Por Alessia Genoves
Karla Guevara denuncia al Estado de El Salvador por la negación del derecho a la Identidad de Género ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La abogada salvadoreña denuncia la obstaculización de la Resolución del Juzgado Tercero de Familia de San Salvador, tras la disconformidad señalada en el recurso de Amparo, emitido por el ex-titular de la Unidad de Registro y Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador, Juan José Azucena Cattán, quién se negó a dar lugar a la marginación de su Partida de Nacimiento y documentos identitarios.
Azucena Cattán, y su representante legal, sostuvo su negación a la diligencia, presumiendo una posible “incertidumbre jurídica del individuo, las cuales pueden afectarle en sus relaciones con el resto de personas”, debido a que “la partida de nacimiento -resultante- implicaría que en ella se reflejarían dos nombres y dos sexos”; y que se solucionaría si se emite una nueva Partida. Pero la situación de Karla acrecentaría el “limbo jurídico” en los procesos de re-asignación de identidad de género en las personas transgénero y transexuales.
Ésta valoración, inicialmente planteada por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), en febrero de 2023, también responde a la negación del deber asignado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Asamblea Legislativa, para procurar un cambio en la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), que se adecue al derecho de cambio de nombre e identidad de género en los documentos registrales de las personas transgénero y transexuales, de acuerdo con la resolución 33-.2016/1995-2016.
Dicha valoración sería también planteada por Azucena Cattán, en el expediente 249-2022 de la CSJ, al señalar que “no se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”.
Por otra parte, Karla Guevara calificó el proceso “violatorio”, “inconstitucional” y “revictimizante”. Según lo indicó: “Puse una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de incumplimiento de sentencia judicial en contra del registrador y del jefe del registro de la Alcaldía de San Salvador. Sin embargo, un año después, es decir, en 2024, la Fiscalía me notificó que no hay delito que perseguir porque ya existe una demanda ante la Sala de lo Constitucional. Me dijeron que no podían hacer nada y que archivaron mi caso”.
Identidad trans, en un “limbo jurídico”
El 19 de noviembre de 2023, Guevara interpuso su petición ante la CIDH, exponiendo un proceso judicial que se ha extendido por cinco años. “Desde el mes de octubre de 2022 me tienen en el limbo jurídico y mientras tanto se me siguen vulnerando mis derechos al no tener una ciudadanía plena, hasta para alquilar una casa se me hace una misión imposible”, manifestó la abogada. La demanda judicial de Guevara comenzó en diciembre de 2019, cuando inició su solicitud por adecuar su nombre y género a su identidad de género, ante el Juzgado Primero de Familia.
En enero de 2020, tras apelar dos veces ante la Cámara de Familia, obtuvieron un fallo favorable. Finalmente, en agosto de 2022, el juzgado emitió una sentencia que ordenaba su cambio de nombre y género, mandando a marginar su acta de nacimiento. Sin embargo, la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un proceso de amparo para impedir la ejecución de esta decisión. Los funcionarios identificados en esta abstención incluyen a “Edwin Hernández, Juan José Azucena (Cattán) y al apoderado legal, Julián Mendoza”.
De modo que el proceso quedaría asolapado, ya que la CSJ, en su resolución 249-2022, resolvió, entre otras cosas. la “suspensión inmediata y provisionalmente los efectos de la actuación impugnada, medida cautelar que ha de entenderse en el sentido de que, mientras la tramitación de este amparo y hasta que se emita un pronunciamiento definitivo, la Jueza Tercero de Familia (jueza uno) de esta ciudad se abstendrá de exigir al Registro del Estado Familiar de San Salvador el cumplimiento de su decisión”.
La abogada Bessy Ríos indicó a éste medio, en su momento, que “se admitió el amparo. Y ellos emiten la medida cautelar de suspender el derecho reclamado, porque creen que existe la posibilidad de que le vulnere a Azucena Cattán su derecho a ser transfóbico”, en alusión a su “fe y valores cristianos” del demandante. Sin embargo, el referido expediente de amparo no detalla, en su contenido, que Cattán y los representados hayan alegado perjuicios a su moralidad, fe, valores cristianos, más allá de la ausencia de marcos normativos, coherentes con los de una Ley de Identidad de Género.
