FMI acuerda $1,4 mil millones para El Salvador. Deuda pública alcanza $21,6 millones

Por Alessia Genoves

El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han emitido un acuerdo de Servicio Ampliado de Fondo (SAF) por una meta de $1,400 millones de dólares promete, con una duración de 40 meses, que incluye un desembolso inicial inmediato de $113 millones. El acuerdo llega en un momento en que las finanzas públicas salvadoreñas acumulan una deuda pública total de $21,618.08 millones de dólares a 2024, según cifras del Ministerio de Hacienda. Paralelamente, el Sistema de Pensiones acumula compromisos por $10,572.40 millones de dólares a enero de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Nuevo acuerdo con el FMI

El 18 de diciembre de 2024, el FMI anunció un acuerdo a nivel técnico con El Salvador para un programa de SAF, para 40 meses y un monto de $1,400 millones de dólares. Este acuerdo incluye un ajuste fiscal, cambios legales para hacer voluntaria, en lugar de obligatoria, la aceptación del Bitcoin por parte de las empresas, y mejoras en la gobernanza y transparencia.

En materia fiscal, “las autoridades acordaron un ajuste del balance primario del sector público no financiero (SPNF) de 3.5% del PIB durante los próximos tres años, con un ajuste inicial de 1.5 puntos porcentuales en 2025″. Este programa del FMI debería desbloquear fondos multilaterales adicionales, facilitando su implementación gracias a la mayoría que el partido del presidente Nayib Bukele mantiene en el Congreso.

De acuerdo con el informe, “la aprobación del Directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato de 86,16 millones de DEG, equivalentes a unos 113 millones de dólares. Se espera que el acuerdo catalice apoyo financiero multilateral adicional, para un paquete de financiación global combinado de más de 3,5 mil millones de dólares durante el período del programa”.

Fitch Ratings estima que “el déficit del SPNF fue del 4.7% del PIB en 2024, sin cambios respecto a 2023, incluyendo nuestra estimación del déficit de pensiones, que no está incluido en los datos oficiales”. Los ingresos crecieron aproximadamente un 9.0% debido a los mayores impuestos vinculados al consumo y a los ingresos. Los gastos aumentaron alrededor del 14% debido al incremento de los salarios, los pagos de intereses y el gasto de capital, de acuerdo con los datos del BCR.

Respecto a los mayores gastos salariales, estos “incluyeron un pago único de indemnización a empleados públicos que optaron por paquetes de jubilación anticipada voluntaria”. Los pagos de intereses están aumentando debido a los mayores costos de endeudamiento, en parte reflejando la extensión de vencimientos resultante de operaciones anteriores de gestión de pasivos.

Sin embargo, advierte que “la carga de intereses se está beneficiando de un período de gracia de cuatro años sobre la deuda relacionada con las pensiones, otorgado al gobierno después de completar un canje de deuda con fondos de pensiones privados (AFP) en mayo de 2023, con los pagos de intereses siendo capitalizados”. Fitch consideró esta operación como un canje de deuda bajo estrés.

El presupuesto de 2025 “tiene como objetivo un ajuste del balance general del 1.9% del PIB a través de grandes recortes de gastos (por ejemplo, congelación general de los salarios del sector público) y aumentos esperados de ingresos (por ejemplo, mejor administración tributaria)”. Busca cubrir todos los gastos corrientes con ingresos fiscales y limitar el uso de préstamos para gastos de capital a través de préstamos de prestamistas multilaterales.

Pueden surgir desafíos en la implementación de recortes de gastos y debido al aumento de los costos de endeudamiento. A pesar de esto, Fitch pronostica que “el déficit de 2025 caerá al 2.9% del PIB”. En cuanto a los niveles de deuda, Fitch estima que “la deuda del SPNF alcanzó el 87.7% del PIB en 2024, frente al 84.9% en 2023”. La institución desearía que la relación deuda/PIB se mantenga en este nivel en 2025 y disminuya lentamente en 2026, llegando al 87.0% a finales de ese año.

