Asamblea aprueba el envio de soldados salvadoreños a Haiti

Por: Neftali Hernandez Pereira

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Aprobación legislativa: 57 votos y dispensa de trámite

Cincuenta y siete de los 60 diputados aprobaron el 29 de septiembre de 2026 la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, que reportó el aval de 57 votos de 60 en el pleno.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, firmó la solicitud el 28 de septiembre, y la Asamblea Legislativa la recibió el 29 de septiembre a las 09:52, según el sello de correspondencia.

La iniciativa se apoya en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a presentar proyectos de ley. El secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, había remitido el proyecto al ministro el 28 de septiembre. En la plenaria 127, la transcripción registra que la dispensa de trámite se cerró con 57 votos a favor. El fondo de la ley sumó los mismos 57 votos, sin solicitudes de palabra, y los considerandos, el nombre y el articulado pasaron sin observaciones. El decreto tiene siete considerandos y diez artículos, y entra en vigencia el 2 de octubre de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial. La secretaria directiva Elisa Rosales leyó el texto completo, y el pleno despachó la pieza entre los minutos 1:46:29 y 2:03:35 de la sesión, es decir, en unos 17 minutos.

Marco de la ONU: resolución 2793 y techo de 5,550 efectivos

El Consejo de Seguridad aprobó el 30 de septiembre de 2025 la resolución 2793 con 12 votos a favor y tres abstenciones (China, Pakistán y Rusia), que autorizó transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en la Fuerza de Supresión de Pandillas durante un período inicial de 12 meses.

El techo de personal quedó en 5,550, frente a los 2,500 que la misión anterior contemplaba y nunca alcanzó. Esa cifra comprende 5,500 militares y policías más 50 civiles. La resolución también pidió crear la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH), que se financia con cuotas prorrateadas, mientras el costo del personal se cubre con aportes voluntarios. El decreto salvadoreño remite a este marco en su considerando V y lo vincula, en el considerando VII, con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Después, el Consejo adoptó la resolución 2829 (2026), que prorroga seis meses el mandato de la fuerza, hasta el 31 de marzo de 2027, con 12 votos a favor y tres abstenciones. El período inicial del contingente salvadoreño dura 12 meses desde el 2 de octubre de 2026, seis más que la prórroga de la ONU, y Diario Libre apunta que la ley contempla extensión mientras la misión internacional siga vigente.

Comparación entre el Decreto 181 de 2024 y la ley de 2026

Dos normas definen el cambio de rol: el Decreto Legislativo 181, del 20 de diciembre de 2024, publicado en el Diario Oficial 244, Tomo 445, y la ley de septiembre de 2026. Según el considerando IV del texto nuevo, el decreto de 2024 habilitó la participación en la misión anterior, creada por la resolución 2699 (2023), con efectos hasta el 2 de octubre de 2026. Su alcance práctico fue limitado: el Congreso aprobó un contingente para evacuaciones médicas, y una funcionaria explicó que el primer grupo cumpliría solo esa función por la experiencia acumulada en misiones de la ONU. Ese grupo llegó el 4 de febrero de 2025 con 70 soldados asignados a evacuaciones médicas.

La ley de 2026 modifica tres variables. La base internacional pasa de la resolución 2699 a la 2793. El mandato de la fuerza deja de ser de apoyo y pasa a operaciones contra pandillas, definidas por la ONU como acciones para neutralizar, aislar y disuadir a esos grupos. La participación salvadoreña comprende aeronaves de ala completamente equipadas, con protección de otras aeronaves propias, además de helicópteros, personal civil y militar, y puede operar desde Haití o desde República Dominicana. El artículo 1 fija un año de duración, con prórroga automática mientras dure la misión o el tiempo que la institución estime conveniente. El considerando VI consigna que El Salvador informó a Estados Unidos de su capacidad para aportar ayuda militar y equipamiento de defensa. Según los antecedentes del caso, los helicópteros fueron donados por Washington y podrán reabastecerse en territorio dominicano y haitiano. El artículo 3 condiciona el despliegue, el mantenimiento de aeronaves y cualquier abastecimiento a acuerdos entre Estados.

