8038 mujeres han sufrido abusos sexuales en lo que va de 2025

Por: Neftali Hernandez Pereira

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El imputado de nombre FJGH, fue procesado por el delito de violación en menor o incapaz agravada en perjuicio de una víctima menor de edad, obtuvo una sentencia absolutoria por parte del Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel el 23 de enero de 2025, dentro del proceso penal N° 127/2022. El caso, que involucra a un agente policial como victimario y una menor como víctima, evidencia las complejidades del sistema judicial salvadoreño en materia de violencia sexual, mientras los datos oficiales revelan una problemática estructural que afecta diariamente a 22 mujeres, niñas y adolescentes en el país.

La Fiscalía General de la República reportó en su Informe de labores correspondiente al periodo junio 2024 – mayo 2025 un total de 8,038 casos de violencia sexual, cifra que “evidencia la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres” y que “continúa siendo la principal expresión de violencia de género contra las mujeres, representando el 42% de todos los hechos de violencia de género (18,949) registrados en el país en este periodo”. Los datos oficiales muestran que la violencia sexual mantiene su posición como la modalidad más persistente de violencia de género en El Salvador, superando incluso a la violencia psicológica que alcanzó 7,062 casos en el mismo período.

8,038 casos de violencia sexual

El análisis de los datos proporcionados por la FGR revela una evolución fluctuante en los últimos tres períodos reportados. En 2022-2023 se registraron 7,939 casos de violencia sexual, mientras que en 2023-2024 la cifra alcanzó los 8,984 casos, representando “el nivel más alto de los últimos tres años”. Para el período 2024-2025, los 8,038 casos documentados reflejan “una disminución del 10.5% respecto al año anterior, aunque todavía se mantiene por encima del nivel registrado en 2022-2023”.

La distribución de los tipos de violencia de género muestra que la violencia sexual con 8,038 casos representa el 42.4% del total, seguida por la violencia psicológica con 7,062 casos (37.3%), la violencia física con 2,339 casos (12.3%), la violencia patrimonial con 1,428 casos (7.5%) y la violencia feminicida con 82 casos (0.4%). Esta distribución confirma que “mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las más expuestas a este tipo de agresiones”.

El delito de violación ocupa una posición prominente dentro de los delitos de mayor impacto social reportados por la FGR, ubicándose en segundo lugar con 2,739 hechos que representan el 21.1% del total en el periodo junio 2024 – mayo 2025. Esta cifra lo posiciona “solo por debajo de los delitos de hurto y robo (6,758 casos, 52%)”, lo cual demuestra que “la violencia sexual, además de ser el principal tipo de violencia de género, se encuentra entre los delitos de mayor frecuencia y gravedad en el país”.

Reconstrucción del caso

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, presentó elementos probatorios complejos que ilustran las dificultades del sistema judicial para procesar casos de violencia sexual. Según la resolución 68EXC2025 de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el imputado FJGH, quien “tenía calidad de agente policial”, fue procesado por el delito de “VIOLACIÓN EN MENOR O INCAPAZ AGRAVADA, previsto y sancionado en los arts. 159 y 162 N° 3 del Código Penal (CP)”.

El caso presenta una cronología judicial compleja que evidencia las limitaciones del sistema de justicia. El 10 de febrero de 2023, el licenciado del Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel emitió una primera sentencia definitiva absolutoria a favor del imputado FJGH. Sin embargo, el 17 de marzo de 2023, la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente “anularon la sentencia definitiva absolutoria que había sido pronunciada” y ordenaron “la reposición del juicio por un juez distinto del mismo Tribunal”.

San Miguel | @FGR_SV investiga abuso policial contra sexagenario. https://t.co/5GXjZSFujc

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 14, 2020

La anulación de la primera sentencia se fundamentó en que “el juzgador no valoró adecuadamente toda la prueba producida en juicio al momento de determinar la existencia del ilícito y la autoría del imputado en el mismo”. Los magistrados consideraron que el juez “se basó principalmente en la falta de examen toxicológico para acreditar el estado de inconsciencia de la víctima y en la versión de la prueba de descargo sobre la relación sentimental entre el procesado y la víctima”.

