Cárcel a exfuncionario por difusión de pornografía

Por: Neftali Hernandez Pereira

El exfuncionario municipal R.U.D. fue condenado ayer por el Juzgado de Paz de Ilopango por el delito de difusión de pornografía tras cumplir sus amenazas de divulgar fotografías íntimas de su expareja sentimental. Los hechos se remontan a finales de 2022, cuando tras finalizar una relación de 14 años, el acusado comenzó a ejercer presión sobre la víctima mediante intimidación para mantener control sobre ella, según estableció la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación fiscal determinó que R.U.D. utilizó sistemáticamente las fotografías íntimas como instrumento de coacción tras la ruptura, culminando con su distribución a personas del entorno cercano de la víctima, incluyendo a su actual pareja sentimental el pasado 24 de marzo. La afectada, quien había evitado denunciar para proteger al hijo que tienen en común, finalmente acudió a las autoridades ante la persistencia del hostigamiento, desencadenando el proceso judicial que concluyó con medidas cautelares alternativas a la detención.

Cronología del caso

El Juzgado de Paz de Ilopango celebró la audiencia inicial contra R.U.D., acusado formalmente del delito de difusión de pornografía en perjuicio de quien fuera su pareja durante 14 años. Según consta en el expediente judicial, la relación entre ambos se extendió desde 2008 hasta 2022, cuando decidieron separarse.

La ruptura marcó el inicio de un patrón de comportamiento abusivo por parte del imputado. Los registros judiciales documentan que R.U.D. comenzó a amenazar a la víctima con divulgar fotografías íntimas que habían compartido durante su relación, utilizando estas imágenes como método de control y manipulación.

A finales de 2024, R.U.D. materializó sus amenazas al compartir las fotografías íntimas con personas conocidas de la víctima. El acoso escaló el 24 de marzo cuando envió dicho material a la actual pareja sentimental de la denunciante, según quedó establecido en la audiencia inicial.

La fiscal del caso presentó durante la audiencia los mensajes de texto y pruebas digitales que confirmaron tanto las amenazas previas como la distribución efectiva del material íntimo, estableciendo un patrón sistemático de acoso tras la separación.

Según declaró la víctima durante el proceso, había evitado presentar la denuncia formal por temor a las consecuencias que podría tener en la relación entre el imputado y el hijo que tienen en común. Sin embargo, ante la persistencia de los hechos y el cumplimiento de las amenazas, finalmente acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente los hechos.

Tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza del Juzgado de Paz de Ilopango determinó que existían elementos suficientes para continuar con el proceso penal y ordenó que el caso sea trasladado al Juzgado Primero de Instrucción de Ilopango para la siguiente fase procesal.

En su resolución, la jueza impuso medidas alternativas a la detención provisional, considerando los vínculos familiares existentes y la evaluación de riesgo procesal. Estas medidas incluyen la obligación de residir en su domicilio actual, la prohibición expresa de establecer cualquier tipo de comunicación con la víctima por cualquier medio, ya sea directo o indirecto, así como la prohibición de salir del país mientras el proceso judicial continúa.

Antecedentes como funcionario público

La investigación sobre R.U.D. no representa el primer contacto del acusado con la justicia. Registros judiciales revelan un caso previo de extorsión sexual vinculado a su desempeño como funcionario municipal, donde habría aprovechado su posición para coaccionar sexualmente a mujeres que solicitaban servicios municipales.

La Fiscalía General de la República inició una investigación formal en marzo de 2021, tras recibir múltiples denuncias de mujeres que afirmaban que R.U.D. había condicionado la aprobación de trámites administrativos y ayudas sociales a cambio de favores sexuales. Las víctimas testificaron que enfrentaron amenazas de retrasar sus solicitudes o denegar completamente la asistencia municipal si no accedían a sus exigencias.

Durante cinco meses, los investigadores fiscales recopilaron testimonios de siete denunciantes y obtuvieron pruebas documentales, incluyendo mensajes de texto y grabaciones de llamadas que sustentaban las acusaciones. En agosto de 2021, se realizaron los primeros allanamientos en las oficinas municipales donde trabajaba R.U.D., incautando documentación relevante para el caso.

Marco legal y contexto actual

El caso de R.U.D. se enmarca en un contexto legal específico sobre delitos sexuales en El Salvador. El Código Penal salvadoreño establece en su Artículo 158 penas de 6 a 20 años de prisión para casos de abuso sexual, mientras que la extorsión sexual se sanciona bajo el Artículo 165 con condenas que oscilan entre 4 y 8 años de reclusión.

La legislación salvadoreña ha evolucionado para incorporar nuevas modalidades delictivas vinculadas al entorno digital. En 2019, se reformó el Código Penal para incluir expresamente la difusión no consentida de material íntimo como delito autónomo, con penas que van de 3 a 5 años de prisión. Esta reforma respondió al incremento de denuncias por acoso mediante plataformas digitales y redes sociales.

Casos Similares

Las estadísticas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres registraron durante 2024 un aumento del 23% en denuncias por difusión de contenido íntimo respecto al año anterior. El informe institucional señala que el 67% de estos casos ocurren en contextos de relaciones sentimentales terminadas, donde el material obtenido durante la relación se utiliza posteriormente como instrumento de control o venganza.

En zonas con alta presencia de estructuras criminales, estos delitos adquieren una dimensión adicional como método de control territorial y sometimiento de poblaciones vulnerables. Investigaciones de la Policía Nacional Civil documentaron durante 2023 y 2024 un incremento en la utilización de material íntimo como mecanismo de extorsión, particularmente contra mujeres jóvenes.

Las instituciones judiciales han enfrentado críticas por la respuesta ante estos delitos. Informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos señalan que persisten importantes desafíos vinculados a la impunidad y revictimización durante los procesos judiciales. Las estadísticas oficiales indican que solo el 12% de las denuncias por delitos sexuales culminan en sentencia condenatoria.

El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha generado una reorientación de los recursos de investigación hacia delitos asociados con estructuras pandilleriles, relegando la persecución de otros tipos penales, incluyendo violencia sexual y de género, según han documentado diversos informes de organizaciones de derechos humanos.

El caso contra R.U.D. se suma a otros precedentes judiciales recientes. En febrero de 2025, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a un exfuncionario judicial por hechos similares, estableciendo una pena de cuatro años de prisión por difusión de material íntimo. En marzo, otro caso similar involucró a un docente universitario, resultando en una condena de tres años conmutables por trabajos de utilidad pública.

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