Régimen jurídico: Convenios de Ginebra, jurisdicción y reglas de enfrentamiento

El artículo 4 reconoce al contingente libertad de movimiento y el derecho a realizar las actividades que la misión considere necesarias, conforme a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, y lo somete al Acuerdo de Protección de Estatus de la GSF en cuanto a inmunidades y privilegios.

El artículo 5 impone respetar las leyes y costumbres locales y evitar toda actividad contraria al carácter imparcial e internacional de sus funciones. El artículo 6 reserva a El Salvador su jurisdicción sobre el personal, bajo el principio de nacionalidad. El artículo 7 autoriza al Estado a tomar las medidas necesarias para proteger personal, aeronaves, equipos y propiedades, dentro de las reglas de enfrentamiento fijadas para Haití. El artículo 8, literal a, faculta al presidente para negociar que ningún integrante del contingente sea entregado o transferido a un tribunal internacional, entidad o Estado para ser juzgado, sin afectar los tratados internacionales que el país haya ratificado. El literal b busca que el contingente reciba el mismo trato favorable que el personal que actúa bajo el mandato de la ONU y del Gobierno haitiano. El considerando II recoge el artículo 144 de la Constitución, que da primacía al tratado sobre la ley en caso de conflicto. La resolución 2793 exige, además, adherencia estricta al derecho internacional y medidas de protección infantil. Durante las negociaciones, el Consejo manejó estimaciones de la ONU según las cuales entre 30% y 50% de los miembros de las pandillas son menores de edad.

Contratación: exclusión de la Ley de Compras Públicas

Ninguno de los diez artículos fija monto presupuestario, partida o costo estimado para el despliegue. El artículo 9 excluye de la Ley de Compras Públicas todas las adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional destinadas al equipamiento, el entrenamiento, el pre-despliegue y el despliegue del contingente.

Según la descripción del proyecto, la dispensa alcanza la compra ágil de armamento, repuestos y servicios. El artículo 8 deja a la Presidencia los arreglos necesarios con otros Estados, y el artículo 3 supedita el abastecimiento aéreo a acuerdos interestatales. Como referencia de financiamiento externo, Canadá comprometió tres días antes de la resolución unos 43 millones de dólares para la estabilidad de Haití, de los cuales 28.5 millones se destinaron a la fuerza.

Antecedentes diplomáticos: de 2023 al contingente de Malí

La iniciativa se remonta a 2023. Según el planteamiento del gobierno del presidente Nayib Bukele, surgió en la Cumbre Iberoamericana, donde el vicepresidente Félix Ulloa se reunió con el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry. Ya en enero de 2023 El Salvador se había comprometido a abrir una oficina de cooperación en Haití para reducir la criminalidad, y dos meses más tarde Ulloa afirmó que el país estaba listo para enviar una misión de asistencia.

En 2024, Ulloa propuso trasladar a Haití el contingente de paz que El Salvador mantenía en Malí, integrado por 110 militares, y el movimiento requería la aprobación de la OEA y de la ONU.

Infodefensa recogió que Ulloa consideraba al contingente en condiciones de apoyar en Haití, siempre que el Consejo de Seguridad lo determinara, Haití lo aceptara y la comunidad internacional aportara los fondos. El Salvador se integró así a la misión junto con Kenia y Guatemala. Guatemala anunció el 13 de diciembre de 2024 su adhesión, y más de 80 soldados guatemaltecos y salvadoreños llegaron a Puerto Príncipe el 3 de enero de 2025. Medios locales reportaron al menos 70 militares salvadoreños recibidos por las autoridades haitianas en el despliegue de febrero.

Crisis haitiana: 90% de la capital, 5,700 muertos y 1.5 millones de desplazados

Cerca de 5,700 personas murieron por violencia criminal en Haití durante 2026, según El Periodista, que añade unos 1.5 millones de desplazados y un control armado de aproximadamente 70% de Puerto Príncipe. Human Rights Watch situó antes ese dominio en torno a 90% de la capital y su área metropolitana, con expansión hacia Artibonite, Centro y Noroeste. La misma organización recoge que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU contabilizó 4,384 muertos, 1,899 heridos y 491 secuestrados por los grupos criminales entre enero y septiembre de 2025.