Bloquean el Nombre Trans
El limbo jurídico planteado por las organizaciones demandantes se complejiza día tras día. Han transcurrido 1,020 días desde que la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió su resolución favorable a la denuncia de In-constitucionalidad Parcial a la LNPN, el 8 de febrero de 2022. La resolución de la Sala determinó que la ley vigente presenta limitaciones significativas, permitiendo cambios de nombre solo cuando este sea “equívoco respecto al sexo” y con condiciones restrictivas.
La situación legislativa se complejizó aún más el 1 de mayo de 2024, cuando la Asamblea Legislativa, con 57 votos a favor, aprobó una reforma que redujo la cantidad de comisiones de 20 a 8. Esta decisión implicó la disolución de comisiones fundamentales para los derechos de minorías. La diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas justificó la medida argumentando que “todos los temas relacionados en estas comisiones que ahora existen se concretarán en una sola comisión. Tampoco estamos dejando por fuera ningún tema”. No obstante, la diputada Claudia Ortiz de VAMOS expresó su preocupación por “la posible falta de atención a temas cruciales al ser eliminadas comisiones específicas”.
Entre las comisiones eliminadas se encontraba la de Justicia y Derechos Humanos, que venía estudiando propuestas legislativas importantes, incluida una Ley de Justicia Transicional presentada desde 2021 por víctimas del conflicto armado; así como la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, donde se discutían propuestas como la Ley de Identidad de Género, la Ley por la Igualdad y la No Discriminación y la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, entorno al cambio de la LNPN.
Denuncia Internacional
La petición de Guevara ante la CIDH se fundamenta en múltiples violaciones a instrumentos internacionales de derechos humanos. Específicamente, señala incumplimientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Organizaciones de derechos humanos como el Colectivo Alejandría han respaldado a Guevara. En su intervención, señalaron que “el Estado salvadoreño no garantiza un acceso digno a la justicia, incumpliendo órdenes judiciales específicas. Este caso es un claro ejemplo de los desacatos cometidos por el Estado en perjuicio de la población trans”. De modo que, en el contexto internacional, la CIDH, mediante su Opinión Consultiva 24/17, ha establecido que los Estados están obligados a reconocer la identidad de género. La petición de Guevara busca que El Salvador implemente un procedimiento administrativo gratuito y accesible para el reconocimiento de identidad de género.
Durante su proceso judicial, Guevara documentó tratos discriminatorios que configuraron “violaciones a mi integridad psíquica”. Estos incluyeron “la patologización y genitalización de mi identidad, la vulneración de mi intimidad, el escrutinio judicial e inspección física de mi cuerpo, así como el constante escepticismo de las autoridades estatales sobre mi feminidad”. Antecedentes judiciales revelan que el único mecanismo para cambios de identidad en El Salvador ha sido “presentar demandas ante los juzgados de familia”. Guevara se posiciona como “la primera mujer trans en El Salvador en acceder al cambio de nombre y género en mis documentos de identidad”.
La Red Salvadoreña de Defensoras y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local manifestaron su solidaridad, destacando “el rol valiente de Karla como defensora de derechos humanos” y denunciando “cómo se sigue negando el acceso a una ley de identidad de género que garantice la igualdad”. El caso de Guevara se suma al de Aldo Alexánder Peña, quien también ha enfrentado obstáculos similares, señalando que “ahora en este país cualquier funcionario público podrá incumplir una resolución judicial que le beneficie a usted, ellos se han vuelto prácticamente jueces”.
En su denuncia ante la CIDH, Guevara argumenta que el Estado salvadoreño ha violado derechos fundamentales como “la identidad de género, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la libertad, la vida privada, la autodeterminación informativa, el nombre, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial”.
La lucha continúa, con organizaciones como Sinergia Iniciativas para los Derechos Humanos comprometidas a acompañar este proceso, reconociendo que será “probablemente un proceso largo, ya que el sistema interamericano lleva tiempo, pero consideramos que al tomar la decisión de llevarlo a esta instancia, es la más eficiente y efectiva para lograr el reconocimiento de su identidad de género”.
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