Elementos probatorios y testimonio de la víctima

La víctima “interpuso denuncia más de cinco meses después del hecho”, situación que según la Cámara no impedía la valoración del resto del material probatorio, ya que “al realizar un examen toxicológico ya no se podrían encontrar evidencias del supuesto estado de inconciencia”. Además, la víctima “en su declaración mencionó que tenía miedo de denunciar porque el imputado la amenazó”, reacción considerada “razonable por parte de la víctima, pues el procesado era su vecino y tenía calidad de agente policial, lo que atemorizó a la menor”.

El elemento probatorio más contundente del caso consistió en que “la versión narrada por la víctima resulta creíble, al ser innegable el hecho que ella dio a luz a un bebé que según el dictamen pericial de ADN, el niño es hijo del imputado GH”. Este dictamen pericial de ADN estableció de manera inequívoca la paternidad del imputado, elemento que los magistrados consideraron fundamental para la valoración de la credibilidad del testimonio de la menor.

Análisis de los testigos y la segunda absolución

La valoración de los testigos de descargo presentó inconsistencias que los magistrados señalaron en su análisis. Los magistrados observaron que “las declaraciones de los testigos de descargo, que son personas cercanas al imputado, una es sobrina y el otro es su vecino”, situación que comprometía la objetividad de sus testimonios. Además, consideraron que “la supuesta relación sentimental no excluye al imputado de la escena del delito ni es presupuesto que impida el cometimiento del delito, ya que el tipo penal exige para su consumación que el sujeto activo tenga acceso carnal con la víctima sin su consentimiento”.

Los magistrados concluyeron que “se inobservaron las reglas de la sana crítica, al no haberse analizado y valorado de manera conjunta e integral la prueba desfilada en vista pública”, por lo que anularon la sentencia y ordenaron la reposición del juicio. Sin embargo, el 23 de enero de 2025, el nuevo juez del mismo tribunal emitió una segunda sentencia definitiva absolutoria, la cual fue nuevamente apelada por la representación fiscal mediante el recurso de apelación.

La complejidad procesal del caso se evidencia en la excusa planteada por los magistrados de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente el 1 de abril de 2025, quienes mediante declaración jurada solicitaron “ser apartados de conocer del recurso de apelación” debido a que “conocieron del recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal, contra la sentencia definitiva absolutoria” en el mismo proceso. Los magistrados consideraron que “ese contacto que tuvieron con el mismo sustrato fáctico y elementos probatorios que fueron valorados en el juicio” les impedía “controlar el actual fallo absolutorio que es impugnado nuevamente por la representación fiscal”.

Desafíos estructurales del sistema judicial

El informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz señala que “es fundamental que los registros oficiales se desagreguen por edad, sexo, territorio y otras variables clave, ya que solo con información detallada se pueden diseñar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia sexual más efectivas”. La organización enfatiza que “la visibilización de la violencia de género es esencial para orientar la toma de decisiones y garantizar medidas de protección que respondan a las realidades específicas de las víctimas”.

La problemática estructural identificada requiere “un compromiso firme y coordinado de las distintas instituciones del Estado y la sociedad”, cuyo abordaje “debe ir más allá de la atención de casos individuales, avanzando hacia una estrategia integral de prevención, protección, investigación y reparación, que garantice el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia”. Para implementar esta estrategia, es necesario “designar presupuestos adecuados y recurso humano capacitado en políticas de seguridad con enfoque de género”.

El caso ilustra las complejidades procesales que enfrentan las víctimas de violencia sexual en El Salvador, donde factores como la posición de autoridad del victimario, la demora en la denuncia por temor a represalias, y las dificultades probatorias convergen en un sistema judicial que enfrenta desafíos significativos para garantizar justicia efectiva en casos de violencia de género.

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