Por Alessia Genoves
Estados Unidos degrada las Alertas de Viaje de El Salvador al Nivel 1: “Precauciones normales”. El dato ha sido oficializado por la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, y re-afirmado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que se justificaría, entre otras cosas, por la reducción de la presencia pandillas en libertad; y la disminución del 97% en los homicidios intencionados de 496 al cierre del año fiscal 2022 a 114 al término del año fiscal 2024, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), tras más de 37 meses de la implementación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas.
No obstante, la actualización incluye advertencias sobre la vigencia del 37º Régimen de Excepción, pese a que ha permitido reducir concurrente de los homicidios intencionados durante primer trimestre de 2025 se reportaron apenas 18 homicidios intencionados, en comparación con los 323 registrados en el mismo período de 2022. Estas cifras contrastan con los reportes del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que señala 378 muertes en centros penales durante la vigencia del régimen, mientras autoridades gubernamentales informan que más de 8,000 personas han sido liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que justificaban su detención.
EEUU reconoce mejora en seguridad salvadoreña
El Departamento de Estado actualizó, éste 8 de abril de 2025, su alerta de viaje para El Salvador, en la que reconoce oficialmente la transformación del panorama de seguridad en el país centroamericano. Según el documento, “la actividad pandilleril ha disminuido durante los últimos tres años. Esto ha causado una reducción de los crímenes violentos y homicidios”. Esta degradación de la alerta a Nivel 1 coloca a El Salvador en la misma categoría que países como Reino Unido, Japón y Australia en términos de recomendaciones de seguridad para viajeros estadounidenses.
La actualización de la alerta viene acompañada de una flexibilización en las restricciones para el personal diplomático estadounidense en el país. “Los empleados del gobierno de EE. UU. que trabajan en El Salvador están autorizados a viajar alrededor del país durante el día”, señala el documento. Pero también advierte que aún existen algunas limitaciones: “debido a los riesgos, los empleados del gobierno de EE. UU. tienen prohibido viajar entre ciudades o departamentos durante la noche”. Sin embargo, el texto establece excepciones importantes, indicando que “los empleados del gobierno de EE. UU. pueden viajar a cualquier hora entre San Salvador y el aeropuerto internacional de El Salvador” o “el departamento de La Libertad”.
Esta decisión del Departamento de Estado refleja los datos publicados por Gallup en su informe “The Global Safety Report”, que ubica a El Salvador como el octavo país con mayor percepción de seguridad a nivel mundial. De acuerdo con este estudio, “el 88% de los salvadoreños manifestó sentirse seguro al caminar solo por la noche en su área de residencia en 2023”, un dato que posiciona al país significativamente por encima del promedio regional en América Latina (47%) y Europa (75%), aunque por debajo de naciones como Kuwait (99%), Singapur (94%) y Noruega (92%).
No obstante, la alerta de viaje también hace hincapié en la existencia del Estado de Excepción, vigente desde marzo de 2022: “El Estado de Excepción permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sospechosa de actividad pandilleril” y “suspende varios derechos constitucionales. Esto incluye las protecciones normales del procedimiento penal, como el derecho a un juicio rápido o justo”. El documento señala que “decenas de miles de personas están actualmente en prisión bajo el Estado de Excepción” y advierte que “muchos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el Estado de Excepción. Ellos permanecen en prisión y aún no han sido juzgados”.
A pesar de estas advertencias, el reconocimiento oficial de la mejora en las condiciones de seguridad supone un espaldarazo internacional significativo para la estrategia implementada por el gobierno salvadoreño. La alerta concluye con recomendaciones prácticas para los viajeros estadounidenses, como “utilice siempre las carreteras y autopistas principales”, “minimice los viajes fuera de las ciudades principales por la noche” y “no resista físicamente ningún intento de robo”.
Las 37 prórrogas del Régimen de Excepción
La Asamblea Legislativa aprobó la 37ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, extendiendo por 30 días más la política de seguridad implementada desde marzo de 2022. La decisión se tomó durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 50, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A, que obtuvo 57 votos a favor, mediante votación nominal y pública, tras ser aprobada con dispensa de trámite.
El fundamento legal se encuentra en el artículo 24 de la Constitución, que establece la posibilidad de suspender determinadas garantías constitucionales cuando “continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaron”. Específicamente, el Decreto No. 333, aprobado en marzo de 2022, suspende tres derechos fundamentales: “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (artículo 12, inciso 2º), la limitación temporal de la detención administrativa —que pasa de 72 horas a 15 días—, y la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 24).
