Bukele: Ley de Agentes Extranjeros con 30% de impuestos a ONG’s

Por: Neftali Hernandez Pereira

El gobierno de El Salvador revive la polémica Ley de Agentes Extranjeros, inicialmente propuesta en 2021 y frenada tras presiones diplomáticas, ahora con modificaciones que obligarían a las ONG a ceder el 30% de sus fondos al Estado. La medida ha reavivado el debate sobre el control de organizaciones internacionales y su impacto en la cooperación externa, especialmente tras las recientes protestas en la comunidad El Bosque, cuyos terrenos tienen un histórico vínculo con la reforma agraria de 1980.

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, recibió el lunes pasado la iniciativa presentada por el Ministerio de Gobernación, que establece un marco regulatorio para “transparentar” las operaciones de organizaciones financiadas desde el extranjero. El punto más controvertido exige la transferencia obligatoria del 30% de los fondos internacionales hacia programas administrados directamente por el gobierno salvadoreño.

Retorno de una propuesta controvertida

La reintroducción de la ley ocurre en un contexto de creciente centralización del poder por parte del gobierno de Nayib Bukele, quien en febrero pasado logró la reelección presidencial con amplio respaldo popular, consolidando además el control legislativo.

Según el texto de la propuesta, toda organización que reciba financiamiento extranjero deberá registrarse como “agente extranjero” y someterse a fiscalizaciones especiales.

“Esta ley busca garantizar que los fondos destinados al desarrollo de El Salvador beneficien directamente a los salvadoreños y no a agendas foráneas”, explicó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, en 2021 durante la presentación del proyecto. “El Estado tiene la obligación de supervisar los flujos financieros internacionales que ingresan al país con fines sociales”.

La normativa impone además restricciones a las actividades políticas que puedan realizar las organizaciones catalogadas como “agentes extranjeros” y establece sanciones que incluyen multas, suspensión de operaciones e incluso la disolución de entidades que incumplan los nuevos requisitos.

Opiniones de gremiales y de la sociedad civil

Las organizaciones de derechos humanos y cooperación internacional reaccionaron con alarma. El Foro Nacional de Salud, calificó la medida como “confiscatoria” y advirtió sobre sus consecuencias para la ayuda internacional.

“Esta propuesta constituye un impuesto disfrazado del 30% sobre donaciones destinadas a programas sociales específicos”, señaló Morena Murillo activistas social. “Los cooperantes extranjeros destinarán sus fondos a países donde se respeten los acuerdos de financiamiento”.

La Ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes, en 2021 manifestó preocupación por el potencial impacto en los flujos de cooperación internacional, ademas de deducir que la ley no tiene relacion con la Ley de Agentes Extranjeros de Estados Unidos. ya que usada con fin al combate de la Segunda Guerra Mundial, y la propagando del regimen de Adolf Hitler.

El precedente de 2021

La iniciativa no es nueva en El Salvador. En noviembre de 2021, diputados oficialistas presentaron un proyecto similar bajo el argumento de proteger la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras. Aquella propuesta generó una crisis diplomática con Alemania, uno de los principales cooperantes del país centroamericano.

La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) suspendió entonces proyectos valorados en €7 millones como medida de presión. El embajador alemán Niels Annen declaró que la normativa contradecía los principios de cooperación bilateral establecidos. Tras intensas negociaciones diplomáticas, el gobierno salvadoreño archivó temporalmente la propuesta.

“El proyecto actual mantiene la esencia confiscatoria de la versión anterior, pero refuerza el componente fiscalizador”, explicó Claudia Ortiz, diputada del partido VAMOS y analista de políticas públicas.

“La estrategia parece ser presentar la misma medida en un momento político más favorable para el oficialismo”.

El caso El Bosque como catalizador

La reactivación de la ley coincide con las recientes protestas de residentes de la exclusiva urbanización El Bosque, cuyos terrenos fueron expropiados durante la reforma agraria impulsada por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en la década de 1980. Los manifestantes demandan la regularización de sus propiedades, argumentando que compraron las tierras legalmente.

El presidente Bukele utilizó este caso para señalar supuestas influencias extranjeras en asuntos internos. “Vemos cómo organizaciones financiadas desde fuera pretenden defender privilegios de quienes se apropiaron indebidamente de tierras que pertenecen a los campesinos salvadoreños”, publicó en sus redes sociales, vinculando las protestas con lo que denominó “injerencismo extranjero”.

