queda sin denuncia formal”
922 hechos victimizantes documenta el informe “Restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGTBI en El Salvador 2023-2025”, presentado por ASPIDH y Abogados sin Fronteras Canadá, en el periodo 2023-2025, con 11 tipologías de violencia identificadas: discriminación, amenazas, acoso, agresiones físicas, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, detención ilegal, extorsión, desplazamiento forzado interno, maltrato y secuestro.
30% de las agresiones proviene de agentes estatales, según el informe de ASPIDH. Al sumar todos los actores dentro de cada uno de los años, el Estado ocupa la mayor porción de las agresiones. Es decir, aquellas personas funcionarias o empleados estatales o cuerpos uniformados son los que mayormente vulneran los derechos de esta población. La mayoría de los hechos ocurre en la vía pública, donde los cuerpos uniformados tienen un papel central en prevención y atención. 41% de las personas que sufren violencia ejerce el trabajo informal y 47% solamente logró completar la secundaria. 39% de las víctimas tiene entre 26 y 35 años.
El acceso a la justicia es un derecho en especial: de 922 casos registrados entre 2023 y 2025, solamente 58 fueron denunciados, el 6.3% del total; 864 casos quedaron sin denuncia formal, el 93%. Esto equivale a cero respuestas institucionales. El informe relaciona la baja denuncia con la falta de respuestas efectivas, el temor a las represalias y la percepción de impunidad. El resultado es una brecha entre la violencia documentada y el uso efectivo de los mecanismos de protección de justicia, pero no necesariamente porque estos mecanismos no existan, sino por la percepción que tiene la población de impunidad derivada del 0% de resultados en las instituciones.
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APOSTAR / OPERARORMUSA: “73.76% de las personas LGBT ha sufrido violencia en espacios públicos o familiares”
La discriminación registró 57 casos en 2023, 187 en 2024 y 210 en 2025, un incremento del 268.4% en dos años. Las amenazas y el acoso son las tipologías que más repuntan dentro del informe. 73.76% de las personas LGBTIQ+ en El Salvador ha experimentado violencia en espacios públicos o en el entorno familiar, mientras que 70.99% ha sufrido violencia emocional o psicológica, de acuerdo con la Investigación sobre medios de vida de las personas LGBTIQ+ en El Salvador, realizada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en 2026.
73.76% de las personas LGBTIQ+ en El Salvador ha experimentado violencia en espacios públicos o en el entorno familiar, mientras que 70.99% ha sufrido violencia emocional o psicológica, de acuerdo con la Investigación sobre medios de vida de las personas LGBTIQ+.
El estudio documenta que 84.53% de los participantes experimentó al menos una forma de violencia asociada a su orientación sexual o identidad de género, y que la precariedad laboral y la exclusión social operan como barreras estructurales que limitan el acceso a derechos fundamentales. Solo 40.33% de las personas participantes cuenta con empleo formal, mientras que 25.41% se encuentra desempleada; 17.96% trabaja de forma independiente y 8.29% lo hace en condiciones de informalidad. 26.77% de los participantes señaló haber enfrentado dificultades para acceder a un empleo o generar ingresos debido a su orientación sexual o identidad de género.
Un 47.51% de los encuestados manifestó que no podía identificar estas dificultades porque evita expresar abiertamente su identidad en los espacios laborales. “Este resultado sugiere que, para muchas personas, ocultar su identidad constituye una estrategia para reducir el riesgo de discriminación durante la búsqueda de empleo o en el lugar de trabajo”, señala el informe de ORMUSA.
14 de 75 homicidios a personas LGBT cobraron cárcel desde 1998, con 31 condenados y penas de hasta 66 años
14 de 75 homicidios cometidos contra personas LGBTI, desde el año 1998 a 2021, han recibido una condena, según documentos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ASPIDH. 31 personas han ido a prisión al ser sentenciadas culpables de los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, con penas de hasta 66 años de prisión. Dentro de las 14 condenas documentadas hasta agosto de 2025, 24 de los responsables de los delitos figuraban como pandilleros. A tres de ellos se les puso las penas máximas, tras identificar motivaciones de odio contra personas LGBT.
