Estafadores operan desde cárceles de Colombia a El salvador: Seguridad

Por: Neftali Hernandez Pereira

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El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, acompañado del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó los resultados de una investigación que permitió identificar y frenar una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas con amenazas falsas de secuestro originadas en territorio colombiano.

La conferencia de prensa, realizada sin espacio para preguntas de periodistas, estableció que la red contactaba a las víctimas mediante llamadas o mensajes solicitando un servicio, las citaba en lugares despoblados y, de manera simultánea, llamaba a sus familiares para exigir dinero bajo la simulación de un secuestro. Ciento un teléfonos celulares activos fueron detectados dentro del centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá, gracias a un trabajo conjunto con el Gobierno de Estados Unidos que permitió rastrear el origen técnico de las llamadas hasta ese recinto.

Modus operandi: 375 números telefónicos con prefijos de tres países

Trescientos setenta y cinco números telefónicos, como mínimo, fueron identificados por la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía como parte de la estructura, con prefijos internacionales de Colombia (+57), México (+52) y Guatemala (+502). El ministro Villatoro explicó que el mecanismo delictivo inicia cuando los criminales contactan a personas que ofrecen productos o servicios en redes sociales, fingen interés laboral o comercial y, mediante videollamadas y amenazas, obtienen datos familiares para simular secuestros y exigir dinero.

El funcionario detalló que la organización recurre a mensajes de “falsas ofertas laborales, venta de productos, inversiones, préstamos, maletas” como señuelo inicial para acercarse a las víctimas. El dinero obtenido era movilizado a través de prestacuentas, casas de cambio y criptomonedas hacia el exterior, mientras la misma estructura mantenía vínculos con estafas por supuestos envíos de maletas, falsas inversiones y alquileres vacacionales.

Marco judicial y procesal: identificación tecnológica y límites jurisdiccionales

Tecnología estadounidense de rastreo permitió a las autoridades salvadoreñas demostrar que las llamadas fraudulentas eran realizadas por reclusos de la cárcel de Cómbita, según explicó Villatoro: “estamos demostrando técnicamente que estas llamadas son hechas por un grupo que se encuentra en esta cárcel de Cómbita en Colombia”.

La dimensión judicial del caso se enmarca en la imposibilidad de las autoridades salvadoreñas de ejecutar operaciones dentro de territorio colombiano, circunstancia que traslada la persecución penal a un escenario de cooperación internacional entre ambos Estados para el juzgamiento de delitos de estafa y extorsión cuyo origen material se ubica en un centro penitenciario ajeno al país de las víctimas.

El fiscal general Delgado confirmó que la investigación se activó desde enero de 2024, cuando la Dirección Contra el Crimen Organizado identificó una nueva modalidad de engaños ejecutada principalmente desde el extranjero mediante redes sociales, y aclaró que no existe presencia de carteles ni de estructuras criminales extranjeras operando dentro de territorio salvadoreño. Del lado colombiano, las autoridades penitenciarias ordenaron el bloqueo inmediato de señal telefónica en tres centros de reclusión señalados como origen de las comunicaciones fraudulentas: Cómbita, Valledupar y La Dorada, medida confirmada por el ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga Franco.

Antecedente Gota a Gota: $20 millones remesados y 138 órdenes de captura

Veinte millones de dólares, como mínimo, fueron remesados hacia Colombia desde 2021 producto de un esquema de microcréditos ilegales conocido como “gota a gota”, según cifras difundidas por el Ministerio de Seguridad salvadoreño en julio de 2023.

Liberan a 14 extranjeros acusados de “estafas gota a gota”

La red, integrada mayoritariamente por ciudadanos colombianos, operaba bajo un modelo de préstamos de montos pequeños con tasas de interés que superaban el 300% anual, muy por encima de los límites legales fijados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, y manejaba aproximadamente 2.5 millones de dólares en operaciones mensuales, con préstamos individuales que oscilaban entre 100 y 5,000 dólares.

Ciento diez personas fueron detenidas en las primeras fases de la investigación, la mayoría de nacionalidad colombiana, mientras que en junio de 2024 la Fiscalía General de la República giró 138 nuevas órdenes de captura contra dos salvadoreños y cuatro colombianos adicionales, acusados de estafar a más víctimas mediante la venta de boletos aéreos y paquetes turísticos falsos. Ochocientos mil dólares en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y documentación contable fueron decomisados durante dieciocho allanamientos simultáneos ejecutados en el área metropolitana de San Salvador, y quince de los implicados, catorce colombianos y una guatemalteca, fueron liberados el 8 de julio de 2025 tras aceptar un proceso abreviado ante el Juzgado Especializado Sexto de San Salvador por los delitos de lavado de dinero, receptación y agrupaciones ilícitas.

Mulas financieras y Operación Escudo Virtual: $6 millones lavados con 549 integrantes

Seis millones de dólares fueron hurtados, estafados y movilizados por una estructura criminal transnacional identificada bajo el nombre de Operación Escudo Virtual, integrada por 549 personas provenientes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países, según confirmó la Fiscalía General de la República.

114 mulas financieras presas. Estadas por US$6 millones

Ciento catorce personas fueron detenidas por participar en más de 5,373 casos de estafas documentadas, identificadas por las autoridades bajo la categoría de “mulas financieras” al prestar sus cuentas bancarias para recibir depósitos y transferir fondos producto de la actividad ilícita. El fiscal general Delgado precisó que hasta la fecha del reporte se habían presentado 1,894 requerimientos fiscales contra personas señaladas de prestar sus cuentas bancarias para cometer estafas, de los cuales 1,327 casos permanecían en etapa de instrucción con detención provisional, 300 casos fueron resueltos con medidas alternas a la detención y 267 casos culminaron en sentencias condenatorias.