Sin embargo, “similar a los anteriores canjes de deuda de pensiones, la relación deuda/PIB podría aumentar significativamente en 2027, debido al reembolso de los intereses acumulados del período de gracia de 2023”. El riesgo de financiamiento se considera manejable a corto plazo. En 2024, “El Salvador redujo sustancialmente la deuda a corto plazo a través de operaciones de gestión de pasivos con bancos locales y mejoró las fuentes de financiamiento”.

Fitch espera que “las necesidades de financiamiento –sobre los déficit- sean manejables en 2025 y en 2026 tras las disminuciones en el déficit y las amortizaciones a corto plazo”. Es probable que el déficit relacionado con las pensiones continúe siendo del 2.0% del PIB y se financie a través de las AFP; y/o que los desembolsos del FMI, los fondos multilaterales y los mercados domésticos cubran el resto de los déficits no relacionados con pensiones y las amortizaciones.

Deuda pública total (2019-2024)

La deuda pública total de El Salvador ha experimentado fluctuaciones significativas entre 2019 y 2024. En 2019, la deuda se situaba en $19,808.35 millones, incrementándose a $22,622.90 millones en 2020, un aumento de 14.2% atribuible principalmente a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Para 2021, la cifra ascendió a $24,369.53 millones, representando un incremento adicional del 7.7%.

En 2022, la deuda pública alcanzó los $25,350.12 millones, marcando el punto más alto del período analizado. Sin embargo, en 2023 se registró una reducción sustancial a $20,101.57 millones, equivalente a una disminución del 20.7%. Esta tendencia se revirtió ligeramente en 2024, cuando la deuda pública total aumentó a $21,618.08 millones, representando un incremento del 7.5% respecto al año anterior.

Sector Público No Financiero

El Sector Público No Financiero (SPNF) ha crecido en su endeudamiento. En 2019, la deuda del SPNF se situaba en $13,909.68 millones, aumentando gradualmente hasta alcanzar $20,917.07 millones en 2024, lo que representa un incremento acumulado del 50.4% en tan sólo 6 años.

Dentro del SPNF, el Gobierno Central concentra la mayor parte de la deuda. En 2019, su endeudamiento era de $12,899.85 millones, mientras que para 2024 ascendió a $19,854.02 millones, registrando un aumento del 53.9%. Las Letras del Tesoro (LETES) han fluctuado durante este período, iniciando en $991.33 millones en 2019, alcanzando un máximo de $1,414.21 millones en 2022, y descendiendo a $1,186.06 millones en 2024.

El endeudamiento del Resto del Gobierno General aumentó de $224.57 millones en 2019 a $315.12 millones en 2024, representando un incremento del 40.3%. Por su parte, las Empresas Públicas No Financieras presentaron una reducción en su deuda, pasando de $785.26 millones en 2019 a $747.93 millones en 2024, una disminución del 4.8%. Mientras que la deuda del BCR muestra una tendencia decreciente, pasando de $110.29 millones en 2019 a $6.08 millones en 2024, lo que supone una reducción del 94.5%.

El Sector Público Financiero ese redujo de $5,788.38 millones en 2019 a $694.93 millones en 2024, lo que representa una disminución del 88.0%. Este cambio significativo está relacionado principalmente con la reestructuración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que registraba una deuda de $5,264.76 millones en 2019, $5,555.91 millones en 2020, $5,809.13 millones en 2021, y $6,202.23 millones en 2022, antes de desaparecer de los registros en 2023 y 2024.

Deuda Externa Pública

La Deuda Externa Pública ha mostrado una tendencia creciente, aumentando de $9,981.44 millones en 2019 a $13,539.01 millones en 2024, lo que representa un incremento del 35.6%. Dentro de este rubro, el Sector Público No Financiero incrementó su deuda externa de $9,636.70 millones en 2019 a $12,978.90 millones en 2024, un aumento del 34.7%.

