Trump agradece a Bukele por acuerdo CECOT, pese a denuncias

Por Alessia Genoves

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, expresó su gratitud al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por aceptar en custodia a miembros del Tren de Aragua y MS-13 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en un contexto donde El Salvador aprobó la 37º prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales en la Guerra Contra Pandillas. La alianza bilateral para combatir el crimen organizado transnacional se fortalece mientras las estadísticas oficiales muestran una reducción histórica en los homicidios en El Salvador, pasando de 496 al cierre del año fiscal 2022 a 114 al cierre del año fiscal 2024.

El Salvador, en sus logros, ha enumerado 323 homicidios intencionados registrados entre enero y marzo de 2022 con los apenas 18 contabilizados en el mismo período de 2025, según la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, coni el Socorro jurídico Humanitario (SJH) reportan 385 muertes en centros penales durante la vigencia del régimen, mientras el gobierno salvadoreño confirma la liberación de más de 8,000 personas tras ser sobreseídas de los delitos que justificaban su detención.

Trump y Bukele vs Terrorismo

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su agradecimiento al mandatario salvadoreño Nayib Bukele por recibir en el CECOT a miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13. En su cuenta oficial de TRUTH Social, Trump publicó el 12 de abril de 2025: “¡Esperamos con ansias ver al presidente Bukele de El Salvador el lunes! Nuestras naciones trabajan en estrecha colaboración para erradicar las organizaciones terroristas y construir un futuro de prosperidad. El presidente Bukele ha aceptado con generosidad bajo la custodia de su nación a algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo, y en particular a Estados Unidos.” La declaración continúa afirmando que “Estos bárbaros están ahora bajo la custodia exclusiva de El Salvador, una nación orgullosa y soberana, y su futuro depende del Presidente B y su Gobierno. ¡Jamás volverán a amenazar a nuestros ciudadanos!”

Esta publicación aparece tras una operación conjunta realizada el 31 de marzo de 2025, cuando fueron transferidos 17 criminales peligrosos vinculados al Tren de Aragua y MS-13 desde Estados Unidos hacia El Salvador. Según declaró Bukele ese mismo día: “Anoche, en una operación militar conjunta con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13. Todos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores. Esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

El acuerdo entre ambos países inició formalmente el 16 de marzo de 2025, cuando llegaron a El Salvador los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, quienes fueron inmediatamente transferidos al Cecot. Bukele explicó en esa fecha: “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros. Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”.

La Secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, respaldó enérgicamente este acuerdo durante su visita al Cecot el 28 de marzo de 2025, cuando declaró: “Recorrí el CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales delincuentes: ¡SALGAN YA! Si no se van, los perseguiremos, los arrestaremos y podrían terminar en esta prisión salvadoreña”. Noem también enfatizó días antes, el 26 de marzo, que “las deportaciones de Tren De Aragua al Centro de Reclusión Terrorista de El Salvador enviaron un mensaje al mundo de que Estados Unidos ya no es un refugio seguro para criminales violentos”.

El acuerdo migratorio entre ambos países fue anunciado inicialmente por el senador Marco Rubio y el presidente Bukele como “sin precedentes”, que incluye la deportación a El Salvador de migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que hayan cometido crímenes en territorio estadounidense. La formalización de esta alianza se consolida con una invitación oficial de Trump a Bukele.

En una carta fechada el 1 de abril de 2025, el presidente estadounidense escribió: “Agradezco enormemente su apoyo a mis esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. Durante demasiado tiempo, nuestra frontera sur ha sido una puerta abierta. Con la ayuda de amigos como usted, hemos logrado grandes avances en la protección de los estadounidenses contra la actividad fronteriza ilegal”. Trump añadió: “También es de gran importancia para nuestra alianza su disposición a utilizar la nueva prisión de máxima seguridad de El Salvador para los pandilleros del Tren de Aragua y la MS-13. Usted ha demostrado un liderazgo genuino y es un modelo para quienes buscan colaborar con Estados Unidos”.

37ª prórrogas del Régimen

La Asamblea Legislativa aprobó la 37º prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, extendiendo por 30 días adicionales la política de seguridad implementada desde marzo de 2022. Esta nueva extensión fue adoptada durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 50, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A, con 57 votos a favor, mediante votación nominal y pública, tras ser aprobada con dispensa de trámite. Con esta prórroga, el régimen acumula 1,110 días de implementación ininterrumpida.

El fundamento legal de esta medida excepcional se encuentra en el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, que permite la suspensión de determinadas garantías constitucionales cuando “continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaron”. Específicamente, el Decreto No. 333, aprobado en marzo de 2022, suspende tres derechos fundamentales: “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (artículo 12, inciso 2º), la limitación temporal de la detención administrativa —que pasa de 72 horas a 15 días—, y la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 24).

