Por Alessia Genoves
55 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas. La política de seguridad pública se sustenta en la reducción de hasta el 88% en los 52 homicidios registrados al 26 de octubre de 2026, frente a los 467 de la misma fecha del año 2022, según datos de la FGR y la PNC. De ese balance hay un registro de 93,334 personas han sido detenidas y 1,346 días sin homicidios, según la misma fuente; y de cuyas cifras, el presidente Nayib Bukele identificó a 8,000 personas liberadas por el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención a noviembre de 2026.
Este escenario de reducción drástica contrasta con el volumen demográfico real de los centros penales: de los 120,956 privados de libertad, 96,457 están vinculados a pandillas, de los cuales 42,125 son homeboys, 25,910 son postes, chequeos o gatilleros y 10,626 son colaboradores. 70,864 plazas componen la capacidad instalada del sistema penitenciario, distribuidas en 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario y 40,000 en el CECOT. Sin embargo, el sistema alberga a 114,230 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento global del 250%.
580 personas han muerto en prisión, no obstante, según lo detalla el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). No obstante, en su “Informe de Muertes en Prisiones de El Salvador, durante el Régimen de Excepción 2022-2025”, el “registro informal” del que tenían posesión, junto con familiares, era de 470 muertes en prisión, de la que presumían que el “90% no tenía nada qué ver con pandillas”. En ese contexto, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la revisión de 10,626 colaboradores de pandillas, cuyos casos serían revisados en su grado de participación, para determinar juicios de liberación anticipada o condenas que comprometan su detención.
55ª prórroga y liberación gradual de algunos colaboradores
56 votos a favor respaldaron la 55ª prórroga del Régimen de Excepción, aprobada en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 131, con base en la Pieza de Correspondencia 1-A del 19 de octubre de 2026. El decreto legislativo mantiene suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución, referidas al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia, según el Decreto No. 333 aprobado en marzo de 2022.
92,480 detenciones a personas acusadas de pertenecer o colaborar con maras y pandillas se registraban hasta antes de la actualización de la 55ª prórroga, que eleva la cifra a 93,334. 1,169 presuntos días sin homicidios se contabilizaban hasta el 23 de febrero de 2026, cifra que el Gabinete de Justicia y Seguridad Pública eleva a 1,346 días hasta la fecha de la aprobación de la prórroga. Organizaciones de derechos humanos, sen consecuencia, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión del régimen, justificando el balance de supuestas arbitrariedades como detenciones sin orden judicial, incomunicación y falta de acceso a defensa.
La CIDH ha documentado que “las normativas que extienden la suspensión de garantías no han cumplido con ese requisito, dado que no presentan datos o hechos específicos que fundamentan las ‘graves perturbaciones del orden público'”. Bukele justificó la medida y el proceso de liberación con una analogía médica: “el régimen de excepción es como una quimioterapia. Nosotros teníamos un paciente con cáncer metastásico, tenía todos lados 85% del cuerpo tomado por el cáncer metastásico… aplicamos una quimioterapia llamada régimen de excepción… funcionó y ahorita el cáncer está en remisión. No hay homicidios, no hay asaltos, no hay robos, no hay violaciones. Está en remisión. El cáncer no está afectando al cuerpo, pero a la vez todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos pandilleros escondidos, se tapan los tatuajes, los encontramos”.
El mandatario también afirmó sobre las liberaciones: “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, y detalló que su plan beneficiaría a “más o menos un 50% más o menos de los presos de que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente”. El SJH ha señalado que estas personas liberadas no han sido declaradas inocentes formalmente, sino que se encuentran bajo medidas sustitutivas o alternas a la detención provisional, por lo que siguen siendo procesadas.
Apenas el 1% de cumplimiento registran las recomendaciones de la CIDH sobre poner fin a la suspensión de derechos, elaborar un plan de reparación integral, presentar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas y ratificar tratados internacionales; 4% en la adopción de medidas para garantizar el debido proceso; 11% en la publicitación de datos de seguridad; 14% en la garantía de máxima divulgación de información; y 17% en el diseño de un sistema de denuncias y en el registro de personas privadas de libertad, según el último informe de seguimiento de 2026.
