Por Alessia Genoves
Una sanción de 20 años de prisión estableció el Tribunal de Sentencia de la Unión en contra de un hombre de 58 años de edad, identificado por sus iniciales “JSLV”, tras ser vencido en juicio por el delito de Violación en Menor Incapaz en Modalidad Continuada, en contra de una niña de 11 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de su madre, identificada por las siglas “NMPL”, quien participó en la oferta de los servicios sexuales de su hija; y, tras ser denunciada, recibió una condena de 17 años de cárcel por el delito de Trata de Personas Agravada en Modalidad Continuada.
La sanción del Tribunal de Sentencia se constata en el expediente judicial “35-347-2023-C4”, que identifica a la víctima como una menor de 11 años de edad cuando ocurrieron los hechos de forma re-incidente, en el año 2020. La menor, además, fue identificada bajo su nombre clave “Delfin”; y, tras la resolución del caso, sería resarcida con un pago de $10,000 dólares a su favor, consistente en una condena de responsabilidad civil que se impuso contra su madre, y la persona que solicitó sus servicios sexuales.
Todo inició con una denuncia
La investigación se inició tras una llamada de emergencia que reveló una situación de abandono y abuso. Según el expediente judicial: “La presente investigación clasificada bajo la referencia 280-UTlP-2022SS surge por aviso policial contenido en el oficio número 086 de fecha 17 de octubre de 2022, en el que se informaba que ese mismo día, a las 08:55 horas en el Sistema de Emergencias 911 de la PNC, se recibió una llamada telefónica en la que una persona identificada bajo la clave ‘OCÉANO’ informaba que en su casa habían dejado abandonados a unos niños”.
La denunciante, identificada como “Océano”, reveló que la madre de la víctima había dejado a varios menores bajo su cuidado con la promesa de enviar dinero para su manutención, situación que nunca se cumplió. “La testigo clave ‘OCÉANO’, les manifestó a los agentes policiales que la menor clave ‘DELFÍN’, no quería regresar con su madre NMPL, debido a que ésta a cambio de dinero había permitido que dos hombres tuvieran relaciones sexuales con ella”, según consta en el expediente.
Un patrón de abusos
Las investigaciones revelaron que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 11 años, tras establecerse en la Hacienda “”, propiedad de JSVL, en el cantón Tulima, municipio de Anamorós. El expediente detalla que “transcurrido aproximadamente un año de haber llegado a la Hacienda ”, es decir a finales del año 2021, clave ‘DELFÍN’, cumplió 11 años de edad, y empezó a trabajar también en la hacienda”.
La víctima describió en su testimonio múltiples episodios de abuso sexual, facilitados por su propia madre. El documento judicial recoge declaraciones como: “la imputada NMPL, empezó a insinuarle al imputado LRMCH, que podía establecer una relación marital con la víctima clave ‘DELFÍN’, específicamente esta le decía a L R, algunas frases sugerentes como: ‘clave DELFÍN ya está buena para usted'”.
Sin embargo, la defensa de JSVL, argumentó insuficiencia probatoria y presentó testigos que intentaron establecer coartadas para los momentos de los supuestos abusos. Sin embargo, el tribunal valoró como contundentes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo testimonios de testigos protegidos, evidencia documental y pericias médicas que confirmaban los abusos.
Condenas impuestas
Las condenas establecidas por el Tribunal incluyen, para JSVL, además de los 20 años de prisión y la responsabilidad civil de $10,000, se dictaminó la pérdida de derechos ciudadanos e inhabilitación especial. NMPL, por su parte, recibió 17 años de prisión, inhabilitación absoluta y pérdida de derechos ciudadanos. como condena accesoria.
La sentencia se fundamentó en el artículo 159 relacionado con el artículo 42 del Código Penal salvadoreño para el delito de Violación en Menor Incapaz en Modalidad Continuada, y los artículos 54 y 55 de la Ley Especial contra la Trata de Personas para el delito de Trata Agravada. La protección de la identidad de la víctima se garantizó mediante la aplicación de los artículos 2, 33 y 34 de la Constitución de la República, disposiciones de la LEPINA, y normativas internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing.
El Juez que presidió el tribunal, enfatizó en su resolución la gravedad de los delitos cometidos contra menores de edad y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares para prevenir futuros casos similares. La FGR logró demostrar no solo la comisión de los delitos sino también el patrón sistemático de abusos y la participación activa de ambos imputados. La víctima obtuvo justicia tras un proceso judicial que se desarrolló del 11 al 17 de julio de 2024, marcando un hito en la protección de los derechos de la niñez en El Salvador.
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