Por: Neftali Hernandez Pereira
Fiscalía logra condena histórica por explotación infantil
La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión contra María de los Ángeles Renderos, acusada de utilizar a tres menores de edad para la producción de contenido pornográfico infantil. Los hechos se desarrollaron entre los años 2022 y 2024 en el departamento de Sonsonate, donde la imputada operaba un esquema de explotación sexual con fines comerciales.
Las investigaciones del ente fiscal revelaron que Renderos obligaba a las víctimas a participar en la producción de material visual de carácter sexual, el cual posteriormente comercializaba entre diferentes personas. El caso salió a la luz cuando una de las menores víctimas reveló los abusos a una persona de confianza, quien de inmediato interpuso la denuncia formal ante las autoridades competentes.
Amenazas y coacción contra las víctimas
Según el expediente fiscal, María de los Ángeles Renderos empleaba amenazas sistemáticas para someter a las menores de edad y garantizar su participación en la producción del material pornográfico. La imputada ejercía presión psicológica sobre las víctimas para que accedieran a ser fotografiadas o grabadas en situaciones de contenido sexual explícito.
Las investigaciones documentaron que las tres menores fueron sometidas a este tipo de coacción durante el período en que se cometieron los delitos. El método de intimidación utilizado por Renderos permitía mantener el silencio de las víctimas y asegurar la continuidad de la actividad delictiva sin que inicialmente fuera detectada por familiares o autoridades.
Comercialización del material pornográfico
Una vez producido el contenido, Renderos procedía a vender el material pornográfico infantil a diferentes personas. La comercialización de estas imágenes y videos constituía la fuente de ingresos de la operación delictiva. La Fiscalía determinó que existía una red de compradores que adquirían el material, aunque los detalles sobre la identidad de estos clientes y los montos transados no fueron revelados en la información pública del caso.
El esquema comercial implementado por la condenada implicaba la producción constante de nuevo material, lo que requería mantener el control sobre las víctimas mediante las amenazas ya descritas. Este ciclo de producción y venta se mantuvo activo durante aproximadamente dos años antes de ser interrumpido por la denuncia.
Denuncia valiente de una menor rompe el silencio
El punto de quiebre en esta operación delictiva se produjo cuando una de las tres menores víctimas decidió revelar los abusos que estaba sufriendo. La menor confió en una persona de su entorno cercano y le relató los hechos que venía experimentando bajo la coacción de María de los Ángeles Renderos.
La persona que recibió esta información actuó de manera inmediata y responsable, procediendo a interponer la denuncia formal ante las autoridades. Esta acción permitió que la Fiscalía iniciara las investigaciones correspondientes, recopilara las pruebas necesarias y procediera con el proceso judicial que culminó en la sentencia condenatoria.
Marco legal aplicado al caso
Los delitos cometidos por María de los Ángeles Renderos se enmarcan dentro de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos de El Salvador, específicamente en el capítulo que regula los delitos informáticos contra niñas, niños y adolescentes.
Esta legislación establece penas severas para quienes utilicen a menores en la producción de pornografía a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
El artículo 29 de dicha ley sanciona con prisión de ocho a doce años a quien produzca, reproduzca, distribuya, publique, venda o difunda imágenes o videos de menores en actividades sexuales o eróticas. La condena de 30 años impuesta a Renderos sugiere la aplicación de agravantes o la acumulación de múltiples cargos relacionados con cada una de las víctimas y los actos específicos cometidos.
Período de operación del esquema delictivo
Los hechos investigados y probados por la Fiscalía abarcan un período de aproximadamente dos años, desde 2022 hasta 2024. Durante este tiempo, María de los Ángeles Renderos mantuvo activo el esquema de explotación sexual de las tres menores en el departamento de Sonsonate.
@tvoriente #Condena | María de los Ángeles Renderos utilizó a 3 menores de edad para crear contenido pornográfico infantil y así generar ingresos. Por estos hechos, la @FGR_SV logró que sea condenada a 30 años de prisión. Según las investigaciones, amenazaba a las víctimas para que se dejaran tomar fotos o videos, luego vendía el material a diferentes personas. Una de las menores le contó a una persona lo que sucedía e inmediatamente interpusieron la denuncia. Los hechos ocurrieron entre el 2022 y 2024 en Sonsonate. #Nacionales #condena @FGR_SV #ElSalvador Tvoriente #sonsonate ♬ Breaking News – Dih
La duración de la actividad delictiva evidencia la sistematicidad del modus operandi implementado por la condenada, quien logró mantener bajo control a las víctimas durante un tiempo considerable. Este factor temporal fue considerado por las autoridades judiciales al momento de determinar la magnitud de los delitos y la severidad de la pena impuesta.
Protección a las víctimas menores de edad
Las tres menores víctimas de este caso se encuentran bajo protección de las autoridades competentes. Los protocolos establecidos para estos casos incluyen atención psicológica especializada, seguimiento por parte de instituciones de protección de la niñez y adolescencia, y medidas para garantizar su seguridad e integridad.
La identidad de las víctimas se mantiene bajo reserva conforme a las disposiciones legales que protegen a menores de edad involucrados en procesos judicales, especialmente en casos relacionados con delitos de naturaleza sexual. Las autoridades han garantizado que se implementarán todos los mecanismos necesarios para su recuperación integral.
Sentencia de tres décadas de prisión
El tribunal correspondiente determinó que María de los Ángeles Renderos debe cumplir una condena de 30 años de prisión por los delitos cometidos contra las tres menores de edad. Esta sentencia representa una de las penas más severas impuestas en casos de explotación sexual infantil en el país.
La condena refleja la gravedad de los hechos probados: la utilización de menores para producción pornográfica, la comercialización del material, el uso de amenazas para someter a las víctimas y la duración del esquema delictivo. La sentencia busca no solo sancionar a la responsable sino también enviar un mensaje contundente sobre la persecución de estos delitos.
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