Homicidios caen al 88% desde el Régimen
496 homicidios intencionados se registraron al cierre del año fiscal 2022, según datos de la FGR. Para el cierre de 2024, la cifra se redujo a 114 homicidios intencionados. En el acumulado de enero a octubre, los homicidios cayeron de 323 en 2022 a 82 en 2025, una reducción del 74.6%. Los meses de 2026 confirman la tendencia: 4 homicidios intencionados reportados al 31 de enero; 5 al 28 de febrero; 5 al 31 de marzo; 3 al 30 de abril; 10 al mes de mayo; 3 en junio; 5 al 31 de julio; 7 en agosto; 6 en septiembre; y los únicos 2 que se identifican al 26 de octubre de 2026.
La tipificación de la FGR muestra una transformación en la composición de los homicidios: en 2022, la “Delincuencia General” representó 429 de los 496 casos (86.5%); en 2023 descendió a 53 de 154 (34.4%); en 2024 a 33 de 114 (28.9%); y en 2025 a 8 de 82 (9.8%). La “Intolerancia Social” pasó de 36 en 2022 a 54 en 2023, 34 en 2024 y 43 en 2025. La “Intolerancia Familiar” pasó de 31 en 2022 a 47 en 2023, 47 en 2024 y 43 en 2025. El promedio mensual de homicidios en 2026 es de 5.4 casos, frente a los 6.8 de 2025 y los 41.3 de 2022. En 2026, la FGR registra 57 homicidios intencionados totales hasta octubre: 10 por Delincuencia General, 19 por Intolerancia Social y 20 por Intolerancia Familiar.
La PNC solo publica 3-4 capturas por homicidio en el mes, y explica que el país lleva 248 días con 0 homicidios en 2026. Los casos con pandilla que aparecen en este periodo no son capturas nuevas por homicidio reciente, son condenas históricas (2012-2017-2022) que FGR y Centros Judiciales están sentenciando ahora con penas de 70 a 254 años y cadena perpetua, gracias a la reforma constitucional de abril de 2026 que habilita perpetua por homicidio agravado.
580 presuntas muertes en cárcel
580 presuntas muertes en centros penales documenta el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta el 15 de octubre de 2026, según su publicación en la red social X. La cifra representa un incremento desde las 575 reportadas al 15 de octubre, las 530 del 28 de mayo, 492 en la 48ª prórroga, 470 en la 47ª, 462 en la 45ª y 435 en la 44ª prórroga del Régimen de Excepción. El SJH señala que se trata de “personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud”, y reitera que “el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad, sin haber sido vencidas en juicio”.
Ingrid Escobar, directora del SJH, afirmó: “Un Estado que viola el debido proceso para combatir el delito no erradica la violencia: se convierte en la fuente principal de la impunidad”. La muerte del pandillero Carlos Ernesto Mojica Lechuga (el Viejo Lin) el 21 de mayo de 2026 cuestiona la presunción de que la mayoría de los muertos no eran pandilleros. La organización indica que el 87% de los fallecidos estaba siendo procesado por delitos relacionados al Régimen de Excepción, de los cuales el 84% solo por agrupaciones ilícitas.
El 93% se encontraba en etapa de proceso judicial, sin haber tenido audiencia preliminar. El hacinamiento carcelario se agrava: la capacidad instalada es de 70,864 plazas, pero alberga a 114,230 personas privadas de libertad, un hacinamiento global del 250%. El Antiguo Sistema Penitenciario, con capacidad para 30,864, alberga a 99,410 personas, un hacinamiento del 322%. El CECOT, con capacidad para 40,000, alberga a 14,820 personas, un 37% de ocupación.
Pero las condiciones penitenciarias podrían verse impactadas con el resultado que llegase a ejecutar el Gobierno, tras las últimas declaraciones del Presidente: Bukele afirmó en noviembre de 2024, durante su visita a Costa Rica, que “aproximadamente 8,000 inocentes fueron detenidos y posteriormente liberados”, lo que representa el 30% del total de detenidos; en suma de los 10,626 colaboradores a revisar para una posible “liberación condicional”.
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APOSTAR / OPERAREn contraste con la opacidad oficial, los recortes presupuestarios en el sector justicia ascienden a $59.6 millones para el Ministerio Público en 2025; el presupuesto de la FGR pasó de un anteproyecto de $153.28 millones a $88.56 millones votados en 2025, y de $150.71 millones a $91.66 millones en 2026. El Estado salvadoreño ha destinado $8 millones, $11.4 millones y $1.55 millones en refuerzos presupuestarios de 2025, mientras la FGR registra recuperaciones de $9.57 millones en el caso Saca, $3.87 millones en el caso Cáceres, y $1.42 millones en el caso de falsos inversionistas, además de un litigio internacional desistido por $130 millones (FIBRANET S.A.).
