Por Alessia Genoves
38 prórrogas al Régiemen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. La última dilación ha tenido lugar durante la Sesión Plenaria Ordinaria Nº. 46, con 57 votos a favor. La política de seguridad corresponde a la declarada Guerra Contra las Pandillas, y ha conseguido una reducción histórica de homicidios, pasando desde los 496 al cierre del año fiscal 2022 a 114 en 2024, según datos oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR). En lo que va de 2025, apenas se han reportado 24 homicidios intencionados, frente a los 36 registrados en el mismo período del año 2024.
No obstante, 394 presuntas muertes en Centros Penales han sido registrado paralelamente al período de continuidad del Régimen, según lo documenta el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Los casos se sumarían a las 6,889 denuncias sobre presuntas vulneracines a los derechos humanos, de acuerdo con organizaciones sociales adscritas al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Matías Delgado” (Idhuca). En suma, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destaca que más de 8,000 personas han sido liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención, comprometiéndose a “liberar el 100% de inocentes” entre los detenidos en el Régimen.
La 38ª prórroga del Régimen de Excepción
Con 57 votos a favor, la Asamblea aprobó, mediante votación nominal y pública, la 38ª prórroga del Régimen. La Pieza de Correspondencia 3-A fue aprobada con dispensa de trámite, y con votación nominal y pública, permitiendo la extensión por 30 días adicionales de las medidas extraordinarias que comenzaron el 27 de marzo de 2022 con la aprobación del Decreto No. 333.
El Régimen, sustentado en el artículo 24 de la Constitución de la República salvadoreña, establece la posibilidad de prorrogar las medidas extraordinarias “siempre y cuando continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaron”. El decreto suspende particularmente el derecho de los detenidos a “ser informados de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (artículo 12, inciso 2º de la Constitución); extiende el período de detención administrativa de las normales 72 horas a 15 días; y suspende la protección contra la inspección de correspondencia (artículo 24 constitucional).
La justificación principal para la continuidad del régimen ha sido la persistencia de estructuras criminales que, según el gobierno, representan una amenaza para la seguridad nacional. En la sesión plenaria, diversos diputados oficialistas defendieron la medida destacando los resultados en materia de seguridad.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Cristosal han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión del régimen. A pesar de estas críticas, el gobierno salvadoreño ha defendido la continuidad del régimen como necesaria para consolidar los avances en materia de seguridad y evitar un posible resurgimiento de actividades criminales vinculadas a las pandillas. “No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha contra las estructuras criminales”, indicó en su momento, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Homicidios cayeron a un 96%
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) muestran una reducción histórica y sostenida en los índices de homicidios en El Salvador desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022. Desde 2019, El Salvador registró un total de 2,398 homicidios. Esta cifra comenzó a descender en 2020, cuando se registraron 1,341 homicidios, lo que representó una disminución del 45.6% respecto al año anterior. La tendencia a la baja continuó en 2021 con 1,147 homicidios (una reducción del 14.5%).
Sin embargo, fue a partir de la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 cuando la reducción se tornó más pronunciada. En 2022, el país registró 496 homicidios intencionales, lo que supuso una disminución del 56.8% respecto a 2021. Según los datos detallados de la FGR para ese año, la categorización por tipologías mostró 429 homicidios asociados a “Delincuencia General”, 36 catalogados como “Intolerancia Social” y 31 como “Intolerancia Familiar”.
En 2022, no obstasnte, durante el mes de marzo se registró el pico más alto (165 homicidios), mientras que noviembre y diciembre mostraron las cifras más bajas (15 y 14 homicidios, respectivamente). Esta variación podría explicarse por la intensificación de las operaciones de seguridad tras la implementación del Régimen de Excepción a finales de marzo.
Para 2023, la reducción fue aún más acentuada, con un total de 154 homicidios intencionales, representando una disminución del 69% respecto al año anterior. La distribución por categorías para este período fue de 53 homicidios por “Delincuencia General”, 54 por “Intolerancia Social” y 47 por “Intolerancia Familiar”. A nivel mensual, octubre registró el mayor número (21 homicidios), mientras que noviembre presentó la cifra más baja (7 homicidios).
En 2024, la tendencia descendente se mantuvo, con un total de 114 homicidios intencionales, lo que significa una reducción adicional del 26% respecto a 2023. La distribución por categorías muestra 33 homicidios clasificados como “Delincuencia General”, 34 como “Intolerancia Social” y 47 como “Intolerancia Familiar”. Agosto registró el pico más alto del año con 20 homicidios, mientras que diciembre presentó la cifra más baja con solo 1 homicidio registrado.
En lo que va de 2025, hasta abril, se han contabilizado 24 homicidios intencionales. De estos, apenas 1 corresponde a la categoría de “Delincuencia General”, 9 a “Intolerancia Social” y 1 a “Intolerancia Familiar”, según los datos disponibles de la FGR. Pero, en su comparación multianual revela una reducción acumulada del 95.7% en los homicidios entre 2019 y los datos proyectados para 2025 que sólo reporta 24 homocidios intencionados al mes de abril, transformando radicalmente el panorama de seguridad de un país que anteriormente figuraba entre los más violentos del mundo.
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Particularmente notable resulta la reducción en la categoría de “Delincuencia General”, que pasó de 429 casos en 2022 a solo 33 en 2024, lo que representa una disminución del 92.3%. Esta categoría, tradicionalmente asociada a la actividad de pandillas, muestra el impacto más significativo de las políticas de seguridad implementadas bajo el Régimen de Excepción.