En estos casos, los escenarios de violencia involucraron decapitaciones, desmembramientos, acribillamientos y vapuleos, según los documentos judiciales. 4 de los condenados fueron civiles, por delitos de homicidio simple. En otro de los casos, participaron 3 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) como autores materiales en el asesinato de Camila Díaz Córdova, mujer trans, en enero de 2019. El reciente contexto de la persecución del delito se enmarca en la declaración de la CSJ de las Maras como “organizaciones terroristas”, así como la reforma al Código Penal que introdujo el agravante de Crimen de Odio en 2015 (art. 129, num 11). La FGR consiguió condenas contra tres reos “rebeldes” al no comparecer “con justa razón” al proceso, conforme la reforma en el artículo 38 del Código Penal de septiembre de 2022.
66 años de prisión recibió Aníbal Alfredo Melara; 61, Dimas Antonio Ramos; y 60, Carlos Antonio Molina. Los tres pandilleros fueron condenados en el expediente 265Z-4A3-18 por el asesinato de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, mujeres trans, ocurrido el 1 y 2 de febrero de 2017 en el marco de un crimen de odio perpetrado por la Mara Salvatrucha. En el caso 59-3-2020, los agentes de la PNC Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar fueron sentenciados a 20 años de prisión por el homicidio de Camila Díaz Córdova, mujer trans, ocurrido el 31 de enero de 2019, tras golpearla y producirle la muerte por vapuleo grave en el abdomen y lesiones por arrastre.
En el expediente 46Z-1B3-19AC, correspondiente al asesinato de Miguel Ángel Hernández Campos (Camila), mujer trans, ocurrido el 2 de junio de 2014 en Zacatecoluca, el pandillero Victor Manuel Rodríguez Renderos fue condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado, mientras que Oscar Alexander Rodríguez Ramírez recibió 13 años y 4 meses como cómplice no necesario. En el caso 60-U-20-2, los civiles RAFO y MEPM fueron sentenciados a 15 años de prisión por el homicidio simple de Nahomy Alexandra López Orellana, mujer trans, ocurrido el 25 de noviembre de 2018 en Sonsonate, tras simular un accidente vial.
En el expediente 149-U-1-21, JERB fue condenado a 10 años de prisión por el homicidio agravado de MEG, hombre homosexual, asesinado el 23 de diciembre de 2018 por su padre tras ser visto con su pareja. En el caso 250-U2-2022-B, José Elías Morales Hernández fue sentenciado a 25 años de prisión por el homicidio agravado de Alexa Landaverde, mujer trans, ocurrido el 3 de diciembre de 2021 en Santa Tecla. En el expediente 72-AP-L-2019, los pandilleros SARC y Norman N. (menor de 16 años) recibieron 20 y 16 años de prisión, respectivamente, por el homicidio de Rigoberto Luis Morales Menjivar, hombre homosexual, ocurrido el 16 de julio de 2017 en Ahuachapán.
En el expediente judicial 49-20-1, el pandillero Adonay Antonio Hueso Cerritos fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de una víctima no identificada, mujer trans, asesinada el 12 de noviembre de 2018 en San Salvador. En el expediente 203-3-2023, correspondiente al homicidio de Stefanny Sarai Hernández Sánchez, hombre trans, ocurrido el 25 de agosto de 2018 en Soyapango, los pandilleros Iván Antonio Hernández Díaz, Karla Lisseth Gutiérrez Aragón, Saúl Oswaldo Martínez Elías, Rony Aldair Pérez Grande y Xiomara Lisseth Marroquín Choto recibieron penas de 20 a 25 años de prisión.