El Gobierno Central concentra la mayor parte de la deuda externa, pasando de $9,080.75 millones en 2019 a $12,499.16 millones en 2024, un incremento del 37.6%. Por su parte, el Resto del Gobierno Central redujo completamente su deuda externa, pasando de $13.85 millones en 2019 a cero en los últimos tres años del período analizado.

Las Empresas Públicas No Financieras disminuyeron su deuda externa de $542.09 millones en 2019 a $479.74 millones en 2024, una reducción del 11.5%. En contraste, el Sector Público Financiero aumentó significativamente su deuda externa, pasando de $234.45 millones en 2019 a $554.03 millones en 2024, lo que representa un incremento del 136.3%.

Deuda Interna Pública

La Deuda Interna Pública experimentó una disminución notable, pasando de $9,826.92 millones en 2019 a $8,079.07 millones en 2024, lo que representa una reducción del 17.8%. Dentro de este componente, el Sector Público No Financiero incrementó su deuda interna de $4,272.99 millones en 2019 a $7,938.17 millones en 2024, un aumento del 85.8%.

El Gobierno Central aumentó su deuda interna de $3,819.10 millones en 2019 a $7,354.86 millones en 2024, un incremento del 92.6%. El Resto del Gobierno General también incrementó su deuda interna, pasando de $210.72 millones en 2019 a $315.12 millones en 2024, un aumento del 49.5%. Las Empresas Públicas No Financieras aumentaron ligeramente su deuda interna, de $243.17 millones en 2019 a $268.19 millones en 2024, un incremento del 10.3%.

En contraste, el Sector Público Financiero redujo drásticamente su deuda interna, pasando de $5,553.93 millones en 2019 a $140.90 millones en 2024, una disminución del 97.5%. Esta reducción está directamente relacionada con la reestructuración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que desapareció de los registros a partir de 2023.

El Sistema de Pensiones

Las obligaciones y deudas en el Sistema de Pensiones de El Salvador han crecido. La deuda previsional total, que incluye tanto los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) como los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), ha aumentado de $9,644.31 millones en enero de 2024 a $10,572.40 millones en enero de 2025, lo que representa un incremento del 9.6% en un año.

Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), desde enero de 2023, acumulaban $345.79 millones, hasta alcanzar $2,176.67 millones en enero de 2025, lo que representa un aumento del 529.5% en dos años. Ya desde enero y junio de ese año, los COP aumentaron gradualmente de $345.79 millones a $612.93 millones. A partir de julio de 2023, incrementan a $862.60 millones, seguido por otro salto a $1,009.74 millones en agosto y a $1,097.76 millones en septiembre.

De octubre a diciembre de 2023, los COP mantuvieron un valor constante de $8,397.33 millones, antes de reducirse a $1,247.50 millones en enero de 2024. Para enero de 2025, los COP alcanzan los $2,176.67 millones.

Ahora, los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) han mostrado una tendencia irregular. Entre enero y marzo de 2023, los CFT se mantuvieron constantes en $8,397.33 millones. De abril a diciembre de 2023, alcanzan los $9,010.26 millones. A partir de enero de 2024, los CFT se redujeron a $8,396.81 millones y se redujeron en octubre de 2024, cuando descendieron a $8,395.73 millones, valor que mantuvo hasta enero de 2025.

El total del Sistema de Pensiones, que incluye tanto los COP como los CFT, ha crecido. En enero de 2023, el total era de $9,259.41 millones, aumentando a $9,494.57 millones en marzo del mismo año. Para enero de 2024, el total ascendió a $9,644.31 millones, y alcanza los $10,572.40 millones en enero de 2025, lo que representa un aumento del 9.6% en un año y del 14.2% respecto a enero de 2023.