No obstante, y pese a sus logros, organizaciones sociales han expresado su preocupación, agremiadas desde el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Fundación Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Justicia Internacional. Estas entidades argumentan sus petitorias basándose en que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, que enumeran hasta 6,305 reportes, según establece un informe conjunto de estas organizaciones.
La CIDH ha expresado su preocupación por la prolongada vigencia del régimen, señalando en varios comunicados la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos incluso en situaciones excepcionales. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha defendido consistentemente la legalidad y necesidad de estas medidas, argumentando que los resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana validan el enfoque adoptado.
La reducción histórica de homicidios intencionados
Datos de la FGR evidencian que la implementación del Régimen resultan en una reducción contínua en el registro de homicidios. Desde 2019, el país registró 2,398 homicidios, equivalentes a una tasa de 37.6 por cada 100,000 habitantes, situando a El Salvador entre los países más violentos del mundo. Esta cifra experimentó una reducción del 45.6% en 2020, cuando se contabilizaron 1,341 homicidios. En 2021, los homicidios disminuyeron a 1,162, representando una reducción adicional del 12.4%.
La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincide con una caída abrupta en las estadísticas. Al cierre del año fiscal 2022, se registraron 496 homicidios intencionados, distribuidos en 429 casos relacionados con delincuencia general, 36 por intolerancia social y 31 por intolerancia familiar. Esta cifra representó una disminución del 57.3% respecto a 2021.
Para 2023, los homicidios intencionados totalizaron 154, con la siguiente distribución: 53 relacionados con delincuencia general, 54 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar. Esta cifra representó una reducción del 69% en comparación con 2022. Al cierre del año fiscal 2024, los datos oficiales contabilizaron 114 homicidios intencionados, distribuidos en 33 relacionados con delincuencia general, 34 por intolerancia social y 47 por intolerancia familiar, lo que supone una disminución adicional del 26% respecto a 2023.
Homicidios Intencionados, datos de la Fiscalía General de la República (FGR) de enero 2022 a marzo 2025
La comparación entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2025 resulta particularmente ilustrativa. Entre enero y marzo de 2022, justo antes de la implementación del Régimen de Excepción, la FGR contabilizó 323 homicidios intencionados: enero (82), febrero (76) y marzo (165). En contraste, durante el primer trimestre de 2025, se han registrado apenas 18 homicidios: 6 en enero, 5 en febrero y 7 en marzo. Esta comparación refleja una reducción del 94.4% para el mismo periodo.
Según la FGR, durante el año 2025 se registró 1 homicidio relacionado con delincuencia general, 9 por intolerancia social, 1 por intolerancia familiar, y 7 casos en marzo pendientes de categorización específica. Esta composición sugiere una disminución más pronunciada en los homicidios vinculados directamente a la actividad de pandillas y grupos criminales organizados.
En términos acumulativos, la reducción entre 2019 y el primer trimestre de 2025 alcanza el 99.25%, transformando radicalmente el panorama de seguridad pública del país. Si se considera específicamente el periodo desde la implementación del Régimen de Excepción (marzo 2022) hasta marzo 2025, la reducción acumulada es del 96.4%.
? Countries/Areas Where People Feel Safest Walking Alone
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Estas cifras son consistentes con los hallazgos del informe “The Global Safety Report” de Gallup, que sitúa a El Salvador como el octavo país con mayor percepción de seguridad a nivel mundial. Según este estudio, el 88% de los salvadoreños manifestó sentirse seguro al caminar solo por la noche en su área de residencia en 2023. Este dato posiciona al país significativamente por encima del promedio regional en América Latina (47%) y Europa (75%).
Sin embargo, estos datos contrastan con los resultados del “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de Global Initiative, que sitúa a El Salvador en el puesto 52 de 193 países a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10. En el contexto americano, El Salvador ocupa el puesto 13 de 35 países, y el quinto lugar entre ocho naciones de América Central.
Derechos humanos y muertes bajo custodia
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha documentado sistemáticamente presuntas vulneraciones a derechos humanos durante la vigencia del Régimen de Excepción. Según los datos recopilados por organizaciones asociadas, desde marzo de 2022 hasta abril de 2024 se registraron 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones, distribuidas de la siguiente manera: Cristosal (3,786 casos), IDHUCA (1,283 casos), SSPAS (387 casos), Azul Originario (354 casos), FESPAD (383 casos) y Red de Defensores de Derechos Humanos (50 casos adicionales).
