Por Alessia Genoves
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor, el Dictamen Favorable No. 9 de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que contiene las “Disposiciones Transitorias para la Legalización de Armas de Fuego”. La nueva normativa, aprobada durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 25, busca facilitar el registro de armas no registradas y promover la entrega voluntaria de armas artesanales.
La ley transitoria se enmarca en el contexto de la 31ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales y la significativa reducción de homicidios reportada por el gobierno. Sin embargo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha expresado preocupaciones sobre el enfoque de la nueva legislación, proponiendo medidas alternativas para abordar la violencia armada.
#Política | Con 57 votos a favor y 2 en contra, la @AsambleaSV aprobó las Disposiciones Transitorias para la Legalización de Armas de Fuego en El Salvador.
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— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 16, 2024
La nueva ley
Las Disposiciones Transitorias tienen como principal objetivo facilitar el registro de armas de fuego no registradas y promover la entrega voluntaria de armas artesanales o “hechizas”. Según el Dictamen Favorable No. 9, la ley busca “tener un control efectivo del armamento existente en nuestro país” y “garantizar un efectivo control de parte del Estado”. De acuerdo con la Comisión, “actualmente… existen armas que no se encuentran registradas en el Ministerio de la Defensa Nacional, lo que no permite un control real del armamento existente en el país”.
La nueva normativa establece un período de 90 días calendario para que los ciudadanos registren sus armas de fuego no registradas sin enfrentar acciones penales por tenencia ilegal sobre las personas que den aviso de manera anónima sobre la ubicación de armas de fabricación artesanal o hechiza, bajo el cargo de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego” (art. 6) durante la vigencia de la ley.
Además, faculta al Ministerio de la Defensa Nacional para recibir, desarmar y destruir armas artesanales o “hechizas” que sean entregadas voluntariamente durante este período.
Contradicciones. Y exime a los solicitantes de presentar la factura o documento que compruebe la adquisición del arma, como normalmente se requiere según la Ley de Control y Regulación de Armas.
Cotradicciones
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha expresado una posición divergente respecto a la nueva ley. En una carta dirigida a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, fechada el 16 de octubre de 2024, FESPAD propone un enfoque diferente para abordar la problemática de las armas de fuego en El Salvador. MSc. Héctor Carrillo, Director Ejecutivo de FESPAD, argumenta: “Entre los años 2019 y junio 2024 se registraron 5,331 homicidios, de los cuales en promedio el 80% de estos fueron cometidos con un arma de fuego, según cifras oficiales. Además, entre 2019 y 2021 se registraron un total de 12,444 hechos delictivos cometidos con un arma de fuego.”
¡Legalizar armas ilícitas no es la respuesta!
Hoy intentamos presentar a la @AsambleaSV una carta y una propuesta de decreto, ambos cruciales para la seguridad de nuestro país. Lamentablemente, no fueron recibidos porque no llevaban la firma de ningún diputado-a. (1/6)… pic.twitter.com/AbdXFEdaQm
— FESPAD (@FESPAD_sv) October 17, 2024
Basándose en estos datos, FESPAD propone “una propuesta de decreto transitorio para la entrega voluntaria y destrucción de armas de fuego, que tiene como objetivo fortalecer la prevención, reducción y eliminación de las armas pequeñas y ligeras como contribución a la paz en el país”, una posición contraria a la legislativa. Ello implicaría “implementar todos los mecanismos legales e institucionales para reducir su circulación legal o ilegal en la sociedad salvadoreña”.
Seguridad
El contexto en el que se aprueba esta nueva ley está marcado por una reducción en las tasas de homicidios, atribuida por el gobierno al Régimen de Excepción y al Plan Control Territorial. Según las estadísticas proporcionadas por el Equipo Operativo de Homicidios del portal de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 se registraron un total de 496 homicidios intencionales, de los cuales 429 fueron categorizados como “Delincuencia General”. Para 2023, el total se redujo a 154 homicidios intencionales, con 53 atribuidos a la “Delincuencia General”. En los primeros nueve meses de 2024, se han registrado 104 homicidios intencionales, con 32 categorizados como “Delincuencia General”.
Comparativo de Homicidios Intencionales (2022-2024)
Comparando los datos acumulados de enero a septiembre de cada año, en 2022 se registraron 445 homicidios intencionales, en 2023 fueron 110, y en 2024 se han registrado 104. Esto representa una reducción del 75.3% en homicidios intencionales entre 2022 y 2023, y una reducción adicional del 5.5% entre 2023 y 2024 para el mismo período. Con ello, la nueva ley busca “garantizar seguridad pública, regulando las armas que no cuentan con un registro”, en el contexto del Plan Control Territorial (PCT).
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