En el expediente 2021-03-08, los pandilleros Henry Geovanny Hernández Fuentes, Marvin Wilmar Sánchez Gaitán y Josué Gabriel González fueron condenados a 20 años de prisión cada uno por el homicidio de Bárbara (David Alexander Rodas Valiente), mujer trans, ocurrido el 20 de octubre de 2017 en Cuscatancingo. En el expediente 200-2022-13, el civil Juan Carlos Hernández Vázquez recibió 20 años de prisión por el homicidio simple de Anahí Miranda Rivas, mujer trans, ocurrido el 27 de octubre de 2019 en San Salvador. En el caso 389-17, los pandilleros Luis Daniel González Famez, William Córdova Córdova y Francisco Alexis Martínez Gavidia fueron condenados a 20 años de prisión cada uno como coautores del homicidio agravado de Pedro Ángel Álvarez Ventura, mujer trans, ocurrido el 8 y 9 de noviembre de 2015 en El Tránsito.
Actismo “paralizado” por impuestos de Ley de Agentes Extranjeros
30% de impuestos exige la Ley de Agentes Extranjeros sobre los fondos recibidos del exterior. El informe de ASPIDH también aborda el impacto de esta ley sobre las organizaciones de sociedad civil; pese al trabajo organizativo y a los reflejados en el último balance de “Restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGTBI en El Salvador 2023-2025” , que documentó un incremento en los casos de agresiones a personas LGBT, y una cifra generalizada de 922 hechos de violencia.
“Es terrible porque la verdad es que la esos agentes extranjeros lo que busca en realidad es desarticular a las organizaciones de sociedad civil, dejarnos sin plata para poder seguir trabajando estas problemáticas sociales que nuestras poblaciones enfrentan”, señaló Valeria Mejía de ASPIDH. “Las necesidades siempre están ahí, están al pie del cañón y nosotras estamos cada vez sin menos fondos por el tema de la ley de agentes extranjeros, que hay donantes que ya no quieren trabajar en El Salvador con las organizaciones de sociedad civil debido a esto”.
Sobre el impuesto, Mejía afirmó: “La verdad es que no deberíamos de pagar porque las organizaciones de sociedad civil lo que hacemos es realizar el trabajo que el Estado debería de garantizarle a las poblaciones. Es decir, existen problemáticas sociales y el gobierno es quien debería de solventarlas. Al ver que esto no sucede, nacen las organizaciones de sociedad civil, se buscan fondos, ese es nuestro trabajo, buscar fondos para poder mitigar de alguna manera todas estas problemáticas sociales. Lo que implica la ley de agentes extranjeros es de que ahora esos fondos que a veces son pocos, que son mínimos, por decirlo así, ahora hay extraer ese 30% para poderle pagar al Estado. Actividades que ellos deben estar garantizándoles a las poblaciones”.
El informe también señala que la orden de la Sala de lo Constitucional para la reforma de la Ley de Nombre y Persona Natural, establecida desde 2021, sigue en desacato por parte de la Asamblea Legislativa, con un plazo que venció en 2023 y tres años de incumplimiento. La propuesta de Ley de Identidad de Género fue archivada por la Asamblea Legislativa en mayo de 2021.
Cristosal, como respuesta, anunció su cierre en El Salvador tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, que exige el pago del 30% de impuestos sobre los fondos recibidos del exterior. La medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, ha llevado a que donantes internacionales retiren su apoyo a las organizaciones de sociedad civil, incluidas aquellas que trabajan en derechos humanos y diversidad sexual.
Valeria Mejía, de ASPIDH, señaló que la ley busca “desarticular a las organizaciones de sociedad civil, dejarnos sin plata para poder seguir trabajando estas problemáticas sociales”. Mónica Linares, representante de ASPIDH, añadió que la organización mantiene un “bajo perfil” por el contexto político y que, aunque lograron la excepción del pago del 30%, declara que los fondos son cada vez más escasos. La paralización del activismo político LGBT se refleja en la reducción de eventos, jornadas y actividades de incidencia, así como en la imposibilidad de realizar incidencia nacional, limitándose a espacios internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Ley de Agentes Extranjeros también ha impactado el trabajo de prevención del VIH, ya que las organizaciones deben destinar parte de sus limitados fondos al pago del impuesto, en lugar de invertirlos en programas de salud sexual.
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