$15 mil en fraudes bancarios: 11 presos

Por: Neftali Hernandez Pereira

11 personas son capturada por orden la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con autoridades policiales, por su presunta participación en una red delictiva dedicada al hurto de dinero mediante la duplicación fraudulenta de chips telefónicos, modalidad conocida internacionalmente como SIM swapping. El monto total sustraído a las víctimas supera los $115,000.00 dólares, según confirmaron fuentes oficiales.

La operación representó uno de los golpes más contundentes contra el cibercrimen financiero registrados en el país, y pone en evidencia una modalidad delictiva que combina ingeniería social, suplantación de identidad y vulneración de sistemas de verificación bancaria.

Una alerta bancaria que desencadenó todo

La investigación tuvo su origen en el reporte de una entidad bancaria que notificó a las autoridades sobre movimientos irregulares en las cuentas de varios de sus clientes. Los afectados, al ser contactados, confirmaron no haber realizado ninguna de esas operaciones. Además, todos coincidieron en un mismo detalle: al momento en que se ejecutaron los movimientos sospechosos, sus teléfonos celulares habían dejado de funcionar completamente.

Esa falla total en las líneas telefónicas no era una casualidad. Era la firma digital del delito.

¿Qué es el SIM swapping y cómo operaba esta red?

El SIM swapping —también llamado duplicación de chip o intercambio de SIM— es una modalidad de fraude que consiste en tomar el control del número telefónico de una víctima mediante la transferencia fraudulenta de ese número a una nueva tarjeta SIM controlada por los delincuentes.

Para llevar a cabo esta operación, los miembros de la red debían cumplir varias etapas previamente planificadas. En primer lugar, recopilaban datos personales de las víctimas: número de Documento Único de Identidad (DUI), información bancaria, correos electrónicos y números de teléfono. Esta información era obtenida mediante técnicas de ingeniería social, filtraciones de datos o compra de información en mercados ilegales.

Con esos datos en mano, los delincuentes contactaban a empleados de empresas de telefonía y los convencían de realizar el traslado del número telefónico de la víctima a un chip nuevo, bajo pretextos como la pérdida o daño del dispositivo. Una vez concretado ese traslado, el teléfono original de la víctima perdía señal por completo, mientras que los victimarios tomaban el control total de la línea.

A partir de ese momento, los delincuentes recibían todas las llamadas y mensajes destinados a ese número, incluidos los códigos de verificación de seguridad que los bancos envían para autorizar transferencias, cambios de contraseña o el ingreso a aplicaciones móviles. Con esos códigos, accedían a las cuentas bancarias y procedían a vaciarlas en cuestión de minutos.

Los capturados

Como resultado de la investigación, las autoridades procedieron a la captura de once personas. Los imputados son Kevin Eduardo Hernández Molina, Moisés Isaac Martínez Rivera, Kenett Koeman Cruz López, Adalberto Antonio Díaz Quijada, Edenilson Rafael Vargas González, Erick Armando Salinas Marroquín, Esmeralda Del Carmen Ramírez de Hernández, María Zuleyma Del Cid Sánchez, Natalia Ivonne Onofre López, José Edenilson Peñate Grijalva y Dennis Emilio Valencia Morales.

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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 23, 2026

Los detenidos provienen de distintas zonas del país y habrían desempeñado diferentes roles dentro de la organización: desde quienes obtenían la información personal de las víctimas, hasta quienes ejecutaban los traspasos fraudulentos de chips y quienes realizaban las operaciones bancarias ilícitas.

Evidencia decomisada y Cargos imputados

Durante los registros realizados como parte de los operativos, las autoridades decomisaron seis teléfonos celulares y dos tarjetas de débito. Ambos tipos de evidencia serán sometidos a análisis forense digital para identificar a más posibles víctimas, rastrear transacciones, establecer la estructura completa de la red y determinar si existen más personas involucradas que aún no han sido capturadas.

Los once detenidos enfrentarán proceso judicial por los delitos de hurto por medios informáticos, manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares, y obtención indebida de servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. La combinación de estos tres delitos refleja la complejidad del esquema y permite a la Fiscalía construir un caso integral que abarca desde la obtención ilegal de información personal hasta el vaciamiento de las cuentas bancarias de las víctimas.

Llamado a la ciudadanía

Ante la expansión de esta modalidad delictiva, la Fiscalía General de la República hizo un llamado urgente a la población para que esté alerta. Las autoridades recomiendan reportar de inmediato cualquier falla inexplicable o pérdida total de señal en la línea telefónica, especialmente si se prolonga por varios minutos sin causa aparente. También instan a no compartir información personal como el número de DUI, datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación con terceros, ya sea de forma presencial, telefónica o digital.

Adicionalmente, la FGR recomienda activar capas adicionales de seguridad en cuentas bancarias y correos electrónicos, resguardar el correo electrónico vinculado a cuentas bancarias y contactar de inmediato a la operadora telefónica ante cualquier sospecha de traspaso no autorizado del número, notificando simultáneamente al banco para congelar movimientos de forma preventiva.

Un fenómeno en expansión regional

El SIM swapping no es exclusivo de El Salvador. En los últimos años, esta modalidad ha crecido de forma alarmante en América Latina, Europa y Estados Unidos, afectando tanto a usuarios particulares como a empresarios y funcionarios públicos. La sofisticación de las redes que lo practican ha ido en aumento, incorporando cómplices al interior de las propias compañías telefónicas y haciendo uso de bases de datos robadas para seleccionar a sus víctimas con mayor precisión.

El caso desarticulado por la FGR en El Salvador demuestra que las autoridades están desarrollando capacidades para enfrentar este tipo de amenazas cibernéticas, aunque también evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad tanto en el sector bancario como en las empresas de telecomunicaciones, quienes representan el eslabón más vulnerable en esta cadena delictiva. La investigación continúa abierta.

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