Bukele lleva 2,000 militares a Haití.

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Croix-des-Bouquets: desaparición de cuatro aerotécnicos

Cuatro aerotécnicos salvadoreños que apoyaban a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) de la ONU desaparecieron en octubre de 2026 tras un ataque de grupos armados en Croix-des-Bouquets, zona al noreste de Puerto Príncipe.

Los técnicos cumplían tareas de apoyo aéreo dentro de la estructura de la GSF, fuerza que el Consejo de Seguridad autorizó mediante la resolución 2793 del 30 de septiembre de 2025.

La resolución fija una dotación máxima de 5,550 efectivos, de los cuales 5,500 son uniformados, tanto militares como policiales, y 50 son civiles.

Esa cifra contrasta con los 1,500 efectivos que la GSF mantenía desplegados en el terreno al momento del ataque, es decir, cerca de 27 % del techo autorizado. El ataque ocurrió en un sector donde operan estructuras armadas que el Estado haitiano no controla, y la desaparición convirtió a la presencia salvadoreña en el eje de la agenda de seguridad de Puerto Príncipe durante octubre y noviembre.

De los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos, solo se ha identificado públicamente a uno su nombre corresponde a Edimar Rosales. Los nombres completos de los otros tres integrantes del contingente no han sido divulgados de manera verificable por las autoridades.

Bukele y la advertencia en redes sociales

El presidente Nayib Bukele reaccionó en sus redes sociales con una advertencia dirigida a los grupos criminales: anunció que encontraría a los aerotécnicos y que esperaba que estuvieran con vida.

El mensaje cambió el alcance de la participación salvadoreña, que hasta entonces consistía en aeronaves de ala rotatoria y personal de apoyo.

En pocas semanas el gobierno pasó de enviar 100 soldados para maniobras de rescate a desplegar 2,000 efectivos, con vehículos blindados y unidades de seguridad operativa. Entre las fuerzas mencionadas figuran el Comando Especial Antiterrorista (CEAT), la Compañía de Fuerzas Armadas, paracaidistas y la Marina Nacional, según los datos suministrados para esta nota. El incremento equivale a un aumento de 1,900 % respecto del contingente inicial y a un volumen superior a lo que la GSF tenía desplegado en total.

Wilson Joseph y 400 Mawozo: videos, armas y carta a la ONU

Wilson Joseph, alias “Lanmò San Jou”, identificado como uno de los líderes de la pandilla 400 Mawozo, apareció en un video en el que afirmó que su organización no tiene relación con la desaparición de los técnicos.

En ese mensaje planteó que la responsable podría ser la pandilla rival Chen Mechan, porque los aerotécnicos habrían ingresado a un territorio controlado por ese grupo. Afirmó, además, que si los salvadoreños estuvieran con vida no habrían sido asesinados, sino retenidos como rehenes de intercambio, de forma similar a lo ocurrido en 2021 con los misioneros. En octubre de 2021, 400 Mawozo secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses y exigió un millón de dólares por persona, es decir, 17 millones en total.

En otro video, Joseph mostró municiones y armamento y expresó disposición a combatir contra las fuerzas salvadoreñas y de la GSF.

En una grabación posterior apareció sin armas ni municiones, con una camiseta naranja y la leyenda “STOP WAR”, traducida como “paren la guerra”.

???? LANMÒ SANJOU, LÍDER DE 400 MAWOZO, PIDE MEDIACIÓN DE LA ONU PARA UN DIÁLOGO DE PAZ

Joseph también envió una carta dirigida a la ONU para establecer una mesa de diálogo y paz. Esos tres mensajes combinan cuatro posiciones distintas en un lapso corto: negación del ataque, señalamiento de otra pandilla, amenaza armada y petición de negociación. La carta no cuenta con un acuerdo confirmado de Naciones Unidas para iniciar conversaciones.