Frente a la continuidad de este régimen, diversas organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo su suspensión. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, el SJH y Justicia Internacional fundamentan sus peticiones argumentando que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, según establece un informe conjunto de estas organizaciones que enumera hasta 6,305 reportes de presuntas violaciones a derechos humanos.

Las críticas hacia el régimen se intensifican por los reportes de consecuencias fatales durante su implementación. El SJH ha documentado 385 muertes ocurridas en centros penales durante la vigencia del régimen. Según esta organización, el 86% de estas muertes estarían relacionadas con condiciones de hacinamiento y confrontaciones entre miembros de pandillas rivales recluidos en las mismas instalaciones. El SJH señala que la capacidad instalada del sistema penitenciario salvadoreño está diseñada para 27,000 reos, pero actualmente alberga a más de 80,000 detenidos, resultando en una sobrepoblación del 296%.

Amnistía Internacional también ha expresado preocupación, reportando hasta 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023, cifras que han sido cuestionadas por las autoridades gubernamentales, como el presidente Nayib Bukele, por su magnitud en relación con el total de detenciones realizadas.

Homicidios caen un 96.4% en marzo (2022-2025)

Los datos de laFGR evidencian una transformación significativa en los índices de homicidios en El Salvador desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022. Para contextualizar esta evolución, es importante examinar las cifras previas a esta medida. En 2019, el país registró 2,398 homicidios, equivalentes a una tasa de 37.6 por cada 100,000 habitantes. Esta cifra experimentó una reducción del 45.6% en 2020, cuando se contabilizaron 1,341 homicidios. En 2021, los homicidios disminuyeron a 1,162, representando una reducción adicional del 12.4%.

La implementación del Régimen de Excepción coincide con una caída abrupta en las estadísticas. Al cierre del año fiscal 2022, se registraron 496 homicidios intencionados, distribuidos en 429 casos relacionados con delincuencia general, 36 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar. Esta cifra representó una disminución del 57.3% respecto a 2021.

Homicidios Intencionados, datos de la Fiscalía General de la República (FGR) de enero 2022 a marzo 2025

Para 2023, los homicidios intencionados totalizaron 154, con la siguiente distribución: 53 relacionados con delincuencia general, 54 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar. Esta cifra representó una reducción del 69% en comparación con 2022. Al cierre del año fiscal 2024, los datos oficiales contabilizaron 114 homicidios intencionados, distribuidos en 33 relacionados con delincuencia general, 34 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar, lo que supone una disminución adicional del 26% respecto a 2023.

El análisis mensual de los homicidios durante 2024 revela la siguiente distribución: enero (9), febrero (7), marzo (13), abril (7), mayo (17), junio (5), julio (15), agosto (20), septiembre (9), octubre (5), noviembre (6) y diciembre (1). Si se compara con los promedios mensuales de años anteriores, se evidencia una reducción del 94.3% respecto al promedio mensual de 2019 (203 homicidios).

Tables

Particularmente reveladora resulta la comparación entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2025. Entre enero y marzo de 2022, justo antes de la implementación del Régimen de Excepción, la FGR contabilizó 323 homicidios intencionados: enero (82), febrero (76) y marzo (165). En contraste, durante el primer trimestre de 2025, se han registrado únicamente 18 homicidios: 6 en enero, 5 en febrero y 7 en marzo. Esta comparación refleja una reducción del 94.4% para el mismo periodo.

Según las estadísticas más recientes de la FGR, durante el año 2025 se registró 1 homicidio relacionado con delincuencia general, 9 por intolerancia social, 1 por intolerancia familiar, y 7 casos en marzo pendientes de categorización específica. Esta composición sugiere una disminución más pronunciada en los homicidios vinculados directamente a la actividad de pandillas y grupos criminales organizados.

La reducción entre 2019 y el primer trimestre de 2025 alcanza el impresionante 99.25%. Si se considera específicamente el periodo desde la implementación del Régimen de Excepción (marzo 2022) hasta marzo 2025, la reducción acumulada es del 96.4%.

6,305 presuntas Vulneraciones a derechos humanos

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha documentado sistemáticamente presuntas vulneraciones a derechos humanos durante la vigencia del Régimen de Excepción. Según los datos recopilados por organizaciones asociadas, desde marzo de 2022 hasta abril de 2024 se registraron 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones, distribuidas de la siguiente manera: Cristosal (3,786 casos), IDHUCA (1,283 casos), SSPAS (387 casos), Azul Originario (354 casos), FESPAD (383 casos) y Red de Defensores de Derechos Humanos (50 casos adicionales).

Las tipificaciones más frecuentes de estas presuntas vulneraciones incluyen: detenciones arbitrarias (78% de los casos), violaciones al debido proceso (65%), allanamientos sin orden judicial (42%), malos tratos y posibles torturas (37%), negación de información sobre paradero de detenidos (29%), amenazas e intimidación (24%), y uso excesivo de la fuerza (18%). Cristosal reporta 224 muertes bajo custodia estatal desde marzo de 2022 hasta abril de 2024.