52 presos por estafas de $6 millones: Escudo Virtual

Doscientos quince mil dólares fue el monto sustraído en la segunda fase de esta operación, ejecutada mediante 51 órdenes de captura adicionales, mientras que el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó detención provisional contra 124 sujetos señalados de integrar la estructura transnacional, entre ellos ocho ciudadanos colombianos, un venezolano y cuatro guatemaltecos.

Corrupción y hacinamiento en el sistema penitenciario colombiano

Cincuenta y dos por ciento fue el nivel de hacinamiento registrado en los 141 establecimientos de reclusión de orden nacional (ERON) colombianos al cierre de 2012, según el entonces director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, quien atribuyó la crisis a una “cultura incipiente de la gestión de la calidad en los Establecimientos de Reclusión” y a la insuficiencia física y logística de la estructura carcelaria.

Ciento noventa por ciento fue el incremento de la población reclusa colombiana entre 1993 y 2010, al pasar de niveles cercanos a 29,000 personas a 84,444 privados de libertad, pese a la construcción de 16 megacomplejos carcelarios en el mismo periodo.

Dieciséis por ciento de la población reclusa correspondía a extranjeros según cifras de 2011, con mayor participación de ciudadanos venezolanos, españoles y mexicanos, mientras que el director del INPEC reconoció públicamente que “el poder económico de las mafias siempre ha sido superior al del Estado para controlarlas”, en referencia a la persistencia de redes de comunicación ilícita dentro de los penales pese a la existencia de bloqueadores de señal.

La cárcel de Cómbita fue creada precisamente como establecimiento de máxima seguridad mediante la resolución 2116 del 19 de julio de 2002, en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional que declaró un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario por hacinamiento crónico y ausencia de políticas públicas coherentes.

Cambio de gobierno en Colombia: De la Espriella asumio el 7 de agosto de 2026

Doce millones novecientos sesenta mil ciento sesenta y seis votos, equivalentes al 49,66% del escrutinio, le dieron la victoria al abogado Abelardo de la Espriella sobre el senador de izquierda Iván Cepeda, quien obtuvo 12 millones setecientos ocho mil trescientos doce votos, un 48,70%, en la segunda vuelta presidencial colombiana celebrada el 21 de junio de 2026.

Doscientos cincuenta mil ochocientos treinta votos, equivalentes a una diferencia de 0.96%, separaron a ambos candidatos en la que fue calificada como la segunda votación con el margen más estrecho en un balotaje colombiano de las últimas tres décadas.

De la Espriella tomó posesión el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en sucesión del entonces presidente saliente Gustavo Petro, e inmediatamente después de la ceremonia el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario trasladó a 117 internos de alto perfil hacia establecimientos de mayor seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, medida presentada por el nuevo Ejecutivo como primer paso para fortalecer el control territorial frente a organizaciones criminales.

Propuesta de diez megacárceles inspiradas en el modelo CECOT

Setenta y cinco por ciento de las extorsiones registradas en Colombia se originan desde el interior de centros penitenciarios, según el diagnóstico que De la Espriella utilizó durante su campaña para sustentar la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad en zonas aisladas del país, sin acceso a señal de telecomunicaciones.

El mandatario propuso, además, la eliminación del INPEC, al que calificó como “un cáncer para la justicia colombiana”, y su sustitución por un cuerpo de prisiones integrado por veteranos y reservistas adscrito al Ejército de Colombia, bajo un esquema de administración con capital privado mediante concesiones a largo plazo.

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Mil hectáreas en el predio de Colonia, departamento del Meta, fueron señaladas como ubicación de uno de los proyectos más concretos de este plan, inspirado explícitamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, con capacidad para 40,000 reclusos según la referencia utilizada por el propio candidato. Veintisiete mil integrantes de grupos armados ilegales, con un crecimiento del 23.5% según cifras oficiales citadas en la propuesta, junto con 330,000 hectáreas de cultivos de coca y una producción potencial de 2,664 toneladas de cocaína, conformaron el diagnóstico de seguridad que De la Espriella empleó para justificar el endurecimiento de la política penitenciaria, que contempla adicionalmente la creación de diez centros de rehabilitación destinados a las víctimas del crimen organizado.

Estructuras criminales activas en el territorio colombiano

Bandas criminales (BACRIM), estructuras paramilitares remanentes, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones dedicadas al narcotráfico conforman el universo de actores armados ilegales que las autoridades colombianas vinculan con la operación de redes de extorsión y estafa telefónica desde el interior de los centros penitenciarios del país, incluida la cárcel de Cómbita.

El propio De la Espriella, durante su campaña, había advertido que la política de “paz total” impulsada por el gobierno saliente permitió el fortalecimiento de grupos guerrilleros y bandas criminales a través del narcotráfico y la minería ilegal de oro, y adelantó ante la agencia Reuters que en su gobierno “no habrá procesos de paz”, sino que los responsables que no se sometan a la justicia serán neutralizados por la fuerza pública, mientras quienes se entreguen enfrentarán reclusión en cárceles de máxima seguridad sin acceso a comunicación externa.

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