Por otra parte, los resultados en materia de seguridad han posicionado a El Salvador como un caso de estudio internacional. El informe titulado “The Global Safety Report” de Gallup ubica a El Salvador entre los países donde la población se siente más segura a nivel mundial. Según este estudio, el 88% de los salvadoreños manifestó sentirse seguro al caminar solo por la noche en su área de residencia en 2023, posicionando al país centroamericano como el octavo a nivel mundial en percepción de seguridad, muy por encima del promedio en América Latina (47%) y cercano a los niveles de Europa (75%).
Este cambio radical en la percepción de seguridad contrasta con la situación previa al Régimen de Excepción, cuando El Salvador figuraba consistentemente entre los países más violentos del mundo. Sin embargo, otros estudios como el “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de la organización Global Initiative contra el Crimen Organizado Transnacional, ubica al país en el puesto 52 de 193 a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10. En el contexto americano, El Salvador ocupa el puesto 13 de 35 países y el quinto lugar de ocho países en América Central.
Índice de Ley y Orden 2023
Controversias sobre derechos humanos y detenciones masivas
Mientras las cifras oficiales muestran una reducción histórica en los homicidios, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales durante la implementación del Régimen de Excepción. Según un informe conjunto elaborado por organizaciones como Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Azul Originario, Amate LGBT y otras entidades independientes, hasta abril de 2024 se habían registrado un total de 6,889 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del Régimen de Excepción.
La desagregación de estos datos revela que Cristosal ha documentado 3,786 denuncias, IDHUCA 1,283 casos, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) 387 reportes, Azul Originario 354 reportes, la Red de Defensoras de Derechos Humanos 50 casos y FESPAD 383 reportes. Las principales tipologías de vulneraciones denunciadas incluyen detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, allanamientos ilegales de morada y uso excesivo de la fuerza.
“Las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, señala el informe conjunto de estas organizaciones. Además, destaca que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la Policía Nacional Civil” (PNC). Por su parte, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha reportado hasta 394 presuntas muertes en centros penales durante la vigencia del Régimen de Excepción, desde marzo de 2022 hasta abril de 2025. Esta cifra contrasta con los 224 fallecimientos reportados por Cristosal para un período similar (marzo 2022 a abril 2024).
Ingrid Escobar, representante legal del SJH, ha manifestado inconsistencias en la caracterización de los detenidos fallecidos. En declaraciones realizadas en febrero de 2024 en el programa “Entrevista con Julio Villagrán” de TVX, afirmó que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”, sugiriendo que aproximadamente el 99% de los fallecidos habían sido clasificados como colaboradores de pandillas. Sin embargo, en una entrevista anterior del 28 de diciembre de 2023, la misma representante había señalado que solo “el 6% de las 213 muertes eran ‘perfilados de pandillas’ y que el ‘94% eran inocentes'”.
Estas aparentes contradicciones en las declaraciones han sido señaladas por autoridades gubernamentales como evidencia de inconsistencias en los reportes de organizaciones de derechos humanos. El debate se intensificó tras las declaraciones del presidente Nayib Bukele durante una conferencia de prensa en Costa Rica el 12 de noviembre, donde afirmó: “Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta cifra de liberaciones representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 personas detenidas bajo el Régimen de Excepción hasta octubre de 2024, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
La periodista Livia Solano de Canal 33 Costa Rica cuestionó al mandatario sobre una estimación de 30,000 personas inocentes detenidas, atribuyendo la cifra al SJH. Sin embargo, esta organización no ha confirmado oficialmente este dato, y el análisis de las cifras disponibles muestra que el total de denuncias documentadas por todas las organizaciones de derechos humanos (6,305) está muy por debajo de esa estimación.
El contraste entre las 82,963 detenciones reportadas oficialmente y la estimación inicial del gobierno de que existían 76,600 pandilleros en libertad (según datos de la Policía Nacional Civil de 2018) sugiere un excedente de 6,363 detenciones. Esta diferencia, sumada a las 8,000 liberaciones confirmadas por el presidente Bukele, plantea interrogantes sobre los criterios de identificación y detención utilizados durante la implementación del Régimen de Excepción.
La capacidad instalada del sistema penitenciario salvadoreño también ha sido objeto de debate. Con más de 74,000 personas actualmente detenidas (tras restar las aproximadamente 8,000 liberaciones del total de detenciones), organizaciones como Amnistía Internacional han expresado preocupación por las condiciones de hacinamiento en los centros penales, que podrían estar contribuyendo al número de fallecimientos reportados.
En diciembre de 2023, Amnistía Internacional presentó un informe que contabilizaba 73,000 presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas en el contexto del Régimen de Excepción. Sin embargo, esta metodología contabiliza cada detención como una vulneración potencial, lo que contrasta con el enfoque de otras organizaciones que documentan denuncias específicas de abusos.
El gobierno salvadoreño ha defendido su estrategia argumentando que el descenso sin precedentes en los homicidios es prueba suficiente de la eficacia de las medidas implementadas. Además, ha señalado el impacto económico positivo derivado de la eliminación de las extorsiones, que según estimaciones oficiales representaban un desfinanciamiento de más de $1,000 millones del PIB anual, impactando negativamente el mercado interno y las oportunidades laborales, según lo destacó el ex-titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya.
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