Por: Neftali Hernandez Pereira
El 8 de julio de 2025, quince ciudadanos extranjeros fueron liberados del sistema penitenciario salvadoreño tras aceptar formalmente cargos por lavado de dinero, receptación y agrupaciones ilícitas en el caso denominado “Gota a Gota”. El grupo estaba conformado por catorce colombianos y una ciudadana guatemalteca, quienes permanecían detenidos en diferentes centros penitenciarios del país centroamericano.
#Captura | La @FGR_SV giró 138 nuevas órdenes de captura en contra de dos salvadoreños y cuatro colombianos acusados de haber estafado a más personas con la venta de boletos aéreos y paquetes turísticos falsos.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 11, 2024
Este caso se suma al que ya tienen y por el cual son procesados.… https://t.co/6Yp6xX4yCc pic.twitter.com/cnK7G0bYF4
La liberación se materializó después de que el Juzgado Especializado Sexto de San Salvador aprobara un proceso abreviado que permitió reducir las penas mediante una negociación con los fiscales del caso. Los extranjeros confesaron su participación en la red de microcrédito ilegal que operaba en territorio salvadoreño, lo que facilitó el acuerdo judicial que condujo a su salida de prisión.
Antecedentes del caso
La investigación del caso “Gota a Gota” comenzó entre 2023 y 2024 cuando autoridades salvadoreñas detectaron movimientos financieros irregulares asociados a préstamos informales de alto interés. Este sistema de microcrédito ilegal, conocido popularmente como “gota a gota”, se caracteriza por otorgar préstamos de montos pequeños con intereses excesivos y cobros diarios.
#CombateAlCrimen I La red internacional estafaba bajo un modelo denominado "gota a gota", con el cual obtuvieron grandes cantidades de dinero que desviaron hacia otros países.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 28, 2023
Son procesados por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Receptación. pic.twitter.com/kjrIjfsDt7
Las autoridades identificaron que la red operaba principalmente en mercados, centros comerciales y zonas residenciales de San Salvador, Soyapango y Santa Tecla. Los investigadores determinaron que los implicados utilizaban documentos falsos y cuentas bancarias de terceros para ocultar el origen de los fondos prestados.
#CombateAlCrimen I Esta tarde, la @FGR_SV solicitó que 40 imputados, entre ellos colombianos y salvadoreños, permanezcan en detención provisional, mientras las investigaciones continúan.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 28, 2023
Estas personas conformaron microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que después… pic.twitter.com/1BAilt0oej
“Según los datos que se han logrado recolectar, desde el año 2021 a la fecha se han remesado más de $20 millones de dólares hacia Colombia, producto de estas estafas. Las primeras investigaciones han permitido la detención de 110 personas, la mayoría de ellos colombianos, quienes… pic.twitter.com/d7W5aVpyAc
— Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) July 17, 2023
La Fiscalía General de la República estableció que la organización manejaba aproximadamente 2.5 millones de dólares en operaciones mensuales. Los préstamos oscilaban entre 100 y 5,000 dólares, con tasas de interés que superaban el 300% anual, muy por encima de los límites legales establecidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador.
Desarrollo de la investigación
El proceso investigativo involucró a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General, que trabajó en coordinación con la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en dieciocho inmuebles ubicados en diferentes municipios del área metropolitana de San Salvador.
#ConferenciaDePrensa I "Durante los últimos días hemos desarrollado investigaciones conjuntas con @migracion_sv y @PNCSV, sobre la forma en la que operaba una red de colombianos que se hacían pasar por microfinancieras que no estaban registradas", @FiscalGeneralSV. pic.twitter.com/0zzZzTXWnt
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 17, 2023
Durante los operativos, las autoridades decomisaron documentos contables, equipos electrónicos, vehículos y efectivo por un valor estimado en 800,000 dólares. También se identificaron propiedades adquiridas con recursos provenientes de la actividad ilícita, las cuales fueron sometidas a medidas cautelares.
#MUNDO | Fiscalía de la República El Salvador (@FGR_SV): "Durante los últimos días hemos desarrollado investigaciones conjuntas con @migracion_sv y @PNCSV, sobre la forma en la que operaba una red de colombianos que se hacían pasar por microfinancieras que no estaban registradas" pic.twitter.com/jTfjcnHVDV
— 🚨 DLR Noticias 🚨 (@dlrnoticias) July 21, 2023
Gracias al efectivo trabajo de nuestras instituciones, @PNCSV y @Migracion_Sv en coordinación con la @FGR_SV, hemos dado un duro golpe a una red de estafadores y usureros encabezados por colombianos.
— Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) July 17, 2023
Como Gabinete de Seguridad liderado por el Presidente @nayibbukele estamos… pic.twitter.com/9fr7LqGzLc
La investigación reveló que la red contaba con una estructura jerárquica definida, donde los ciudadanos colombianos ocupaban posiciones de liderazgo en las operaciones financieras. Los implicados utilizaban códigos específicos para comunicarse y llevaban registros detallados de los préstamos otorgados y los pagos recibidos.
Proceso judicial
El caso fue asignado al Juzgado Especializado Sexto de San Salvador, que tiene competencia en delitos relacionados con lavado de dinero y crimen organizado. Durante las audiencias preliminares, la defensa de los implicados solicitó medidas sustitutivas a la detención provisional, petición que fue denegada por el riesgo de fuga.
#MOVIR
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) July 9, 2025
Se rumora liberación de 15 colombianos capturados durante el régimen de excepción
A los jóvenes se les acusó de lavado de dinero o delito gota a gota. Pues estaban contratados por una empresa prestamista
Foto de archivo pic.twitter.com/aezSmqdWWa
Los fiscales presentaron pruebas documentales y testimoniales que demostraban la participación de los extranjeros en las operaciones ilícitas. Entre las evidencias se encontraban registros bancarios, comunicaciones interceptadas y testimonios de personas que habían recibido préstamos de la organización.
La estrategia de la defensa se centró en demostrar que algunos de los implicados tenían un papel secundario en la organización y que habían actuado bajo coacción. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la fiscalía establecieron la participación activa de todos los procesados en diferentes niveles de la estructura criminal.
Negociación y acuerdo
La negociación entre la fiscalía y la defensa se desarrolló durante tres meses, período en el cual se evaluaron los alcances de la cooperación ofrecida por los implicados. Los extranjeros proporcionaron información sobre el funcionamiento de la red, incluyendo nombres de contactos en otros países y detalles sobre las rutas de transferencia de dinero.
El acuerdo alcanzado contempló la confesión formal de los delitos de lavado de dinero, receptación y agrupaciones ilícitas. A cambio, los fiscales recomendaron penas reducidas que permitieron la aplicación de beneficios procesales, incluyendo la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Las autoridades salvadoreñas destacaron que la cooperación brindada por los procesados contribuyó significativamente a desmantelar la red criminal y a identificar conexiones internacionales de la organización. Esta información será compartida con autoridades de otros países donde operan redes similares.
Procedimiento de deportación
Una vez liberados, los quince extranjeros quedaron bajo custodia de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, entidad encargada de ejecutar las órdenes de deportación. El proceso incluye la verificación de la documentación de identidad y la coordinación con las autoridades consulares de los países de origen.
Los ciudadanos colombianos serán trasladados a territorio colombiano en vuelos coordinados por la Cancillería salvadoreña y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Se espera que el proceso de deportación se complete en un plazo máximo de quince días hábiles.
La ciudadana guatemalteca seguirá un procedimiento similar, con la particularidad de que las autoridades migratorias guatemaltecas han solicitado información adicional sobre su participación en el caso antes de autorizar su ingreso al país.
Implicaciones legales en Colombia
Las autoridades colombianas han confirmado que los catorce ciudadanos deportados serán recibidos por funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto internacional de Bogotá. El proceso incluye la verificación de antecedentes penales y la evaluación de posibles investigaciones en curso en territorio colombiano.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha iniciado contactos con sus homólogos salvadoreños para obtener copias de las investigaciones realizadas. Esta información será analizada para determinar si existen bases para iniciar procesos penales adicionales relacionados con actividades similares en territorio colombiano.
Las autoridades migratorias colombianas han indicado que los deportados quedarán sujetos a medidas de control migratorio que incluyen la prohibición de salida del país por un período determinado. También se evaluará la imposición de restricciones adicionales según el nivel de participación de cada persona en las actividades ilícitas.
Impacto en la lucha contra el lavado de dinero
El caso “Gota a Gota” representa un precedente importante en la cooperación judicial internacional para combatir redes de lavado de dinero que operan en múltiples países. Las autoridades salvadoreñas han destacado la importancia de mantener canales de comunicación efectivos con sus homólogos regionales.
La investigación demostró la necesidad de fortalecer los controles sobre las operaciones financieras informales, particularmente aquellas que involucran a ciudadanos extranjeros. Las autoridades han anunciado la implementación de nuevos protocolos de supervisión para detectar actividades similares en etapas tempranas.
El desmantelamiento de esta red ha permitido recuperar recursos que serán destinados a un fondo de reparación para las víctimas del sistema de préstamos ilegales. Se estima que más de 500 personas resultaron afectadas por las prácticas abusivas de la organización criminal.
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