Analistas políticos como Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sugieren que el gobierno aprovecha el malestar social hacia grupos históricamente privilegiados para justificar mayor control sobre las ONG. “La estrategia consiste en polarizar a la sociedad, presentando a las organizaciones civiles como defensoras de élites económicas”, señaló.

Impacto en la cooperación internacional

La comunidad diplomática en San Salvador mantiene un cauteloso silencio oficial, aunque fuentes cercanas a las embajadas europeas expresaron inquietud por las implicaciones de la medida. La Unión Europea destina anualmente cerca de €30 millones a proyectos sociales en El Salvador, principalmente en áreas de seguridad, educación y desarrollo rural.

“Si la ley es aprobada en sus términos actuales, los cooperantes tendrán que evaluar la continuidad de programas bajo estas nuevas reglas”, comentó un funcionario de una agencia de cooperación europea que solicitó anonimato. “Las decisiones de financiamiento consideran el respeto a la autonomía de las organizaciones ejecutoras”.

La votación sobre la ley está programada para la próxima semana, y dada la supermayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, se prevé su aprobación sin mayores modificaciones. Organizaciones de la sociedad civil han anunciado movilizaciones pacíficas y acciones legales, incluyendo posibles recursos ante la Sala de lo Constitucional.

La comunidad internacional observa atentamente si, como ocurrió en 2021, las presiones diplomáticas lograrán moderar el alcance de la normativa o si el fortalecido gobierno de Bukele mantendrá intacta su propuesta original.

Otras Leyes Similares de Otros Paises

El Salvador no es el único país que ha implementado regulaciones para organizaciones financiadas desde el extranjero.

Estados Unidos: Desde 1938, durante la administración de Franklin D. Roosevelt, se mantiene vigente la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), que exige transparencia sobre actividades de cabildeo político financiadas por gobiernos extranjeros, dicha ley también fue creada con el objetivo de neutralizar la propaganda nazi del régimen de Adolf Hitler.

Rusia: durante el régimen de Vladimir Putin la duma rusa, aprobó en 2012 una legislación similar que obliga a las ONG con financiamiento internacional a registrarse como “agentes extranjeros”, mientras que Hungría implementó en 2017 normativas que restringen la operación de organizaciones civiles financiadas desde el exterior.

Sin embargo, la particularidad del caso salvadoreño radica en el mecanismo de confiscación parcial de fondos. “Ninguno de los modelos internacionales incluye la apropiación directa de porcentajes del financiamiento”, explicó José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana.

La medida salvadoreña guarda ciertos paralelos con decisiones tomadas por la administración Trump, que en 2019 suspendió temporalmente fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinados a Centroamérica, alegando mal uso de recursos. La cooperación fue posteriormente restablecida bajo nuevas condiciones.

El panorama global de legislaciones sobre agentes extranjeros muestra variantes significativas entre países con normativas similares.

Hungría: bajo el gobierno de Viktor Orbán, estableció en 2017 regulaciones que imponen cargas administrativas adicionales a organizaciones financiadas desde el exterior, obligándolas a declarar públicamente su condición de “receptoras de apoyo extranjero” en todas sus comunicaciones oficiales.

Nicaragua: La Asamblea Nacional controlada por los sandinistas, bajo el régimen de Daniel Ortega, aprobó en 2020 una de las versiones más severas, prohibiendo a las organizaciones recibir fondos de países que Nicaragua considere hostiles y estableciendo controles gubernamentales directos sobre las finanzas de las ONG.

India: modificó en 2019 su Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras para restringir la transferencia de fondos internacionales entre organizaciones registradas y limitar los gastos administrativos al 20% del financiamiento recibido.

Egipto: promulgó en 2017 legislación que somete las donaciones extranjeras a aprobación previa gubernamental con periodos de espera de hasta 60 días, mientras que Bielorrusia y Azerbaiyán mantienen normativas que permiten al gobierno vetar proyectos específicos e incluso cerrar organizaciones consideradas políticamente inconvenientes.

Venezuela: El régimen de Nicolás Maduro creo a tan solo un mes de ser electo para un tercer periodo, La Ley de Agentes Extranjeros en Venezuela, llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro”  aprobada el 15 de agosto de 2024 por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, establece un marco regulatorio particularmente estricto para organizaciones con financiamiento internacional.

La normativa obliga a todas las ONG y entidades civiles que reciban fondos del exterior a registrarse en un padrón especial controlado por el Ministerio del Interior, debiendo revelar detalles exhaustivos sobre sus fuentes de financiamiento, proyectos y beneficiarios finales.

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