Mareros siguen matando a octubre de 2026
93,334 capturas se han registrado durante el Régimen de Excepción, según la Pieza de Correspondencia 1-A del 19 de octubre de 2026. La PNC reportó múltiples capturas de pandilleros en agosto de 2026. El 26 de agosto, Mónica Yasmin Moisés Girón, alias “Crazy”, de la pandilla 18 Sureños (18S), fue arrestada en Sonsonate. Ese mismo día, Franklin Omar Lima Flores, señalado como integrante de la MS-13 con antecedentes por homicidio agravado desde 2017, fue capturado en Ahuachapán. El 25 de agosto, José Abelino Amaya Amaya, de 30 años, fue capturado por un homicidio en Apopa.
El 13 de agosto, un pandillero de la MS-13 identificado como “Only”, alias “Lola” o “Largo”, fue arrestado por homicidio en San Salvador. Ese mismo día, Ulises Alejandro Ramírez Ortiz, de 20 años, fue detenido por intentar asesinar a una mujer y un hombre en el cantón Las Delicias. El 5 de agosto, Ángel Alberto Granados Masferrer, de 48 años, fue capturado por herir a dos mujeres en la colonia Bethania, San Miguel Centro.
4 capturas por homicidio reportó la PNC entre septiembre y octubre de 2026. William Omar Lovo, de 40 años, fue capturado el 18 de septiembre en Ciudad Barrios, San Miguel Norte, por homicidio agravado contra una mujer de 30 años con arma blanca, según la PNC: “mujer 30 años muerta tras lesion arma blanca por pareja. Capturado William Omar Lovo 40 años remitido por homicidio agravado. Foto detenido de rodillas con machete manchado”.
Tito Alfonso Girón Contreras, de 37 años, fue detenido el 8 de septiembre en el kilómetro 118 de la carretera Las Chinamas, Ahuachapán, tras confirmarse una orden vigente por homicidio agravado. Ismael Membreño Díaz fue capturado el 24 de septiembre en Sensuntepeque, Cabañas Este, señalado como presunto responsable de homicidio tras atacar a una persona en aparente estado de ebriedad. José Ubaldo Colindres Robles fue arrestado el 8 de octubre en Sociedad, Morazán Sur, integrante de la MS-13 clica Villa Satélite Locos Salvatruchas con registro de homicidio en 2017, según la PNC: “Intentó cubrir tatuajes pandilla con otros diseños. Será acusado por agrupación terrorista”.
30 años de condena recibió José Alfredo Robles Espinal el 9 de septiembre de 2026 por homicidio agravado y portación ilegal de arma, en un hecho ocurrido en una cervecería de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, según la FGR: “CONDENA 30 AÑOS José Alfredo Robles Espinal. Homicidio agravado y tenencia ilegal arma”. Balbino Orlando Flores Tejada fue condenado a 40 años de prisión el 12 de octubre de 2026 por homicidio agravado en Chalatenango. Julio César Henríquez Aguilera, José Francisco Fuentes Fuentes, Daniel Alberto Portillo Benítez y Miguel Ángel Santamaría Velásquez recibieron 60 años de condena cada uno el 2 de octubre de 2026 por doble homicidio agravado contra un hombre y una mujer en el caserío La Brea, cantón Llano Los Patos, Conchagua, La Unión, según la FGR: “entraron a vivienda encapuchados armados… mataron hombre y mujer a quienes habían amenazado por señalarlos como pandilleros”.
75 años de prisión recibió Carlos Eduardo Recinos Rodríguez, alias Spiri, el 3 de septiembre de 2026 por homicidio agravado y organizaciones terroristas, tras atraer a la víctima Gustavo Adolfo Q., estudiante de la ANSP, a la Finca Fátima en Ahuachapán en noviembre de 2017 y matarlo a machetazos al creer que era del Barrio 18, según la FGR: “CONDENA 75 AÑOS Carlos Eduardo Recinos Rodríguez. Organizaciones terroristas homicidio agravado”.
Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, recibió cadena perpetua el 11 de septiembre de 2026, la primera en la historia del país, por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova en mayo de 2026 en el cantón Teosinte, Arcatao, Chalatenango, donde atacó con piedras para robar dinero, según la FGR: “La FGR logra primera condena prisión perpetua en historia del país”. Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, recibió cadena perpetua el 14 de septiembre de 2026 por feminicidio agravado, la primera por este delito, tras asesinar a una vecina que acosaba constantemente, entrando a su cuarto en Santa Ana en agosto de 2026 y atacándola con arma blanca hasta matarla, según la FGR: “Solo 42 días después del crimen Fiscalía logró primera condena cadena perpetua por feminicidio agravado”.
168 años de prisión recibió Walter Benicio Reyes Sorto, 150 años José Guillermo Ulloa Martínez, 124 años Reynaldo Isael Martínez Meléndez y 102 años Walter Bladimir García Ávila el 5 de octubre de 2026 por homicidios múltiples, proposición y conspiración, y organizaciones terroristas en La Unión, según la FGR: “Tribunal Segundo contra Crimen Organizado San Miguel impone 168,150,124,102 años por homicidios múltiples en La Unión”. Miguel Ángel Vallecillos Somoza y ocho personas más recibieron 70 años de condena el 7 de octubre de 2026 por feminicidio agravado, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, tras planear y ejecutar en 2016 el homicidio de dos víctimas a orillas del río Acelhuate, según la FGR:
“En 2016 planearon y ejecutaron homicidio dos víctimas retuvieron con violencia hirieron cuchillo luego dispararon a orilla río Acelhuate. Instigador Miguel Ángel Vallecillos Somoza dijo víctima era informante policial”. Marta Alicia Ponce Carrillo y Misael Alexander García Ponce recibieron condenas de 45 y 35 años respectivamente el 4 de septiembre de 2026 por homicidio agravado de un recién nacido quemado y enterrado en San Martín en julio de 2025. José Nicolás Valladares Pérez fue condenado a 45 años el 7 de octubre de 2026 por homicidio agravado contra un vigilante de 86 años en Antiguo Cuscatlán en junio de 2025, a quien enterró en una fosa clandestina y simuló un secuestro, según la FGR: “Envió mensajes simulando secuestro pidió $25,000”.
20 años de prisión recibieron René Arnulfo Recinos Miranda, David Eliseo Miranda Pérez, Gerson Hernández Espinoza, Zacarías Díaz Miranda, Gerson Hernández Jovel y José Adonay Peraza Ramírez el 23 de septiembre de 2026 por el homicidio agravado de César Jiménez Guerra, abducido el 22 de enero de 2022 en el cantón Santa Bárbara, Guazapa, y llevado a la ribera del río Guaza, donde fue golpeado y disparado, según los Centros Judiciales: “Tribunal Cuarto de Sentencia San Salvador sentencia 20 años prisión por homicidio agravado”.
Israel Antonio Velásquez Pérez, de 62 años, fue condenado a 15 años el 10 de septiembre de 2026 por homicidio simple, tras apuñalar en el cuello a Martín M. dentro de un bar en la 8a Calle Poniente, San Salvador, el 11 de febrero de 2025, según los Centros Judiciales: “vendedor ambulante cuchillos discutió con Martín M. bebiendo alcohol lo apuñaló lado izquierdo cuello con cuchillo”. Cristian Omar Umaña Interiano, de 31 años, recibió 10 años de prisión el 23 de septiembre de 2026 por homicidio simple, tras lanzar piedras a un grupo el 24 de enero de 2026 en el caserío Conchagua, Metapán, impactando la cabeza de Melvin Alberto A.M., de 48 años, quien murió el 27 de enero de 2026 por trauma craneoencefálico, según los Centros Judiciales: “lanzó piedras grupo sin motivo una impactó cabeza víctima murió 27 ene 2026 Hospital San Juan de Dios trauma craneoencefálico y infarto”.
16 miembros de la MS-13 clica Nuevo Israel recibieron 70 años de condena el 6 de octubre de 2026 por homicidio agravado, feminicidio agravado, asociación ilícita, secuestro y violación contra una pareja en 2016 en Nuevo Israel, según los Centros Judiciales: “Tribunal condena 70 años 16 miembros MS-13 clica Nuevo Israel por homicidio agravado feminicidio agrupaciones secuestro violación pareja 2016”.
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