En el primer trimestre de 2026, la oficina integrada de la ONU (BINUH) registró 1,642 muertos y 745 heridos: 27% atribuidos a pandillas, más de 69% a operaciones de fuerzas de seguridad y 4% a grupos de autodefensa. El desplazamiento interno aumentó 38% en 2025, con 574,300 nuevos desplazados, hasta 1.4 millones de personas. Una masacre en las afueras de Puerto Príncipe dejó al menos 47 muertos según la ONU y 2,647 desplazados, de los cuales 77% se refugió en familias de acogida en Pétion-Ville. El informe de BINUH sobre los enfrentamientos de los últimos meses contabilizó 111 mujeres y 77 niños sin vínculo con pandillas entre las víctimas, más de 18,000 desplazados y al menos 176 mujeres y niñas violadas. El origen de la crisis es la crisis constitucional abierta en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Desde entonces, grupos armados controlan comunidades, el contrabando de combustible y armas y los secuestros, y el G-9, coalición liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, articula las bandas de la capital.

Despliegue de la GSF: 1,500 efectivos frente a 5,550 autorizados

La UNSOH respalda hoy a más de 1,500 integrantes de la GSF y proyecta apoyar a casi el triple antes de fin de año. El componente militar sumaba 1,083 efectivos y 16 civiles al 8 de julio, según Security Council Report, frente al techo de 5,550. Diario Libre señala que el despliegue sigue muy por debajo de los 5,500 efectivos previstos. Como contraste, la misión dirigida por Kenia reunía unos 400 uniformados cuando llegaron los salvadoreños en enero de 2025, mientras la ONU estimaba que las bandas controlaban 85% de la capital, y el total superó los 600 elementos en febrero de 2025.

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La GSF tiene facultad para arrestar a sospechosos de pertenecer a pandillas, poder del que carecía la misión anterior. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había calificado como probablemente ilegales la mayoría de los ataques con drones realizados en el país. Human Rights Watch reclamó, antes de la aprobación, financiamiento sostenido y predecible, personal suficiente y salvaguardas de derechos humanos. La operación es la tercera gran intervención internacional en Haití desde 1994 y la primera desde la MINUSTAH (2004–2017), que enfrentó reiteradas denuncias de abusos.

Gobierno haitiano: P4000, 15,000 soldados y elecciones del 13 de diciembre

El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, expuso ante la Asamblea General de la ONU las cifras de capacidad nacional. El programa P4000 busca capacitar a 4,000 policías; más de 2,000 ya egresaron y una nueva promoción se graduará en noviembre. Más de 1,500 soldados concluyeron su formación y se prepara un plan para entrenar a 15,000 en tres años. Fils-Aimé señaló que la fuerza multinacional aún no alcanza los 5,500 integrantes previstos y planteó que un mandato, por sí solo, no basta: reclamó tropas, equipo y la determinación de sostener el esfuerzo, y pidió renovar el mandato de la GSF. Sobre armas y municiones, afirmó que no se fabrican en Haití y que entran por redes criminales transnacionales.

Anunció dos polos judiciales especializados contra la impunidad, delitos financieros, crímenes masivos y violencia sexual, la reactivación de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración y un Fondo de Dividendo de la Paz. En lo económico, valoró la extensión hasta 2028 de la preferencia comercial estadounidense HOPE/HELP y solicitó prolongarla otros 10 años. Mencionó a 12 millones de haitianos como destinatarios de la política de seguridad y recordó la visita del secretario general, António Guterres, a Puerto Príncipe el 16 de junio de 2026. Las elecciones generales se celebrarán el 13 de diciembre. Haití carece de autoridad constitucional electa desde 2021, y en su régimen semipresidencialista los cargos los ha relevado el primer ministro. Ariel Henry dejó el cargo en abril de 2024, con renuncia formal el 25 de abril, y asumió entonces el Consejo Presidencial de Transición.

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