Chen Mechan y la coalición Viv Ansanm

Claudy Célestin es el actual líder de Chen Mechan, organización señalada como posible responsable de la retención de los técnicos. Chen Mechan opera en Croix-des-Bouquets, zona en la que también se registra presencia de 400 Mawozo, de modo que dos estructuras armadas comparten el mismo corredor de acceso a Puerto Príncipe.

Viv Ansanm, por su parte, es la coalición de las principales pandillas de la capital, liderada por Jimmy Cherizier, entre otros cabecillas.

Mathias Saintil, jefe de la pandilla Boston e integrante de esa coalición, murió en un operativo cuya confirmación hizo el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. La muerte de Saintil constituye la primera baja de un cabecilla de Viv Ansanm dentro de la ofensiva posterior a la desaparición.

Cuerpos calcinados y documentos de un soldado de Chad

Cuatro cuerpos calcinados fueron hallados en las afueras de Puerto Príncipe, lo que generó versiones sobre su posible identidad. Bukele desmintió que correspondieran a los salvadoreños y atribuyó los restos a otras personas.

En su publicación incluyó la documentación de un soldado de Chad, identificado como Sossal Kamis Alhadj.

La GSF aclaró que ese documento se había extraviado y que el soldado seguía con vida, en la búsqueda de los efectivos salvadoreños. Con esa precisión, las cuatro víctimas de los cuerpos hallados quedaron sin identificar en el marco de la información disponible, y los cuatro aerotécnicos permanecen en condición de desaparecidos. Un líder de pandilla publicó, además, la ubicación de una vivienda y pidió su destrucción, mensaje que se sumó al intercambio público entre las pandillas y el gobierno salvadoreño.

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APOSTAR / OPERAR

Fils-Aimé: 4,000 soldados, P4000 y reconstrucción del ejército

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó su compromiso de combatir a los grupos criminales en una comparecencia pública junto al director de la Policía Nacional de Haití (PNH), Vladimir Paraison, un coronel salvadoreño responsable del contingente de El Salvador, el subcomandante de la GSF y un general del ejército haitiano.

La transcripción de su discurso, en francés y criollo, contiene los datos cuantitativos más extensos de este expediente. Fils-Aimé declaró que las fuerzas internacionales alcanzan 4,000 soldados e identificó entre los países participantes a Chad, Sri Lanka, Guatemala, Mongolia, Jamaica, El Salvador y Bangladesh. Dijo que el mandato fue prolongado hasta marzo de 2027 y que, desde fines de octubre y durante noviembre de 2026, ejecuta un despliegue masivo de refuerzo.

En materia policial, el programa P4000 incorporó 3,258 agentes adicionales al 30 de octubre, y la 37.ª promoción graduó a 1,189 nuevos policías. En materia militar, 341 soldados ingresaron en agosto, 667 reclutas se encuentran en formación, de los cuales 108 se capacitan en México en fuerzas especiales, y 17,522 jóvenes, entre hombres y mujeres, se inscribieron en la convocatoria. El gobierno fijó una meta de 15,000 soldados y recibió 40 blindados nuevos, pagados con recursos haitianos.

Fils-Aimé sostuvo que el Estado haitiano conserva la dirección política y estratégica de la lucha contra la inseguridad y que la fuerza internacional “no viene a reemplazar al Estado”, sino a reforzar sus capacidades. Añadió que toda operación debe cumplir la ley nacional y los compromisos internacionales que Haití firmó, y que su gobierno no tolerará abusos, malos tratos ni violaciones de derechos.

Marco legislativo salvadoreño: Decreto 181 de 2024

El Decreto Legislativo 181, del 20 de diciembre de 2024, estableció la Ley Especial Transitoria para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití. Su articulado consta de 11 artículos y se apoya en la resolución 2699 de 2023 del Consejo de Seguridad. El artículo 1 limitó la participación a aeronaves de ala rotatoria equipadas para evacuaciones médicas y a otros vehículos necesarios para la misión, hasta el 2 de octubre de 2025. El Decreto 418, del 1 de octubre de 2025, extendió su vigencia un año adicional, hasta el 2 de octubre de 2026.