Calificación crediticia según Fitch Ratings

El 7 de enero de 2025, Fitch Ratings mejoró la calificación de El Salvador a ‘B-‘ desde ‘CCC+’, con una perspectiva Estable. De igual manera, la calificación a corto plazo en moneda extranjera mejoró a ‘B’ desde ‘C’, y el Techo País se elevó a ‘B+’ desde ‘B’.

En cuanto a los bonos soberanos, Fitch mejoró la calificación de todos los instrumentos de deuda soberana de El Salvador a ‘B-‘ desde ‘CCC+’. La mejora refleja la reducción en las necesidades de financiamiento y la disminución de las restricciones de financiamiento respaldadas por la recuperación del acceso al mercado y el programa recientemente anunciado del FMI.

Entre los certificados de deuda evaluados por Fitch, en la Bolsa de Valores de Luxemburgo se identifica el compromiso de $1,000 millones con vencimiento del 17 de abril de 2030 (US283875CD23 / USP01012CE41 y 283875CD2), otorgándole la calificación ‘B-‘ . También establece que el bono de $1,000 millones al 9.25% con vencimiento el 17 de abril de 2030 (ISIN: US283875CE06 / USP01012CF16, CUSIP: 283875CE0), con una calificación ‘B-‘ .

También establece que el bono de $1,000 millones al 9.5% con vencimiento el 15 de julio de 2052 (ISIN: US283875CB66 / USP01012CC84, CUSIP: 283875CB6), establece una calificación ‘B-‘ . Y establece que el bono de $1,000 millones al 9.65% con vencimiento el 21 de noviembre de 2054 (ISIN: USP01012CH71 / US283875CG53. CUSIP: 283875CG5), establece una calificación ‘B-‘ .

Asímismo, el bono de $1,097 millones al 7.125% con vencimiento el 20 de enero de 2050 (CUSIP: 283875BZ4, ISIN: US283875BZ44 / USP01012CA29, establece una calificación ‘B-‘ . Mientras que el bono de $500 millones al 8.25% con vencimiento el 10 de abril de 2032 (ISIN: US283875AH54 / XS0146173371, CUSIP: 283875AH5), mantiene una calificación ‘B-‘ .

A continuación, el bono de $601.085 millones al 8.625% con vencimiento el 28 de febrero de 2029 (ISIN: US283875BW13 / USP01012BX31, CUSIP: 283875BW1), mantiene una calificación ‘B-‘ . Y el bono senior no garantizado de $1,000 millones (ISIN: USP01012AN67 / US283875AN23; CUSIP: 283875AN2), mantiene una calificación ‘B-‘. Al mismo tiempo, el bono senior no garantizado de $286.458 millones (ISIN: US283875AM40 / USP01012AM84. CUSIP: 283875AM4), mantuvo una calificación ‘B-‘.

Del mismo modo, el bono senior no garantizado de $653.5 millones (ISIN: US283875AQ53 / USP01012AR71, CUSIP: 283875AQ5), mantuvo una calificación ‘B-‘. También el bono senior no garantizado de $800 millones (ISIN: US283875AR37 / USP01012AS54. CUSIP: 283875AR3), que se le asignó una calificación ‘B-‘. En última instancia, el Bono senior no garantizado de $800 millones (ISIN: US283875AS10 / USP01012AT38, CUSIP: 283875AS1), conservando una Calificación ‘B-‘.

Fitch sostiene que este programa apoye la implementación de medidas de consolidación fiscal que, junto con la reducción de la deuda a corto plazo pendiente con los bancos nacionales y la recompra de deuda externa, debido a las operaciones de gestión de pasivos del año 2023, deberían reducir las necesidades de financiamiento.

Sin embargo, la agencia advierte que la capacidad de reembolso podría enfrentar mayor presión a mediano plazo debido al aumento de los costos de endeudamiento y los pagos de intereses acumulados a las AFP que vencen en 2027.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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