Las tipificaciones más frecuentes de estas presuntas vulneraciones incluyen: detenciones arbitrarias (78% de los casos), violaciones al debido proceso (65%), allanamientos sin orden judicial (42%), malos tratos y posibles torturas (37%), negación de información sobre paradero de detenidos (29%), amenazas e intimidación (24%), y uso excesivo de la fuerza (18%). Cristosal reporta 224 muertes bajo custodia estatal desde marzo de 2022 hasta abril de 2024.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presenta cifras divergentes, reportando 378 muertes en centros penales hasta marzo de 2025. Según esta organización, el 86% de estas muertes estarían relacionadas con condiciones de hacinamiento y confrontaciones entre miembros de pandillas rivales recluidos en las mismas instalaciones. El SJH señala que la capacidad instalada del sistema penitenciario salvadoreño está diseñada para 27,000 reos, pero actualmente alberga a más de 80,000 detenidos, resultando en una sobrepoblación del 296%.
Las declaraciones de Ingrid Escobar, representante legal del SJH, han presentado inconsistencias notables en diferentes momentos. El 28 de diciembre de 2023, Escobar afirmó que “el 94% eran inocentes” de las 213 muertes registradas hasta ese momento. Sin embargo, el 24 de febrero de 2024, la misma representante indicó que cerca del 99% de los fallecidos “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”, afirmando que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.
Lamentablemente estamos por confirmar 2 víctimas mortales más! Imparables las muertes en Centros Penales. 94% de los muertos no estaban perfilados como pandilleros. 6% de los muertos sí tenían perfil pandilleril. pic.twitter.com/pBJiZQ5J4Z
— ? Ingrid Escobar (@Ingrydadriana) April 7, 2025
Por su parte, Amnistía Internacional ha reportado cifras más altas, señalando hasta 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023. Sin embargo, esta cifra ha sido cuestionada por las autoridades gubernamentales, considerando que corresponde casi al total de detenciones realizadas hasta esa fecha, lo que implicaría que prácticamente todas las detenciones constituirían vulneraciones a derechos humanos.
En medio de estas controversias, el presidente Nayib Bukele, durante su visita oficial a Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, declaró: “Hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta afirmación contrasta con estimaciones del SJH que situaban en aproximadamente 12,000 el número de personas inocentes detenidas durante el Régimen de Excepción. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) ha reportado oficialmente 82,963 detenciones realizadas bajo el Régimen de Excepción hasta octubre de 2024. Las 8,000 personas liberadas representan aproximadamente el 9.6% del total de detenidos.
Pero ésta controversia apenas fue asumida como un hecho por el reporte del Departamento de Estado, ponderando mayormente los resultados de la contracción de homicidios, y permanencia en la seguridad pública.
EEUU, El Salvador y el Cecot
La reducción de los homicidios y la disminución de la actividad de pandillas han tenido un impacto económico cuantificable, según informes oficiales. Las autoridades gubernamentales estiman que la eliminación de las extorsiones sistemáticas impuestas por las pandillas ha recuperado aproximadamente $1,000 millones anuales para la economía salvadoreña, equivalentes al 3.4% del PIB nacional.
Este cambio ha permitido la reactivación de negocios en zonas anteriormente controladas por estructuras criminales y ha facilitado la inversión en comunidades anteriormente consideradas de alto riesgo. Según datos del Banco Central de Reserva, las remesas familiares hacia El Salvador aumentaron un 8.2% durante 2024, alcanzando los $8,275 millones, un incremento que algunos analistas atribuyen parcialmente a la mejora en las condiciones de seguridad.
Sin embargo, el costo fiscal del Régimen de Excepción ha sido significativo. El presupuesto asignado al sistema penitenciario aumentó de $145 millones en 2021 a $372 millones en 2024, un incremento del 156%. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40,000 reos, requirió una inversión de $435 millones, según cifras oficiales. Y a la pblación carcelaria se añadiría la inserción de reclusos provenientes de Estados Unidos, de la Mara MS-13 y del Barrio 18; como también del Tren de Araguá, pero con la manutención del Gobierno Estadounidense.
La actualización de la alerta de viaje por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos podría tener un impacto positivo adicional en la economía salvadoreña, particularmente en el sector turístico. La categorización de El Salvador como un destino de Nivel 1, elimina una barrera significativa para los turistas estadounidenses, que representan una porción importante del turismo internacional.
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