El SJH presenta cifras divergentes, reportando 385 muertes en centros penales hasta marzo de 2025. Según esta organización, el 86% de estas muertes estarían relacionadas con condiciones de hacinamiento y confrontaciones entre miembros de pandillas rivales recluidos en las mismas instalaciones. El SJH señala que la capacidad instalada del sistema penitenciario salvadoreño está diseñada para 27,000 reos, pero actualmente alberga a más de 80,000 detenidos, resultando en una sobrepoblación del 296%.

Las declaraciones de Ingrid Escobar, representante legal del SJH, han presentado algunas inconsistencias que han sido señaladas por las autoridades. El 28 de diciembre de 2023, Escobar afirmó que “el 94% eran inocentes” de las 213 muertes registradas hasta ese momento. Sin embargo, el 24 de febrero de 2024, la misma representante indicó que cerca del 99% de los fallecidos “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”, afirmando que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.

El presidente Nayib Bukele, durante su visita oficial a Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, declaró: “Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta afirmación contrasta con estimaciones del SJH que situaban en aproximadamente 12,000 el número de personas inocentes detenidas durante el Régimen de Excepción. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) ha reportado oficialmente 82,963 detenciones realizadas bajo el Régimen de Excepción hasta octubre de 2024. Las 8,000 personas liberadas representan aproximadamente el 9.6% del total de detenidos.

La discrepancia entre las cifras oficiales y las presentadas por organizaciones de derechos humanos ha generado un intenso debate. Por un lado, la periodista Livia Solano de Canal 33 Costa Rica mencionó que el SJH estimaba en 30,000 las personas inocentes detenidas, cifra que ha sido cuestionada ya que supera significativamente el total de denuncias de presuntas vulneraciones documentadas por todas las organizaciones combinadas (6,305 casos).

El Salvador: entre la seguridad y los derechos humanos

El contraste entre la reducción de la violencia y los reportes de vulneraciones a derechos humanos se re-interpreta en el informe “The Global Safety Report” de Gallup, El Salvador se sitúa como el octavo país con mayor percepción de seguridad a nivel mundial. De acuerdo con este estudio, el 88% de los salvadoreños manifestó sentirse seguro al caminar solo por la noche en su área de residencia en 2023. Este dato posiciona al país significativamente por encima del promedio regional en América Latina (47%) y Europa (75%), aunque por debajo de naciones como Kuwait (99%), Singapur (94%) y Noruega (92%).

Esta transformación en la percepción de seguridad ciudadana genera un contraste entre la situación histórica de El Salvador. Sin embargo, el “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de la Organización Global Initiative presenta otra perspectiva, ubicando a El Salvador en el puesto 52 de 193 países a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10. En el contexto americano, El Salvador se sitúa en el puesto 13 de 35 países, y ocupa el quinto lugar entre ocho naciones de América Central.

La reducción de los homicidios y la disminución de la actividad de pandillas han tenido un impacto económico cuantificable, según informes oficiales. Las autoridades gubernamentales estiman que la eliminación de las extorsiones sistemáticas impuestas por las pandillas ha recuperado aproximadamente $1,000 millones anuales para la economía salvadoreña, equivalentes al 3.4% del PIB nacional.

Este cambio ha permitido la reactivación de negocios en zonas anteriormente controladas por estructuras criminales y ha facilitado la inversión en comunidades anteriormente consideradas de alto riesgo. Según datos del Banco Central de Reserva, las remesas familiares hacia El Salvador aumentaron un 8.2% durante 2024, alcanzando los $8,275 millones, un incremento que algunos analistas atribuyen parcialmente a la mejora en las condiciones de seguridad.

Sin embargo, el costo fiscal del Régimen de Excepción ha sido significativo. El presupuesto asignado al sistema penitenciario aumentó de $145 millones en 2021 a $372 millones en 2024, un incremento del 156%. La construcción del CECOT, con capacidad para 40,000 reos, requirió una inversión de $435 millones, según cifras oficiales.

El impacto social presenta aspectos contradictorios. Por un lado, comunidades anteriormente controladas por pandillas reportan mejoras sustanciales en su calidad de vida, con un 92% de la población encuestada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) indicando que la situación de seguridad ha mejorado en sus barrios. Por otro lado, las más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a derechos humanos sugieren un deterioro en la protección de garantías individuales, particularmente entre poblaciones vulnerables y de escasos recursos.

El acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos para albergar a miembros del Tren de Aragua y MS-13 en el Cecot añade una nueva dimensión a esta compleja situación. Según declaró Bukele el 16 de marzo de 2025, este acuerdo no solo fortalece la lucha contra el crimen organizado transnacional, sino que también contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema penitenciario salvadoreño: “Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y trabajan en el marco del programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario. Actualmente, cuesta $200 millones al año”.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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