El artículo 3 definió como contingente al personal civil y militar presente en Haití o en un tercer país. El artículo 4 aplicó los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos, y remitió al acuerdo sobre la condición de la misión para inmunidades y privilegios. El artículo 6 reservó la jurisdicción salvadoreña bajo el principio de nacionalidad, y el artículo 8 facultó al presidente para impedir que el personal fuera entregado a tribunales internacionales. El artículo 9 declaró al presidente, como Comandante General, responsable de las actividades del contingente y le ordenó informar de forma periódica al Órgano Legislativo. El artículo 10 excluyó de la Ley de Compras Públicas las adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional para equipamiento, entrenamiento, pre-despliegue y despliegue, con base en el artículo 3 de esa ley.

Marco legislativo salvadoreño: la ley transitoria de 2026

El proyecto de Ley Especial Transitoria para la participación de la FAES en la GSF consta de 10 artículos y cita la resolución 2793 de 2025. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, con la firma de Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, lo remitió el 28 de septiembre de 2026 al ministro de la Defensa Nacional, almirante René Francis Merino Monroy, con la iniciativa de ley otorgada por el presidente conforme al artículo 133, ordinal 2.º, de la Constitución. El ministro lo presentó a la Asamblea Legislativa el mismo día, y la Gerencia de Operaciones Legislativas lo recibió el 29 de septiembre a las 09:52. La Asamblea aprobó la ley en septiembre de 2026, según los datos suministrados para esta nota.

El artículo 1 fija un período inicial de 12 meses desde la vigencia del decreto y describe la participación como aeronaves de ala “completamente equipadas para misiones específicas”, con protección de otras aeronaves propias. La disposición agrega que el período es “prorrogable automáticamente mientras dure la misión”, o por el tiempo que se considere conveniente a los intereses institucionales. El artículo 3 amplía el ámbito operativo y permite que el personal coadyuve desde Haití o desde República Dominicana, mediante acuerdos entre Estados para el despliegue, el mantenimiento de aeronaves y el abastecimiento. El artículo 4 remite al Acuerdo de Protección de Estatus de la GSF en materia de inmunidades. El artículo 9 mantiene la exclusión de la Ley de Compras Públicas, y el artículo 10 fija la vigencia el 2 de octubre de 2026, previa publicación en el Diario Oficial. El proyecto no contiene un artículo equivalente al 9 del Decreto 181 sobre responsabilidad presidencial e informes periódicos. Tampoco describe un contingente de 2,000 soldados con vehículos blindados, pues su texto se refiere a aeronaves, personal civil y militar y equipo.

La comparación entre ambos instrumentos arroja diferencias medibles. El Decreto 181 tenía 11 artículos y el proyecto de 2026 tiene 10. El primero limitaba la misión a una fecha fija, el 2 de octubre de 2025, y el segundo establece 12 meses con prórroga automática. El primero aludía a evacuaciones médicas, y el segundo a misiones específicas. El primero admitía operaciones desde un tercer país, y el segundo nombra a República Dominicana. Los considerandos del proyecto de 2026 recuerdan que, según el artículo 144 de la Constitución, el tratado prevalece sobre la ley en caso de conflicto. Además, informan que El Salvador comunicó a la ONU su disposición a coordinar el despliegue y notificó al gobierno de Estados Unidos que la FAES puede apoyar con ayuda militar y equipamiento de defensa.

Resolución 2793: mandato, cifras y condiciones

La resolución 2793, aprobada en la 10009.ª sesión del Consejo de Seguridad, actúa bajo el Capítulo VII de la Carta y autoriza la transición de la MMAS a la GSF “en estrecha cooperación y coordinación con el Gobierno de Haití”, por un período inicial de 12 meses. La versión en español del documento denomina a la fuerza Fuerza de Represión de las Bandas, mientras que el decreto salvadoreño la llama Fuerza de Supresión de Pandillas. El costo del personal se sufraga con contribuciones voluntarias. Las tareas autorizadas incluyen operaciones selectivas contra bandas a partir de información de inteligencia, la seguridad de infraestructura crítica como el aeropuerto, los puertos y los hospitales, el apoyo a la PNH y a las Fuerzas Armadas de Haití, la contribución a condiciones para elecciones y el combate al tráfico de armas.

