Por: Neftali Hernandez Pereira
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla declaró culpable a Miguel Ángel Sánchez Cortez por el intento de asesinato de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un ataque armado en junio de 2021. La sentencia, que establece una condena total de 50 años de prisión, se considera un precedente en la lucha contra la violencia dirigida hacia los cuerpos de seguridad. Este fallo se produce en un contexto donde la protección a los agentes policiales se ha convertido en prioridad nacional tras años de sistemáticos ataques contra las fuerzas del orden.
#JusticiaSV ⚖️| 𝟱𝟬 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮́𝗿𝗰𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) April 4, 2025
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla declaró culpable a Miguel Ángel Sánchez Cortez por su participación en el intento de asesinato de cuatro agentes… pic.twitter.com/sAtuLiZTA9
Las investigaciones conducidas durante tres años revelaron la participación directa de Sánchez Cortez en el ataque ocurrido en la zona rural de Teotepeque, La Libertad Costa. El Ministerio Público presentó evidencias contundentes que demostraron la planificación y ejecución del ataque por parte del imputado y otros miembros de estructuras criminales. La Fiscalía General de la República calificó la sentencia como “proporcional a la gravedad de los hechos” y reafirmó su compromiso de perseguir con todo el peso de la ley los delitos contra funcionarios encargados de la seguridad pública.
Actuar de los hechos
La madrugada del 27 de junio de 2021, cuatro agentes policiales realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona rural de Teotepeque, departamento de La Libertad. Según consta en el expediente judicial, aproximadamente a las 02:30 horas, los uniformados fueron emboscados por un grupo de al menos seis individuos fuertemente armados.
#AsesinoCondenado I Miguel Ángel Sánchez Cortez, pandillero de la MS, intentó asesinar a 4 policías en Teotepeque, La Libertad Costa. Por estos hechos ha recibido una condena de 50 años en prisión.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 4, 2025
En la madrugada del 27 de junio del 2021, agentes de la PNC realizaban un… pic.twitter.com/YesLrgUYKv
El ataque inició cuando los agentes ingresaban a un camino vecinal. Los atacantes, apostados en ambos lados del camino, abrieron fuego con armas de alto calibre. Los cuatro policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad con impactos en tórax y extremidades.
Durante el intercambio de disparos, uno de los atacantes, posteriormente identificado como Miguel Ángel Sánchez Cortez, resultó herido. Sus cómplices huyeron del lugar, abandonándolo. Los agentes policiales, pese a sus heridas, lograron capturar a Sánchez Cortez, quien portaba un fusil de asalto AR-15 con dos cargadores.
El ahora condenado fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Nacional San Rafael, donde recibió atención médica. Tras su recuperación, fue puesto a disposición judicial, iniciándose el proceso que culminó con la sentencia dictada esta semana.
Contexto de seguridad en PNC Y FAES
El panorama de seguridad para los cuerpos policiales ha experimentado cambios fundamentales entre las administraciones anteriores y el gobierno actual:
#ElSalvador | El @Director_PNC, Mauricio Arriaza Chicas, durante este homenaje, destacó el trabajo desarrollado por los agentes que dieron su vida por garantizar la seguridad de la población. En total han sido asesinados 356 policías desde que se fundó la @PNCSV en 1992 hasta… pic.twitter.com/okXljcU7yW
— Diario El Salvador (@elsalvador) August 15, 2024
Durante los periodos 2014-2019, los elementos policiales operaban bajo un esquema de contención limitada frente a las estructuras criminales. Las estadísticas institucionales revelaban que 7 de cada 10 policías asesinados fueron atacados en sus comunidades de residencia, evidenciando la capacidad de inteligencia y penetración territorial de los grupos criminales.
La PNC enfrentaba limitaciones operativas significativas: restricciones presupuestarias que afectaban equipamiento, capacitación y recursos logísticos; protocolos de actuación que priorizaban la contención sobre la neutralización de amenazas; y coordinación fragmentada con otras instituciones de seguridad, sin embargo La Fuerza Armada, aunque participaba en tareas de seguridad mediante los Grupos Conjuntos de Apoyo a la Comunidad, mantenía un rol secundario y delimitado en operaciones contra estructuras criminales.
Calma en los cuerpos de seguridad
El cambio de paradigma inició en 2019 con la implementación del Plan Control Territorial, intensificándose posteriormente con el Régimen de Excepción a partir de 2022.
Renovación completa del equipamiento táctico policial, incluyendo chalecos antibalas de nueva generación, vehículos blindados para patrullaje en zonas de alto riesgo y sistemas de comunicación encriptados ademas de la implementación de unidades especializadas en contrainteligencia para identificar amenazas contra agentes y prevenir filtración de información operativa.
Con la Fase III del #PlanControlTerritorial se busca el fortalecimiento de la @PNCSV y la @FUERZARMADASV, a través de la modernización de la infraestructura y el equipamiento. Además, mejorar los servicios de salud que dichas instituciones brindan a su personal. pic.twitter.com/ahiP2XFyvW
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) May 12, 2021
Reubicación de agentes policiales desde zonas de residencia con presencia de estructuras criminales hacia entornos seguros, reduciendo su vulnerabilidad fuera de servicio e integración operativa con la Fuerza Armada, que pasó de un rol complementario a una participación directa en labores de control territorial, con capacidad de despliegue masivo en zonas críticas. y la creación de centros de monitoreo conjunto PNC-FAES en los 14 departamentos, permitiendo respuesta inmediata ante incidentes contra fuerzas de seguridad.
La sentencia de 50 años contra Miguel Ángel Sánchez Cortez se inscribe en este nuevo paradigma de protección institucional a las fuerzas del orden, enviando un mensaje directo a las estructuras criminales sobre las consecuencias de atentar contra agentes de seguridad pública.
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