El párrafo 5 permite “medidas temporales urgentes con carácter excepcional”, incluidos arrestos y detenciones, con plena conformidad con el derecho internacional. El párrafo 10 solicita al secretario general crear la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), con sede en Puerto Príncipe, para asumir el apoyo logístico en seis meses. El párrafo 15 pide al Representante Especial para la fuerza una estrategia con indicadores en un máximo de nueve meses. El párrafo 24 pide al secretario general parámetros de referencia para las autoridades haitianas en tres meses. El párrafo 7 reconoce al Grupo Permanente de Asociados, formado por Las Bahamas, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica y Kenia, que brinda orientación estratégica, mientras que el mando operacional diario recae en el Comandante de la Fuerza. El párrafo 18 pide a los Estados participantes “el más alto grado de transparencia, conducta y disciplina” y prevé repatriar unidades ante pruebas fidedignas de explotación y abusos sexuales generalizados o sistemáticos.

Posición de la ONU, Estados Unidos y República Dominicana

La resolución pone de relieve que el Gobierno de Haití tiene la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad y reafirma su soberanía, independencia, integridad territorial y unidad. El párrafo 17 dispone que las reglas de intervención deben ser elaboradas por el Representante Especial junto con el Comandante de la Fuerza y el Gobierno de Haití. Desde Naciones Unidas, el apoyo a la GSF se articula mediante la UNSOH y el fondo fiduciario creado por la resolución 2699. El párrafo 21 exhorta a los Estados y a las organizaciones regionales a aportar personal, y a financiar reembolsos y adiestramiento. Estados Unidos integra el Grupo Permanente de Asociados, y el decreto salvadoreño consigna la comunicación a Washington sobre la capacidad de la FAES para brindar apoyo militar y equipamiento de defensa.

República Dominicana, vecina de Haití, expresó apoyo al gobierno de El Salvador, según los datos suministrados para esta nota. La ley de 2026 incorpora por primera vez a ese país como posible base de operaciones del contingente salvadoreño, lo que requiere acuerdos entre Estados para el despliegue, el mantenimiento de aeronaves y el abastecimiento. Fils-Aimé agradeció a Bukele por comprender la lucha que Haití libra, y el presidente salvadoreño respondió con un mensaje público de respaldo al pueblo haitiano.

Duración de la misión y elecciones en Haití

La participación de la FAES tiene tres referencias temporales en los documentos disponibles. El decreto de 2026 fija 12 meses desde el 2 de octubre de 2026, es decir, hasta el 2 de octubre de 2027, con prórroga automática mientras dure la misión. El primer ministro haitiano indicó que el mandato de la fuerza internacional se prolonga hasta marzo de 2027. La resolución 2793 fijó originalmente 12 meses desde el 30 de septiembre de 2025, por lo que su período inicial concluyó el 30 de septiembre de 2026, fecha anterior a la prórroga referida por Fils-Aimé. El contingente adicional de 2,000 soldados no tiene una fecha de retorno definida en los documentos que sirven de base a esta nota.

Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de noviembre para confirmar cuánto tiempo permanecerá la misión salvadoreña en Haití. En esa agenda figuran también el futuro de las elecciones, programadas para 2026 y aplazadas para 2027, la situación de las bandas armadas y los elementos salvadoreños desaparecidos y enviados. El primer ministro afirmó que su gobierno tiene dos prioridades: restablecer la seguridad en todo el territorio y organizar elecciones. Según su discurso, la fuerza internacional y las fuerzas haitianas operan con una lógica de coordinación y complementariedad, y cada institución conserva sus atribuciones: la PNH se encarga de la seguridad pública y la aplicación de la ley, y las Fuerzas Armadas de Haití, de la defensa y de la integridad territorial.

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